Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 28006500-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la firma Viterra Argentina SA, revocar el pronunciamiento apelado, y declarar la inconstitucionalidad de los derechos de exportación fijados por el decreto 1719/2012 y la nulidad de la resolución 179/2024;
2Reconocer el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 13419/2025 “VITERRA ARGENTINA S.A. (TF 28006500-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO ORGANISMO EXTERNO”
Derecho de la firma Viterra a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados en demasía al oficializar el PE 13057EC03001758, en los términos del considerando V; 3. Desestimar las críticas de la parte demandada; 4. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada.
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En Buenos Aires, a los 11 días del mes de septiembre del año 2025, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en autos “VITERRA ARGENTINA S.A. (TF 28006500-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, La Dra. Liliana María Heiland dijo:
I. La Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), por mayoría, confirmó la res. 179/24 del Jefe del Departamento de la Aduana de San Lorenzo (AD SALO, dictada en las actuaciones SIGEA 17134-1818-2018) que rechazó la solicitud de devolución de los derechos de exportación abonados en demasía (del 5% fijado por el dec. 509/07) por Viterra Argentina S.A. (en adte. “Viterra”), en relación al PE 13057EC03001758, con sustento en el dec. 1719/12 (B.O. 20/09/12). Con costas en el orden causado.
Para así decidir, consideró aplicable el plenario de ese Tribunal de fecha 26/04/22 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”.
II. Disconformes, ambas partes apelaron (págs. 317/322 y 325 del expediente digital)
A)Viterra expresó agravios, que no fueron replicados (págs. 340/363) En síntesis, sostuvo que el TFN se apartó de los lineamientos fijados por la CSJ en la causa “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), en tanto el dto. 1719/12 no fue ratificado legislativamente, vulnerando así el principio de reserva tributaria.
Asimismo, cuestionó la constitucionalidad de las tasas de interés fijadas por las res. MEyP 314/04 y 559/22, por afectar los derechos de igualdad, propiedad y razonabilidad.
Solicitó la aplicación de la tasa pasiva promedio del BCRA.
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B)La AFIP-DGA también expresó agravios, que fueron replicados (págs. 317/322 y 369/378, respectivamente).
Criticó la distribución de costas, en tanto la actora resultó vencida.
III. En tales condiciones, se impone recordar que esta Sala ya se pronunció sobre los requisitos que hacen a la legitimidad de decretos y/o resoluciones ministeriales, que fijaron derechos de exportación. Lo que hizo a la luz de importante doctrina de la CSJ, asentada en particular, en el precedente “Camaronera Patagónica”, Fallos: 337:388 (causas n° 13061/22, “Newsan SA”, del 2/2/23, y n° 30436/23, “Bunge Argentina SA”, del 21/12/23; entre muchas otras).
Siguiendo los lineamientos del Máximo Tribunal, esta Sala sostuvo, en síntesis, que tales decisiones podrían hallar fundamento válido, tanto en el ejercicio de la potestad reglamentaria, conforme al art. 99, inc. 2°, del la CN; como en la delegación legislativa, con sujeción a los lineamientos de sus arts. 75 inc. 1 y 76.
Es que, tratándose de tributos, debe estarse al principio de legalidad tributaria expresamente receptado por la CN. En efecto:
a) En su art. 4°, al prescribir que el Tesoro Nacional se formará con “el producto de importación y exportación” y demás contribuciones que “imponga el Congreso”. Lo que reafirma el art. 17, cuando prevé que “sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el art. 4°”. Paralelamente, al establecer que dentro del Congreso, es a la Cámara de Diputados, a quien le corresponde en forma exclusiva, la iniciativa de leyes sobre contribuciones, por entenderla depositaria de la voluntad general.
b) Por otro lado, el art. 99 inc. 3, prohíbe al PEN emitir disposiciones de carácter legislativo y el dictado de decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria. Finalmente, y para lo que ahora específicamente importa, el art. 75, inc. 1 prescribe que “corresponde al Congreso: legislar en materia aduanera; establecer los derechos de … exportación”.
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En suma, con arreglo al principio de legalidad tributaria, únicamente el Poder Legislativo, por medio de una norma jurídica con naturaleza de ley formal, puede establecer tributos, definiendo sus elementos esenciales, debiendo, además, hacerlo en forma clara. Insisto, sólo la ley definirá tanto el monto o cuantía de la obligación como los sujetos pasivos, ya sea a título de contribuyente y/o de responsable (conf. CSJ doc. Fallos: 182:411; 198:258; 294:152; 211:930; 218:231; 253:332; 316:1115 y 2329: 318:1154; 319:3400; 326:4251; 337:388).
IV. Ahora bien, el dec. 1719/12, cuya constitucionalidad aquí se debate, modificó la alícuota hasta entonces vigente (del 5%, fijada antes por dec. 509/07)1, elevándola al 23,63%.
Invocó, como sustento de tan importante modificación, el “ejercicio de las facultades conferidas al [PEN] por los incisos 1 y 2 del artículo 99 [CN] 2 y por el artículo 755 apartado 1 inciso c) del Código Aduanero (Ley N° 22.415 y sus modificaciones)”.
Sin embargo, el dec. 1719/12 no resulta ser un mero reglamento de ejecución de leyes de la Nación (art. 99 inc. 2 de la CN) como afirma. Menos aún, se sustenta en una clara política legislativa que autorizara a aumentar y/o disponer sobre la alícuota aquí en discusión (doc. esta Sala, causas “Newsan SA” y “Bunge”, cit, entre muchas otras; Sala II, causa homónima n° 44.036/23, “Molinos Río de la Plata SA”, del 5/4/24; y Sala IV, causa homónima n° 45.070/23, “Molinos Río de la Plata”, del 11/4/24). A lo que suma que tampoco fue objeto de ratificación legislativa.
Por lo tanto, y de cara a las premisas enunciadas en el considerando III, corresponde declarar la invalidez del derecho de exportación establecido sin sustento legal por el dec. 1719/12.
1 El dec. 509/07 fue ratificado por el Senado Nacional el 22/08/07 y por la Cámara de Diputados de la Nación el 28/11/07. Se dictó con fundamento en la delegación realizada en el PEN mediante la ley 22.415 –y su similar 25.561– y estableció determinados derechos de exportación para consumo (en el caso, biodiesel). 2 Art. 99 CN: “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 1.- Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político (...) 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”.
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En idéntico sentido se expidieron distintas Salas de esta Cámara (v. Sala II, causas n° 47.777/23; “Bunge Argentina SA (TF 48385959-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 3/04/24; y n° 46.955/2023, “Oleaginosa Moreno Hermanos SA (TF 44871288-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 22/03/24; Sala III, causa n° 41.273/2023, “Molinos Rio de la Plata SA (TF 38343-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 25/04/24; y Sala IV, causa n° 41.274/23, “Molinos Rio de la Plata SA (TF 39038-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 7/03/23).
V. En consecuencia, corresponde reconocer el derecho de Viterra a obtener el reintegro de las alícuotas de derechos de exportación, abonados en demasía a las fijadas por el dec. 509/07 al oficializar el PE en cuestión. La devolución de lo pagado en exceso al 5% fijado por el dec. 509/07 debe concretarse en pesos (CSJ “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/ DGA”, de fecha 15/5/14 (consid. 8°), adicionándose intereses desde el 20/11/18, fecha del reclamo de repetición (págs. 118/149 del expediente digital), y hasta su efectivo pago (conf. art. 811 del CA).
Corresponde admitir la queja relativa a la tasa de interés prevista por res. MEyP 314/04, por las consideraciones y las conclusiones desarrolladas por esta Sala en supuestos sustancialmente análogos, a las que también me remito por razones de brevedad (causas nº 38.067/2017 “Linos, Gustavo Pedro”, del 20/2/18, nº 55.841/2019 “Sancor CUL (TF 30629-A)”, del 6/8/20, nº 49.713/2016 “Lufkin Argentina SRL”, del 15/11/22, “Nike Argentina SRL”, del 23/11/23, y nº 42764/23, “Oleaginosa Moreno”, del 14/3/24).
En cambio, se desestima el planteo de inconstitucionalidad contra la res. ME 559/22, atento la falta de razones y/o prueba que acredite el daño que a su derecho de propiedad invoca (esta Sala, causa n° 16.521/20, “Tortorelli, Pedro”, del 2/03/23 y n° 33.226/23 “Vilaplana, Floreal”, del 30/04/24; entre otras).
Por lo tanto, los intereses deberán calcularse de la siguiente manera:
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(i) A la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA desde el inicio de su cómputo y hasta el 31/07/19.
(ii) A partir del 1/08/19, deberá aplicársele la tasa de interés prevista en la res. 598/19 (art. 4) del Ministerio de Hacienda y 559/22, 3/24, 199/25 y 823/25 del ME. Ello es así, según la vigencia temporal de las normas (esta Sala, “Lufkin” citada y n° 2.872/21, “Deni Víctor Hugo”, del 16/05/23).
VI. Por último, en atención a la forma en que propongo se resuelva, corresponde imponer las costas de ambas instancias al Fisco por resultar vencido (art. 1163 del C.A.; arts. 68, primer párrafo, y 279 del C.P.C.C.N.). Por esa razón, se desestiman las críticas de la Aduana.
VII. Por todo ello, propongo al Acuerdo: (i) Admitir parcialmente el recurso interpuesto, revocar el pronunciamiento apelado, declarando tanto la inconstitucionalidad de los derechos de exportación fijados por el dec. 1719/12, como la nulidad de la res. 179/24. ; (ii) Reconocer el derecho de Viterra a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados en demasía al oficializar el PE 13057EC03001758, en los términos del cons. V, (iii) Desestimar las críticas de la demandada; (iv) Imponer las costas de ambas instancias a Fisco. El juez Rodolfo Eduardo Facio adhiere al voto precedente.
La jueza Clara M. do Pico no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal, RESUELVE: 1. Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la firma Viterra Argentina SA, revocar el pronunciamiento apelado, y declarar la inconstitucionalidad de los derechos de exportación fijados por el decreto 1719/2012 y la nulidad de la resolución 179/2024; 2. Reconocer el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 13419/2025 “VITERRA ARGENTINA S.A. (TF 28006500-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO ORGANISMO EXTERNO”
derecho de la firma Viterra a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados en demasía al oficializar el PE 13057EC03001758, en los términos del considerando V; 3. Desestimar las críticas de la parte demandada; 4. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia