Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 282.016
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn el precedente acuerdo ha quedado establecido que la sentencia apelada debe ser modificada (ver citas legales y jurisprudenciales hechas en los considerandos de la presente)
POR ELLO: 1) se declara abstracto el tratamiento de los recursos interpuestos por el actor con fecha 11/9/2020 contra el proveído del 10/9/2020 ap.II y el 20/9/2020 contra el traslado del 15/9/2020; 2) se declara la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, así como a su inaplicabilidad al caso; 3) se deberá actualizar el valor de condena de pesos 12.000 aplicando el índice de precios al consumidor del INDEC) a partir del 4/9/2007 -fecha de sentencia de primera instancia-, con más un interés puro del 6% anual hasta su efectivo pago (ver V.17.e. causa citada). Costas de Alzada a cargo de los demandados vencidos (art. 68 del CPCC)
mfc/ Causa 282016 "VITTOLA FACUNDO FABIÁN Y RIMOLO MAXIMO F C/ RODRIGUEZ, ANGEL ALBERTO Y VISIÓN SA S/ ··DAÑOS Y PERJUICIOS"
(Juzgado de Origen)
En la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Mayo de 2024, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Tercera de la Cámara Primera de Apelación, doctores Alejandro Luis Maggi y Juan Manuel Hitters, para dictar sentencia en la causa caratulada: "VITTOLA FACUNDO FABIÁN Y RIMOLO MAXIMO F C/ RODRIGUEZ, ANGEL ALBERTO Y VISIÓN SA S/ ··DAÑOS Y PERJUICIOS" y habiéndose realizado el sorteo de ley, correspondió que la votación tuviera el siguiente orden: Dres. Alejandro Luis MAGGI - Juan Manuel HITTERS.
1. ¿Resulta abstracto el tratamiento de los recursos interpuestos por el actor con fecha 11/9/2020 contra el proveído del 10/9/2020 ap.II y del 20/9/2020 contra el traslado del 15/9/2020?
¿Corresponde modificar la sentencia del 18/12/2023?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el señor Juez, Dr. Luis Alejandro Maggi dijo:
1. Antecedentes.
En lo que interesa de la causa a los fines de resolver el recurso interpuesto por la parte actora con fecha 11/9/2020, fundado el 12/9/2020 tenemos que:
1.i El día 6/10/2008 el Sr. juez, a petición de los demandados despacho el levantamiento de embargo del inmueble (matricula 13349) del Sr. Rodriguez -fallecido- en atención a la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles destinados a vivienda propia adquiridos con prestamos del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL se mantiene aún luego de cancelado el crédito, ello así conforme fue acreditado con la documentación del caso. 1.ii Como consecuencia de ello, el actor con fecha 2/9/2020 solicitó como medidas cautelares, que se disponga la prohibición de contratar sobre la cuota parte indivisa que le corresponda a la demandada, DELIA FELISA DOLCE, L.C. 6.473.956, sobre el bien inmueble identificado catastralmente como:CIRC. I; SECCION B; MANZANA 9 P; QUINTA 9;
PARCELA 1; SEBPARCELA 22; MATRICULA NRO. 13349; U.F. 22, y que no obstante la prohibición de embargo que pesa sobre el inmueble, se disponga el pago de un canon o cuota de dinero en favor de los actores en concepto de pago de intereses y de capital, así como también para la cancelación de los honorarios y aportes de ley. Con fecha 10/9/2020 -Al punto II- el magistrado, en base a lo ya proveído -fs. 340 que refiere a la inembargabilidad-, desestima las medidas requeridas y ello fue apelado por el actor.
1.iii A su turno, cuando el juzgado con fecha 15/9/2020 dispone el traslado del memorial de dicho recurso, el actor se disconforma contra el mismo con fecha 20/9/2020 señalando que el traslado no corresponde por ser un proveído que refiere a medidas cautelares ¨in audita pars¨ 1.iv Luego de diligenciar un mandamiento de constatación, con fecha 10/11/2023 se llega a acreditar en los presentes que el inmueble respecto del cual se había levantado el embargo -ver. 1.i- se encuentra alquilado por los herederos del demandado Rodriguez, y el actor solicita el embargo del 50% de los alquileres que se devenguen hasta el vencimiento del contrato de locación, remitiendo a tal fin una orden a la inmobiliaria BEHERAN & RULE y a los propios inquilinos, para que retengan el porcentaje indicado y lo depositen en una cuenta judicial cuya apertura también se solicita en este acto.
Dicha petición es proveída favorablemente con fecha 14/11/2023 ap. II con fundamento en el art. 196 del CPCC.
1.v Con fecha 5/12/2023 los sucesores del demandado se presentan practicando liquidación de la sentencia dictada en el año 2007, manifestando su voluntad de pago, y siguiendo las pautas allí fijadas -tasa pasiva Bco. Pcia. desde 5/1/1999 al 4/12/2023- alcanza la suma total de $ 60.360,28.-
Corrido el traslado al actor, se presenta con fecha 16/12/2023 solicita que se condene a la parte demandada por temeridad y malicia, toda vez que desde el mes de noviembre de 2007 - hace ya 16 años - debían haber abonado la deuda y sin embargo, invocaron por entonces que la vivienda había sido comprada con un crédito del banco hipotecario y que por tal razón, era inembargable ya que tenía destino familiar, lo cual quedó demostrado que no era así, impugna la liquidación, plantea la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 y la imposibilidad de actualizar la deuda solicitando que se indexe la misma en base a nuevas pautas. Todas y cada una de esas peticiones fueron rechazadas con fecha 18/12/2023 y se aprobó la liquidación practicada con fecha 5/12/23 por la suma de $ 60.360,28.
Dicha resolución de fecha 18/12/2023 viene apelada por el actor con fecha 26/12/2023, fundada el 5/2/2024 y con la réplica de la contraria de fecha 19/2/2024 a cuya lectura remitimos en honor a la brevedad del presente.
2. Este Tribunal:
2.a Desmenuzada la causa puede advertirse que, en atención a lo que se terminó resolviendo con fecha 14/11/2023 -embargo del 50% de los alquileres que se devenguen hasta el vencimiento del contrato de locación del inmueble perteneciente al demandado fallecido Sr. Rodriguez- deviene abstracto abordar el tratamiento de los recursos interpuestos por el actor con fecha 11/9/2020 contra el proveído del 10/9/2020 ap.II y del 20/9/2020 contra el traslado del 15/9/2020 (ver considerandos 1.ii y 1.iii).
Ello así, por cuanto constituye presupuesto visceral de todo planteo revisor la existencia de agravios ciertos y actuales, que generen perjuicios concretos en la posición del apelante y a la luz de sus reclamos. Consiguientemente, vistas las actuaciones, si la cuestión ha perdido virtualidad, como acontece en el sub examine ya que ha desaparecido la razón de ser del tratamiento del recurso de apelación interpuesto en tiempo anterior a lo resuelto el 14/11/2023, ello es incompatible con el quehacer jurisdiccional ya que no corresponde analizar temas que por circunstancias posteriores devinieron abstractos (arg. arts. 161, incs. 1° y 2°, y 242 del CPCC; Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales...", 2da. ed., v. III, p. 124).
2.b Resta entonces adentrarme al tratamiento del recurso interpuesto el día 26/12/2023 contra la resolución del 18 del mismo mes y año que deniega las peticiones del actor en la presentación de fecha 16/12/2023.
2.b.i Temeridad y malicia La temeridad consiste en la conducta de la parte que deduce pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad. Se configura, por tanto, frente a la conciencia de la propia sinrazón. De allí que no sea suficiente, para calificar a una conducta como temeraria, el elemento objetivo representado por la falta de fundamento o por la injusticia de la pretensión o de la oposición. Es además necesario el factor subjetivo que se manifiesta a través de la conciencia de que tales circunstancias concurren en el caso concreto (PALACIO, Derecho Procesal Civil, séptima reimpresión, Abeledo Perrot, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, v. 3, 2004, págs. 51/52). Pues bien, pese a que no se desconoce el paso del tiempo -desde el año 2008 en que solicitado por primera vez el embargo sobre el inmueble en cuestión, hasta el año 2023 en que se acreditó la existencia de inquilinos en el mismo-, lo cierto es que en ese espacio temporal la parte actora dejó de activar el proceso -al menos en dos oportunidades- y por otro lado llevó a cabo las medidas investigativas tendientes a dar con el resultado que finalmente denuncia y acredita en el año 2023.
De consuno, ello no nos lleva sin más a calificar la conducta de los demandados -sus sucesores- como temeraria. De un lado, porque encuentro atendible lo manifestado por ellos en su conteste (ver presentación electrónica del 19/2/2024 pto. 1), de otro, y a nuestro criterio contundente, porque a quien en todo caso corresponde activar las medidas tendientes a conseguir el cobro de su crédito es al actor, y no, en el caso presentarse los demandados a denunciar que el objeto -antes inembargableahora sí se encuentra en condiciones de ser ejecutado.
Por ello corresponde desestimar la calificación y sanción solicitada por el actor.
2.b.ii La sentencia apelada rechazó la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 asi como la pretensión de la actora de que la suma establecida en la liquidación se actualice hasta la fecha del efectivo pago. Haciendo mías palabras del Sr. Ministro de nuestro máximo Tribunal provincial, Dr. Soria, entiendo que ¨..el enfoque interpretativo adecuado debe partir del reconocimiento de [la] compleja problemática [de emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria]...¨ que aqueja desde ya hace varias décadas al país (causa C. 124.096, "Barrios¨, RS 9-2024)
En la reciente causa fallada, señaló que ¨El núcleo del problema está centrado en la interdicción legal de la actualización, reajuste o indexación de las obligaciones dinerarias expresadas en moneda de curso legal (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561). La interpretación judicial vigente preconiza agregar al capital histórico un interés moratorio a la tasa pasiva digital más alta del Banco Provincia. Este mecanismo se completa con la inadmisión de toda alternativa de repotenciación, incluyendo el tramo dinerario de las deudas de valor. En tales condiciones, el ceñido esquema que impone la ley antes citada, en más de un supuesto facilita la licuación del capital adeudado y provee soluciones alejadas de los intereses económicos en presencia. ..¨ (ver ap. V.1.d cusa citada)
Durante años los Tribunales del país -en línea con las Cortes de justicia Nacional y provinciales- descartaron una interpretación contraria al propósito y a la letra de la norma prohibitiva de preceptos o estipulaciones convencionales que contemplaran modalidades de indexación.
No obstante, en el minucioso y detallado voto del Ministro Soria en la causa ¨Barrios¨ puede tomarse cuenta de que a lo largo de ese tiempo, sin interferir en la dinámica de los cambios regulatorios, las decisiones judiciales no prescindieron de efectuar, un monitoreo de las repercusiones que ellos causaban en los derechos de las personas.
Entonces, sobre tal piso de marcha, corresponde señalar que si bien el art. 7 de la ley 23.928 impide la actualización monetaria (cnf. art. 4 de la ley 25561), ello no obsta a la consideración de algún mecanismo que permita al acreedor recomponer la pérdida que ha sufrido su acreencia, aun en el esquema normativo actualmente vigente.
Subrayo que esta tesitura resulta avalada por la Suprema Corte de Justicia provincial, según lo resuelto en la ya mencionada reciente causa "Barrios" (C. 124.096, sent. del 17/4/2024), oportunidad en la cual el Tribunal -con cita de su par nacional- sostuvo que es resorte del órgano interviniente establecer el mecanismo específico de preservación del crédito que fuere el más idóneo para emplearse en el caso, en modo consistente con la plataforma de hecho base del conflicto. Esto es, la facultad de realizar adecuaciones en las relaciones jurídicas concernidas, en cuanto fuere necesario para observar la incolumidad del crédito (del voto del Dr. Soria, esp. punto V.17.c).
En los presentes actuados fue dictada sentencia definitiva allá por el año 2007 (esta causa RSD 340/07 del 10/9/2007), tiempos en los que fue aplicado un interés al capital de condena, desde el 5 de Enero de 1999 hasta el momento de su efectivo pago, a la tasa pagada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación (cfme. S.C.B.A., causa Ac. 43858 del 21 de Mayo de 1991, caratulada "ZGONC, Daniel R. y otro c/ Asociación Atlética Villa Gesell", en "AyS", 1991-I-788; Ac. 49.987, en "AyS", 1992-II- 390; Ac.43.448, en DJBA, tº 142, pág. 191, entre otras), en donde va de suyo que los cambios económico-sociales e institucionales, que se dieron hasta la fecha, autorizan el abordaje a un campo de excepción: la inconstitucionalidad sobreviniente (Fallos 308:2268; 316:3104; 317:756; 319:324; 321:1058; 328:566; entre otros).
Con otras palabras, los preceptos de aquel art. 7 de la ley 23.928 que otrora no transgredieron la Constitución, en el caso particular de autos, puedo afirmar que hoy presenta una contradicción insalvable con las reglas o principios de ese ordenamiento superior, de tal relevancia que el reproche constitucional será una lógica derivación.
En la especie, la brecha entre un sistema de mantenimiento del capital adecuado por medio de su actualización más una tasa de interés puro y el sistema en aquel momento aplicado -de capital nominal más intereses a la tasa pasiva- arroja una pérdida más que considerable en perjuicio del reclamante, y puede advertirse sin hesitación alguna del resultado que arroja la liquidación practicada por los demandados y aprobada por la magistrada de la instancia.
Al igual que en ¨Barrios¨ la aplicación analógica de la tasa prevista por el art. 768 del Código Civil y Comercial, -tasa activa- para evitar la declaración de inconstitucionalidad, en principio en situaciones como las aquí enjuiciadas, llevan a descartarla como una opción adecuada. Desde ya aclaro que este Tribunal ya se ha pronunciado en similares situaciones, que estamos lejos de pregonar un seguimiento irreflexivo de las sentencias del Máximo Tribunal -nacional y/o provincial-, pero lo cierto es que este asunto registra tantas voces similares, sino iguales, al caso analizado en profundidad por la Corte, que se presenta como un medio eficaz para alcanzar la justicia en la ejecución de una sentencia dictada hace tantos años (arts. 18, Const. nac., 15 Const. prov., art. 2 Cód. Civ. y Com.)
Pues bien, de vuelta en el pronunciamiento de mención, la Suprema Corte de Justicia sostuvo allí que incumbe al poder judicial, al decidir las controversias, cuidar que los enunciados de la ley mantengan coherencia con las reglas de jerarquía superior durante todo el lapso que dure su vigencia, se suerte que su aplicación no contradiga lo establecido por la constitución (Fallos: 316:3104; 328:566; 337:1464; 340:1480; 344:316). El corolario de todo lo expuesto es inequívoco: el art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561, en su aplicación al caso, debe ser descalificado porque desconoce el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad del reclamante y no permite proveer una tutela judicial eficaz (arts. 1, 17, 18, 28 y concs., Const. nac.).(ver esp. cons. V.9.i)
Para fundar esa inteligencia, el Tribunal también recurrió a los datos irrefutables que muestran la inflación anual del país, así resaltó que en el año 2022 la tasa anual de aumento de los precios había llegado casi al 100%; en rigor, la variación del índice de precios al consumidor del INDEC fue del 94,8%. El pasado año la variación interanual acumulada a diciembre (dicho mes incluido) trepó a la escalofriante cifra de 211,14% según el INDEC. El presagio de este año merodea los valores de 2023 (ver V.10.a). En definitiva, la respuesta dada por Suprema Corte a la cuestión bajo análisis fue, para la determinación del capital en función de la naturaleza de la prestación u obligación debida, será preciso que el órgano de la instancia pertinente (incluyendo, claro está, los de segunda instancia) exprese la cuantía de la condena al valor actual a la fecha de su pronunciamiento.
Y sigue, ... si se tratare de un daño a las cosas habrá de fijarse teniendo en cuenta el valor actual de tales bienes. En los daños causados a las personas humanas, cuando fuere menester reparar la incapacidad sobreviniente, y se computare el impacto en la persona dañada, igual parámetro de referencia deberá ser ponderado para la fijación del valor actual por el órgano de la instancia judicial correspondiente. De tal suerte, si estuviere en cuestión la privación de un salario determinado (o en su defecto, si se aplicare un parámetro remanente, por ejemplo el salario mínimo vital y móvil o el RIPTE), se hará idéntica operación con el monto del parámetro utilizado, calculándolo a la fecha de la sentencia. Y así habrá de procederse con los demás supuestos que representen una deuda de valor. (V.16.b) Una vez determinado de la manera antes señalada el justiprecio actual del daño o de la prestación, al expresarlos en la condena dineraria podrá, a partir de allí, ser de aplicación el mecanismo de actualización que en el caso sub examen -al igual reitero, que el referenciado- la condena patrimonial, quedó definida a valores a la fecha de la sentencia de primera instancia de manera entonces que procede la aplicación de los índices fijados en el considerando VI.2, siempre teniendo en cuenta las directrices dadas por el Superior en torno a valorar los ... principios y condicionamientos: i] la interdicción del enriquecimiento sin causa; ii] la interdicción de conductas que importen un abuso del derecho; iii] la buena fe; iv] la equidad; v] la equivalencia de las prestaciones; vi] la morigeración de los resultados excesivos que arrojare el uso de mecanismos de actualización, variaciones de precios o costos, indexación o repotenciación, cuando sobrepasen el valor actual del daño o de la prestación debida y, si correspondiere, vii] en su caso, el esfuerzo compartido (arts. 17, 28 y concs. Const. nac; 1, 9, 10, arg. arts. 332, 729, 772, 88 inc. "b", 961, 965, 1.061, 1.091, 1.716, 1.732, 1.738, 1.747, 1.794 y concs., Cód. Civil. Y Com.; Fallos: 323:1744; 325:2875; 330:801, y Fallos 330:855, 5345; 334:698, entre muchos).
A su vez, en el plano adjetivo, la decisión relativa al ajuste del crédito ha de observar el principio de congruencia (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC). (ver cons. V.17.d).
Entonces, por todo lo precedentemente expuesto, y si mi distinguido colega lo comparte, siendo que los valores fijados en la sentencia dictada en los actuados, fueron los vigentes a ese tiempo -año 2007- en atención a la etapa procesal que transita el presente propongo: 1) acoger el agravio del actor y acceder, a la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, así como a su inaplicabilidad al caso, con el objeto de establecer una valorización adecuada del crédito correspondiente a los rubros indemnizatorios reconocidos en este proceso;
2. actualizar el valor de condena de pesos 12.000 aplicando el índice de precios al consumidor del INDEC) a partir del 4/9/2007 -fecha de sentencia de primera instancia-, con más un interés puro del 6% anual hasta su efectivo pago (ver V.17.e. causa citada)
3. Costas: Las costas de Alzada se imponen a los demandados vencidos (art. 68 del CPCC)
VOTO POR LA AFIRMATIVA
A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el señor Juez, Doctor Juan Manuel Hitters dijo que adhería al precedente voto aduciendo idénticos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, el señor Juez, Dr. Alejandro Luis Maggi dijo: visto la concordancia de votos lograda, corresponde:1) declarar abstracto el tratamiento de los recursos interpuestos por el actor con fecha 11/9/2020 contra el proveído del 10/9/2020 ap.II y el 20/9/2020 contra el traslado del 15/9/2020; 2) declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, así como a su inaplicabilidad al caso; 3) actualizar el valor de condena de pesos 12.000 aplicando el índice de precios al consumidor del INDEC) a partir del 4/9/2007 -fecha de sentencia de primera instancia-, con más un interés puro del 6% anual hasta su efectivo pago (ver V.17.e. causa citada), todo ello con costas de Alzada a cargo de los demandados vencidos (art. 68 del CPCC)
A LA MISMA SEGUNDA CUESTION, el señor Juez, Doctor Juan Manuel Hitters dijo que adhería al precedente voto por idénticos fundamentos.
En el precedente acuerdo ha quedado establecido que la sentencia apelada debe ser modificada (ver citas legales y jurisprudenciales hechas en los considerandos de la presente)
POR ELLO: 1) se declara abstracto el tratamiento de los recursos interpuestos por el actor con fecha 11/9/2020 contra el proveído del 10/9/2020 ap.II y el 20/9/2020 contra el traslado del 15/9/2020; 2) se declara la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, así como a su inaplicabilidad al caso; 3) se deberá actualizar el valor de condena de pesos 12.000 aplicando el índice de precios al consumidor del INDEC) a partir del 4/9/2007 -fecha de sentencia de primera instancia-, con más un interés puro del 6% anual hasta su efectivo pago (ver V.17.e. causa citada). Costas de Alzada a cargo de los demandados vencidos (art. 68 del CPCC)
REG. NOT. DEV.
Fin de la sentencia