Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 28489116-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso deducido por la actora, revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, reconocer el derecho de la firma Viterra Argentina S.A. a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa con más intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos X y XI.
2Rechazar el recurso deducido por la Aduana.
3Imponer las costas de ambas instancias a la demandada en su carácter de vencida (artículo 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/2025 de esta Cámara.
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MEC Buenos Aires, de febrero de 2026.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Mediante sentencia del 26/9/2024, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso de apelación interpuesto por Viterra Argentina S.A. y, en consecuencia, confirmó la RESOL-2024-163-E-AFIP-ADSALO#SDGOIAI, por la que el Departamento de la Aduana de San Lorenzo denegó el reclamo promovido para que se le devolviera la suma de $319.977,37 pagada en concepto de derechos de exportación con arreglo a lo establecido en la resolución 126/2008 del ex Ministerio de Economía y Producción, con relación a la mercadería cuya exportación fue documentada mediante el permiso de embarque 12057EC03000380H oficializado el 17/2/2012.
Para así decidir, sostuvo que las cuestiones planteadas en el caso eran sustancialmente análogas a las analizadas en el acuerdo plenario del 26/4/2022 en el marco de la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN), en la que la mayoría de los vocales acordar fijar como doctrina legal que el Tribunal Fiscal no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley en un caso concreto, que el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero y que no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/2018 en aquellos casos en los que el Tribunal Fiscal deba expedirse acerca de las resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas denegatorias de la repetición de derechos de exportación abonados por el exportados por aplicación de lo previsto en el decreto 793/2018 respecto de las destinaciones registradas a partir del 4/9/2018 y hasta el 4/12/2018.
Con esos fundamentos, consideró que debía rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en virtud de lo dispuesto en la resolución 126/2008 del ex Ministerio de Economía y Producción, que había fijado la alícuota correspondiente al derecho de exportación de biodiesel. 1 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 8425/2025/CA1: “VITERRA ARGENTINA S.A. (TF 28489116-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Finalmente, por mayoría, en atención a la complejidad de la cuestión debatida, distribuyó las costas en el orden causado.
II. Agravios de la actora Contra esa decisión, la firma exportadora interpuso recurso de apelación el 6/11/2024 y expresó agravios el 26/11/2024, los que fueron contestados por la Aduana con fecha 24/2/2025.
En dicha presentación, en lo sustancial, el recurrente sostiene:
(i) que “[l]a ilegitimidad del pago efectuado —que constituye la razón de ser la devolución que se solicitó ante la DGA—, encuentra sustento en que la Resolución 126/08, que estableció la alícuota aplicable para los derechos de exportación cancelados, es nula de nulidad absoluta e insalvable, pues no reconoce fuente en una norma legal”. En este sentido, señala que dicha norma reguló un aspecto esencial del hecho imponible del tributo, lo que se encuentra constitucionalmente vedado por aplicación de los principios de división de poderes y de reserva legal que rige de manera estricta en materia tributaria. Indica que sólo al Congreso de la Nación le corresponde la creación del gravamen o la regulación de sus elementos esenciales tales como la fijación de la alícuota.
(ii) que se encuentran acabadamente cumplidos los recaudos exigidos por la normativa para la procedencia de la acción de repetición y la respectiva devolución de los derechos de exportación ingresados indebidamente por la firma exportadora. Afirma que la última alícuota con ratificación legislativa es la nominal del 5% establecida por el decreto 509/2007, por lo que corresponde restituirle “la diferencia entre (i) los derechos de exportación efectivamente abonados (calculados en base a la alícuota inconstitucional del 20% fijada por la Res. 126/08 ME); y (ii) el menor importe que le hubiese correspondido abonar si el tributo se hubiese estimado en base a la última norma que fijó válidamente los derechos de exportación aplicables al biodiesel (esto es, la alícuota nominal del 5% fijada por el Decreto 509/2007)”. Sobre el punto, señala que se encuentra acreditado el efectivo ingreso de las sumas cuya devolución se requiere, así como la ilegitimidad de su pago, puesto que la oficialización del permiso de embarque involucrado en autos tuvo lugar el 17/2/2012, cuando se encontraba vigente —aunque de manera inconstitucional por carecer de ratificación legislativa— la resolución 126/2008 del 2 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 8425/2025/CA1: “VITERRA ARGENTINA S.A. (TF 28489116-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
entonces Ministerio de Economía y Producción. Por lo tanto, reitera que dicha norma resulta inconstitucional “y por ello los derechos de exportación pagados a raíz de su aplicación deben ser restituidos…”.
(iii) que, si no se hiciera lugar al recurso de apelación y no se revocase el pronunciamiento recurrido, “se estará conformando una exacción ilegal - en franca violación al derecho de propiedad y al principio de reserva de ley…”. Considera que la modificación de la alícuota de derechos de exportación efectuada por la resolución 126/2008 “resulta inconstitucional, pues encuentra su origen en normas de rango infralegal y el artículo 755 del CA en que se fundamenta su dictado no subsana dicha circunstancia, en tanto no constituye una delegación legislativa válida, en los términos requeridos por el artículo 76 de la Constitución Nacional”. Ello, agrega, a la luz de los lineamientos establecidos por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica”, doctrina que “resulta plenamente aplicable respecto de la Resolución 126/08 y de todas las previsiones relativas a los derechos de exportación allí consagradas”.
(iv) que la creación de derechos de exportación no puede realizarse a través de una norma de rango inferior a la ley y la modificación de alícuotas de los derechos de exportación preexistente, si bien la Corte Suprema ha admitido que pueda ser realizada en el ámbito del Poder Ejecutivo, en el caso, ha sido efectuada con sustento en normas delegantes inválidas y en normas que no transfieren ese tipo de potestades al órgano administrador.
(v) que los poderes delegados en favor del Poder Ejecutivo a través del artículo 755 del Código Aduanero no se encuentran operativos, ya que el Congreso de la Nación fue ratificando expresamente la totalidad de la delegación legislativa que existía antes de la reforma constitucional de 1994 mediante las leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y 26.519 hasta el 23/8/2010, pero posteriormente “el artículo 755 del CA no fue ratificado y por ende la delegación allí consagrada caducó”. Agrega que ninguna de las pautas fiscales establecidas por las leyes 27.428, 27.429, 27.420 y 27.431 constituye una clara política de delegación legislativa en favor del Poder Ejecutivo Nacional para el establecimiento de derechos de exportación o para la fijación de sus alícuotas.
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(vi) que los argumentos expuestos por el Tribunal Fiscal en el acuerdo plenario aplicado “no resisten análisis en razón de que se sustentan en una interpretación torcida de la Constitución [N]acional, y soslayan los parámetros sentados por la Corte Suprema en ‘Camaronera Patagónica’”. Sobre el punto, expresa que el artículo 755 del Código Aduanero constituye una norma delegante insuficiente a los fines de autorizar al Poder Ejecutivo a establecer alícuotas de derechos de exportación, por no satisfacer los requisitos exigidos por el artículo 76 del texto constitucional. Además, afirma que la fijación de la alícuota del tributo realizada por la resolución 126/2008 no es una facultad autónoma o reglamentaria del poder administrador (artículo 99, incisos 1° y 2°, de la Constitución Nacional), sino que constituye una atribución propia del Poder Legislativo. Resalta la identidad sustancial entre las circunstancias del caso y las examinadas por la Corte federal en la causa “Camaronera Patagónica”.
(vii) que, en la medida en que el tribunal a quo no se expidió acerca de la actualización del capital reclamado, procede que esta Alzada ordene su devolución “reconociendo una tasa de interés que esté en línea con los índices de inflación que se registren en nuestro país, la cual actualmente se encuentra provista por la tasa de interés de las operaciones de pase activas para el BCRA o en su defecto, la aplicación de una tasa de interés que, en el contexto inflacionario actual, no sea negativa, debido a los todavía altos niveles de inflación”. A tal fin, solicita que se declare la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la tasa de interés contemplada en el artículo 314/2004 del entonces Ministerio de Economía y Producción, pues “no constituye un razonable resarcimiento por la privación del uso del capital en el tiempo que estuvo bajo el poder del organismo fiscal”.
III. Agravios de la Aduana Por su parte, la agencia aduanera apeló y expresó agravios el 13/11/2024, los que fueron contestados por la actora el 11/12/2024.
En su presentación, sostiene:
(i) que la complejidad de la cuestión debatida no es suficiente para justificar el apartamiento del principio general conforme al cual las costas deben ser impuestas al vencido, máxime cuando la solución adoptada por el Tribunal Fiscal “no 4 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 8425/2025/CA1: “VITERRA ARGENTINA S.A. (TF 28489116-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
es para nada novedosa ni una consecuencia que no haya podido prever la firma actora”.
(ii) que “el contexto en que se ha dictado la Sentencia Recurrida que aplica el Plenario, dista de ser un supuesto de aplicación de un fallo en pleno que se dictó ante sentencias contradictorias de casos aislados y que por ende la firma actora se haya visto “sorprendida” por una jurisprudencia obligatoria de repentino dictado”.
(iii) que la eximición de costas dispuesta en la sentencia apelada resulta nula no sólo porque ha resultado vencedora en el pleito, sino también porque “la cuestión en debate ha sido resuelta con los mismos argumentos sostenidos por… [la] representación fiscal al contestar el recurso de apelación interpuesto ante el TFN y máxime considerando que la actora no podía desconocer la existencia del plenario”.
(iv) que “si la actora pretendiere alegar desconocimiento de la existencia del Plenario, para que proceda la eximición de costas por cambios en la jurisprudencia DEBE EXISTIR UN DESISTIMIENTO EN AUTOS”.
IV. Dictamen del Ministerio Público Fiscal Con fecha 11/7/2025, el señor fiscal general ante esta instancia contestó la vista que le fue conferida para que se expidiera acerca de los planteos de inconstitucionalidad introducidos en autos.
Advirtió que resultaba inoficioso pronunciarse acerca de la pretendida inconstitucionalidad de la resolución 126/2008 en la medida en que a la fecha de oficialización del permiso de embarque que motivó el pago de los derechos de exportación cuestionados se encontraba vigente el decreto 100/2012, el cual no había sido impugnado por la contribuyente en forma específica.
Por tal motivo, también consideró inoficioso expedirse respecto de planteo de inconstitucionalidad de las resoluciones ministeriales que fijaron las tasas de interés cuestionadas.
V. Antecedentes fácticos de la controversia Conforme surge de la documentación incorporada a la causa el 4/4/2025, las actuaciones SIGEA 17134-1730-2017 se iniciaron a partir del reclamo de repetición promovido por la actora con el objeto de que se le devolviera las sumas 5 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 8425/2025/CA1: “VITERRA ARGENTINA S.A. (TF 28489116-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
abonadas en concepto de derechos de exportación respecto de la mercadería documentada en el permiso de embarque 12057EC03000380H, por cuanto habrían sido “estimados por el servicio aduanero en base a la alícuota establecida en la Resolución 126/08 del Ministerio de Economía y Producción (es decir, una alícuota nominal del 20%)…” pese a que debieron haber sido calculados en base a la fijada por el decreto 509/2007 (v. páginas 110 a 141).
El 15/2/2024, a través de la RESOL-2024-163-E-AFIP- ADSALO#SDGOAI, el Departamento de la Aduana de San Lorenzo decidió no hacer lugar al reclamo de la actora “atento que los derechos de exportación fueron abonados conforme la normativa en vigencia a la fecha del hecho imponible”, sin que el organismo se encontrara facultado para pronunciarse acerca de la validez constitucional de las normas aplicadas (v. páginas 175 a 177).
Contra ese acto administrativo, con fecha 18/3/2024, la importadora dedujo recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal en el que cuestionó “que se vio obligada a abonar la alícuota de derechos de exportación del 20%, liquidada automáticamente por el SIM, que había sido establecida por la Resolución 126/08” (v. páginas 17 a 33).
Finalmente, mediante sentencia del 26/9/2024, el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso y confirmó la resolución denegatoria del reclamo de devolución de los tributos abonados (v. páginas 291 a 294)
VI. La cuestión controvertida En estas condiciones, sin perjuicio de que tanto en sede administrativa como ante el Tribunal Fiscal y esta instancia la actora ha cuestionado la aplicación de la resolución 126/2008 del ex Ministerio de Economía y Producción, atento la fecha de oficialización del permiso de embarque por el que se registró la exportación de la mercadería, la cuestión sometida al conocimiento y decisión de este Tribunal consiste (i) en determinar la validez constitucional del decreto 100/2012 (B.O. 31/1/2012); (ii), una vez superado ese primer examen, para el caso en que la respuesta fuera negativa, en dilucidar si resulta procedente la repetición con los alcances solicitados en el recurso, contemplando que la actora admitió la exigibilidad de la alícuota del 5% de derechos de exportación contemplada en el decreto 509/2007; y (iii) la distribución de los gastos causídicos.
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VII. La normativa involucrada en el caso Sentado lo expuesto, corresponde describir el plexo normativo aplicable.
En primer término, la Constitución Nacional dispone lo siguiente:
“Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca” (artículo 76, primer párrafo, de la Constitución Nacional).
Por otro lado, en su artículo 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran –en lo que aquí interesa– las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inciso 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inciso 3º).
Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. A tal fin, “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (artículo 99, inciso 3º).
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A su vez el artículo 100 establece que tanto el jefe de gabinete de ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales sin dicho requisito, carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que el jefe de gabinete de ministros es a quien le corresponde refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inciso 12).
Por su parte, el artículo 755 del Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo Nacional podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido”.
VIII. Jurisprudencia de la Corte Suprema aplicable al caso En estas condiciones, procede adelantar que el decreto 100/2012 no cumplió con el principio de legalidad a la luz de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), dictado el 15/4/2014, en el que la mayoría del Máximo Tribunal destacó la indudable naturaleza tributaria de los derechos de exportación.
Ello así, señaló que se trataba de un “tributo cuya definición puede comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas” (considerando 6º).
Asimismo, destacó que en el Código Aduanero se determinó la posibilidad de que este tipo de gravámenes fuera establecido con finalidad recaudatoria, es decir, para nutrir el erario público y también con el objeto de cumplir con los demás fines estatales.
En este sentido, la Corte Suprema mencionó que “las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales (…) No obstante ello, corresponde reiterar 8 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 8425/2025/CA1: “VITERRA ARGENTINA S.A. (TF 28489116-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
que el ‘derecho’ establecido por la resolución mencionada es por su naturaleza un tributo –específicamente, un impuesto–, más allá de los fines que con él se hayan querido lograr” (considerando 7º).
Así las cosas, y luego de señalar que la controversia suscitada requería el examen de compatibilidad de las normas en debate —especialmente el artículo 755 del Código Aduanero y la resolución 11/2002— con las que la Constitución Nacional fijó para el establecimiento de los gravámenes, afirmó que “nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4º como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos”, y puntualizó que el principio de legalidad o reserva de ley, de raigambre constitucional “abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (considerando 8º).
A continuación, en relación con el principio de reserva de ley en materia tributaria indicó que el mismo no cede en el supuesto de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa, recordando que ella misma sostuvo al respecto que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo” (considerando 9º).
A partir de tal premisa, destacó que el legislador no había determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación, sino que había recurrido a lo dispuesto por la resolución 11/2002, de manera que el Congreso Nacional no había previsto cuál era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Por lo tanto, concluyó que “al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (considerando 9º, último párrafo).
Seguidamente, en el considerando 10 explicó la utilidad que revisten los tributos aduaneros como herramienta estadual frente a las fluctuaciones 9 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 8425/2025/CA1: “VITERRA ARGENTINA S.A. (TF 28489116-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
que presenta el comercio internacional, exponiendo que en el ámbito de los derechos aduaneros “cobra relevancia la doctrina según la cual ‘tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida’”. A continuación, mencionó que en ese contexto, resultaba admisible que el Congreso atribuyera al Poder Ejecutivo determinadas facultades, las que se ceñirían exclusivamente al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, consistiendo por lo tanto en autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
A partir de este análisis la Corte Suprema concluyó que la resolución 11/2002 resultaba inválida.
Sin embargo, en el considerando 11 descartó que pudiera desconocerse que la ley 25.645 había aprobado “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de 1994”, destacando que “[e]s evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002…”, lo cual representó “…la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia”.
Por lo tanto, negando que la ley 25.645 pudiera convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable como la resolución 11/2002, declaró que no existía “razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia…”, resolviendo que la invalidez del reglamento se circunscribía al período comprendido entre el 5/6/2002 y el 24/8/2002, momento —este último— a partir del cual había comenzado a regir la ley 25.645.
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IX. La solución del caso. Existencia de precedentes análogos dictados sobre la materia controvertida Las cuestiones controvertidas en las presentes actuaciones resultan sustancialmente análogas a las examinadas por este Tribunal en diversos precedentes donde, sobre la base de lo resuelto por la Corte Suprema en el caso “Camaronera Patagónica”, concluyó que el decreto 100/2012 —al carecer de ratificación legislativa al momento en que se oficializó la operación de exportación— no era constitucionalmente válido, pues había establecido una carga fiscal y determinado una alícuota en concepto de derechos de exportación sin una base legislativa concreta; lo que implicaba un extralimitación del Poder Ejecutivo que había avanzado sobre competencias que la Constitución Nacional había expresamente reservado al Poder Legislativo, lesionando —en consecuencia— el principio de legalidad en materia tributaria (conf. esta Sala, in re: “Viterra Argentina S.A. (TF 22907174-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 7717/2024, sentencia del 15/7/2025; “Viterra Argentina S.A. (TF 25629572-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 20.188/2024, sentencia del 28/10/2025; “Viterra Argentina S.A. (TF 25632173-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 26.816/2025, sentencia del 11/11/2025; “Molinos Río de la Plata S.A. (TF 76851120-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 5404/2025, sentencia del 27/11/2025; “Viterra Argentina S.A. (TF 28490527-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 4312/2025, sentencia del 16/12/2025. Asimismo, esta Cámara, Sala IV, in rebus: “Molinos Río de la Plata S.A. (TF 39607- A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 45.070/2023, sentencia del 11/4/2024; “Viterra Argentina S.A. (TF 28489578-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 17.088/2025, sentencia del 12/6/2025, con la integración del juez Fernández en virtud de la resolución JS 7/2025).
Por consiguiente, corresponde admitir los agravios de la actora, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido por el derecho 100/2012 y hacer lugar a la repetición de la suma reclamada, ingresada en exceso de la alícuota consentida y fijada por el decreto 509/2007.
X. Intereses 11 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 8425/2025/CA1: “VITERRA ARGENTINA S.A. (TF 28489116-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
En cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), estos deberán calcularse desde la fecha de interposición del reclamo de repetición (conf. cargo fs. 1 de las actuaciones administrativas; página 110 de la documentación digitalizada el 4/4/2025). Respecto a la tasa de interés aplicable, atento a la fecha a partir de la cual deberán computarse los accesorios y el planteo de inconstitucionalidad introducido por la actora con relación a la prevista en la resolución 314/2004 del ex Ministerio de Economía y Producción, corresponde estar a lo resuelto por este Tribunal en las causas 37.527/2016 y 2267/2018, caratuladas “Thomas de Sudamérica S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Oleaginosa Moreno Hermanos S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, sentencias del 12/10/2017 y 30/8/2018, respectivamente; así como por la Sala IV de esta Cámara en las causas 49.628/2018 y 19.255/2021, caratuladas “Oleaginosa Moreno Hermanos S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Oleaginosa Moreno Hermanos S.A. (TF 33490-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencias del 26/3/2019 y 10/2/2022, también en forma respectiva (conf. esta Cámara, Sala IV, in re: “Viterra Argentina S.A. (TF 28489578-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 17.088/2025, sentencia del 12/6/2025).
Por lo tanto, los intereses deberán calcularse de la siguiente manera: (i) desde el momento de la presentación del reclamo y hasta el 31/7/2019, a la tasa pasiva promedio mensual publicada por el Banco Central de la República Argentina, atento la inconstitucionalidad declarada; (ii) desde el 1º/8/2019 y hasta el 31/8/2022, conforme a la tasa prevista en la resolución 598/2019 del Ministerio de Hacienda (cfr. artículo 10, vigente a partir del día 1°/8/2019); (iii) desde el 1º/9/2022 y hasta el 31/1/2024, de acuerdo con la establecida en la resolución 559/2022 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 9º); (iv) desde el 1º/2/2024 y hasta el 28/2/2025, de conformidad con la contemplada en la resolución 3/2024 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 10); (v) a partir del 1º/3/2025 y hasta el 30/6/2025, según la tasa contemplada en la resolución 199/2025 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 3º); (vi) a partir del 1º/7/2025, según la tasa fijada en la resolución 823/2025 del Ministerio de Economía (artículo 3º); o la que en el futuro pudiera regir, hasta el 12 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 8425/2025/CA1: “VITERRA ARGENTINA S.A. (TF 28489116-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
momento del efectivo pago, en las condiciones establecidas por la Corte Suprema al dictar sentencia el 15/5/2014 en la causa “Cencosud (TF 29535-A) c/ DGA” y de conformidad con la liquidación que deberá practicarse oportunamente (conf. esta Sala, in rebus: “Molinos Río de la Plata S.A. (TF 76851120-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 5404/2025, sentencia del 27/11/2025 y sus citas).
XII. Costas En atención al modo en que se decide, corresponde readecuar la distribución de los gastos causídicos de conformidad con el artículo 279 del CPCCN.
El principio general en la materia es el que surge del artículo 68 del CPCCN, conforme al cual “[l]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”.
De este modo, con fundamento en el hecho objetivo de la derrota, el principio general es la imposición de las costas al vencido, y solo puede eximirse de esa responsabilidad —si hay mérito para ello— mediante un pronunciamiento expreso acerca de dichas razones, bajo pena de nulidad (CSJN, Fallos: 328:4504; 332:2657 y 334:396, CSJ 1490/2019/RH1, “Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi Ltda c/ Provincia del Chaco s/ amparo”, sentencia del 30/9/2025, entre otros).
En este sentido, el principio rector consagrado en la materia encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota (Fallos: 325:3467; 341:1075 y 347:2177), a través del cual se busca una reparación de los gastos necesarios efectuados por la parte que ha resultado vencedora en el pleito tendientes al reconocimiento de su derecho (esta Sala, in re: “Fontana Nicastro S.A. de Contrucciones c/ EN-DNV s/ Proceso de conocimiento”, causa 37.283/2013, sentencia del 9/4/2019), de modo que quien pretenda exceptuarse de esa regla debe demostrar acabadamente las circunstancias que justificaría el apartamiento de ella, lo 13 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 8425/2025/CA1: “VITERRA ARGENTINA S.A. (TF 28489116-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
que debe admitirse restrictivamente (Fallos: 311:809; 317:1638; 341:1075; 343:1758, entre otros).
Así, pues, es posible reconocer excepciones a la regla del artículo 68 del CPCCN en las condiciones que se establecen en el segundo párrafo de la mentada norma, al facultarse a los jueces a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, por decisión fundada (Fallos: 311:809 y 317:1640, entre otros), si se comprueba que el tema debatido en el juicio es discutible y de singular complejidad (Fallos: 280:176, considerando 14 de la mayoría y 17 de la disidencia) o que la cuestión es novedosa (CNFed., Sala Civil y Comercial, del 4/11/1969, El Derecho 33-7), de tal modo que hubiera podido generar en la parte la creencia de que su pretensión era, al menos, opinable (esta Sala, in rebus: “Juárez Cubillas, Fernando c/ EN - M Justicia y otros s/ Daños y Perjuicios”, causa 39.646/2009, sentencia del 26/2/2019; “Paglilla, Alberto Mario c/ Gesualdi Dora Mariana y otros s/ Daños y Perjuicios”, causa 40.976/2013, sentencia del 14/6/2018; “Morales Silvia Mónica c/ EN – PEN – AFIP – Resol 3212/11 s/ amparo ley 16.986”, causa 30.272/2012, sentencia del 20/12/2012; y “Fontana Nicastro S.A. de Construcciones”, cit. supra).
Entonces, si bien la norma otorga al juez un margen de arbitrio, sólo se debe eximir de costas sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas, ya que de acordarse con laxitud, la vencida resultaría ser en verdad una parcial vencedora, al imponer a la triunfante el sacrificio patrimonial constituido por el costo de la defensa de quien se vio obligado a litigar (conf. Fenocchietto, Carlos E. y Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, 2ª edición actualizada, T. I, Buenos Aires, Astrea, 1993, p. 279). Es que al decidir cómo distribuir las costas, no puede perderse de vista que el triunfo en el tema central alrededor del cual giró la controversia debe reflejarse en la imposición de las costas, pues no se trata de castigar al perdedor sino de cargar al vencido las erogaciones que debió realizar su contraria (CSJN, Fallos: 322:1888 y sus citas; esta Sala, in re: “Fontana Nicastro S.A. de Contrucciones”, ya citado. Asimismo, esta Cámara, Sala II, in re: “Tello, Néstor Oscar c/Armada Argentina s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, sentencia del 26/5/2011).
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En este contexto, toda vez que la pretensión de la actora ha prosperado sustancialmente, no se advierten razones para apartarse del principio objetivo de la derrota, por lo que corresponde imponer las costas de ambas instancias a la demandada en su carácter de vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN; esta Sala, in re: “PBB Polisur S.R.L. (TF 22429160-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 4333/2024, sentencia del 13/9/2024).
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. Hacer lugar al recurso deducido por la actora, revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, reconocer el derecho de la firma Viterra Argentina S.A. a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa con más intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos X y XI.
2. Rechazar el recurso deducido por la Aduana.
3. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada en su carácter de vencida (artículo 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/2025 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese —a las partes y al fiscal general— y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia