Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 28007289-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 1719/12 y admitir la repetición de la diferencia reclamada ($3.629.434,37), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto en el considerando 6º.
2Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional.
El Sr. Juez de Cámara Sergio G. Fernández suscribe la presente en los términos de la resolución JS N° 8/25.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
7966/2025 VITERRA ARGENTINA SA (TF 28007289-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, agosto de 2025.
VISTA:
La elevación del expediente TF 28007289-A (v. DEOX del 31/3//25) “a fin de considerar el recurso de apelación interpuesto por la actora el 17/10/2024 (v. IF-2024- 113499881-APN-DTD#JGM), concedido el 22/10/2024 (v. PV-2024-115399450-
APNVOCXVI#TFN) contra la sentencia dictada el 05/09/2024… (v. IF-2024-96303283- APNVOCXVI#TFN)” (v. pág. 385 del expte. electrónico, donde también consta que la parte actora expresó agravios dentro del plazo legal, y que el Fisco Nacional no contestó el traslado conferido); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución RESOL-2024-177- E-AFIPADSALO&SDGOAI, recaída en la actuación SIGEA 17134-1814-2018, en cuanto había denegado la devolución de la suma de $3.629.434,37, que la actora consideraba haber abonado en exceso en concepto de derechos de exportación, en los términos del decreto 1719/12 y con relación al permiso de embarque 13057EC03000161K.
Para resolver como lo hizo, consideró que la cuestión planteada era similar a la que se había resuelto en el acuerdo plenario dictado el 26/4/22 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-
APNSGASAD#TFN), donde se fijó como doctrina legal que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional del citado decreto 1719/12, con respecto al cual entendió aplicables aquellas conclusiones mutatis mutandi, y rechazó la repetición.
Finalmente, distribuyó las costas por su orden por la complejidad de la cuestión.
2. Que la actora se agravió de la aplicación del aludido plenario al presente caso. Además, planteó que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como había sido entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Explicó que, con arreglo a la doctrina de aquel precedente, debía declararse la inconstitucionalidad del decreto 1719/12, cuyas disposiciones se habían aplicado al momento de registrarse la operación aquí involucrada, por haber sido emitida por el Poder Ejecutivo en infracción al principio de legalidad y no contar con ratificación legislativa. Hizo hincapié en que no pretendía la devolución del total abonado en concepto de derechos de exportación, sino la diferencia entre la alícuota que abonó con arreglo al ilegítimo decreto 1719/12 (26,16%, v. pp. 191 y 193, expte. cit.), y la del 5%, que hubiese correspondido de acuerdo con el decreto 509/07; que, a su entender, fue la última norma que fijó válidamente los derechos de exportación aplicables al biodiesel.
Desde otro ángulo, planteó la inconstitucionalidad de la tasa de interés prevista en el artículo 3° de la resolución MEyP 314/04, en tanto lleva a la desvalorización de su crédito; y las de las resoluciones MH 598/19, ME 559/22 y ME3/24, por los mismos motivos. En ese marco, pidió que se aplicase una tasa “que no sea inferior a la tasa de inflación publicada por el IPC, desde el mes de promoción de la demanda hasta la fecha de efectivo pago. En su defecto, solicit[ó] …la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina, solo para el caso que esta resulte, para el período reclamado, superior a la reconocida por la Resolución 3/2024 (y sus modificatorias)” (p. 353, expte. cit.).
3. Que, el 25/4/25, el Fiscal General dictaminó sobre la competencia de la Sala, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad deducidos en el caso.
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7966/2025 VITERRA ARGENTINA SA (TF 28007289-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 4º) Que, en cuanto al alcance de la repetición, es importante precisar que la parte actora aceptó expresamente el importe equivalente a la alícuota del 5%, conforme al decreto 509/07. Por lo tanto, en esta instancia solo corresponde determinar si el importe reclamado ($3.629.434,37, p. 3 expte. cit.), que representa la diferencia entre la alícuota del 5% y la cuestionada, fue abonado con base en una norma constitucionalmente inválida. De ser así, debería admitirse la repetición 5º) Que, tanto la invalidez constitucional del decreto 1719/12, como la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación para pronunciarse al respecto a la luz del precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388), han sido examinadas por este Tribunal en la causa 41274/23, “Molinos Rio de la Plata SA (TF 39038-A) c/ DGA”, sentencia del 7/3/24, a cuyos términos cabe remitir para evitar reiteraciones.
Se deja constancia que en similar sentido se pronunció la Sala III de la Cámara en la causa 41273/23 “Molinos Río de la Plata SA (TF 38343-A) c/ DGA”, sentencia del 25/4/24.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 1719/12 y admitir la repetición de la diferencia en pesos reclamada, más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero.
6. Que, con respecto a las tasas de interés aplicables desde el reclamo de repetición y hasta la fecha del efectivo pago, por un lado, se remite a lo decidido por esta Sala en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente. Como consecuencia de ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 3º de la resolución MEyP 314/04 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del reclamo de repetición (29/11/18, v. p. 144 expte. cit.) y hasta el 31/07/19 –esto último, en consideración a la entrada en vigencia de la resolución MH 598/19–.
Por otro lado, se dan por reproducidos los argumentos de esta Sala en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), así como los que expuso el Fiscal General en el punto 10 del dictamen emitido en esta causa, para rechazar el planteo de inconstitucionalidad de las tasas de interés previstas en el artículo 4° de la resolución MH 598/19, en el artículo 4° de la ME 559/22 y en el artículo 4° de la resolución ME 3/24.
7. Que las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 1719/12 y admitir la repetición de la diferencia reclamada ($3.629.434,37), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto en el considerando 6º.
2. Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional.
El Sr. Juez de Cámara Sergio G. Fernández suscribe la presente en los términos de la resolución JS N° 8/25.
Regístrese, notifíquese y siga la causa según su estado (v. DEOX enviado el 15/4/25).
JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI SERGIO G. FERNÁNDEZ
Fin de la sentencia