Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 45437750-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad —en el caso— del Decreto N° 1719/2012 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos VI, VII y VIII,
2Desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y
3Disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
15864/2025 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 45437750-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 9 de octubre de 2025.- MBR VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 1/11/2024, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación -por unanimidad- confirmó la resolución nro. RESOL- 2024-217-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en la actuación SIGEA Nro. 17134-2468-2019, en cuanto dispuso denegar el pedido de devolución de derechos de exportación formulados por la firma Viterra Argentina SA, como continuadora de Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFyA. Asimismo, por mayoría, impuso las costas por su orden.
Para así resolver, sostuvo que, las cuestiones planteadas en el sub examine eran sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- - APN-SGASAD#TFN), en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.”
En tales condiciones, consideró que debía rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados con relación al Permiso de Embarque Nro. 14057EC03000233G en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 1719/2012.
Por último, por mayoría, estimó que las costas debían imponerse por su orden, en virtud de la complejidad de la cuestión en trato (v. págs. 289/291 del DEO: 18318135 -Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 9/5/2025).
II. Que, disconforme con lo resuelto, ambas partes interpusieron recurso de apelación, la parte actora con fecha 16/12/2024, fundándolo el 5/2/2025 (ver fs. 297/298 y 327/351, respectivamente, del expediente administrativo), y el 17/12/2024 lo hizo el Fisco Nacional, quien lo fundó en ese acto (ver fs. 304/309 del expediente administrativo).
Corridos los pertinentes traslados, la parte actora con fecha 3/02/2025 replicó los fundamentos de su contraria, y el Fisco Nacional hizo lo suyo con fecha 10/03/2025 (ver fs. 313/323 y 359/391; e informe de fs. 393 del DEO mencionado). Con fecha 22/08/2025 emitió su dictamen el señor Fiscal General.
III. Apelación de la firma actora:
En primer lugar, luego de referir los antecedentes del caso, la exportadora, sostuvo que el Decreto 1719/2012 es nulo de nulidad absoluta e insanable, por haber sido dictado por el Poder Ejecutivo sin una delegación legislativa válida. Afirmó que el art. 755 del Código Aduanero no constituye norma delegante suficiente conforme el art. 76 de la Constitución Nacional, de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”. Así, entendió que la única alícuota legalmente vigente para el biodiesel era la del 5% fijada por el Decreto 509/2007, debiendo restituirse la diferencia abonada en exceso, ello por ser la última alícuota con ratificación legislativa.
Citó jurisprudencia a modo de respaldo de sus argumentos.
Resaltó que el principio de legalidad tributaria exige que tanto la creación como la modificación de los elementos esenciales de un tributo —incluida la alícuota— sean dispuestos por el Congreso. Agregó que las facultades reglamentarias del art. 99 incs. 1° y 2° CN no autorizan al Poder Ejecutivo a fijar tributos, y que tampoco puede alegarse un “reconocimiento” legislativo posterior como convalidación retroactiva.
Criticó que el Tribunal Fiscal se haya limitado a reproducir la doctrina plenaria que, a su juicio, se aparta de “Camaronera Patagónica”, validando la utilización de normas constitucionales que refieren a la potestad exclusiva del Congreso de la Nación para crear o modificar tributos; normas que instauran el principio de reserva de ley o legalidad en materia tributaria que, según comprende ha sido vulnerado a través de la emisión del decreto 1719/2012.
En función de lo expuesto, consideró que correspondía admitir su pedido de repetición, con más los intereses resarcitorios correspondientes y costas, por ende, solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por el Tribunal Fiscal de la Nación.
IV. Apelación de la parte demandada:
La recurrente cuestionó, únicamente, el modo en que fueron distribuidas las costas.
Para dar fundamento a su postura, destacó que el fallo recurrido confirma en su totalidad la resolución aduanera, por lo tanto, correspondía estar a lo así previsto por el artículo 68 del CPCCN y en el artículo 1163 del Código Aduanero.
V. Que, en primer lugar, cuadra advertir que no se encuentra controvertido en autos que, para concretar la exportación documentada el 13/02/2014 mediante el permiso de embarque DDT 14057EC03000233G, la firma actora efectuó el pago de la suma de $ 1.722.177,40 en concepto de derechos de exportación, de conformidad con lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1719/2012 (B.O. 20/09/2012), que para la fecha de la operación —conforme lo informado por la administración— fijó un derecho de exportación del 26,44% (conf. cálculo automático de SIM) aplicable al biodiesel (P.A. 3826.00.00).
VI. Que puesto ello de relieve, en el sub examine la firma actora reclama el reintegro de los derechos de exportación que —según sostiene— fueron indebidamente liquidados en exceso por aplicación de la alícuota indicada fijada en virtud del Decreto N° 1719/2012, cuya validez constitucional cuestiona, por entender que dicho decreto carecía de una delegación legislativa válida para establecer tributos.
En tales condiciones, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa “Oleaginosa Moreno Hermanos SA (TF 44871288-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, expte. N° 46.955/2023, sentencia del 22/3/2024 (ver específicamente Considerandos V a XI), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En esa oportunidad este Tribunal, aplicando el precedente “Camaronera Patagónica”, resolvió que el Poder Ejecutivo carecía de facultades para fijar derechos de exportación como lo hiciera en el caso, pues el artículo 755 del Código Aduanero no constituye una norma delegante válida en ausencia de una ley del Congreso que establezca los elementos esenciales del tributo. Se especificó que el aspecto cuantitativo de los derechos de exportación establecidos por el decreto 1719/2012 respondió de manera exclusiva a su decisión discrecional, sin contar con el imprescindible respaldo de una “clara política legislativa”, que fijara la totalidad de los aspectos cuantitativos del impuesto, materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación. Por lo que, en definitiva, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad —en el caso— del Decreto Nº 1719/2012 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados en exceso, al oficializar el despacho de exportación denunciado (13/02/2014), cuyo pago —por lo demás— no fue desconocido en autos por la demandada (en el mismo sentido Sala IV del Fuero en autos 41.274/2023 “Molinos Río de la Plata SA (TF 39.038-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 8/8/2023).
VII. Que, sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, en atención a los claros y precisos términos del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Cencosud SA - TF 29.535-A c/DGA", del 15/05/2014), cabe remitir –en lo que pertinente–, a lo decidido por este Tribunal en la causa “Molfino Hermanos S.A. (TF 32275313-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expte. N° 13.598/2025, sentencia del 4/07/2025 (ver específicamente Considerando XII), entre otros.
VIII. Que, definida la moneda de pago, en orden al alcance de la condena, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa 20.372/2024 caratulada “Viterra Argentina SA (TF 2299742-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30/12/2024 (considerando XVII), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
Así las cosas, se dispone que el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde la petición administrativa de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular según las tasas vigentes para cada periodo.
IX. Que, finalmente, en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero). Estas mismas circunstancias determinan -de por sí- el rechazo de la apelación del Fisco Nacional.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad —en el caso— del Decreto N° 1719/2012 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos VI, VII y VIII, 2º) desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y 3º) disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia