Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-15684-AZ1E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia dictada en cuanto fue materia de apelación.
Imponer las costas de Alzada a la vencida (art. 51 inc. 1° del C.C.A., texto según ley 14.437).
2Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en las causas C-15684-AZ1E "VIVAS ENZO DANIEL c. MJM TRANSPORTE S.A. Y OTRO/A s. PRETENSION INDEMNIZATORIA- OTROS JUICIOS" con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Riccitelli, Mora y Ucín
I. Con fecha 21-2-2025 el titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial Azul rechazó la demanda instada por Enzo Daniel Vivas contra la Municipalidad de Olavarría y la empresa MJM Transportes SA (conf. art. 192 inc. 4 de la Constitución Provincial, art. 27 inc. 2 del Decreto-Ley 6769/58, leyes de tránsito nacional Nros. 24.449 y 26.363 y provincial N° 13.927; Ordenanza Municipal de la ciudad de Olavarría 3215/08 (arts. 1, 2).); arts. 7, 1722, 1729 y concs. del C.C.C.N.; 375 y 384 del C.P.C.C. y 12 inc. 3 y 77 inc. 1 del C.P.C.A.). Impuso las costas a la parte actora en su calidad de vencida (art. 51 inc. 1 del CPCA) y difirió la regulación de honorarios a los profesionales intervinientes para el momento de adquirir firmeza la decisión, haciendo saber que el actor cuenta con beneficio de litigar sin gastos conferido mediante sentencia de fecha 09/05/2022, dictada en los autos caratulados "Vivas Enzo Daniel s/ Beneficio de litigar sin gastos - Otros juicios", Expte. N° 17.689, de trámite por ante ese mismo juzgado.
II. Declarada mediante auto de Presidencia de fecha 23-5-2025 la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 17-3-2025 -replicado por Segurcoop Cooperativa de Seguros Ltda. el 26-3-2025, por la Municipalidad de Olavarría el 3-4-2025 y por MJM Transporte S.A. el 9-4-2025- y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia, asumiendo el señor Juez doctor Mora el primer lugar en el orden de votación por licencia del señor Juez doctor Riccitelli (arts. 47 y 48 de la ley 5.827 y modif.) con motivo del pedido de pronto despacho ingresado el 23-10-2026, corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. El a quo dictó sentencia en los términos indicados en el apartado "I." de los Antecedentes.
1.1. Precisó que la cuestión litigiosa pasaba por determinar si correspondía atribuir responsabilidad a la empresa MJM Transportes S.A., a la Municipalidad de Olavarría y a las compañías aseguradoras citadas en garantía, La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. y Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada, por los daños sufridos como consecuencia del accidente de tránsito que motivó la demanda.
En cuanto a las circunstancias del hecho, tuvo por acreditado y no controvertido que el 28-1-2018, aproximadamente a la 1:30 horas, Enzo Daniel Vivas circulaba a bordo de su motocicleta Motomel de 110 cc. por la avenida Pellegrini, entre las calles Hornos y Bolívar de la ciudad de Olavarría, en dirección noreste-sudoeste, cuando impactó contra un acoplado marca Petinari que se encontraba estacionado sobre dicha arteria.
Asimismo, consideró probado que el acoplado pertenecía a la firma MJM Transportes S.A. y que, como consecuencia de la colisión, el actor sufrió lesiones de diversa consideración que motivaron su traslado al Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" de Olavarría, donde recibió asistencia médica.
1.2. Seguidamente, el magistrado precisó que, dado que el accidente había ocurrido con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, correspondía considerar sus disposiciones para el análisis de la controversia, sin perjuicio del régimen específico aplicable a la responsabilidad estatal.
1.2.1. En relación con la responsabilidad atribuida a la Municipalidad de Olavarría, recordó que, conforme a los arts. 1764, 1765 y 1766 del Código Civil y Comercial, las disposiciones de ese ordenamiento relativas a la responsabilidad civil no resultaban aplicables, de manera directa ni subsidiaria, a los daños derivados de acciones u omisiones de las personas jurídicas públicas.
Explicó que la responsabilidad estatal constituía una materia propia del derecho administrativo local y que, si bien la Provincia de Buenos Aires no había adherido a la ley nacional 26.944 ni sancionado un régimen especial en la materia, ello no impedía examinar la responsabilidad de los entes públicos a partir de los principios constitucionales y jurisprudenciales que regían la cuestión.
En ese sentido, destacó el principio constitucional de no dañar a otro, consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional, en su vinculación con el deber de reparar integralmente los perjuicios ocasionados.
Añadió que, para que prosperara una pretensión indemnizatoria fundada en una omisión estatal, resultaba indispensable acreditar una relación de causalidad adecuada entre el daño invocado y la conducta atribuida a la Administración y que la falta de servicio debía sustentarse en el incumplimiento de un deber concreto y no en obligaciones genéricas o difusas de vigilancia y prevención.
Consideró que una interpretación contraria conduciría a exigir al Municipio un control permanente y absoluto de todas las calles y veredas, lo que excedería los límites razonables del poder de policía.
Asimismo, puntualizó que el hecho de la víctima podía operar como causal de exoneración o limitación de la responsabilidad estatal y su incidencia en la producción del daño podía interrumpir el nexo necesario para configurar la falta de servicio.
1.2.2. En cuanto a la responsabilidad atribuida a MJM Transportes S.A., señaló que el actor había sustentado su pretensión en la responsabilidad objetiva del dueño o guardián de una cosa riesgosa, particularmente por tratarse de un acoplado estacionado.
Explicó que, conforme al art. 1722 del Código Civil y Comercial, la responsabilidad objetiva prescindía de la culpa del agente y que el sindicado como responsable podía liberarse mediante la demostración de una causa ajena.
En ese marco, recordó que el art. 1729 del mismo ordenamiento contemplaba la posibilidad de excluir o limitar la responsabilidad por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, sin que resultara necesario efectuar un juicio de reproche subjetivo sobre su conducta.
Pasó luego el sentenciante a examinar la normativa de tránsito aplicable al caso. Señaló que la circulación y el estacionamiento vehicular se encontraban regulados por la ley nacional 24.449 y por la ley provincial 13.927, por la que la Provincia de Buenos Aires había adherido a aquella.
En primer lugar, se refirió al art. 49 de la ley 24.449, que establecía las reglas generales de estacionamiento en zonas urbanas y, particularmente, la prohibición de estacionar camiones, acoplados y semirremolques fuera de los lugares especialmente habilitados mediante la señalización pertinente.
Asimismo, destacó que los arts. 2 y 24 de la misma ley reconocían facultades a las autoridades locales para reglamentar el tránsito y estacionamiento urbano, establecer modalidades particulares de circulación y adoptar disposiciones destinadas a preservar la seguridad vial y la fluidez del tránsito.
Seguidamente, indicó que la ley provincial 13.927 había receptado el régimen nacional y reconocido a las municipalidades como autoridades de aplicación y comprobación en materia de tránsito, dentro de sus respectivas competencias.
1.2.3. En ese contexto, examinó la Ordenanza municipal 3215/08, dictada por la Municipalidad de Olavarría en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Explicó que dicha norma regulaba la circulación y el estacionamiento de vehículos de gran porte en determinados sectores de la ciudad, con la finalidad de preservar la red vial urbana.
Precisó que su art. 2 autorizaba la circulación y el estacionamiento de camiones con acoplado y otros vehículos de más de 10.000 kilogramos exclusivamente en el anillo delimitado por las avenidas Trabajadores, Avellaneda, Pellegrini y Alberdi, incluidas las avenidas exteriores a estas. Asimismo, contemplaba otros sectores habilitados para vehículos de hasta 10.000 y 7.000 kilogramos, respectivamente.
Sobre esa base, tuvo en cuenta que el accidente había ocurrido sobre la avenida Pellegrini, entre las calles Hornos y Bolívar, circunstancia que consideró acreditada mediante el acta policial, el croquis incorporado a la investigación penal preparatoria, las declaraciones de las agentes intervinientes y las pericias accidentológica y mecánica producidas.
A partir de tales elementos, concluyó que el acoplado contra el cual había impactado el actor se encontraba estacionado en un lugar permitido por la normativa municipal, dado que la avenida Pellegrini integraba el sector expresamente contemplado en el art. 2 de la Ordenanza 3215/08.
1.2.4. Una vez establecidas las circunstancias de tiempo y lugar del siniestro, el magistrado examinó la mecánica del suceso, con el objeto de determinar si correspondía atribuir responsabilidad a los demandados o si mediaba alguna causal de exoneración.
Como premisa, recordó que el hecho de la víctima podía excluir total o parcialmente la responsabilidad del demandado cuando su conducta hubiera contribuido causalmente a la producción del daño, siempre que aquella no resultara imputable al propio accionado.
1.2.5. En ese cometido, valoró inicialmente la pericia accidentológica realizada por el sargento Nicolás Fazio en el marco de la investigación penal preparatoria.
Señaló que, según dicho informe, el accidente había ocurrido en una zona urbana, sobre un tramo asfaltado de la avenida Pellegrini que presentaba buen estado de conservación, sin que se hubieran advertido condiciones ambientales o de visibilidad desfavorables, pese al horario nocturno en que había sucedido el hecho.
Destacó que el experto había determinado que la motocicleta circulaba en dirección noreste-sudoeste y que el camión con acoplado se encontraba estacionado sobre el margen derecho de la avenida, en el mismo sentido de circulación.
Asimismo, puso de relieve que el perito no había encontrado indicios que permitieran atribuir la producción del accidente a factores mecánicos o ambientales, por lo que había concluido que el siniestro se había desencadenado por una falla del factor humano.
Consideró especialmente relevante que el informe hubiera establecido que la motocicleta circulaba sin las luces encendidas, a partir del examen del filamento de la lámpara delantera, circunstancia que había contribuido a la tardía percepción o falta de advertencia del acoplado. Ello, pese a que la iluminación artificial del lugar era buena y el vehículo estacionado contaba con las bandas refractarias reglamentarias.
1.2.6. Examinó, asimismo, la pericia planimétrica incorporada a las actuaciones penales, de la que surgía la existencia de luminarias públicas ubicadas delante y detrás del acoplado, así como la presencia de un cartel de prohibición de estacionamiento en el sentido contrario de circulación, pero no en aquel donde se había producido la colisión.
Por otra parte, tuvo presente que la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Olavarría había desestimado la denuncia penal por inexistencia de delito, al considerar que los hechos investigados carecían de relevancia penal, dado que no había intervenido ninguna otra persona además de la propia víctima, quien había colisionado, por razones desconocidas, contra un vehículo estacionado.
1.2.7. Seguidamente, analizó la pericia mecánica elaborada por el ingeniero Cirilo Francisco Espain.
Expuso que el experto había señalado que no resultaba posible determinar objetivamente la maniobra realizada por el motociclista antes de la colisión, por desconocerse el motivo por el cual no había advertido la presencia del camión con acoplado estacionado sobre el lado derecho de la avenida.
Sin perjuicio de ello, destacó que el profesional había atribuido el accidente a la intervención del factor humano, al explicar que el conductor de la motocicleta no había percibido el vehículo estacionado y lo había embestido repentinamente en su parte inferior trasera izquierda, donde había quedado incrustada la motocicleta.
También valoró que, al responder el pedido de explicaciones formulado por Segurcoop, el perito había indicado que, al momento de realizar su tarea, no existía un cartel que habilitara expresamente el estacionamiento de camiones y acoplados en el sentido noreste-sudoeste de la avenida.
No obstante, advirtió que las fotografías acompañadas mostraban que el cordón correspondiente a ese sentido de circulación carecía de pintura amarilla indicativa de prohibición, a diferencia del margen opuesto, donde existían tanto esa demarcación como un cartel de prohibido estacionar.
Agregó que tal circunstancia resultaba coincidente con el croquis elaborado inmediatamente después del accidente durante la investigación penal preparatoria, en el que también se había identificado la señal de prohibición de estacionamiento sobre el sentido contrario al del siniestro.
1.2.8. A continuación, consideró la declaración testimonial de Humberto Francisco Contini, chofer de la empresa MJM Transportes S.A. y conductor del camión involucrado.
Destacó que el testigo había manifestado que el estacionamiento se encontraba permitido en el lugar donde había dejado el vehículo, puesto que el cordón no estaba pintado de amarillo y la prohibición de estacionar regía sobre el margen contrario de la avenida.
Asimismo, ponderó que Contini había confirmado la existencia de buena iluminación nocturna, proporcionada por columnas de alumbrado público situadas delante y detrás del camión.
Señaló también que el conductor había explicado que habitualmente estacionaba el vehículo frente al supermercado Maxiconsumo, donde permanecía bajo vigilancia y que los fines de semana solía dejar allí el camión o el acoplado para luego emprender nuevos viajes. Añadió que el testigo había afirmado que el acoplado contaba con bandas refractarias visibles y que siempre lo estacionaba contra el cordón, en un lugar que consideraba habilitado.
1.2.8. A partir de la valoración conjunta de las circunstancias del accidente y de la prueba producida, el juez concluyó que los daños padecidos por Vivas no podían atribuirse a MJM Transportes S.A., propietaria del acoplado contra el cual había impactado la motocicleta.
Consideró que la presencia de un vehículo estacionado junto al cordón, en un lugar permitido por la normativa municipal, no constituía un acontecimiento sorpresivo o extraordinario en el tránsito urbano, sino una circunstancia propia de la circulación vehicular.
Recordó que el hecho de la víctima constituía una causa ajena capaz de excluir o reducir la responsabilidad cuando la conducta del damnificado hubiera sido causa adecuada, total o parcial, del perjuicio sufrido.
Destacó que, para producir ese efecto interruptivo del nexo causal, no resultaba indispensable analizar la culpabilidad subjetiva del damnificado, sino determinar la incidencia efectiva de su conducta en la producción del resultado dañoso.
1.2.9. Finalmente, el magistrado concluyó que, pese a la gravedad de las consecuencias sufridas por el actor, no podía establecerse una relación de causalidad adecuada que permitiera atribuir responsabilidad a la empresa MJM Transportes S.A.
Entendió que había mediado una conducta imprudente del propio motociclista, cuya incidencia causal había interrumpido el nexo entre el riesgo atribuido al acoplado y los daños reclamados, impidiendo responsabilizar a su propietaria.
1.3. Por iguales razones, descartó la configuración de una falta de servicio imputable a la Municipalidad de Olavarría. Consideró que el propio comportamiento del actor había contribuido a la producción del daño y que esa circunstancia había quebrado la relación causal necesaria para responsabilizar a la Comuna por una eventual omisión en el ejercicio de su poder de policía.
1.4. En consecuencia, hizo extensiva la exoneración de responsabilidad a las compañías aseguradoras citadas en garantía, La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. y Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada.
2. Por último, señaló que, en atención a la solución adoptada, resultaba innecesario examinar la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios reclamados.
2. La parte actora recurre el pronunciamiento.
En primer término, cuestiona que el magistrado deslinde la responsabilidad de la Municipalidad de Olavarría con fundamento en que la culpa de la víctima interrumpe el nexo causal e impide configurar la falta de servicio atribuida a la comuna. Sostiene que, mediante ese razonamiento, el juzgador limita indebidamente el alcance del poder de policía municipal, al circunscribir la responsabilidad estatal a supuestos de actuación positiva de sus órganos o dependencias, sin considerar adecuadamente las conductas omisivas.
Explica que la omisión que atribuye al Municipio no se vincula únicamente con el incumplimiento de su deber de seguridad, sino también con la inobservancia de la normativa provincial y nacional que regula el estacionamiento de vehículos de gran porte en zonas urbanas.
En ese sentido, insiste en que se configura un supuesto de responsabilidad estatal por falta de servicio y por omisión en el ejercicio del poder de policía, dado que el estacionamiento de camiones y acoplados en sectores altamente urbanizados de la ciudad de Olavarría constituye una problemática habitual y motivo de constantes reclamos de los vecinos.
Señala que la Municipalidad pretende ampararse en la Ordenanza 3215/08, cuyo artículo 2 establece los sectores habilitados para la circulación y el estacionamiento de camiones con acoplados, semirremolques y otros vehículos de gran porte, según su peso. Explica que dicha disposición contempla, para los vehículos de más de 10.000 kilogramos, el anillo delimitado por las avenidas Trabajadores, Avellaneda, Pellegrini y Alberdi, incluidas éstas y las avenidas exteriores, de modo que los vehículos de tales características podrían circular por fuera del sector delimitado, pero no hacia el interior de la ciudad.
Sin embargo, afirma que la referida ordenanza resulta contraria a la legislación provincial de tránsito, particularmente a las disposiciones del art. 85 de la ley 11.430, que regulan el estacionamiento en vías públicas de doble circulación y prohíben estacionar en lugares donde pueda afectarse la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito. Destaca, especialmente, que esa norma impide el estacionamiento de camiones, acoplados y semirremolques en zonas urbanas, salvo en los lugares expresamente habilitados mediante la señalización pertinente.
A partir de ello, sostiene que la Municipalidad de Olavarría, al dictar la Ordenanza 3215/08, desconoce la jerarquía normativa de la legislación provincial, pues habilita el estacionamiento de vehículos de gran porte sin observar las exigencias establecidas por una norma de rango superior. Alega que, si bien el Municipio cuenta con atribuciones para reglamentar el tránsito conforme al art. 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, su ejercicio debe ajustarse a las disposiciones provinciales y no puede contradecirlas.
En particular, objeta que la ordenanza permita el estacionamiento de camiones con acoplados en sectores de elevada circulación urbana sin individualizar los espacios específicamente habilitados ni disponer la señalización correspondiente. Considera que esa deficiencia normativa, sumada a la omisión de control municipal, propicia que los vehículos de gran porte estacionen discrecionalmente en distintos sectores de la ciudad, obstaculizando la circulación y generando situaciones de riesgo para quienes transitan por la vía pública.
Añade que la Ordenanza 3215/08 ha caído en desuso y que resulta necesario dictar una nueva reglamentación compatible con la legislación provincial y adecuada a las actuales condiciones de urbanización de Olavarría.
Afirma que, frente al conflicto entre la normativa municipal y la provincial, corresponde aplicar los principios de jerarquía normativa a fin de preservar la unidad y eficacia del ordenamiento jurídico, haciendo prevalecer la disposición de superior rango.
Por ello, insiste en que la responsabilidad municipal no deriva exclusivamente del incumplimiento de un deber genérico de seguridad, sino también de la falta de servicio que supone mantener una reglamentación incompatible con la legislación provincial y permitir el estacionamiento de vehículos en infracción a esta última.
Asimismo, destaca que se encuentra acreditado que el camión con acoplado estaba cargado al momento del accidente, circunstancia que, a su entender, agrava la irregularidad de su estacionamiento en una zona urbana.
En función de tales argumentos, rechaza el razonamiento del juez de grado según el cual responsabilizar al Municipio por el accidente importaría extender ilimitadamente su deber de vigilancia sobre los hechos ocurridos en la vía pública. Aclara que no pretende atribuirle responsabilidad por cualquier acontecimiento, sino por el incumplimiento concreto de la normativa provincial de tránsito.
En segundo término, se agravia de la exoneración de responsabilidad de la firma MJM Transportes S.A., fundada en la existencia de una conducta imprudente de la propia víctima que, según el magistrado, interrumpe el nexo de causalidad entre el hecho y los daños sufridos.
Sostiene que los fundamentos desarrollados respecto de la responsabilidad municipal resultan igualmente aplicables a la empresa propietaria del acoplado, puesto que, si el vehículo se encontraba estacionado en contravención a la legislación provincial de tránsito y, además, estaba cargado, corresponde atribuir responsabilidad a MJM Transportes S.A. por las consecuencias dañosas del accidente.
En definitiva, considera que la sentencia efectúa una incorrecta valoración de la normativa aplicable y de las circunstancias acreditadas en la causa, al excluir la responsabilidad de los demandados sobre la base de la conducta atribuida al motociclista, sin atender a la irregularidad que denuncia respecto del estacionamiento del acoplado.
Por tales razones, solicita que se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a la demanda indemnizatoria oportunamente promovida, con expresa imposición de costas a la contraparte
3. La codemandada Municipalidad de Olavarría y las citadas en garantía replican el memorial de agravios y propician la confirmación de la sentencia.
II. El recurso no se estima.
1. Adelanto que los agravios vertidos por la parte actora no resultan suficientes para conmover la solución adoptada en la instancia de origen.
1.1. Para arribar a tal conclusión, considero necesario recordar que la controversia encuentra su origen en el accidente de tránsito ocurrido el 28-1- 2018, aproximadamente a la 1:30 horas, sobre la avenida Pellegrini, entre las calles Hornos y Bolívar de la ciudad de Olavarría, oportunidad en la que Enzo Daniel Vivas, mientras circulaba a bordo de su motocicleta en dirección noreste-sudoeste, impactó contra la parte trasera de un acoplado perteneciente a la firma MJM Transportes S.A., que se encontraba estacionado sobre el margen (cordón) derecho de dicha arteria.
El magistrado de grado rechazó la demanda indemnizatoria tras considerar que las circunstancias acreditadas en la causa no permitían atribuir la producción del siniestro a la responsabilidad de las demandadas y que, a todo evento, existió una conducta del propio damnificado, cuya incidencia causal resultaba suficiente para excluir la responsabilidad de la empresa propietaria del acoplado y de la Municipalidad de Olavarría.
Frente a tal decisión, el recurrente insiste, en lo sustancial, en que el vehículo de gran porte se encontraba estacionado en infracción a la normativa provincial de tránsito, por cuanto la Ordenanza municipal 3215/08, en la que se sustentó el juzgador para considerar permitido su estacionamiento, resultaría contraria a disposiciones de superior jerarquía que prohíben la permanencia de camiones y acoplados en zonas urbanas, salvo en lugares especialmente habilitados mediante la señalización correspondiente.
1.2. Tal razonamiento, no obstante, no puede ser compartido en los términos propuestos.
En efecto, corresponde señalar que la materia se encuentra regulada por la ley nacional 24.449, a cuyas disposiciones adhirió la Provincia de Buenos Aires mediante la ley 13.927.
El art. 49 inc. "b", apartado 8, de la legislación nacional establece, como principio general, la prohibición de estacionamiento de ómnibus, microbuses, casas rodantes, camiones, acoplados, semirremolques y maquinaria especial en zonas urbanas, aunque contempla expresamente una excepción para aquellos lugares que se habiliten a tal fin mediante la señalización pertinente.
A su vez, los arts. 2 y 24 del mismo ordenamiento reconocen facultades a las autoridades locales para adoptar disposiciones relativas al ordenamiento del tránsito y estacionamiento urbano, atendiendo a las particulares condiciones de circulación y seguridad vial de cada jurisdicción.
De ello se desprende que la propia legislación nacional no establece una prohibición absoluta e indiscriminada del estacionamiento de vehículos de gran porte en las zonas urbanas, sino que admite expresamente su habilitación en sectores determinados, en el marco de las competencias de regulación reconocidas a las autoridades locales.
Desde esa perspectiva, no advierto que la Ordenanza 3215/08, sancionada por el Concejo Deliberante de Olavarría el 16 de diciembre de 2008 y promulgada mediante decreto municipal 2525/08, importe, por su contenido, una regulación incompatible con las disposiciones de la ley nacional 24.449.
Por el contrario, mediante dicha ordenanza, el Municipio estableció una regulación específica de la circulación y el estacionamiento de camiones con acoplados, semirremolques y otros vehículos de gran porte, delimitando los sectores de la ciudad en los cuales aquellas actividades se encontraban permitidas según el peso de los vehículos.
En particular, su art. 2 contempló, para los vehículos de más de 10.000 kilogramos, el anillo determinado por las avenidas Trabajadores, Avellaneda, Pellegrini y Alberdi, incluidas estas últimas y las avenidas exteriores a ellas.
Por su parte, el art. 6 dispuso que el área municipal competente debía instrumentar la señalización horizontal y/o vertical correspondiente, según las circunstancias, y arbitrar las medidas de difusión necesarias para el cumplimiento de la reglamentación.
De tal manera, la disposición municipal no desconoce la prohibición general establecida en la legislación nacional, sino que reglamenta los sectores de circulación y estacionamiento de vehículos de gran porte dentro del ámbito territorial de su competencia, contemplando asimismo la instrumentación de la señalización correspondiente.
Por consiguiente, la sola invocación del principio de jerarquía normativa no resulta suficiente para demostrar la incompatibilidad que denuncia el apelante, desde que no se advierte una oposición entre la regla general establecida por la ley nacional y la delimitación territorial dispuesta por la autoridad municipal en ejercicio de sus atribuciones reglamentarias.
1.3. Sentado ello, tampoco puede perderse de vista que el lugar donde ocurrió el accidente se encontraba comprendido dentro del sector expresamente contemplado en el art. 2 de la Ordenanza 3215/08, circunstancia que surge de las actuaciones penales incorporadas como prueba y de la pericia mecánica producida en autos.
Y, en cuanto a la señalización del lugar, cabe apuntar que las constancias probatorias examinadas por el magistrado de grado dan cuenta de las condiciones de ordenamiento del estacionamiento sobre la avenida Pellegrini, las que en modo alguno son rebatidas por el actor.
En particular, del croquis elaborado en el marco de la investigación penal preparatoria surgió la existencia de una señal de prohibido estacionar ubicada sobre el sentido de circulación contrario a aquel en el que se encontraba detenido el acoplado.
En similar dirección, el conductor Humberto Francisco Contini declaró que habitualmente estacionaba el camión frente al establecimiento comercial Maxiconsumo, que el cordón correspondiente a ese margen de la avenida no se encontraba pintado de amarillo y que la prohibición de estacionamiento regía sobre el sector opuesto.
Asimismo, el informe remitido por la Dirección de Acción y Control Urbano de la Municipalidad de Olavarría, fechado el 11 de julio de 2022, dio cuenta de la existencia de señalización vertical y horizontal destinada a regular el estacionamiento de vehículos en dicho sector de la ciudad.
Tales elementos deben valorarse conjuntamente con la delimitación de las arterias habilitadas efectuada mediante la Ordenanza 3215/08 y con la previsión contenida en su art. 6 respecto de la instrumentación de la señalización correspondiente.
1.4. En este contexto, considero que el apelante no logra demostrar que la reglamentación municipal resulte contraria a la legislación nacional de tránsito, ni que la interpretación efectuada por el magistrado acerca de la habilitación del sector para el estacionamiento de vehículos de gran porte deba ser descalificada por la sola invocación de la superior jerarquía de aquella normativa.
2. Pero, además, el juez de grado no sustentó el rechazo de la demanda exclusivamente en las disposiciones que regulan el estacionamiento vehicular.
2.1. Por el contrario, efectuó un detenido examen de las circunstancias en que se produjo el accidente y de las pruebas incorporadas a la causa, a partir del cual concluyó que el comportamiento del propio damnificado había tenido una incidencia causal determinante en la producción del resultado dañoso.
Y es precisamente este aspecto esencial del pronunciamiento el que no aparece eficazmente desvirtuado por los argumentos desarrollados en el memorial.
En efecto, de la pericia accidentológica realizada por el sargento Nicolás Fazio en el marco de la investigación penal preparatoria N° 01-02-000536-18/00 surge que el accidente tuvo lugar en un sector urbano de la avenida Pellegrini, cuya calzada se encontraba asfaltada y en buen estado de conservación, sin que se advirtieran condiciones ambientales desfavorables que disminuyeran la adherencia o visibilidad, pese al horario nocturno.
El experto determinó que la motocicleta circulaba en sentido noreste-sudoeste y que el camión con acoplado permanecía estacionado sobre el margen derecho de la avenida, en idéntico sentido de circulación.
Asimismo, descartó la existencia de indicios que permitieran atribuir el desencadenamiento del siniestro a factores mecánicos o ambientales, concluyendo que el accidente obedeció a una falla del factor humano.
Particular relevancia reviste, en este punto, la conclusión a la que arribó el perito luego de examinar la lámpara delantera de la motocicleta, cuyo filamento correspondiente a la luz baja encontró desprendido de su posición original, dentro del casco de vidrio y sin estiramiento alguno.
Sobre la base de dicha constatación, concluyó que el motovehículo circulaba sin sus luces encendidas, circunstancia que contribuyó a retardar o impedir la percepción del acoplado estacionado, máxime si se considera que el accidente ocurrió durante la madrugada.
A ello se añadió que, según el mismo informe, el lugar contaba con buena iluminación artificial y el acoplado poseía bandas refractarias reglamentarias en su parte trasera.
Tales conclusiones resultan coincidentes con la pericia planimétrica incorporada a las actuaciones penales, en la que se identificaron luminarias públicas ubicadas tanto delante como detrás del vehículo estacionado.
Por su parte, el ingeniero mecánico Cirilo Francisco Espain, al reconstruir la dinámica del siniestro, estableció que la motocicleta resultó ser el vehículo embistente y el acoplado el embestido, precisando que el impacto se produjo contra la parte inferior trasera izquierda de este último.
Si bien el profesional manifestó que no contaba con elementos objetivos suficientes para determinar la velocidad desarrollada por la motocicleta ni reconstruir con exactitud su maniobra previa, concluyó que el conductor no había advertido la presencia del camión con acoplado estacionado sobre su derecha y que, ante dicha falta de percepción, terminó impactando contra su parte trasera.
2.2. Así, aun cuando no resulte posible establecer que el motociclista circulaba a una velocidad excesiva, es conclusión del magistrado que las restantes circunstancias objetivas comprobadas adquieren singular relevancia para determinar la incidencia causal de su comportamiento en la producción del accidente.
En efecto, el hecho de circular durante la madrugada sin las luces reglamentarias encendidas, en una arteria que presentaba buenas condiciones de iluminación y visibilidad, y terminar impactando contra la parte trasera de un vehículo estacionado que contaba con elementos refractarios, constituye un conjunto de circunstancias que permite asignar al comportamiento del conductor una incidencia causal determinante en el resultado dañoso.
2.3. Frente a este cuadro probatorio, observo que el recurrente centra su crítica en la presunta contradicción entre la ordenanza municipal y la legislación provincial de tránsito, así como en la circunstancia de que el acoplado se encontraba cargado al momento del accidente.
Sin embargo, tales argumentos no se hacen cargo de las conclusiones periciales que sustentan la decisión apelada.
En particular, nada dice acerca de que la motocicleta circulaba en la oportunidad sin luces encendidas, ni cuestiona concretamente las condiciones de iluminación artificial del sector, la existencia de bandas refractarias en el acoplado o la ausencia de factores ambientales que pudieran haber dificultado su percepción.
Tampoco explica de qué manera la circunstancia de encontrarse cargado el acoplado habría incidido causalmente en la producción del choque, especialmente cuando el vehículo permanecía detenido y el impacto se produjo contra su parte trasera.
De este modo, la insistencia en la supuesta irregularidad del estacionamiento no alcanza para modificar la valoración de las circunstancias concretas que llevaron al juzgador a considerar que el hecho de la víctima había interrumpido la relación de causalidad necesaria para responsabilizar a los demandados.
3. Igual solución corresponde adoptar respecto de la responsabilidad imputada a la Municipalidad de Olavarría.
En efecto, aun cuando la pretensión contra la Comuna se sustenta en una alegada falta de servicio derivada del ejercicio irregular de su poder de policía en materia de tránsito, lo cierto es que tampoco se demuestra una relación de causalidad adecuada entre la omisión denunciada y los daños cuya reparación se persigue.
La responsabilidad estatal por omisión no deriva automáticamente de la existencia de facultades genéricas de vigilancia o control, sino que requiere identificar el incumplimiento de un deber concreto y acreditar su vinculación causal con el perjuicio invocado.
En el presente, además de no haberse demostrado la incompatibilidad normativa denunciada respecto de la Ordenanza 3215/08, la prueba producida permite atribuir el desenlace dañoso al comportamiento del propio damnificado, por las razones anteriormente desarrolladas.
Por consiguiente, los argumentos esgrimidos en el memorial no resultan suficientes para desvirtuar los fundamentos esenciales sobre los que reposa el pronunciamiento apelado, desde que no permiten modificar la conclusión relativa a la interrupción del nexo causal por el hecho de la víctima.
En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora y confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto ha sido materia de agravios.
III. Si lo hasta aquí expuesto es compartido, propongo al Acuerdo desestima el recurso de apelación deducidos por la actora confirmar la sentencia en crisis en cuanto fue materia de apelación. Las costas de Alzada deberían imponerse a la vencida (cfr. art. 51 inc. 1° del C.C.A, texto según ley 14.437).
Voto la cuestión planteada por la negativa .
El señor Juez doctor Ucín , por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota también por la negativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente :
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia dictada en cuanto fue materia de apelación.
Imponer las costas de Alzada a la vencida (art. 51 inc. 1° del C.C.A., texto según ley 14.437).
2. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente conforme art. 10 del Anexo Único del Acuerdo 4013/21 -t.o. AC. SCBA 4039/21-. Fecho, devuélvanselas actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1016-2026
Fin de la sentencia