Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 2800515-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión del 2/10/24; con costas.
El Sr. Juez de Cámara Sergio G. Fernández suscribe la presente en los términos de la resolución JS N° 7/25.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
16296/2025 VITERRA ARGENTINA SA (TF 2800515-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, junio de 2025.
VISTA:
La elevación del expediente TF 2800515-A (v. DEOX del 26/3/25) a fin de considerar “el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional el 22/11/2024 (v. IF-2024-128123949-APN-DTD#JGM) concedido el 26/11/2024 (v. PV-2024-
129610337- APN-VOCXVIII#TFN) contra la sentencia dictada el 02/10/2024…(v. IF- 2024- 107767934-APN-VOCXVIII#TFN)” (v. pág. 407 del expte. electrónico, donde también consta que el demandado expresó agravios dentro del plazo legal, y que la actora contestó el traslado conferido); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría: (i) declaró la nulidad absoluta e insanable del decreto 1719/12 en toda su vigencia (art. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución); (ii) revocó la RESOL-2024-178-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1817-2018, e hizo lugar a la devolución de la suma de $3.815.258,81, más los intereses de los artículos 811 y 812 del Código Aduanero, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total; (iii) impuso las costas a la Aduana. Para resolver como lo hizo, ante todo, aclaró que la actora pretendía la devolución de la suma de $3.815.258,81, que habría pagado en exceso con relación al PE 12057EC03001264J. Explicó que ésta había abonado una alícuota del 25,54% en los términos del decreto 1719/12, el cual consideraba nulo de nulidad absoluta e insanable conforme al precedente de la Corte Suprema en el caso "Camaronera Patagónica SA" (Fallos: 337:388), y argumentaba que la alícuota válida era la del 5%, establecida por el decreto 509/07, el cual contaba con ratificación legislativa.
A continuación, la mayoría del tribunal administrativo señaló que consideraba inaplicable la prohibición de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, establecida en el artículo 1164 del Código Aduanero, así como la doctrina del plenario del 26/04/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), porque solo se referían al control clásico de constitucionalidad. Es decir, que no podían abarcar el régimen de validez constitucional de las delegaciones legislativas bajo los artículos 76 y 99 inciso 3 de la Constitución reformada en 1994.
Con respecto a la inconstitucionalidad del decreto 1719/12, argumentó que no fue dictado en base a una delegación válida de facultades legislativas, conforme al citado 1 fallo "Camaronera Patagónica SA". Precisó que las normas que se invocaron como fundamento para su emisión no superaban el test del artículo 76 de la Constitución. Asimismo, aclaró que la alícuota del biodiesel fue incorporada en el anexo XIV del decreto 509/07 con posterioridad a que este último obtuviese ratificación legislativa mediante el procedimiento previsto por la ley 26.122. Finalmente, remarcó que la alícuota en cuestión no había sido ratificada por el Congreso a la fecha de registro de la operación involucrada en el caso; de manera que correspondía declarar la nulidad absoluta del decreto 1719/12 y admitir la devolución de la diferencia reclamada.
2. Que el Fisco Nacional apeló la decisión. Por un lado, argumentó que el Tribunal Fiscal de la Nación no tenía facultades para declarar la inconstitucionalidad del decreto 1719/12. Por el otro, discrepó con la apreciación de que este último decreto había fijado un régimen de alícuotas móviles sin una clara política legislativa que lo habilitase.
3. Que, el 6/6/25, el Fiscal General dictaminó sobre la competencia de la Sala, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad deducido en el caso.
4. Que, tanto la invalidez constitucional del decreto 1719/12, como la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación para pronunciarse al respecto a la luz del precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388), han sido examinadas por este Tribunal en la causa 41274/23, “Molinos Rio de la Plata SA (TF 39038-A) c/ DGA ”, sentencia del 7/3/24, a cuyos términos cabe remitir para evitar reiteraciones. Se deja constancia que en similar sentido se pronunció la Sala III de la Cámara en la causa 41273/23 “Molinos Río de la Plata SA (TF 38343-A) c/ DGA”, sentencia del 25/4/24.
Por lo allí expuesto, corresponde rechazar la apelación del Fisco y confirmar la decisión apelada.
5. Que las costas de alzada se imponen al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN). Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión del 2/10/24; con costas.
El Sr. Juez de Cámara Sergio G. Fernández suscribe la presente en los términos de la resolución JS N° 7/25.
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 3/6/25.
JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI SERGIO G. FERNÁNDEZ CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
16296/2025 VITERRA ARGENTINA SA (TF 2800515-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Fin de la sentencia