Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 73036916-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 1719/12 y admitir la repetición de la diferencia reclamada ($50.748.141,67), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto en el considerando 6º.
2Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
18054/2025 VITERRA ARGENTINA SA (TF 73036916-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 1 de julio de 2025.
VISTA:
La elevación del expediente TF 73036916-A (v. DEOX 18524266 y 18524319, del 27/5/25) a fin de considerar “el recurso de apelación interpuesto por la actora el 30/12/2024 (v. IF-2024-142425170-APN-DTD#JGM) concedido el 03/02/2025 (v. PV- 2025-11640227-APNVOCXIII#TFN) contra la sentencia dictada el 12/12/2024…(v. IF- 2024-136670124-APN-VOCXIII#TFN)” (v. pág. 4755 del documento adjunto al DEOX 18524319, donde también consta que la recurrente expresó agravios dentro del plazo legal, y que el Fisco contestó el traslado conferido); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó las resoluciones AD SALO 490/2023, 460/2023, 461/2023, 479/2023, 459/2023, 462/2023, 463/2023, 426/2023, 447/2023, 464/2023, 444/2023, 445/2023, 437/2023, 436/2023, 435/2023, 468/2023, 469/2023, 446/2023, 449/2023, 457/2023, 467/2023, 454/2023, 440/2023, 476/2023, 430/2023, 425/2023, 441/2023, 442/2023, 448/2023, 443/2023, 451/2023, 466/2023, 465/2023, 432/2023, 455/2023, 431/2023, 456/2023, 453/2023, 470/2023, 450/2023, 452/2023, 438/2023, 429/2023, 458/2023, 439/2023, 428/2023, 480/2023, 478/2023, 434/2023, 433/2023, 424/2023 y 427/2023, correspondientes a las actuaciones SIGEA 17134-1840-2017, 17134-1869-2018, 17134-1786-2018, 17134-1816-2018, 17134-1835-2018, 17134-1843-2018, 17134-1839-2018, 17134-2473-2019, 17134- 2475- 2019, 17134-2476-2019, 17134-2478-2019, 17134-2479-2019, 17134-2481-2019, 17134-2482-2019, 17134-2484-2019, 17134-2486-2019, 17134-2487-2019, 17134- 2488-2019, 17134-2489-2019, 17134-2490-2019, 17134-2491-2019, 17134- 2492-2019, 17134-2493-2019, 17134-2465-2019, 17134-2470-2019, 17134-2474-2019, 17134- 2494-2019, 17134-2495- 2019, 17134-2496-2019, 17134-2497-2019, 17134-2500-2019, 17134-2501-2019, 17134-2502-2019, 17134-2512-2109, 17134-2513-2109, 17134- 2514-2109, 17134-2453-2109, 17134-2463-2109, 17134-2447-2109, 17134-2448-2019, 17134- 2451-2019, 17134-2452-2019, 17134-2446-2019, 17134-2444-2019, 17134- 2443-2019, 17134-2442-2019, 17134-2441- 2019, 17134-2439-2019, 17134-2438-2019, 17134-2437-2019, 17134-2436-2019 y 17134-2434-2019, en cuanto habían denegado la devolución de las sumas que la actora consideraba haber abonado en exceso en concepto de derechos de exportación, en los términos del decreto 1719/12 y con relación a los permisos de embarque 12057EC01009293R, 13057EC01000289Y, 13057EC03000106E, 13057EC03001637Y, 13057EC03001911J, 13057EC01008744S, 1 13057EC01008743R, 14057EC03000469R, 14057EC03000612H, 14057EC03000613X, 14057EC03000633K, 14057EC03000632J, 14057EC03000634L, 14057EC01002819Z, 14057EC03000703X, 14057EC03000706L, 14057EC03000705K, 14057EC03000747Z, 14057EC03000746P, 14057EC03000755P, 14057EC01004102D, 14057EC03000808Y, 14057EC01004802K, 14057EC03000830J, 14057EC03000832L, 14057EC03000831K, 14057EC03000860M, 14057EC03000859U, 14057EC03000925Y, 14057EC03000924N, 14057EC03000840K, 14057EC01005257P, 14057EC03000926P, 14057EC03001143H, 14057EC03001144X, 14057EC03001153X, 14057EC03001168Y, 14057EC03001190J, 14057EC03001201C, 14057EC03001208J, 14057EC03001287Z, 14057EC03001408L, 14057EC03001410E, 15057EC03000467Z, 15057EC01003755R, 15057EC01004600H, 15057EC03000580M, 15057EC03000660L, 15057EC03000659T, 15057EC03000794T, 15057EC01007918W y 15057EC03000879A.
Impuso las costas al Fisco Nacional.
Para resolver como lo hizo, señaló que, mediante dichos PE, oficializados durante la vigencia del decreto 1719/12 (entre el 20/9/12 y el 20/12/15), la actora había documentado la exportación de biodiesel (PA 3826.00.00.100L) y abonado los derechos de exportación liquidados por el Sistema Informático Malvina de acuerdo con una alícuota móvil o de fórmula (art. 1), que osciló entre el 5,26% y el 27,79%, según la operación. Precisó que la recurrente propiciaba que se tomasen como válidos los tributos del decreto 509/07 (5%) y limitaba su reclamo a una diferencia del 0,26% al 22,79%. Más allá de lo expuesto, la mayoría consideró que la cuestión planteada (afectación del principio de reserva de ley en materia tributaria) era similar a la que se había resuelto en el acuerdo plenario dictado el 26/4/22 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163- APNSGASAD#TFN), donde se fijó como doctrina legal que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (4/12/18).
Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional del citado decreto 1719/12, con respecto al cual entendió aplicable aquellas conclusiones mutatis mutandi, y rechazó la repetición.
2. Que la actora se agravió de la aplicación del aludido plenario al presente caso. Además, planteó que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como había sido entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
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18054/2025 VITERRA ARGENTINA SA (TF 73036916-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Explicó que, con arreglo a la doctrina de aquel precedente, debía declararse la inconstitucionalidad del decreto 1719/12, por haber sido emitido por el Poder Ejecutivo en infracción al principio de legalidad y no contar con ratificación legislativa. Hizo hincapié en que no pretendía la devolución del total abonado en concepto de derechos de exportación, sino la diferencia entre las alícuotas efectivamente abonadas y la del 5% que hubiese correspondido de acuerdo con el decreto 509/07 -que, a su entender, fue la última norma que fijó válidamente los derechos de exportación aplicables al biodiesel-.
Desde otro ángulo, planteó la inconstitucionalidad de la tasa de interés prevista en el artículo 3° de la resolución MEyP 314/04, en tanto lleva a la desvalorización de su crédito. Pidió que fuese reemplazada, hasta el 31/7/19 inclusive, por la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina (p. 4703, documento citado).
3. Que, el 17/6/25, el Fiscal General dictaminó sobre la competencia de la Sala, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad deducidos en el caso.
4. Que, en cuanto al alcance de la repetición, es importante insistir en que la parte actora aceptó expresamente el importe equivalente a la alícuota del 5%, conforme al decreto 509/07. Por lo tanto, en esta instancia solo corresponde determinar si la suma reclamada ($50.748.141,67, v. pág. 4 del documento adjunto al DEOX 18524266), que no se discute que representa la diferencia entre la alícuota del 5% y las que se aplicaron a cada operación, fue abonado con base en una norma constitucionalmente inválida. De ser así, debería admitirse la repetición 5º) Que, tanto la invalidez constitucional del decreto 1719/12, como la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación para pronunciarse al respecto a la luz del precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388), han sido examinadas por este Tribunal en la causa 41274/23, “Molinos Rio de la Plata SA (TF 39038-A) c/ DGA”, sentencia del 7/3/24, a cuyos términos cabe remitir para evitar reiteraciones. En atención a los planteos que había formulado el Fisco en su contestación, vinculados con la prueba de la no traslación del tributo como presupuesto de procedencia de la acción de repetición (v. pág. 431, DEOX 18524266), cabe dejar a salvo que el Código Aduanero no requiere acreditar dicho extremo como requisito para repetir los tributos abonados (v. arts. 1068 y ss.), como sí lo hace el artículo 81 de la ley 11.683 (doctr. esta sala, causa 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”, sent. del 31/5/22).
3 Por todo lo expuesto, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 1719/12 y admitir la repetición de la diferencia en pesos reclamada, más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero.
6. Que, con respecto a la tasa de interés aplicable desde el reclamo de repetición, se remite a lo decidido por esta Sala en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente. Como consecuencia de ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 3º de la resolución MEyP 314/04 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha de cada reclamo de repetición y hasta el 31/07/19 –esto último, en consideración a la entrada en vigencia de la resolución MH 598/19 y las que la reemplazaron–.
7. Que las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN).
Por todo lo expuesto, SE
1. Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 1719/12 y admitir la repetición de la diferencia reclamada ($50.748.141,67), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto en el considerando 6º.
2. Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese -a las partes y a la Fiscalía General- y siga la causa con el DEOX enviado el 11/6/25.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia