Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 26669595-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
1887/2024 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 26669696-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, mayo de 2024.
1. Que, por resolución del 31/8/23, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución AD SALO 173/23, en cuanto había denegado la devolución de la suma abonada en concepto de derecho de exportación, en los términos del decreto 793/18 y con relación al permiso de embarque involucrado en la actuación 17134-1058-2019. Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
Distribuyó las costas por su orden porque la cuestión era compleja y se decidía por una doctrina legal posterior al inicio de las actuaciones, lo que pudo hacer creer a las partes que tenían derecho a litigar (v. pp. 306-308 de la versión digital del expediente TF 26669696-A, remitida con el oficio del 1/3/24).
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso y fundó recurso de apelación el 15/9/23, que se concedió en igual fecha y fue replicado el 22/9/23 (v. pp. 312-316, 321 y 323-325, expte. cit.).
En síntesis, sostuvo que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas.
3. Que, por su parte, la actora interpuso apelación el 17/10/23, que se concedió en igual fecha, se fundó el 6/11/23 y fue replicada el 5/12/23 (v. pp. 329-330, 333, 343- 395 y 430-465, expte. cit.).
Principalmente, sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de legalidad en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
También insistió en su planteo de inconstitucionalidad de las tasas de interés previstas para los supuestos de repetición en las resoluciones MEyP 314/04 (0,5% mensual) y ME 559/22 (3,84% mensual), por no respetar lo dispuesto en el artículo 812 del Código Aduanero, por resultar irrazonables y atentar contra el derecho de propiedad (arts. 17 y 28 de la Constitución Nacional).
4. Que, el 21/3/24, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora.
5. Que, en cumplimiento de la medida para mejor proveer ordenada por el Tribunal el 30/4/24, el demandado rectificó el error que contenía la resolución AD SALO 173/23 e hizo saber aquélla quiso referirse al permiso de embarque 18 057 EC01 008681 A.
La actora, por su parte, manifestó que el objeto de este pleito debía considerarse referido a la devolución del importe abonado por la antedicha destinación; con respecto a la cual declaró no tener otra actuación en trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación o esta Cámara.
6. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en la causa 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 31/5/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución del 31/8/23, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor (BO 04/09/18) y hasta el 4/12/18 —momento en que cobró vigencia la ley 27.467 que otorgó rango legal a su contenido—, y hacer lugar a la devolución del importe en pesos abonado por tal concepto con relación a la destinación de exportación 18 057 EC01 008681 A, oficializada el 8/11/18 ($11.352.829, v. p. 216 y 250, expte. cit.); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero.
ASÍ SE RESUELVE.
7. Que, con respecto a la tasa de interés aplicable desde el reclamo de repetición y hasta la fecha del efectivo pago, se remite a lo decidido por esta Sala, entre otras, en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente.
En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3º de la resolución 314/04 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del reclamo de repetición y hasta el 31/07/19 –esto último, en consideración a la entrada en vigencia de la resolución MH 598/19 y sus modificatorias, o las que la reemplacen. Por otra parte, se dan por reproducidos los argumentos vertidos en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), que conducen a rechazar el planteo de inconstitucionalidad CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 1887/2024 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 26669696-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
de la tasa prevista en el artículo 4º de la resolución ME 559/22. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
8. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso de apelación del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
9. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. escrito del 11/3/24).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 1/3/24, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por la parte actora (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia