Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 28490802-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión del 18/9/24; con costas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
10269/2025 VITERRA ARGENTINA SA (TF 28490802-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, septiembre de 2025.
VISTA:
La elevación del expediente TF 28490802-A (v. DEOX del 15/4/25) a fin de considerar “el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional el 06/11/2024 (v. IF- 2024-121739743-APN-DTD#JGM) concedido el 06/11/2024 (v. PV-2024-122038551-
APN-VOCXVIII#TFN) contra la sentencia dictada el 18/09/2024… (v. IF-2024-
101742609-APN-VOCXVIII#TFN)” (v. pág. 403 del expte. electrónico, donde también consta que el demandado expresó agravios dentro del plazo legal, y que la actora contestó el traslado conferido); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría: (i) declaró la nulidad absoluta e insanable de la resolución 126/08 en toda su vigencia (arg. arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución Nacional); (ii) revocó la RESOL-2024-160-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1796-2017, e hizo lugar a la devolución de la suma de $1.152.817,37, más los intereses de los artículos 811 y 812 del Código Aduanero, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total; (iii) impuso las costas a la Aduana. Para resolver como lo hizo, aclaró que la actora pretendía la devolución de la suma de $1.152.817,37, que habría pagado en exceso con relación al PE 12057EC03001264J, oficializado el 15/5/13. Explicó que ésta había abonado una alícuota del 20% en los términos de la resolución MEyP 126/08, la cual consideraba nula de nulidad absoluta e insanable conforme al precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Camaronera Patagónica SA" (Fallos: 337:388), y argumentaba que la alícuota válida era la del 5%, establecida por el decreto 509/07, el cual contaba con ratificación legislativa. A continuación, la mayoría del tribunal administrativo señaló que consideraba inaplicable la prohibición de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, establecida en el artículo 1164 del Código Aduanero, así como la doctrina del plenario del 26/04/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX- 2020-24600163-APNSGASAD#TFN), porque sólo se referían al control clásico de constitucionalidad. Es decir, que no podían prohibir examinar la validez constitucional de normas delegadas bajo el régimen de los artículos 76 y 99, inciso 3°, de la Constitución reformada en el año 1994.
Con respecto a la inconstitucionalidad de la resolución MEyP 126/08, argumentó que no había sido dictada con base en una delegación constitucionalmente válida, conforme la jurisprudencia del citado fallo "Camaronera Patagónica SA". Precisó que las normas que se invocaron como fundamento para su emisión no superaban la prueba del artículo 76 de la Constitución Nacional. Remarcó que la alícuota para el biodiesel había sido incorporada el 12/3/08 en el anexo XIV del decreto 509/07; es decir, con posterioridad a que éste último obtuviese ratificación legislativa mediante el procedimiento previsto por la ley 26.122. Finalmente, aclaró que la alícuota en cuestión no había sido ratificada por el Congreso nacional a la fecha de registro de la operación involucrada en el caso; de manera que correspondía declarar la nulidad absoluta de la citada resolución MEyP 126/08 y admitir la devolución de la diferencia reclamada.
2. Que, en primer lugar, el Fisco Nacional alegó que el tribunal administrativo se apartó de lo dispuesto en el artículo 1164 del Código Aduanero, el cual le impide pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiese declarado su inconstitucionalidad. A su entender, dicho supuesto no se verificaba en el caso, en virtud de las diferencias existentes respecto del precedente “Camaronera Patagónica SA”.
En segundo término, sostuvo que se efectuó una interpretación errónea de dicho precedente, en el cual —según su criterio— se había convalidado el artículo 755 del Código Aduanero, así como la delegación impropia de facultades reglamentarias para modificar las alícuotas del arancel aduanero. En base a ello, argumentó que el derecho de exportación establecido por la resolución MEyP 126/08 no requería ratificación por parte del Congreso, por tratarse de una norma dictada en ejercicio pleno de la facultad reglamentaria prevista en el artículo 99, inciso 2°, de la Constitución Nacional. Asimismo, señaló que, aun en el supuesto de considerar dicha resolución como una norma delegada, los artículos 17 y 24 de la ley 26.122 le otorgaban respaldo legal desde el momento mismo de su publicación.
A mayor abundamiento, invocó que el decreto 509/07 fue validado por el Congreso de la Nación mediante las resoluciones PE-310/07 del Senado y 2785-D-07-OD 2444 de la Cámara de Diputados. En consecuencia, sostuvo que dicha validación legislativa otorgó rango legal a las alícuotas, completando los elementos esenciales del tributo —hecho imponible, alícuota, base de cálculo, sujetos alcanzados y exentos—, lo que, a su entender, incluía el derecho de exportación aplicado a la mercadería involucrada en el presente caso. Finalmente, planteó que, conforme la lógica de la sentencia recurrida, debió haberse considerado que la alícuota aplicable a la mercadería exportada había sido reducida al 0% por el decreto 349/16, el cual no fue posteriormente ratificado por el Congreso. Por lo tanto —siempre dentro del razonamiento del a quo—, la alícuota aplicable tampoco podría haber sido del 0%.
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10269/2025 VITERRA ARGENTINA SA (TF 28490802-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 3º) Que, el 6/5/25, el Fiscal General dictaminó sobre la competencia de la Sala, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad deducido en el caso.
4. Que, tanto la invalidez constitucional de la resolución MEyP 126/08, como la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación para pronunciarse al respecto a la luz del precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388), han sido examinadas por este Tribunal en la causa 21889/24, “Molinos Rio de la Plata SA (TF 48766282-A) c/ DGA”, sentencia del 25/3/25, a cuyos términos cabe remitir para evitar reiteraciones. Por lo allí expuesto, corresponde rechazar la apelación del Fisco y confirmar la decisión apelada.
5. Que las costas de alzada se imponen al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión del 18/9/24; con costas.
Se deja constancia que el Sr. juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (Art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 16/9/25.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia