Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-1.863/12-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 593/601 vta., y en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial que luce a fs. 578/586, dejándola sin efecto.-
2Componer positivamente la litis y hacer lugar a la demanda interpuesta por José Pedro Vivar y Mili Yanet Lincoleo contra la Provincia de Santa Cruz, y condenar a esta última a abonarles, en el término de diez (10) días de quedar firme la presente sentencia, la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000), en carácter de indemnización, con más los intereses fijados en el pronunciamiento de primera instancia, los que correrán desde la fecha en que se produjo el daño hasta su efectivo pago, tal como se indica en el Considerando VIII.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: V-1.863/12-TSJ Sentencia N°: 582.-
Actor: VIVAR JOSE P. Y OTRA Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 22-10-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 582.-
FOLIO Nº 3.323/3.331.-
PROT. ELECT. TSS1 021 S.141
Río Gallegos, 22 de octubre de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “VIVAR JOSE P. Y OTRA c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº V- 18.083/98 (V-1.863/12-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo.
Tribunal Superior de Justicia en virtud de los recursos de casación e inconstitucionalidad que interpusiera la parte actora a fs. 593/601 vta. contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 578/586; la cual revocó la sentencia de primera instancia que hacía lugar a la demanda por daños y perjuicios, derivados de una mala praxis médica, al considerar que los actores no habían probado la culpa de los médicos que intervinieron en el parto de su hijo.- Que, sucintamente en lo que interesa en esta etapa, el caso se presenta en los siguientes términos: José Pedro Vivar y Mili Yanet Lincoleo promovieron demanda reclamando una indemnización de $ 300.000 o lo que en más resulte de las pruebas en concepto de daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance, más la suma que se fije por daño moral, intereses y costas (confr. fs. 38) por los daños de carácter permanente que sufrió su hijo Braiam Maximiliano Vivar debido a una mala praxis médica que aconteció en el momento del parto por la utilización de fórceps (confr. fs. 38 vta./39 y 57). Dirigieron su demanda contra la Provincia de Santa Cruz, por ser el Hospital Distrital de Caleta Olivia su dependencia y el lugar donde ocurrió el hecho dañoso; y contra los médicos que atendieron a la Sra. Mili Lincoleo durante el parto, el Dr. Gabriel Marcón y la obstetra Mirta Carrera ya que ambos trabajaban en relación de dependencia en el mencionado centro de salud (confr. fs. 38/41 y 57/63 vta.). Posteriormente desistieron de la demanda contra los dos últimos (confr. fs. 49 -Dr. Marcón- y 63 vta. -Sra. Carrera-), manteniéndola contra la Provincia.- A su turno, la accionada niega todos los hechos invocados en la demanda y sostiene que debido a la posición en que el bebé quedó enclavado, el parto dejó de considerarse normal. Que al estar el niño enclavado en un “TERCER PLANO de ENCAJE” ello hace imposible la intervención quirúrgica ya no hay tiempo material (confr. fs. 73). Que por ello, el fórceps era el medio adecuado para utilizar en ese momento para sacar al niño con vida (confr. fs. cit.).-
El magistrado de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a la Provincia de Santa Cruz a abonar a los actores la suma de $ 1.000.000 en concepto de indemnización por daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance, más la suma de $ 300.000 por daño moral, más intereses a la tasa activa (confr. fs. 525/534).-
Interpuesto el recurso de apelación, la Excma. Cámara revoca la sentencia por no haberse acreditado la mala praxis médica que se denunciara (confr. fs. 578/586).-
II. Contra este último fallo interpuso la actora el recurso de casación y de inconstitucionalidad que ahora debemos analizar.-
Invocan, para sostener su planteo casatorio, violación de la ley y doctrina legal (art. 3º, ley 1687) y arbitrariedad. Asimismo atacan el fallo de Cámara mediante el recurso de inconstitucionalidad (art. 19, ley 1687), aduciendo que aquel es contrario a la validez de derechos consagrados tanto en la Constitución Nacional como la Provincial, sin mencionarlos (confr. fs. 594). Señalan con relación a la violación de la ley que: “…resulta claro que nos encontramos ante un caso de responsabilidad médica, en donde surge que debe responder la Provincia de Santa Cruz mediante la aplicación de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil que es la normativa a aplicar de fondo para atribuir responsabilidad a la provincia de Santa Cruz. Es cierto que la obligación del médico es de medios y no de resultados y no cuestionamos dicha situación. Es de notar que a lo largo del fallo de segunda instancia, constantemente los camaristas han realizado una transcripción textual de la pericia médica, pero jamás tuvieron en cuenta que esta parte impugno dichas pericias, es decir la primera presentadas por el Dr. ANTIPANI, y luego aclaración de algunos puntos, dejando sentado que dichas impugnaciones nunca fueron tenidas en cuenta…” (confr. fs. 594 vta.). Sostienen que la Cámara cometió graves errores en el análisis de las pruebas aportadas e insisten que los médicos, en lugar del parto vaginal, debieron practicar una cesárea teniendo en cuenta el estado de la parturienta, quien si bien había tenido un parto natural anterior, habían transcurrido 7 años, por lo cual resultaba ser una primeriza, a los que se suma una escasa dilatación vaginal y el gran tamaño del feto (confr. fs. 596). Según dicen, los daños irreversibles al menor le fueron producidos por la innecesaria utilización del fórceps, cuando, de acuerdo a como se presentaba el parto, lo correcto hubiera sido realizar una cesárea. De allí deriva la imprudencia y negligencia de quienes atendieron a la Sra. Lincoleo en el parto (confr. fs. 596 vta.). Por último hace reserva del caso federal.-
A fs. 620 el Sr. Defensor General ante este Alto Cuerpo tomó intervención en representación del menor Braiam Maximiliano Vivar, hijo de los actores, manifestando: “…Que en mérito a la representación asumida y en atención a los intereses del menor a quien represento, vengo a adherir al recurso de casación interpuesto en autos por la parte actora a fs. 593/601 vta., solicitando se haga lugar al mismo en todas sus partes…”.-
A fs. 622 y vta. este Tribunal declaró bien concedido el recurso de casación.-
A fs. 627/632 dictaminó el Sr. Agente Fiscal por ante este Tribunal Superior de Justicia, quien sostuvo, por las razones que allí expone y a las cuales nos remitimos “brevitatis causae”: “…En función de todo lo expuesto considero que es viable el recurso de casación e inconstitucionalidad, debiéndose revocar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de apelaciones (sic) de la Segunda Circ. Judicial…” (confr. fs. 631 vta./632).-
Se llaman autos para sentencia, pasando a estudio a fs. 637.-
III. Que, lo que está en controversia es la aptitud y corrección del procedimiento médico elegido para extraer al niño Braiam Maximiliano del seno materno al momento del parto. Mientras que la actora entiende que lo correcto hubiera sido una cesárea, la demandada insiste en que el parto natural era el apropiado.- En primer término, es preciso aclarar que la accionante dirige su demanda contra el Estado Provincial en su condición de titular del Hospital donde ocurrió el infortunio, basándose en que los profesionales de la salud intervinientes eran empleados dependientes de aquél, y así la encuadra en el marco de la responsabilidad extracontractual, fundándola en los artículos 1112 y 1113 del Código Civil. En esta interpretación, hecha por la actora, tiene especial relevancia la previsión contenida en la primera parte del artículo 1113 en cuanto señala que “La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado”.-
Se ha expresado que en el caso de los hospitales públicos, deben responder por la actividad de los médicos y auxiliares que utiliza para el cumplimiento de su obligación. “…Un importante sector de opinión doctrinal y jurisprudencial entiende que el deber de los entes sanitarios… importa una responsabilidad indirecta o refleja de los susodichos organismos por el hecho de sus auxiliares o dependientes…”. En este sentido, es indudable que la responsabilidad del galeno frente al enfermo será extracontractual, con independencia de que el vínculo que enlace a este último con el ente sanatorial reconozca su fuente contractual (confr. BUERES Alberto J.
Responsabilidad Civil de los Médicos, T° 1, 2da. edición, Buenos Aires, Hamurabi, 1992, pág. 347 y 353).-
Diferenciándose de esa postura, Bueres ha expresado que “…además de la responsabilidad contractual directa del médico para con el enfermo… habrá una responsabilidad contractual directa de la institución asistencial respecto del paciente. Ese deber de las clínicas se origina en la existencia de una obligación tácita de seguridad que funciona con carácter accesorio de la obligación principal de prestar asistencia médica por intermedio de los facultativos del cuerpo médico…” (confr. BUERES Alberto J., ob. cit., pág. 380/382 y sus notas). “…De tal suerte, el enfermo estará necesitado de probar la culpa del médico, pero no con el fin de poner en marcha el deber reflejo del ente sanatorial, sino para patentizar la transgresión de la obligación de seguridad por parte de dicho ente…” (confr. ob. cit., págs. 385). Revelada la culpa del médico la clínica responde directamente por ser deudora de un crédito a la seguridad. Dicha responsabilidad se torna inexcusable o irrefragable (queda de manifiesto la violación del crédito a la seguridad; el establecimiento sanitario no puede probar su no culpa en la elección o en la vigilancia) (confr. ob. cit., págs. 386/387 y sus notas).-
La reseña efectuada precedentemente nos permite concluir que, más allá de la postura que se adopte, lo cierto es que, probada la mala praxis, el centro de salud debe responder, ya sea, en forma refleja, por el hecho de sus dependientes o por la violación al deber tácito de seguridad que asume respecto al paciente.-
IV. Así pues, al margen del criterio elegido para fundar la pretensión, tanto en uno como en otro, procede el reclamo directamente contra el centro asistencial. No obstante, su éxito dependerá de que se compruebe que los médicos del hospital, que intervinieron, no actuaron con la debida diligencia de acuerdo a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar. Sin perder de vista que los médicos y en este caso los obstetras asumen un deber de medios y no de resultados. De manera que no se encuentra entre sus obligaciones asegurar el restablecimiento o indemnidad de la salud del paciente (confr. URRUTIA Amilcar, URRUTIA Deborah, URRUTIA César y URRUTIA Gustavo, “Responsabilidad de los Médicos Obstetras”, publicado en Revista de Derecho de Daños, 2003-3, Responsabilidad de los Profesionales de la Salud, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2003, p. 247 y ss.).-
Siendo ello así, la no obtención del resultado perseguido, no presume por sí sola la responsabilidad del médico, sino que, en principio, el paciente debe probar que la frustración del resultado buscado se debió a la culpa o negligencia de aquél. La responsabilidad de los galenos es subjetiva y, por lo tanto, deberá acreditarse la culpa del médico en su desempeño durante el parto, esto es si hubo impericia, negligencia o imprudencia en el ejercicio profesional. Logrado ello, se activa la obligación de responder por parte del centro de salud.-
A su vez, hay que tener presente que en las obligaciones de medios incumbe al actor probar la culpa del demandado. “Si demuestra la razón de su pretensión obtiene la indemnización reclamada. En la obligación del médico, lo que se pone en juego es la prudencia y diligencia de la actividad y no la curación, alivio o mejoría -fin aleatorio y contingente- por lo que el paciente tendrá que demostrar la culpa del facultativo, pues en ella consiste el incumplimiento (no observar la conducta apropiada, tergiversando el plan de prestación que es objeto del deber). Por otro lado, considero que el profesional que alega que actuó diligentemente deberá colaborar con el órgano judicial aportando los elementos para demostrar su falta de culpa o el caso fortuito, puesto que lo contrario constituirá violación al deber de buena fe que no se podrá dejar de valorar” (confr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala M, “Bezzi, Walter Amadeo c. M., N. P. y otros”, 12/06/2006, La Ley On Line, Cita On Line AR/JUR/7240/2006).-
En el sub judice, la pretendida atribución de responsabilidad al Hospital de Caleta Olivia, dependerá de la conducta desplegada por los profesionales de la salud dependientes de aquél, que intervinieron en el parto y si su accionar tuvo virtualidad para producir los daños objeto del reclamo.-
A tal fin, creemos oportuno recordar que el criterio de culpa se sustenta en la previsibilidad de las consecuencias perjudiciales, dado que la misma se configura cuando no se ha previsto lo que era previsible o cuando previsto, no se han tomado las medidas necesarias para impedir el daño o se ha afrontado voluntariamente la posibilidad de que éste se produzca. Su caracterización requiere, pues, de la concurrencia de dos presupuestos: la posibilidad de previsión y la aptitud suficiente para que esa posibilidad exista. En cuanto a la apreciación de la culpa la responsabilidad médica no se limita a los supuestos de culpa grave o inexcusable, la culpa leve igualmente genera responsabilidad, pues quien ejerce tal ministerio se halla moralmente obligado a agotar todas las precauciones en resguardo de la salud y vida del paciente. A punto tal que, cuando está en juego la vida o la salud de un hombre, la menor imprudencia, el descuido pequeño o la negligencia leve, adquiere una dimensión especial, que le confiere una singular gravedad. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudente diligencia y pleno conocimiento de las cosas, mayores serán las consecuencias de los hechos consumados por el médico (confr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, Larrosa, Juan C. y otro c. Sanatorio Quintana S.A. y otros, 02/06/2004, Publicado en: DJ 2004-3, 805, JA 2005-I, 613, Cita online: AR/JUR/2524/2004).- En los juicios en que se imputa responsabilidad médica por mala praxis, la prueba debe versar sobre actos u omisiones del médico, que demuestren una actividad negligente o imprudente o falta de pericia necesaria, pero no sobre el resultado negativo del tratamiento pues aunque ese resultado no fuere el esperado, ello no influye a la hora de atribuir responsabilidades.-
V. Bajo tales premisas, ingresaremos al examen de la responsabilidad que pudo corresponder a los médicos dependientes del Hospital Zonal de Caleta Olivia. Para ello, no podemos soslayar la pericia médica. Sabido es que en este tipo de procesos ella cobra vital relevancia dado que la cada vez mayor complejidad y los avances científicos, particularmente en las ciencias médicas limitan la accesibilidad del Juez a la comprensión del caso, especialmente cuando la cuestión decisiva está especialmente enraizada en esos conocimientos científicos y por ello debe, necesariamente recurrir al dictamen de expertos (confr. CCiv. y Com. de Lomas de Zamora, sala I, “López Rodríguez, Leila J. y otra c. Municipalidad de Esteban Echeverría”, 18/09/2003, Publicado en: LLBA 2004, 526, Cita online:
AR/JUR/5731/2003).-
Sin embargo observamos que la pericia médica practicada en autos por el Dr. Antipani, no hecha luz sobre el puntual hecho controvertido, esto es si debió hacerse o no una cesárea, decisión que, al decir de los accionantes, debió tomarse antes de iniciado el parto, dado la edad de la madre -35 años- y que si bien había tenido otro hijo, de ello hacía más de siete años, por eso se la debió considerar como primeriza, a lo cual se suma el tamaño del feto (era grande ya que pesó 4,5 kg.), toda esta información debió inclinar a los galenos por la cirugía pretendida por los accionantes.- Que nos dice el perito sobre esta cuestión: Respuesta 4: “En la fotocopia de la historia clínica consta el ingreso en fecha 30-01-97 a las 10,25 hs. y la actualización del mismo día desde las 20,30 hs. hasta el momento del parto, por lo que no se puede determinar las condiciones de la paciente Lincoleo Mili y si la atención fue adecuada por no constar en los registros”. Respuesta 8: “El método alternativo de extracción fetal es la cesárea, procedimiento que se realiza en aquellos trabajo (sic) de parto en donde la progresión es lenta o cuando las contracciones son de corta duración y en ambas situaciones el feto no progresa en el canal de parto, como también en aquellos casos en que hay desproporción feto-materna o el diagnóstico de la presentación cefálica fetal es de frente o de cara (en este caso el tacto vaginal es el que ofrece la información precisa y todos estos datos son evidenciables en el examen continuo y periódico durante la observación de la internación”. Respuesta 17: “La cesárea era un método alternativo para evitar el parto traumático y la indicación de la cesárea era facultad de los profesionales actuantes, conforme el criterio de los mismos” (confr. pericia agregada a fs. 470/471 vta.).-
Es importante destacar lo expresado por el Dr. Antipani en su respuesta 10, donde expresa: “Al momento de la intervención -extracción fetal con fórceps- con bradicardia fetal, era la medida adecuada y siendo un parto traumático, la lesión del plexo braquial era una consecuencia altamente probable, por lo que, a criterio del suscripto, no hubo negligencia en dicho momento del parto…” (confr. fs. 471).- Las transcripciones precedentemente efectuadas nos permiten ver en primer lugar que no es posible conocer el estado de la parturienta antes de comenzar a dar a luz porque la historia clínica -tal como señaló el perito- está incompleta. No constan y no podemos saber si se practicaron o no estudios, y si se le practicó el tacto vaginal que recomienda el experto para saber la posición del feto, asi como también la dilatación del canal uterino y el tamaño del bebe. Datos que hubieran sido determinantes para decidir una cesárea.-
En cuanto a la utilización del fórceps claramente dice el Dr. Antipani, que fue la medida adecuada, cuando ya se había tomado la decisión de no hacer la cesárea, y ante el sufrimiento fetal, empero esto no responde a la cuestión medular; por qué no se realizó una cesárea si había datos -como el tamaño del feto y demás circunstancia que señala el perito en su respuesta 8, de las cuales, reiteramos, no se tienen certezas porque no surgen de la historia clínica que se hubieran hecho los debidos controles a la parturienta- que pudieron inducir a realizar la cirugía.- El experto nos señala la imposibilidad de conocer cuál fue, efectivamente, la actividad desarrollada por los que trataron a la parturienta hasta poco antes de entrar a sala de partos, toda vez que no existe registración en la historia clínica.-
La historia clínica constituye una prueba fundamental a meritar en éste tipo de juicios. Ella comprende el conjunto de elementos ordenadamente dispuestos sobre los cuales se puede formular un diagnóstico y efectuar un seguimiento evolutivo del estado del paciente. Se integra con los registros clínicos y de enfermería, los estudios complementarios, los partes quirúrgicos y de anestesia y los datos de identificación e interés sociológicos. Constituye además el registro básico para la investigación médica y para problemas de orden legal. Es un elemento probatorio esencial en aquellos temas en que la comprobación del daño físico y la reconstrucción de la cadena causal configuran el planteo central de la demanda, tal como sucede, paradigmáticamente, en esta clase de procesos. Su conocimiento, por tanto, aparece como insoslayable para el jurista, toda vez que la prueba pericial tendrá que pivotear sobre este documento “sui generis”, que se ve conformado primordialmente por los usos y costumbres médicos, y más o menos regimentado por normas administrativas (confr. CCiv. y Com. de Lomas de Zamora, sala I, “López Rodríguez, Leila J. y otra c. Municipalidad de Esteban Echeverría”, fallo cit.). Y es que, si bien la historia clínica constituye un instrumento unilateral, da cuenta de las consecuencias médicas acaecidas y resulta decisiva para esclarecer hechos como el juzgado en el caso.-
Es de remarcar la importancia que tiene la historia clínica lo que exige la registración puntual en ella de todas las secuencias de la intervención médica, en las que el médico debe extremar los cuidados (confr. VAZQUEZ FERREYRA, Roberto y TALLONE, Federico, “Derecho Médico y Mala Praxis”, Ed. Juris, Rosario, 2000, pág. 47 y sgtes.).-
Es así que la doctrina, dado la importancia de la historia clínica, ha afirmado que la falta de datos en la misma, que es un recurso que muchas veces conduce a la imposibilidad de probar, constituye una violación al deber de colaboración procesal y conduce a un análisis desfavorable de la conducta del demandado (confr. LORENZETTI, Ricardo, “Responsabilidad civil del médico y establecimientos asistenciales”, en el libro “Derecho de daños en homenaje al profesor doctor Jorge Mosset Iturraspe”, Ed. La Rocca, 1989, pág. 527, citado en VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto y TALLONE, Federico, ob. cit., pág. 65).-
A su vez Aída Kemelmajer de Carlucci, expone que la prueba presuncional juega un rol importante, sobre todo, cuando se la extrae de una historia clínica mal llevada, o prácticamente inexistente (confr. aut. cit. en “Últimas tendencias jurisprudenciales en materia de responsabilidad médica”, JA, 1992-II, pág. 817).- Así pues, la ausencia de anotaciones en la historia clínica genera una presunción en contra de quienes debieron realizarlas, o sea de quienes tenían la responsabilidad de asistir a la actora; sin que a ello obste la apreciación del perito cuando expresa que “no se puede afirmar que no existieron [controles]” (confr. fs. 495). Las constancias existentes en la historia clínica son de trascendental relevancia, siendo deber de los médicos y directores de establecimientos asistenciales que sean llevadas en debida forma. Su ausencia y omisiones no pueden sino perjudicar a quienes tienen el deber de confeccionarla y de asentar en ella todos los pormenores necesarios según la ciencia médica (confr. CNCiv., sala I, “Villalba, Yolanda N. y otros c. Roasio y otros”, fallo cit.).-
En autos, no podemos saber el estado de la paciente antes de comenzar el parto, ni las razones por las que se realizó un parto vaginal y se descartó la cesárea. Por ello, debe concluirse que la falta de registración en la Historia Clínica de las prácticas y análisis llevados a cabo antes de comenzar el alumbramiento, ha impedido determinar con certeza si las actividades desarrolladas por los profesionales de la salud que intervinieron fueron los adecuados para el cuadro que presentaba la parturienta. Información que sería de vital importancia para valorar con certeza la actuación profesional y la eventual responsabilidad que pudo caberle a los médicos, a la obstetra y al hospital.-
De todos modos, es sabido que las omisiones, ambigüedades, discontinuidades, claros o enmiendas que presente la historia clínica, generan una presunción judicial de culpa que impone a los galenos y al centro médico demandado la obligación de aportar pruebas en contrario para exculpar su responsabilidad (confr. CNCiv., sala A, “Larrosa, Juan C. y otro c. Sanatorio Quintana S.A. y otros”, fallo cit.).- La presunción de culpabilidad ut supra referida derivada de las omisiones incurridas en la historia clínica alcanza a los médicos y obstetra que atendieron a la Sra. Lincoleo y determina, a su vez, la responsabilidad de la Provincia de Santa Cruz, como titular del Hospital Zonal de Caleta Olivia, pues la circunstancia apuntada hace presumir que aquélla y el niño no recibieron asistencia adecuada en dicho establecimiento.-
No obstante que la carga de la prueba pesa, en principio, sobre los actores, el profesional médico y la institución demandada, ante lo incompleto de la historia clínica, deben aportar al proceso los datos faltantes, toda vez que cuentan con mayor aptitud probatoria al haber tenido en sus manos el tratamiento del paciente. Por lo tanto, al no ser arrimados tales elementos al proceso, se genera en contra del galeno una presunción de verdad sobre su conducta antiprofesional, que a él corresponde desvirtuar, sin que ello implique necesariamente una inversión de la carga de la prueba, sino una simple colaboración destinada a aportar los datos faltantes que hacen a su eventual ausencia de responsabilidad, frente a la posibilidad de que el desinterés en aportar tales datos pueda poner en juego la mentada presunción (confr. CNCiv., sala A, “Larrosa, Juan C. y otro c. Sanatorio Quintana S.A. y otros”, fallo cit.).- De tal suerte, que correspondía a la accionada, ante las circunstancias descriptas, echar luz acerca de la actividad desarrollada por los profesionales bajo su dependencia, en el lapso de tiempo del que no existe registración en la historia clínica. Sin embargo, aquella se limitó a negar los hechos aducidos por la demandante y a dar su propia versión, sin aportar pruebas que avalen sus dichos.- Ante este marco se ha dicho que el favor probatorio o la teoría de las cargas probatorias dinámicas, ante el cúmulo de hechos, y a todo evento, se inclina - más allá de todo elemento presuncional- por poner la carga de la prueba de la inculpabilidad sobre la parte, que está en mejores condiciones de hacerlo, máxime si la historia clínica es harto deficiente (confr. CNCiv., Sala D, “Calcaterra, Ruben y otro c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, 24/5/1990, La Ley, 1991-D, 468/469, voto del doctor Bueres).-
Por consiguiente, ante las citadas falencias en la confección de la historia clínica, que impidieron al perito determinar con certeza cual fue, en definitiva, la causa por la cual se realizó un parto vaginal, ante un marco en el cual la cesárea aparecía como un método más seguro, constituyen una presunción en contra de los accionados quienes no han aportado pruebas a efectos de demostrar que su obrar fue diligente y que el perjuicio provino de un hecho ajeno a su actuación profesional.- Es que, así como los profesionales de la medicina poseen el derecho de ampararse en una historia clínica veraz y completa, también deben soportar las consecuencias adversas que puedan extraerse en caso de resultar la misma deficiente, porque las omisiones detectadas puedan aparecer como un eventual intento de proteger su propia posición ante las falencias de diagnóstico o del acto quirúrgico practicado (confr. CNCiv., sala J, “G. de J., A y otro c/ R., A y otro”, 29/9/1994, La Ley, 1995-D, 550).-
Es por ello que, en el caso de autos, la falta de completividad de la historia clínica, lleva a presumir que no se le hicieron a la paciente los debidos controles, quedando en cabeza de quien estaba en mejores condiciones de hacerlo -los galenos que debieron atenderla- la prueba de su inculpabilidad, lo que no fue logrado, ya que la accionada no ha producido prueba al respecto.-
En cuanto a la conveniencia en la realización de una cesárea, el experto reconoce que este es el método recomendable en aquellos trabajos de parto donde la progresión es lenta o cuando las contracciones son de corta duración y el feto no progresa en el canal de parto y también cuando se trata de un bebe de grandes dimensiones. Este último punto nos interesa destacarlo porque el tamaño del niño por nacer era comprobable así como también la desproporción feto materna, tal como señala el experto, con un tacto vaginal, lo que hubiera ameritado la realización de la cirugía. El experto nos señala que la indicación de la cesárea era facultad de los médicos actuantes. Ahora bien, éstos no han aportado indicio alguno, para saber porqué se la descartó, qué elementos se evaluaron para decidir un parto vaginal, ni surgen datos al respecto de la historia clínica.-
Más aún, las circunstancias expuestas, no permiten acreditar el acaecimiento del caso fortuito, en el que se escuda la accionada, que exima de responsabilidad al hospital ya que no se ha probado, por su parte, el carácter de imprevisibilidad que alegó en su defensa.-
VI. La situación expuesta imponía a los médicos actuantes y al nosocomio, la prueba de la ausencia de culpa de su parte, lo que no hicieron.- Aunque la carga demostrativa de la culpa incumbe al paciente, son muchas las excepciones, porque adquieren singular gravitación la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que impone probar a quien se encuentre en mejores condiciones de hacerlo. Y ello adquiere particular relevancia, en la especie, ante la, ya descripta, incompletitud de la historia clínica, que de por sí genera presunción en contra de los médicos incumplidores.-
Se ha expresado: “Corresponde revocar la sentencia que rechazó la demanda incoada por los padres del recién nacido que resultó gravemente discapacitado a causa de un proceso infeccioso padecido luego del nacimiento, ya que para así decidir el a-quo consideró que no había prueba concreta del preciso momento en que se inició el tratamiento con antibióticos por faltar las hojas de enfermería en las que los médicos indicaron dicha terapia, mientras que, por aplicación de las cargas probatorias dinámicas, dicha carencia no es imputable a los actores sino a la clínica demandada” (confr. CNCiv., sala B, “Giovanelli, Pablo Martín y otro c. Clínica Privada María Eva y otro”, 14/07/2008, Publicado en: La Ley Online, Cita online:
AR/JUR/8065/2008).-
En el sub lite, tanto los médicos como el hospital intervinientes no han realizado labor probatoria a fin de acreditar que no existió negligencia o imprudencia de su parte, cuando en la acción que tiene por finalidad responsabilizar a los médicos demandados por mala praxis corresponde al profesional demostrar que no obró con imprudencia y negligencia, dado que se aplica la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que impone su carga a quien está en mejores condiciones fácticas y técnicas de aportarlas. Se ha sostenido: “Si bien incumbe al reclamante acreditar la negligencia imputada al establecimiento asistencial… el nosocomio tiene el deber jurídico y moral de colaborar en el esclarecimiento de la verdad, teniendo en cuenta que muchas veces es quien está en mejores condiciones de aportar los elementos enderezados a la consecución de tal fin…” (confr. CNCiv. y Com. Fed., sala II, “S. O., C. c. Obra Social para Empleados de Comercio y otros”, 18/02/2005, LA LEY 14/07/2005, 7, IMP 2005-13, 1896, Cita on line: AR/JUR/313/2005). “Si bien en los casos de mala praxis médica la carga probatoria incumbe al actor y son aplicables las normas de la culpa subjetiva, al tratarse, por lo general, de situaciones extremas de muy difícil comprobación para el damnificado, cobra fundamental importancia el concepto de la “carga dinámica de la prueba” o “prueba compartida”, la que hace recaer el deber de probar en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva -en el caso, los médicos o la entidad hospitalaria-, por tener un conocimiento técnico y haber intervenido en forma directa con el hecho dañoso” (confr. CSJN, “Mendoza, María M. c. Instituto de Serv. Soc. Bancarios”, 02/06/1998, LA LEY 1998-F, 43, DJ 1999-1, 484, publicado en La Ley online, Cita on line: AR/JUR/3212/1998, del voto en disidencia del doctor Vázquez).-
Conteste con lo señalado es que, en el sub judice, debe seguirse la regla de las cargas probatoria dinámicas, que imponen un criterio flexibilizador en lo que respecta a la carga de la prueba, no cabiendo trasladar al paciente todo el peso de la actividad probatoria, asignando a quien está en mejores condiciones de probar la carga de demostrar que no hubo culpa en su accionar. Actividad que la demandada incumplió.-
En virtud de lo expuesto, estimamos que la culpa médica ha quedado demostrada y ella acarrea la responsabilidad de la demandada, en tanto titular del Hospital de Caleta Olivia, por ser los médicos actuantes dependientes suyos o por la violación al deber de seguridad, esta última se origina en la existencia de una obligación tácita de seguridad que funciona con carácter accesorio de la obligación principal de prestar asistencia médica por intermedio de los facultativos del cuerpo médico (confr. BUERES, Alberto J., ob. cit., p. 347 y ss.).-
VII. Atento a la manera en que se decide el recurso de casación, deviene abstracto expedirse sobre el de inconstitucionalidad.-
No obstante ha de destacarse que, en el caso sub examine, la invocación del recurso extraordinario de inconstitucionalidad no aparece con una definición y fundamentación propias, sino que su tratamiento se encuentra supeditado a lo que, en definitiva, se resuelva respecto de la casación planteada en base a lo previsto por el inciso a) del artículo 3° de la ley 1687. Consecuentemente basta analizar la cuestión a través de este último andarivel para obtener una adecuada respuesta jurisdiccional ya que su tratamiento implica, necesariamente, respetar las formas y solemnidades prescriptas por las Constituciones Nacional y Provincial, las garantías de defensa en juicio y el derecho de propiedad (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IV, Sentencia, Reg. 140, Folio 683/687; ídem, Reg. 155, Folio 778/782).-
VIII. En lo que atañe a la magnitud monetaria de la indemnización, reclama la accionante la suma de $ 300.000 por los conceptos de daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance; con más el daño moral, cuya cuantificación deja librada al arbitrio del Juzgador.-
El daño emergente es el perjuicio efectivamente sufrido; el lucro cesante es la privación de cierta probabilidad objetiva de lograr un beneficio según el curso ordinario de las cosas y conforme a las circunstancias particulares del caso (confr. Trigo Represas, Félix A y Compagnucci de Caso, Rubén H. (directores), Código Civil Comentado, Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe, 2005, Tomo I, págs. 204/205). La reparación perseguida en estos casos se basa en el daño físico sufrido y la incapacidad resultante, que afectará en forma permanente al menor; “…debe entenderse que lo que se repara abarca la integridad de la persona, no solo en lo que ella es capaz de producir desde lo económico, sino también como y cuanto esa persona se ha visto afectada desde lo social, lo deportivo, lo sexual, etc. No es solo lucro cesante, aunque esa es parte de su naturaleza. Es también daño emergente, pues comprende al deterioro biológico, que abarca la parte estética de la persona. Se indemniza también el perjuicio que se le origina con las pérdidas de chances u oportunidades, la imposibilidad de gozar de la vida con salud, de tener proyectos, ya sea laborales o familiares, de progresar como ser humano en lo intelectual, en lo espiritual, y porque no, también en lo físico. La incapacidad es la secuela o disminución física o psíquica que queda luego de completado el período de recuperación o restablecimiento, en la medida que aquellas incidan en el patrimonio de la víctima, ya sea afectándolo directamente en sus ingresos corrientes, ya indirectamente en sus potencialidades y consecuentes expectativas legítimas… La indemnización por “incapacidad” abarca… la total personalidad del individuo, pues no se limita a resarcir la capacidad laboral específica sino también la genérica, extendiéndose a otras manifestaciones de la personalidad como sociales, deportivas, etc.… Si bien estos conceptos se vierten de ordinario respecto del régimen aquiliano (CC 1068, 1069, 1086, 1109), son los mismos en la responsabilidad por incumplimiento contractual no malicioso (CC 519 y 520) porque se trata de un perjuicio inmediato que se encuentra comprendido dentro de los términos del CC 519…” (confr. CCiv. y Com. de Mercedes, sala II, “Avila, Daniel Alberto y otro c. Provincia de Buenos Aires y otros”, 03/03/2009, Publicado en: LLBA 2009 (abril), 335, Cita online:
AR/JUR/558/2009).-
En consecuencia, el resarcimiento, en este caso, debe tener en cuenta las lesiones en sí mismas, los gastos que debieron afrontarse para la asistencia médica, el grado de incapacidad sobreviniente, de carácter permanente, que padecerá el menor y cuál sería su gravitación en el desarrollo de su vida futura. Los rubros indemnizatorios, en este caso, deben ser receptados por el hecho de haberse probado la existencia de las lesiones que han dejado secuelas permanentes que afectarán la vida de relación, el desarrollo personal y los proyectos vitales del niño. Ha de señalarse, a su vez, que el rubro pérdida de chance se confunde con el de incapacidad sobreviniente. El resarcimiento por incapacidad sobreviniente involucra el concepto “pérdida de chance”, porque se está proyectando a futuro las consecuencias que las secuelas minusvalidantes producen ya sea en el campo patrimonial o extrapatrimonial (confr. ABREVAYA, Alejandra, El daño y su cuantificación judicial, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2008, págs. 81/82). Así ha de entenderse que, en el caso de marras, el acogimiento de la partida tendiente a enjugar la incapacidad sobreviviente contempla, entre otras circunstancias, la pérdida o frustración de una chance, “de una posibilidad de adquirir determinada proyección en el devenir de la vida” (confr. ABREVAYA, Alejandra, ob. cit., pág. 82).-
En el supuesto de marras, consideramos que, ajustándonos a los términos del reclamo por pérdida de chance, ésta queda comprendida en la indemnización por la incapacidad permanente que padecerá el menor, la cual tendrá repercusión patrimonial en la medida que la disminución de la aptitud física y psíquica lo afectará generándole pérdida de oportunidades de mejoras económicas, de más atractivos puestos de trabajo y como limitación a sus posibilidades de vida social, deportiva y familiar. En la especie, la reparación por la incapacidad permanente debe abarcar, globalmente, toda la incidencia patrimonial que pudiera afectar a la víctima en su porvenir, entre las cuales se incluyen las chances de futuro progreso económico (conforme al sentido y alcance referido en el memorial de demanda).-
Esta posición, que aquí asumimos para el supuesto que nos ocupa, se encuentra avalada por nutrida jurisprudencia en nuestro país. Así se ha expresado: “En materia de incapacidad sobreviniente, este tribunal adhiere al principio de reparación integral, conforme con lo cual, debe considerarse no sólo de qué manera la incapacidad incide en las aptitudes de la víctima para el trabajo futuro o en la frustración de obtener beneficios económicos, debiendo merituarse de qué manera esa incapacidad gravita en todos los demás aspectos de la personalidad, tanto en su vida de relación como personal, estableciéndose como pautas a considerar, la edad de la víctima, su estado de salud, actividad habitual, capacidad residual, la efectiva disminución en las tareas, la renta que puede obtener en el mercado financiero, etc.” (confr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 08/11/2012, “B., M. B. v. Provincia de Mendoza”, cita on line: ABELEDO PERROT Nº:
AP/JUR/3459/2012). “La pérdida de chance no constituye un ítem independiente del resarcimiento por incapacidad sobreviniente, sino un elemento más para evaluar y fijar el monto indemnizatorio por tal concepto, al que se unen otros vinculados con la vida familiar y de relación del damnificado, los que han de valorarse globalmente” (confr. CNCiv., Sala C, 24/5/2004, “Gaimo, Nicolás Juan c. Zambelli, Alfredo C. y otro s. Ds. y ps.”, Rubinzal On line: RC J 3512/04).-
En virtud de la reseña efectuada, se considerarán los tres rubros, señalados precedentemente, al unísono, a la hora de fijar el quantum de la indemnización. En consecuencia, de conformidad con los principios de equidad y prudente arbitrio judicial, estimamos que se ajusta a las constancias de la causa fijar como indemnización por los conceptos resarcibles supra indicados la suma de $ 200.000.-
Peticionan, además, reparación por daño moral para el menor, cuya cuantía dejan librada al arbitrio judicial.-
Que “…el daño moral significa una alteración disvaliosa del espíritu, que se traduce en un perturbado desarrollo de la capacidad de sentir, del modo de estar de la persona en relación al que se hallaba con anterioridad al hecho lesivo, como consecuencia de éste. En definitiva, que importa la pérdida de un estado anímico estable y valioso para el sujeto; el quebranto de la posibilidad de desenvolver las potencialidades intelectuales, afectivas o volitivas, se dice, con que la vida ha dotado a los seres humanos…” (confr. ABREVAYA, Alejandra, ob cit., pág. 310). Entonces, la reparación del daño moral, está dirigida a compensar los padecimientos, molestias e inseguridades, únicamente desde el plano espiritual, cobrando especial importancia la índole de las lesiones y el grado de las secuelas que dejaren, para mostrar en qué medida ha quedado afectada la personalidad y el sentimiento de autoestima.-
Jurisprudencialmente se ha señalado que el resarcimiento tiene por objeto compensar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre como lo son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos. También se ha dicho que el daño moral constituye toda modificación disvaliosa del espíritu: es la alteración espiritual no subsumible en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, etc., que exceden lo que por dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona, sobre el cual los demás no pueden avanzar; de manera que toda alteración disvaliosa del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra, configura un daño moral (confr. CCiv. y Com. de Mercedes, sala II, “Avila, Daniel Alberto y otro c. Provincia de Buenos Aires y otros”, fallo cit.).-
El daño moral, es un perjuicio que no requiere una demostración expresa, cuando, como en la especie, su existencia surge del hecho mismo, y sus consecuencias (confr. CIFUENTES, Santos y SAGARNA, Fernando, Código Civil Comentado y Anotado, Tomo II, 3ra. Edición, Buenos Aires, La Ley, 2011, págs. 373/374). Los daños en su salud e incapacidad que sufrirá Braiam Maximiliano, por el resto de su vida, son suficientes como para concluir en que existe agravio moral que debe ser reparado.-
Debe tenerse en cuenta que, en casos como el que nos ocupa, el daño moral se rige por los mismos principios en las órbitas contractual y aquiliana, más allá de que el precepto esté ubicado en distintos artículos. En la órbita extracontractual está regido por el artículo 1078 del Código Civil, mientras que en la contractual por el artículo 522 de dicho Código. Este último deja librado la ponderación del juez su procedencia.-
Sobre el particular expresa Borda: “…hay casos de incumplimiento contractual que están pidiendo la indemnización del daño moral…” y cita como ejemplo el “…daño ocasionado a las personas en el contrato de transporte. Resulta difícil explicar que si una persona pierde una pierna como consecuencia del accidente sufrido mientras viajaba en un ómnibus, deba indemnizarse el daño moral si se demandó con fundamento en el art. 1113 y no corresponda la demanda si se fundó en el art. 184 del Código de Comercio, por incumplimiento del deber de seguridad que pesa sobre el transportista. El daño es el mismo, el hecho que lo ocasionó idéntico y en ambos hay una presunción de culpa en contra del transportador […] Se justifica, pues, que la ley abra las puertas a la indemnización del daño moral en el incumplimiento contractual, pero no equipare este deber con el que surge de los hechos ilícitos. En el incumplimiento contractual, el juez debe valorar las circunstancias del caso y conceder la indemnización cuando ellas lo hagan equitativo…” (confr. BORDA, Guillermo, “La Reforma del Código Civil. Responsabilidad Contractual”, ED 29-763).-
El caso de marras encuadra en las previsiones reseñadas precedentemente, de manera tal que la indemnización por daño moral procede tanto si la cuestión se ubica en la órbita contractual o aquiliana (confr. arts. 522 o 1078 del CC).- La estimación pecuniaria de la reparación del daño moral no se haya sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzgador. Al efecto, deben tenerse en cuenta la índole de las lesiones padecidas y el grado de las secuelas que dejarán, para evaluar en qué medida han afectado la personalidad y autovaloración del damnificado. Así, teniendo en cuenta los padecimientos sufridos por el niño Braiam Maximiliano, tratamiento a los que se lo ha sometido y las secuelas incapacitantes que, de por vida, deberá soportar, resulta justo, razonable y de acuerdo a las circunstancias que emergen de la causa, conceder por el rubro en tratamiento la suma de $ 100.000.-
En conclusión, prospera la demanda por la suma total de $ 300.000. A dicho monto se deberán aplicar los intereses fijados en el fallo de primera instancia desde la fecha en que se produjo el daño hasta su efectivo pago. Ello así pues, la tasa allí establecida no fue objeto de agravio cuando la demandada apeló ante la alzada, motivo por el cual dicha tasa había adquirido firmeza y no puede ser modificada en esta instancia.-
IX. En razón de todo lo considerado y analizado, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 593/601 vta., y en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial que luce a fs. 578/586, dejándola sin efecto. Componer positivamente la litis y hacer lugar a la demanda interpuesta por José Pedro Vivar y Mili Yanet Lincoleo contra la Provincia de Santa Cruz, condenando a esta última a abonarles, en el término de diez (10) días de quedar firme la presente sentencia, la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000), en carácter de indemnización, con más los intereses fijados en el pronunciamiento de primera instancia, los que correrán desde la fecha en que se produjo el daño hasta su efectivo pago, tal como se indica en el Considerando VIII. Declarar abstracto el recurso de inconstitucionalidad (confr. Considerando VII). Imponer las costas, en todas las instancias, a la demandada vencida (art. 68, CPC y C), diferir la regulación de honorarios hasta tanto se denuncien los datos tributarios vigentes y se fijen los de la anterior instancia; y tener presente la reserva del caso federal.-
Por todo lo expuesto, y oídos que fueron el Sr. Agente Fiscal y el Defensor General, este Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 593/601 vta., y en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial que luce a fs. 578/586, dejándola sin efecto.-
2. Componer positivamente la litis y hacer lugar a la demanda interpuesta por José Pedro Vivar y Mili Yanet Lincoleo contra la Provincia de Santa Cruz, y condenar a esta última a abonarles, en el término de diez (10) días de quedar firme la presente sentencia, la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000), en carácter de indemnización, con más los intereses fijados en el pronunciamiento de primera instancia, los que correrán desde la fecha en que se produjo el daño hasta su efectivo pago, tal como se indica en el Considerando VIII.-
4. Imponer las costas, en todas las instancias, a la demandada vencida, y diferir la regulación de honorarios hasta tanto se denuncien los datos tributarios vigentes y se fijen los de la anterior instancia.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, ley Nº Uno, t.o. ley 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1021S.141 Tomo: XVII Sentencia: 582.-
Folio N°: 3.323/3.331.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia