Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7 de San Isidro · Causa 32016
Expte. N° 32016
San Isidro, de 2026.
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas "VIZGARRA EDUARDO ISMAEL S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA", en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7 del Departamento Judicial de San Isidro, a mi cargo, Secretaría Única, venidas a despacho en estado de dictar sentencia de reevaluación (conf. arts. 37, 38 y 40 del CCCN), y de las que,
1. Que en autos se dispuso la reevaluación de la situación del justiciable, a fin de adecuar los alcances de su capacidad jurídica a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
2. Que se cuenta con el informe interdisciplinario de fecha 5 de mayo de 2025, incorporado a las actuaciones el 18 de junio de 2025, elaborado por el Equipo Técnico de los Dispositivos Residenciales Territoriales del Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo, en el que se consignan los antecedentes clínicos del Sr. Eduardo Ismael Vizgarra, su diagnóstico, evolución y las necesidades de asistencia y acompañamiento para el desenvolvimiento de su vida cotidiana y el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, se encuentra agregado el informe social de la Curaduría Oficial, de fecha 8 de septiembre de 2026, en el que se actualiza la situación personal, social, sanitaria, económica y habitacional del causante.
3. Que conforme surge del acta de fecha 1 de abril de 2025, se ha mantenido contacto personal con el Sr. Eduardo Ismael Vizgarra, en los términos del art. 35 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
4. Que con fecha 23 de junio de 2025 la Asesoría de Incapaces Nº 2 dictaminó que, conforme los informes obrantes en autos, el contacto personal mantenido con el justiciable y las restantes constancias de la causa, se encontraban reunidos los elementos para el dictado de sentencia. Asimismo, solicitó que se mantuviera a la Curaduría Oficial como sistema de apoyo, con intensificación de su intervención para aquellos actos que así lo requirieran, y que se fijara el plazo de tres años para la revisión del pronunciamiento.
5. Con fecha 12 de noviembre de 2026, el Ministerio Público Fiscal dictaminó que, atento a la prueba rendida y las conclusiones de la evaluación interdisciplinaria, correspondía dictar un pronunciamiento restrictivo del ejercicio de la capacidad jurídica, con designación de un curador que asista y represente al causante, con las salvaguardias judiciales necesarias y determinación concreta de los actos y funciones alcanzados por la restricción.
Encontrándose cumplidas las intervenciones correspondientes y atento al estado de las actuaciones, se llamaron autos para dictar sentencia, y,
I. Se debe ponderar especialmente que nuestra legislación interna en materia de discapacidad ha experimentado importantes modificaciones, con la finalidad de adecuarla a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
En tal sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, incorporados a nuestro ordenamiento mediante Ley 26.378 y dotados de jerarquía constitucional por Ley 27.044, así como la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada por Ley 25.280, configuran el marco normativo supralegal que debe orientar toda decisión relativa a las personas con discapacidad.
Asimismo, debe tenerse en cuenta la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), que introdujo importantes modificaciones en la materia, estableciendo un sistema de capacidad jurídica basado en el reconocimiento de la autonomía personal, la igualdad y la adopción de medidas de apoyo para el ejercicio de los derechos.
Sobre el particular, se ha expresado que en nuestro derecho se conforma un verdadero sistema de tutela de las personas con discapacidad, articulado en una propia y singular "policromía" normativa, que tiene su vértice en la Constitución y las convenciones internacionales, la Ley 26.657 de Salud Mental, el Código Civil y Comercial de la Nación, las reglas administrativas y los ordenamientos procesales (Berizonce, Roberto O., "Normas procesales del Código Civil y Comercial de la Nación. Personas con capacidades restringidas", LA LEY 12/05/2015).
II. A partir de estos cambios significativos en la legislación, se prevé una nueva protección de las personas con discapacidad, con un enfoque social y de reconocimiento de derechos, encaminada a garantizar que puedan hacerse cargo de sus propias vidas, ampliando su esfera de actuación y permitiéndoles decidir por sí mismas, con los apoyos necesarios para el ejercicio de su capacidad jurídica y las salvaguardias adecuadas para evitar abusos y sustituciones indebidas de su voluntad.
Se trata de una especial protección que implica el mandato constitucional de superar todos los obstáculos de cualquier naturaleza que puedan generar discriminación o distinción motivada por la discapacidad de una persona (arts. 16, 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional y arts. 11 y 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
Resulta menester recordar los principios receptados por el nuevo Código Civil y Comercial en cuanto a que las restricciones a la capacidad son de carácter excepcional y sólo pueden imponerse en beneficio de la persona, debiendo priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de sus derechos y libertades (art. 31 incs. b y f del CCCN).
De allí que, siguiendo el mandato constitucional y convencional, corresponde brindar una respuesta jurisdiccional que tutele efectivamente los derechos del interesado, procurando que la afectación de su autonomía personal sea la menor posible e indicando específicamente los actos para los cuales requiere asistencia o apoyo (art. 38 del CCCN).
La situación debe ser resuelta judicialmente atendiendo a las circunstancias particulares que cada caso presenta, evitando establecer restricciones generales o desvinculadas de las necesidades concretas de la persona.
III. En el caso de autos, corresponde analizar la situación personal del Sr. Eduardo Ismael Vizgarra, de 69 años de edad, DNI 12.943.342, a la luz de los antecedentes médicos, informes sociales y demás constancias incorporadas al expediente.
Conforme surge del informe interdisciplinario de fecha 5 de mayo de 2025, el causante presenta discapacidad intelectual leve con trastorno delirante persistente, registrándose asimismo antecedentes de síndrome delirante. En el plano clínico presenta hipertensión arterial, encontrándose bajo seguimiento médico y tratamiento farmacológico.
De los antecedentes clínicos surge que ingresó al Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo luego de un cuadro de descompensación psicótica ocurrido en el año 1997. Posteriormente, el 27 de marzo de 2023, ingresó a un dispositivo residencial comunitario, donde reside junto a otros usuarios y cuenta con acompañamiento de operadores durante las veinticuatro horas, además de supervisión periódica por parte del equipo interdisciplinario.
En cuanto a su desenvolvimiento cotidiano, se informa que participa de las actividades domésticas, colabora con la limpieza y el orden de la vivienda y mantiene adecuados vínculos con sus compañeros.
Asimismo, concurre a un dispositivo sociolaboral dentro del Hospital, donde realiza tareas de elaboración de alfombras y trapos de piso mediante el uso de máquinas, percibiendo una contraprestación económica mínima derivada de las ventas.
También participa de actividades sociales y recreativas, realiza salidas y desarrolla actividades deportivas, entre ellas natación, acompañado por su acompañante terapéutica.
En relación con sus posibilidades de comprensión, el informe interdisciplinario señala que comprende el trámite judicial, aunque requiere aclaraciones y adaptación de la información que se le brinda, mostrándose dispuesto a colaborar con la evaluación.
IV. Ahora bien, corresponde ponderar especialmente las constancias posteriores, que permiten conocer con mayor precisión la situación actual del causante y sus posibilidades de desenvolvimiento.
Del informe social de la Curaduría Oficial, de fecha 8 de septiembre de 2026, surge que actualmente el Sr. Vizgarra reside en el dispositivo Casa Rucci, sito en Capitán Hernández 363 de la localidad de Torres, partido de Luján, en una vivienda que cuenta con condiciones adecuadas de habitabilidad, servicios y mobiliario suficiente, donde convive con otros usuarios provenientes de la institución.
La profesional interviniente pudo mantener una conversación fluida con el causante, quien se presentó de buen ánimo y predispuesto al diálogo. En dicha oportunidad, manifestó llevarse bien con sus compañeros y colaborar con los quehaceres cotidianos, destacando su gusto por lavar los platos, limpiar y tender la ropa.
También refirió concurrir a un taller protegido en la Colonia Montes de Oca, donde realiza tareas de fabricación de trapos de piso, y contar con el acompañamiento de su acompañante terapéutica, Andrea Ramos, con quien efectúa salidas recreativas y concurre a actividades en pileta.
En el aspecto sanitario, la coordinadora del dispositivo informó que Eduardo se encuentra clínicamente estable y que la medicación que necesita le es proporcionada por la institución, desde donde también recibe asistencia alimentaria.
En relación con su situación económica, surge que es titular de una pensión no contributiva, cuyos fondos son administrados por la Curaduría Oficial, y que percibe además un ingreso simbólico por su participación en el taller protegido.
Respecto de sus vínculos familiares, mantiene comunicación mediante videollamadas con su hermano Alberto Agustín Vizgarra, domiciliado en Mar del Plata, quien lo visita cuando sus posibilidades se lo permiten. La coordinadora del dispositivo destacó que se trata de un referente familiar presente y disponible ante las necesidades que pudieran surgir.
Por otra parte, en la audiencia celebrada el 1 de abril de 2025, se observó al causante aseado y vestido acorde, pudiendo expresarse sobre distintos aspectos de su vida cotidiana.
Manifestó participar en actividades de elaboración de alfombras y trapos de piso, y refirió que utiliza parte del dinero que recibe para realizar pequeñas compras personales, como adquirir galletitas y cigarrillos.
De la valoración conjunta de los elementos señalados se desprende que el Sr. Vizgarra conserva habilidades para desenvolverse en determinadas actividades de la vida cotidiana, realizar tareas domésticas, expresar sus preferencias, mantener relaciones sociales y participar en actividades recreativas y sociolaborales en un entorno protegido.
Se advierte que puede manifestar sus necesidades y participar en decisiones vinculadas con sus intereses personales, aunque requiere que la información de mayor complejidad le sea proporcionada de manera clara y accesible, con las explicaciones y el acompañamiento que resulten necesarios.
Sin perjuicio de ello, presenta dificultades que justifican la implementación de medidas de apoyo para sostener la continuidad de su tratamiento farmacológico, organizar determinados aspectos de su vida cotidiana, administrar sus recursos económicos y comprender y gestionar actos jurídicos y administrativos de mayor complejidad.
En consecuencia, la situación del causante requiere la adopción de medidas de apoyo específicas, adecuadas a sus necesidades actuales, sin que ello implique desconocer las capacidades que conserva ni sustituir su voluntad en aquellas decisiones que puede adoptar por sí mismo.
Debe destacarse que la residencia en un dispositivo institucional o comunitario no constituye, por sí sola, fundamento suficiente para restringir la capacidad jurídica, debiendo atenderse a las aptitudes y dificultades concretas de la persona en cada ámbito de su vida.
Se trata, como señalan Kemelmajer de Carlucci, Herrera y Fernández, de un sistema que exige una construcción individual, particular y acorde a la condición personal y contextual de su protagonista, en el que deben ensamblar adecuadamente el régimen de restricciones establecido y las funciones encomendadas a las figuras de apoyo, siempre bajo la perspectiva del acompañamiento, el favorecimiento de la comunicación, la autonomía y no la sustitución de voluntad (Kemelmajer de Carlucci, A.; Herrera, M.; Fernández, S., "Bases para una relectura de la restricción a la capacidad civil en el nuevo Código", LA LEY, 18/08/2015).
V. Conforme los elementos probatorios rendidos en la causa, considero que el ejercicio de la capacidad jurídica del Sr. Eduardo Ismael Vizgarra habrá de restringirse únicamente para aquellos actos en los que se ha acreditado que no cuenta con aptitud suficiente para comprender, organizar o gestionar sus alcances sin asistencia.
En particular, corresponde establecer medidas de apoyo respecto de:
a) Atención de la salud y cumplimiento del tratamiento: El causante conserva la posibilidad de expresar sus preferencias y manifestar sus necesidades relacionadas con su salud. Sin embargo, debido a la necesidad de sostener la continuidad de su tratamiento psiquiátrico y clínico, así como de cumplir adecuadamente las indicaciones farmacológicas, requiere acompañamiento y supervisión para garantizar la continuidad de los controles médicos y la adherencia al tratamiento.
La Curaduría Oficial deberá acompañar y supervisar, en coordinación con los profesionales del dispositivo residencial y el equipo tratante, el acceso a la atención sanitaria y la continuidad de los tratamientos indicados.
El consentimiento informado para las prácticas y tratamientos médicos permanecerá en cabeza del titular, con los apoyos necesarios para facilitar la comprensión de la información y la manifestación de su voluntad.
Únicamente ante una situación de absoluta imposibilidad de expresar su voluntad, ausencia de directivas anticipadas y existencia de una emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o salud, podrá intervenir el sistema de apoyo en los términos legalmente previstos, respetándose las disposiciones de la Ley 26.742 y su reglamentación, cuando corresponda.
b) Actos de administración de sus recursos económicos: Conforme surge de las constancias de autos, el Sr. Vizgarra es titular de una pensión no contributiva cuya administración se encuentra actualmente a cargo de la Curaduría Oficial.
En atención a la necesidad de asistencia para la organización y administración de sus recursos, corresponde mantener dicha intervención respecto de la percepción y administración ordinaria de la prestación, debiendo destinarse los fondos exclusivamente a la satisfacción de sus necesidades personales, alimentación, vestimenta, higiene, salud, recreación y demás gastos que contribuyan a su bienestar.
La Curaduría Oficial deberá llevar un registro de los ingresos y egresos, conservar los comprobantes correspondientes y rendir cuentas de su gestión.
Ello no obsta a que el Sr. Vizgarra pueda participar, de acuerdo con sus posibilidades, en la elección de los bienes y servicios que desea adquirir, realizar pequeñas compras personales y disponer de dinero para gastos cotidianos, con el acompañamiento que eventualmente requiera.
Deberá preservarse su posibilidad de percibir y utilizar los ingresos simbólicos que obtiene por su participación en actividades sociolaborales, procurando que pueda disponer de ellos de acuerdo con sus posibilidades y con la asistencia que resulte necesaria, sin que la intervención de la Curaduría implique una privación indiscriminada de tales recursos.
c)Actos de disposición patrimonial y contrataciones de significación económica: Los actos de disposición de bienes, así como aquellos contratos que impliquen compromisos económicos de relevancia, puedan generar deudas o afectar sustancialmente sus ingresos o patrimonio, deberán contar con la intervención de la Curaduría Oficial y la correspondiente autorización judicial previa cuando legalmente corresponda.
La intervención deberá orientarse a facilitar la comprensión del acto y la manifestación de voluntad del causante, respetando sus preferencias y decisiones en la medida de sus posibilidades.
d)Gestiones administrativas de envergadura e intervención en procesos judiciales: Para intervenir en procesos judiciales o administrativos en los que sea parte o deba ejercer derechos y asumir obligaciones, contará con la asistencia de la Curaduría Oficial, que deberá facilitar la comprensión de las actuaciones y la manifestación de su voluntad, sin perjuicio de su comparecencia personal y de la intervención que corresponda al Ministerio Público.
En los actos que requieran representación, esta deberá encontrarse específicamente justificada y limitada a los alcances establecidos en la presente sentencia, sin que pueda presumirse una sustitución general de la voluntad del causante.
e)Desplazamientos y desenvolvimiento fuera del entorno residencial: De acuerdo con las constancias de autos, el Sr. Vizgarra participa de actividades recreativas, deportivas y sociolaborales, contando para ello con el acompañamiento de operadores y de su acompañante terapéutica.
Por tal motivo, deberá mantenerse el acompañamiento para aquellos desplazamientos en los que requiera asistencia, procurando favorecer progresivamente su participación social, recreativa y ocupacional, de acuerdo con sus posibilidades, intereses y preferencias.
En cuanto a los restantes actos de la vida cotidiana, el Sr. Vizgarra conserva autonomía para realizar actividades de higiene, alimentación y vestimenta, participar en tareas domésticas, mantener relaciones interpersonales, expresar sus preferencias y desarrollar actividades recreativas y sociolaborales, por lo que no corresponde establecer restricciones adicionales que no encuentren fundamento en las constancias de autos.
En particular, las dificultades que presenta para la comprensión de determinadas cuestiones jurídicas o económicas no justifican establecer una prohibición general para desarrollar actividades laborales u ocupacionales, debiendo facilitarse, en la medida de sus posibilidades y con los apoyos pertinentes, su participación en aquellas actividades que contribuyan a su autonomía y bienestar.
VI. De conformidad con lo dispuesto por los arts. 32, 38, 43 y 101 del Código Civil y Comercial de la Nación, corresponde mantener a la Curaduría Oficial de los Departamentos Judiciales de San Isidro y Zárate-Campana como sistema de apoyo del Sr. Eduardo Ismael Vizgarra, organismo que viene ejerciendo dicha función.
La intervención deberá orientarse primordialmente a promover su autonomía, facilitar la comunicación, comprensión y manifestación de voluntad, acompañar el ejercicio de sus derechos y establecer las salvaguardias necesarias para evitar abusos o conflictos de intereses.
En particular, deberá coordinar con los referentes del dispositivo residencial, el equipo interdisciplinario tratante y su acompañante terapéutica las medidas necesarias para garantizar la continuidad de sus tratamientos, favorecer sus actividades recreativas, deportivas y sociolaborales y preservar sus vínculos familiares y sociales.
La designación del sistema de apoyo no podrá interpretarse como una habilitación para sustituir indiscriminadamente la voluntad del causante, debiendo respetarse sus preferencias y decisiones en todos aquellos ámbitos en los que pueda expresarlas.
Por último, corresponde disponer la revisión de la presente sentencia dentro del plazo de tres años, de conformidad con lo establecido por el art. 40 del Código Civil y Comercial de la Nación, sin perjuicio de que pueda solicitarse su revisión con anterioridad si se modifican las circunstancias que justifican las restricciones aquí dispuestas.
Por ello, teniendo en consideración las pruebas obrantes en la causa y con fundamento en los arts. 31, 32, 35, 37, 38, 40, 43, 101 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 12 y concordantes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378),
1. Determinar los alcances del ejercicio de la capacidad jurídica del Sr. Eduardo Ismael Vizgarra, DNI 12.943.342, en razón de presentar discapacidad intelectual leve con trastorno delirante persistente, estableciendo que requiere medidas de apoyo para determinados actos relacionados con su salud, administración patrimonial, contrataciones de significación económica e intervención en procesos judiciales y administrativos.
A partir de las consideraciones del equipo interdisciplinario y las restantes constancias de autos, se determinan los siguientes alcances:
En cuanto a las actividades de la vida diaria:
a) Vivir solo: Requiere actualmente un entorno residencial o comunitario con contención y supervisión adecuadas a sus necesidades.
b) Higiene personal: Sí, conserva autonomía.
c) Alimentación: Sí, conserva autonomía.
d) Vestimenta: Sí, conserva autonomía.
e) Realizar tareas domésticas: Sí, conserva habilidades para participar en las actividades cotidianas de la vivienda.
f) Deambular por la vía pública: Con los apoyos y acompañamiento que requiera según las características de cada desplazamiento.
g) Utilizar transporte público por sí mismo: Requiere asistencia y acompañamiento conforme sus necesidades concretas.
h) Realizar actividades sociales y recreativas: Sí, con los apoyos que eventualmente requiera para concretar las salidas y actividades fuera del dispositivo residencial.
i) Participar en actividades deportivas: Sí, con los apoyos correspondientes.
j) Participar en actividades sociolaborales en dispositivos protegidos: Sí, conserva dicha posibilidad, debiendo garantizarse los apoyos necesarios.
k) Expresar preferencias, gustos y necesidades: Sí.
l) Mantener vínculos familiares y sociales: Sí, debiendo favorecerse y facilitarse su continuidad.
En cuanto a sus derechos patrimoniales:
a) Conocimiento y manejo de pequeñas sumas de dinero: Requiere apoyo y supervisión en la medida de sus necesidades.
b) Realizar pequeñas compras personales: Sí, con el acompañamiento que eventualmente requiera.
c) Percibir y administrar autónomamente su pensión no contributiva: No, requiere intervención de la Curaduría Oficial para su administración.
d) Administración ordinaria de sus recursos económicos: Requiere intervención de la Curaduría Oficial respecto de la pensión no contributiva.
e) Percibir y utilizar los ingresos simbólicos derivados de actividades sociolaborales: Sí, con los apoyos que resulten necesarios para su adecuada administración.
f) Actos de administración extraordinaria y disposición patrimonial: Requiere intervención del sistema de apoyo y autorización judicial previa cuando corresponda.
g) Celebrar contratos de significación económica: Requiere asistencia de la Curaduría Oficial.
h) Realizar actividad laboral o sociolaboral remunerada: Sí, con los apoyos pertinentes, preservando su participación y el acceso a los ingresos que pudiera generar.
En cuanto a sus derechos extrapatrimoniales y de salud:
a) Cuidado de su salud y cuerpo: Sí, con acompañamiento y supervisión.
b) Consentimiento informado para actos médicos: Sí, con información adecuada y accesible y los apoyos necesarios para facilitar la comprensión y expresión de su voluntad.
c) Cumplimiento y organización de la medicación: Requiere supervisión y asistencia del personal habilitado del dispositivo residencial y del equipo tratante.
d) Concurrir a controles médicos: Sí, con acompañamiento y seguimiento.
e) Comprender y cumplir indicaciones terapéuticas: Requiere apoyo y supervisión.
f) Intervenir en procesos judiciales y administrativos: Requiere asistencia de la Curaduría Oficial, conforme los alcances establecidos en los considerandos.
2. Mantener a la Curaduría Oficial de los Departamentos Judiciales de San Isidro y Zárate-Campana, como sistema de apoyo del Sr. Eduardo Ismael Vizgarra, a fin de que ejerza las funciones de acompañamiento, asistencia y salvaguardia en los actos específicamente determinados en la presente, debiendo promover su autonomía y facilitar la comprensión y manifestación de su voluntad (art. 43 del CCCN).
La Curaduría Oficial deberá articular su intervención con los referentes del dispositivo residencial, el equipo interdisciplinario tratante y la acompañante terapéutica del causante, procurando el respeto de sus preferencias y decisiones personales.
3. Disponer que la Curaduría Oficial continúe administrando la pensión no contributiva que percibe el causante, debiendo destinar los fondos a la satisfacción de sus necesidades personales y bienestar, llevar registro documentado de los ingresos y egresos y rendir cuentas de su gestión conforme las disposiciones legales.
Deberá asimismo procurar que el Sr. Vizgarra participe, de acuerdo con sus posibilidades, en la elección de los bienes y servicios que desea adquirir y cuente con recursos para sus pequeños gastos personales, preservando especialmente su posibilidad de percibir y utilizar los ingresos derivados de sus actividades sociolaborales.
4. Establecer que el sistema de apoyo deberá coordinar con el dispositivo residencial Casa Rucci, el equipo interdisciplinario tratante y la acompañante terapéutica del causante las medidas necesarias para garantizar la continuidad de su tratamiento médico, facilitar sus actividades recreativas, deportivas y sociolaborales y favorecer el mantenimiento de sus vínculos familiares y sociales.
5. Disponer la revisión de la presente sentencia en el plazo de tres (3) años a contar desde su notificación, de conformidad con lo establecido por el art. 40 del Código Civil y Comercial de la Nación.
6. Ordenar la inscripción del presente pronunciamiento en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, librándose a tal efecto la documentación pertinente, conforme lo dispuesto por el art. 39 del CCCN.
Regístrese. Notifíquese conf. Ac. 4013/21 SCBA.
CBR
Firmas
Funcionario firmante: PADRONES María Cecilia - JUEZA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1486-2026
Fin de la sentencia