Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 26685199-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto correspondería: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la nulidad de la Resolución Nº 126/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la recurrente a obtener el reintegro solicitado, con más sus respectivos intereses; 2) Declarar inoficioso el tratamiento del recurso interpuesto por el Fisco Nacional; 3) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada por resultar vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN); y 4) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente. Todo lo cual, ASÍ SE RESUELVE.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 1066/2025 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 26685199-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de octubre de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fecha 12/08/2024 la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la Resolución N° 179/2023 (AD SALO) dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo (v. pág. 324/326 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO Nº 17191523, agregado a la causa el 12/02/2025]). A través de esa resolución se había rechazado el reclamo de repetición de la suma total de $273.123,81 en concepto de derechos de exportación presuntamente abonada en demasía, correspondiente al permiso de embarque N° 13057EC03001403F, oficializado el 13/07/2013. Impuso las costas en el orden causado.
Para así decidir, consideró que la cuestión analizada resultaba sustancialmente análoga a la que se había debatido en esos estrados con relación a los derechos fijados por el Decreto N° 793/18, de manera que resultaba aplicable la doctrina legal establecida en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DCA s/ Recurso de apelación” (EX-2020-24600163- - APN-SGASAD#TFN). Recordó que allí se determinó que: i) el TFN no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley; ii) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero; iii) no corresponde declarar la invalidez del Decreto N° 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018. Por ello, rechazó el recurso de la empresa.
II. Que, la parte actora apeló el 20/09/2024 y expresó agravios el 14/10/2024 (conf. pág. 329 y 359/404 del archivo que contiene las actuaciones del TFN) los que fueron replicados por su contraria el 04/12/2024.
En su presentación, afirmó que el derecho de exportación cuya restitución pretende fue ilegítimamente establecido por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la referida Resolución N° 126/08, en contraposición con el principio de reserva de ley en materia tributaria. Señaló que la norma delegante contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, no cumple los recaudos constitucionales exigidos para el ejercicio de esa facultad (arg. art. 76, CN). Y que, en cualquier caso, la fijación de tributos mediante actos del Poder Ejecutivo -aún mediante reglamentos delegados- comporta una violación del principio de reserva de ley, inquebrantable en materia tributaria (arg. arts. 4, 17, 52, 75, inc. 1, CN) y, en consecuencia, una transgresión del orden de prelación normativo consagrado por el constituyente.
Entiende que, en el caso del biodiesel, la última alícuota con ratificación legislativa es la nominal del 5% establecida por Decreto N° 509/2007 y reclama, por eso, la diferencia con la alícuota del 20% fijada en la Resolución N° 126/08.
Afirma que la decisión del a quo se aparta de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Finalmente, cuestionó la aplicación de la tasa de interés prevista en la Resolución ME N° 559/22 y solicitó la aplicación de la tasa de interés de las operaciones de pase activas para el BCRA.
III. Que por su parte, la demandada interpuso un recurso de apelación el 24/09/2024 y expresó sus agravios en esa misma fecha, que fueron replicados por su contraria el 16/10/2024 (conf. pág. 338/343 del archivo que contiene las actuaciones del TFN).
En su escrito recursivo cuestionó la imposición de costas decidida en la instancia previa y solicitó que estas fueran impuestas a la apelante vencida, toda vez que no existían motivos para apartarse del principio general de la derrota que rige en la materia.
IV. Que a fojas 3/5 de la presente causa tomó intervención el Sr. Fiscal General. En lo relativo a los agravios de la parte actora indicó que -a su parecer- el caso debía resolverse con arreglo a los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388.
V. Que la cuestión a resolver resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa N° 51.458/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V del 5 de mayo de 2022, N° 12512/2024 “Viterra Argentina SA (TF 22777062-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 06/02/2025, y N° 3444/2025 “Viterra Argentina SA (TF 23060023-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 13/05/2025, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
En efecto, el reglamento aquí cuestionado -Resolución MEyP N° 126/2008- pretendió modificar la alícuota del derecho de exportación sobre las mercaderías en trato usando como fundamento el Código Aduanero (v. último considerando del acto). Sin embargo, no se advierte que las previsiones de aquella norma contuvieran las bases suficientes para constituir una delegación válida, en los términos descriptos por la Corte Suprema en el precedente de Fallos: 337:388. Allí la Corte recordó que "el principio de legalidad o de reserva de la ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes” y destacó que “[e]n tal sentido, este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones”.
Además, el Alto Tribunal subrayó que “[…] ese valladar inconmovible que supone el principio de reserva de ley en materia tributaria tampoco cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el artículo 76 de la Constitución”. Aún más, la Corte subrayó que “[…] ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata”. En esas condiciones, no se advierte que el caso de los productos involucrados en autos pueda correr una suerte distinta solamente por la previsión contenida en el artículo 6º de la Ley nº 25.561. Y es que, tanto vale para el caso antes citado como en este la afirmación del tribunal cimero de que “[…] el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación”, y que, “[a]l guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados”.
VI. Que al igual que en aquellos casos, de lo que se trata en la especie, precisamente, es de determinar la compatibilidad con el plexo constitucional de los derechos de exportación fijados por medio de la Resolución MEyP Nº 126/08 (que no recibió ratificación legislativa expresa posterior).
Adviértase que la actora reclama el reintegro de la diferencia entre derechos de exportación fijados por el Decreto N° 509/07 (alícuota del 5%) y los liquidados y abonados al oficializar el permiso de embarque en trato, con arreglo a lo dispuesto en la Resolución MEyP Nº 126/08. Este último reglamento, al elevar un 20% la alícuota de los derechos de exportación respecto de la fijada en el Decreto N° 509/07- estableció un estableció tributo inexigible, por haber sido instituido mediante un acto administrativo inválido (arg. art. 14, inc. b), Ley Nº 19.549).
Razones de economía procesal hacen aconsejable seguir la doctrina de los fallos de la Corte Suprema cuando ella se refiere a asuntos análogos al que es materia de decisión, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se presenta (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582). Así, las consideraciones del tribunal cimero en el precedente citado en el considerando anterior resuelven la cuestión bajo estudio y obligan a acoger la apelación de la actora, dejar sin efecto la resolución apelada, declarar la nulidad de la Resolución Nº 126/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la recurrente a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque N° 13057EC03001403F, cuyo pago -por lo demás- no fue desconocido en autos por la demandada (v. en igual sentido, Sala II, causa n° 7714/2024 “Viterra Argentina SA (TF 22759023-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 9 de agosto de 2024; entre otras).
VII. Que en otro orden, la actora cuestionó la aplicación al caso de la tasa de interés fijada por la Resolución MEyP N° 559/22 -y sus modificatorias-, y requirió la aplicación de la tasa activa del BCRA. Al respecto, cabe destacar que dicha cuestión ya ha sido resuelta por este Tribunal en varias oportunidades (esta Sala in re: 5391/2025 “Viterra Argentina SA (TF 28210729-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 01/07/2025, N° 20186/2024 “Viterra Argentina SA (TF 23023201-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Externo”, del 27/06/2025, N° 10262/2025 “Bodegas Esmeralda SA (TF 31645128-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 05/06/2025, entre otras), en el sentido de que, a las sumas cuya devolución se admite en este tipo de casos deberán adicionarse intereses a partir del momento establecido en el artículo 811 del Código Aduanero, calculados a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina expresamente prevista para estos casos; desde el dictado de la Resolución Nº 598/19 del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación (cfr. artículo 4º), [conf. esta Sala, causa Nº 55842/2019 “Sancor Cul c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” sentencia del 17 de junio de 2021; y sus citas].
Asimismo, a partir del 1° de septiembre de 2022 corresponderá aplicar la tasa de interés prevista en la Resolución N° 559/2022 del Ministerio de Economía; a partir del 01/02/2024 la tasa de interés prevista en la Resolución N° 3/2024 del Ministerio de Economía (art. 4); a partir del 1º de marzo de 2025 la tasa de interés establecida en la Resolución Nº 199/2025 y a partir del 1º de julio de 2025 la tasa de interés dispuesta en la Resolución Nº 823/2025. Por ello, y de acuerdo con los fundamentos expuestos por el Fiscal General en su dictamen a los que cabe remitirse por razones de brevedad, corresponde desestimar el presente agravio.
VIII. Que la conclusión alcanzada torna inoficioso el tratamiento de la apelación del Fisco Nacional.
Por lo expuesto correspondería: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la nulidad de la Resolución Nº 126/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la recurrente a obtener el reintegro solicitado, con más sus respectivos intereses; 2) Declarar inoficioso el tratamiento del recurso interpuesto por el Fisco Nacional; 3) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada por resultar vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN); y 4) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente. Todo lo cual, ASÍ SE RESUELVE.
Se deja constancia de que la Vocalía N° 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia