Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 28491101-A
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
36545/2025 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 28491101-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de noviembre de 2025.
VISTA:
La elevación del expediente TF 28491101-A (v. DEO del 15/9/25) “a fin de considerar los recursos de apelación interpuestos por la actora y el fisco nacional el 03/04/2025 y 04/04/2025 (v. IF-2025-34636534-APN-DTD#JGM e IF-2025-34881161-APNDTD#JGM), concedidos el 04/04/2025 (v. PV-2025-35016212-APN-VOCXX#TFN) contra la sentencia dictada el 13/02/2025, en cuanto confirma la Resolución RESOL-2024-168-E-AFIP- ADSALO#SDGOAI, con costas por su orden (v. INLEG-2025-16044640-APN-VOCXX#TFN)” (v. nota en la pág. 384 del expte. electrónico, donde también consta que ambas partes expresaron agravios dentro del plazo legal y contestaron los traslados conferidos); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución RESOL-2024-168-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en la actuación SIGEA 17134- 1835- 2017, en cuanto había denegado la devolución de una diferencia de derechos de exportación, abonada en los términos de la resolución MEyP 126/08 y con relación al permiso de embarque 12057EC03009276S.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional de la citada resolución MEyP 126/08, respecto de la cual entendió extensibles aquellas conclusiones mutatis mutandi, y rechazó la repetición.
Distribuyó las costas por su orden en atención a la complejidad de la cuestión y el hecho de que se resolvió en base a una doctrina plenaria.
2. Que, principalmente, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Explicó que, de acuerdo con aquel precedente, debía declararse inconstitucional el derecho de exportación abonado, porque había sido emitido en infracción al principio de legalidad y no contaba con ratificación legislativa. Hizo hincapié en que no pretendía la devolución del total abonado, sino la diferencia entre la alícuota efectivamente abonada y la del 5% que hubiese correspondido de acuerdo con el decreto 509/07 -que, a su entender, fue la última norma que fijó válidamente los derechos de exportación aplicables al biodiesel toda vez que fue aprobada por resoluciones de ambas cámaras del Congreso Nacional-. Sobre esa base, pidió que se devolviese la suma de $722.736,68 (v. pp. 3 y 298-305, expte. cit.). Por otra parte, planteó la inconstitucionalidad de la tasa de interés prevista en el artículo 3° de la resolución MEyP 314/04, en tanto lleva a la desvalorización de su crédito. Pidió que fuese reemplazada, hasta el 31/7/19 inclusive, por la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina (p. 305, expte. cit.).
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional cuestionó la distribución de las costas y argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
4. Que, el 1/10/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora.
A este último respecto, advirtió que resultaba inoficioso un pronunciamiento, dado que el derecho de exportación no se había abonado en los términos de la norma impugnada por la accionante, sino de otra posterior cuya constitucionalidad no se había cuestionado en forma específica.
5. Que, como principio general, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 726 del Código Aduanero, es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente a la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. A su vez, a los fines de la liquidación de tales derechos en aquellas operaciones que se hubiesen registrado al amparo del régimen especial de la ley 21.453, resulta de aplicación la alícuota vigente a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º).
Más allá de lo expuesto, en este caso la actora consintió el importe que le hubiese correspondido abonar por aplicación del decreto 509/07, en la inteligencia de que ese nivel de imposición contaba con aprobación legislativa y había sido legítimamente percibido por el Fisco. Por lo tanto, el alcance de la repetición queda circunscripto a la diferencia reclamada.
Resta precisar que por medio del permiso de embarque involucrado en esta actuación (12057EC03009276S), oficializado el 29/10/12, la actora exportó mercadería de la PA 3826.00.00 y abonó una alícuota de derechos del 23,63% (p. 142, expte. cit.). Con independencia de la norma que la accionante mencionó en sus presentaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación, la que tuvo efectiva incidencia en el caso —de acuerdo al momento de CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 36545/2025 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 28491101-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
registro de la destinación, la mercadería involucrada y lo informado por la propia Aduana (v. esp. p. 152, expte. cit.)— fue el decreto 1719/12.
De manera que corresponde examinar la validez constitucional del decreto 1719/12 a la luz del principio iura novit curia (doctr. Fallos: 337:179 y 347:178, y esta Sala, causa 6958/25 “Molino Cañuelas SACIFIA (TF 19458002-A) c/ DGA”, sent. del 6/5/25, entre otras); para luego determinar la procedencia de la repetición con el alcance solicitado en la demanda —es decir, contemplando que la actora consintió una alícuota del 5% y solo reclama una diferencia porcentual, representada por la suma de $722.736,68, que consignó en el F.4 y ratificó ante esta instancia (v. p. 4 y 299, expte. cit.)—.
6. Que, tanto la invalidez constitucional del decreto 1719/12, como la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación para pronunciarse al respecto a la luz del precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388), han sido examinadas por este Tribunal en la causa 41274/23, “Molinos Rio de la Plata SA (TF 39038-A) c/ DGA ”, sentencia del 7/3/24, a cuyos términos cabe remitir para evitar reiteraciones.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 1719/12 y admitir la repetición de la diferencia en pesos reclamada, más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
7. Que, con respecto a la tasa de interés aplicable desde el reclamo de repetición y hasta la fecha del efectivo pago, se remite a lo decidido por esta Sala en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente. Como consecuencia de ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 3º de la resolución MEyP 314/04 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del reclamo de repetición y hasta el 31/07/19 –esto último, en consideración a la entrada en vigencia de la resolución MH 598/19 y las que la reemplazaron–. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
8. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN). De modo que deviene inoficioso pronunciarse sobre la apelación del Fisco Nacional. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
9. Que resta tratar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. proveído del 24/9/25).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de $2.350 (v. proveído del 15/9/25, punto V, segundo párrafo); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 29/9/25.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia