Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 131.510
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, y demás fundamentos expuestos revocar parcialmente la resolución recurrida, y determinar que el monto a ejecutar es $27.245,96 resultante de multiplicar el valor de la cuota conforme el precio del vehículo al momento de promover la demanda ($3.892,28) por la cantidad de cuotas adeudadas (7). A esas sumas de adicionará la tasa de interés moratorio pactado, la tasa pasiva del Banco Nación Argentina (cláusula 5° Continuación del contrato de prenda) desde la mora al efectivo pago. Asimismo, se adicionará el IVA correspondiente a los intereses adeudados. Se confirma lo demás que fuera motivo de agravios. Costas del recurso por su orden por ser causado el agravio de oficio (arg. arts. 68, 163, 164, 384, 518, 542 inc. 4, 556, 593, 594, 598, C.P.C.C.).
En la ciudad de La Plata, a los 9 días del mes de agosto de 2022 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO FINES DETER. C/ ADROVER FRANCISCO HECTOR Y OTRO/A S/ EJECUCION PRENDARIA " (causa: 131510), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia del 4/11/21?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes I.1. La decisión.
La Sra. jueza dictó sentencia de trance y remate mandando a llevar adelante la ejecución prendaria promovida por Volkswagen S.A de Ahorro para Fines Determinados contra Francisco Héctor Adrover hasta tanto el deudor haga al acreedor íntegro pago del capital puro de $ 2542,32, monto que surge de conformidad a lo dispuesto el día 1/7/19 (monto de las 4 cuotas adeudadas al momento de suscripción de la prenda), con más los intereses legales, a la tasa pasiva que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, por no haberse convenido al respecto, los que correrán desde el día 10/12/16 y hasta su efectivo pago (art. 509 del CPCC). Rechazó la aplicación del IVA sobre los intereses establecidos, dado que el mismo excede el ámbito de la relación jurídica debatida en este marco procesal, e impuso las costas al demandado conf. el art. 556 del CPCC. En cuanto a los gastos del juicio, decidió que se aplicarán intereses a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, calculados desde la notificación del traslado de la demanda respecto de los gastos concomitantes al inicio del juicio y desde el momento en que se efectivizaron respecto de aquellos incurridos posteriormente. Respecto a los honorarios, decidió que los honorarios devengados y las etapas iniciadas durante la vigencia de la ley 8904/77 han de valorarse conforme lo dispuesto por ésta última norma y para las etapas que se encuentran en pleno trámite se aplicarán las pautas regulatorias establecidas en la ley 14.967.
I.2. El recurso.
Contra esa decisión se alza el ejecutante el 4/11/21, interponiendo apelación, que es concedida el 5/11/21 y fundada el 10/11/21, llegando a la alzada sin contestación.
Se agravia la ejecutante por cuanto se omitió resolver respecto a la fijación del capital adeudado en consideración al valor móvil del rodado, explica el funcionamiento del plan de ahorro y estima que el fallo impide el funcionamiento. Se agravia también por la tasa de intereses que se concede, estimando que corresponde actualizar hasta el momento del pago conforme el valor del vehículo, como fue acordado y por tratarse de una deuda de valor, y no la tasa bancaria. Agrega que conforme la resolución Conjunta nro. 531 y 950 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Público y de Justicia, art. 1, establece que "En los contratos de ahorro previo para fines determinados, en los que la cuota a pagar por los suscriptores o adherentes corresponda a la parte del precio del producto determinado, el importe de la cuota puede quedar sujeto a determinación de acuerdo al precio que tenga dicho producto en el o los momentos en que convengan las partes". Finalmente se queja por el rechazo del IVA sobre intereses, sin justificación a su entender.
I.3. El dictamen del fiscal El Fiscal en su dictamen de fecha 1/4/22 sostiene que la deuda asumida es una deuda de valor y por tanto que el reajuste debe ser aplicado hasta el momento en que se interpone la demanda, oportunidad en que la deuda de valor contenida en el título se convierte en una obligación dineraria. Agrega que la ejecución no ha prosperar por el monto consignado en el Contrato de Prenda con Registro, sino por el resultante de multiplicar el valor de la alícuota por la cantidad de cuotas adeudadas al momento de promover la acción judicial; desestimando de la liquidación presentada a fin de integrar el título, los montos consignados por cargas administrativas, por seguro de vida, seguro del bien tipo, derecho de inscripción prorrateado, derecho de adjudicación prorrateado, etc.
II. Tratamiento de los agravios.
II.1. El artículo 518 del C.P.C.C. dispone que puede procederse ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución -como es el caso del certificado de prenda con registro (art. 26, decreto ley 15.348/46)- se demandare por obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables. El fundamento de la facultad de proceder por la vía ejecutiva radica en la certidumbre (legal, aunque no objetiva) de la existencia del crédito que de él resulta. De ahí surge el requisito de autosuficiencia que es propio del título ejecutivo y sus presupuestos, esto es: a) vinculación jurídica entre acreedor y deudor, b) exigibilidad y liquidez de la obligación, deben constar en el título mismo desde su presentación a juicio.
Sobre tal base, se venía afirmando que el juez nada tiene que investigar fuera del título, el que debe bastarse a sí mismo, porque sólo así se da derecho a la coacción (Bustos Berrondo, "Juicio Ejecutivo", 9na. Ed., Librería Editora Platense, 2005, p. 107/108, 114), lo cual ha sufrido modulaciones frente a la obligación del juez de verificar el cumplimiento de ciertas normas imperativas que establece la ley de defensa del consumidor 24.240 -LDC- (arts. 1, 2, 7 y 12, C.C.C.N.; 65, LDC; 34 inc. 5, 518, 529 y 549, CPCC).
II.2. El presente es un proceso ejecutivo que persigue el cobro de una deuda contenida en un título ejecutivo integrado por el Contrato de Prenda -debidamente inscripto - y la Certificación de Deuda Prendaria (art. 4 Ley 21.309), en que se determina el monto adeudado.
En los contratos de prenda con registro es posible ajustar el monto prendado y, por ende, que se modifique la suma que se ejecuta en relación al inicio de la contratación. Ello surge sin hesitación alguna del art. 26 del Dec. ley 15.348/46 -ley de prenda- que establece que el certificado de prenda da acción ejecutiva para cobrar el crédito, intereses, gastos y costas. Lo contrario en un contexto inflacionario implicaría que el valor del automóvil (el precio del bien en poder del deudor) se incremente y, ante la falta de pago, no se pueda ejecutar el saldo contemplando el valor real del mismo, lo cual repercutiría sobre el sistema de créditos, perjudicando a la población y la utilidad de la prenda con registro, en cuanto a su función económica y práctica.
Tratándose de una ejecución prendaria como la de autos, donde se utiliza el proceso ejecutivo instituido por la ley con la finalidad de dar eficacia a la garantía por ella creada, permitiendo la rápida subasta de los bienes afectados y la pronta satisfacción del acreedor, el título es complejo y causal, donde el monto y la causa surgen del análisis armónico del contrato de prenda y del certificado de deuda aportados por el ejecutante.
El reajuste de las cuotas o del monto al que alude el contrato de prenda con registro se encuentra directamente relacionado con el incremento del precio de lista del bien que se trata. Ello, toda vez que resulta una característica propia del sistema -basado en la mutualidad- el aporte mensual actualizado que realiza un grupo limitado de personas con el objeto de constituir un fondo común destinado a la adquisición de una unidad tipo que será entregada a lo largo de un período previamente establecido, a través de distintos métodos de adjudicación. El aporte de capital actualizado resulta, entonces, fundamental a los fines de que todos sus suscriptores puedan acceder al bien elegido. Si se modifica el monto prendado conforme evoluciona el valor del objeto de la prenda, es lógico -y no abusivo- modificar el monto a ejecutar. No debe perderse de vista que la prenda con registro constituye una tutela del crédito convenido en tanto asegura los elementos materiales que son asiento de la preferencia y servirán para satisfacer la obligación incumplida. De lo contrario, las cuotas no tendrían proporción con el interés jurídico comprometido.
II.3. Por ende, no corresponde limitar el importe de la cuota al momento de suscribir el plan -como decide el fallo atacado-, debiendo estarse al que surge del certificado de deuda, por ser aplicable el art. 772 del C.C.C.N. (deuda de valor), que permite tomar el valor al momento de la confección del certificado (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.), oportunidad en que se forma el título ejecutivo.
II.4. Sentado esto, cabe analizar si corresponde que el capital se reajuste al valor de la unidad cero kilómetro al momento del pago, como pretende la apelante.
La determinación del capital de condena no puede quedar condicionado a un momento posterior al dictado de la sentencia, más precisamente a la liquidación final que se practique luego de su dictado, pues la suma de dinero debe emanar del propio título ejecutivo (art. 518 CPCC). Resulta inadmisible completar ese aspecto del título con pruebas ampliatorias, informaciones, balances contables, ni otra diligencia que no consista en una mera operación aritmética, pues impediría el oportuno ejercicio de la defensa en juicio y debido proceso legal.
Las alegaciones proferidas en relación al funcionamiento del Plan de Ahorro Previo para Fines Determinados, la Resolución Conjunta 366/02 y 85/02 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Economía y su relación con el importe del capital reclamado, no pueden ser discutidas aquí, en tanto exceden el marco de conocimiento del presente proceso de ejecución prendaria. Para ejecutar el valor del bien al momento del pago debió ocurrir a un proceso de conocimiento.
La convención que emerge del contrato de adhesión suscripto no constituye un valladar, puesto que deben tenerse por no convenidas las cláusulas de un contrato de adhesión que importen renuncia o limitación de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte (CSN, 11/6/2019, “Recurso de hecho deducido por la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa HSBC Bank Argentina S.A. c/Martínez, Ramón Vicente s/Secuestro Prendario”), lo cual se condice con la especial protección que le confiere el art. 42 de la Constitución Nacional.
En suma, al confeccionar el certificado de deuda se cuantifica en dinero la deuda y el proceso ejecutivo (art. 772 "in fine", C.C.C.N., ley de prenda y 518 y cctes. C.P.C.C.).
Conforme el certificado de deuda de fs. 10 se adeuda la suma de $272.454,96, en concepto de 7 cuotas de $3.892,28, con más intereses moratorios pactados que ascienden a $16.473 y respecto los gastos: administrativos que ascienden a 3295,44 y cargos por admisión y diferimiento de cuota $1.855,98.
II.5. Atento lo solicitado por el Fiscal pasaremos a tratar si la ejecución debe incluir los gastos administrativos y los intereses pactados.
Estimo que se trata de una relación de consumo (arts. 1, 2, 3 y 65, ley 24.240), pues el deudor es una persona física que adquiere el bien para su uso particular (ver fs. 12) y no se ha demostrado lo contrario (art. 53, ley 24.240 y 375, C.P.C.C.).
La cuestión sujeta a debate vuelve sobre la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, con preceptos de orden público destinados a resguardar el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio de la parte que el legislador ha considerado "débil" en la contratación (arts. 14, 18 y 42 de la Constitución Nacional, 15 y 38 de la bonaerense, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 1, 2 y 65, ley 24.240; arts. 1092 y sgtes. del C.C.C.N.), frente a la legislación que regula la ejecución prendaria (Dec. ley 15.348/46; 542, C.P.C.C.), que establece límites al análisis interno (v.gr. causal) del título en aras de la tutela del crédito.
El CCC pese a regular los contratos de consumo en los arts. 1092/1122 y el contrato de prenda en los arts. 2219 y siguientes, no modificó las disposiciones de la ley especial (dec. ley 15.348/46), sino que remite a ella (art. 2220), por lo que la armonización de ambos regímenes quedó librada a la interpretación judicial, que se debe realizar de modo coherente con todo el ordenamiento (art. 2 CCC).
La SCBA ya se ha pronunciado en la causa "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo", señalando que es necesario realizar un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC; las disposiciones reguladoras del pagaré -dec. ley 5.965/63- (lo cual es aplicable en el presente caso) y las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), pues la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC.
De esta manera, el régimen legal aplicable a los títulos ejecutivos, las normas procesales sobre ejecución y las de protección del consumidor, deben ser aplicadas armónicamente, de modo coherente con todo el ordenamiento (art. 2, C.C.C.N.). Aplicar las normas del rito y del título de crédito ciegamente, sin atender a las normas superiores de orden público protectorias de los sectores vulnerables o -cuanto menos- las relativas al abuso del derecho, implicaría persistir en el quebrantamiento de preceptos que han sido incorporados a partir de la reforma constitucional de 1994. Señaló la SCBA en ese precedente que la Cámara de Apelación valoró que merced a la integración de ambos documentos se cumplía con el art. 36 de la LDC. Por tal motivo desglosó del reclamo el monto del capital que surgía de dicho contrato y supeditó el pronunciamiento acerca de los intereses -rubro susceptible de revisión en caso de abuso o desproporción, art. 771, Código Civil y Comercial- para la oportunidad del dictado de la sentencia, y que ese modo de obrar, no contraviene los parámetros interpretativos antes mencionados" (C. 121.684, "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo", s. 14/8/19).
En ese mismo sentido la CSJN ha indicado que debe darse preeminencia a las normas de protección del consumidor por sobre las leyes especiales cuando dijo que en una relación de consumo no corresponde ordenar el secuestro del bien sin dar oportunidad al deudor de ser oído en forma previa, pues podría colocarlo en una situación que no se condice con la especial protección que le confiere el artículo 42 de la Constitución Nacional (CSJN, 11/6/19, "Recurso de hecho deducido por la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa HSBC Bank Argentina S.A. c/ Martínez, Ramón Vicente s/ secuestro prendario").
Agregó en el caso citado que es arbitraria la sentencia que omite estudiar fundadamente la naturaleza de la convención que habilitó el sistema especial que dió lugar al secuestro, instrumentada mediante un contrato de adhesión, por medio de un texto conformado por cláusulas propuestas por el acreedor. "En efecto, la cámara se limitó a mencionar que el sistema especial que habilita el secuestro tuvo origen en una convención celebrada entre las partes y ello -en tanto válida formulación del consentimiento- despejaba cualquier violación al derecho de defensa del consumidor. Tal afirmación carece de fundamento o -si lo tiene- resulta solo aparente, si se repara en que la especial naturaleza del contrato celebrado (por adhesión o mediante cláusulas predispuestas) y la seriedad argumentativa de las cuestiones introducidas por el Ministerio Público Fiscal exigían especial y detenido análisis por parte del tribunal a quo" (fallo citado).
Entonces, en este proceso ejecutivo, como en la jurisprudencia citada sobre otros títulos ejecutivos en relaciones de consumo, si el juez manda a llevar adelante la ejecución por el capital y una suma de intereses morigerada, no excedió sus facultades, sino que efectuó una adecuada interpretación armónica de las normas de derecho del consumidor (ley 24240) y las normas del proceso ejecutivo (518 y ccd. CPCC), bajo las directivas de la Constitución Nacional y Provincial.
Por ende, corresponde mandar a llevar adelante la ejecución por el monto de las cuotas adeudadas (valor al momento del certificado) más los intereses moratorios y punitorios pactados, siempre que no sean abusivos (esta Sala, "CREDIL SRL C/ ZARATE WALTER ARIEL S/ COBRO EJECUTIVO", c. 125526,18/7/19; arts. 10, 771 y 794, CCC).
II.6. Pasaremos entonces a verificar de oficio si los intereses incluídos en el certificado son abusivos. El contrato de prenda señala que se pactan como punitorios los la tasa pasiva del Banco Nación Argentina (cláusula 5° Continuación del contrato de prenda), lo cual aparece como razonable. El certificado señala que se adeuda un capital de $3.892,28 y de intereses $16.473 un 423,22% del monto de la deuda) -desde 10/12/16 al 28/8/18-, cuando conforme el aplicativo SCBA la aplicación de esa tasa arroja la suma de $5.047,66 .
El artículo 771 C.C.C. autoriza a los jueces a reducir los intereses o la capitalización de los intereses cuando el resultado que provoque excede desproporcionadamente el costo medio del dinero.
En el presente caso, y ante el agravio sobre los intereses determinados por la juez de grado, cabe señalar que el monto que incluyó el ejecutante en concepto de intereses no se corresponde con la tasa pactada en el contrato de prenda y que no es posible permitir integrar el título con otros intereses, seguramente pactados en un contrato que no se ha acompañado, ya que ello importaría traer elementos que no se pueden comprobar y permitir una conducta abusiva en perjuicio del consumidor.
Por ende, propongo que la ejecución ha de prosperar por $27.245,96 resultante de multiplicar el valor de la cuota conforme el precio del vehículo al momento de promover la demanda ($3.892,28) por la cantidad de cuotas adeudadas (7). A esas sumas de adicionará la tasa de interés pactada en el contrato de prenda, la tasa pasiva del Banco Nación Argentina (cláusula 5° Continuación del contrato de prenda) desde la mora al efectivo pago.
III. Respecto de los gastos incluidos en el título, el contrato señala que la suma adeudada será el número de cuotas pendiente (sesenteava parte del precio del vehículo) más los cargos por administración que representan un ...% del precio. No se ha llenado el blanco por lo cual no es procedente incluir su pago en el título ejecutivo (cláusula 3 determinación del monto adeudado).
Tampoco corresponde incluir en el certificado “cargos administrativos vencidos” y “débito por cargos vencidos (admisión y diferimiento de cuota)”, conceptos ajenos al contrato de prenda que se está ejecutando.
IV. Por otra parte ha de prosperar el agravio dirigido al IVA sobre intereses puesto siendo un impuesto legal (ver Dec. 280/97 que aprueba el t.o. de la ley 23.349), cabe aplicarlo si se da el supuesto de hecho del impuesto, lo cual debió ser incluido en la sentencia, sin perjuicio de que en caso de omisión puede ser considerado al momento de la liquidación.
V. Propongo que las costas del recurso sean impuestas por su orden por ser causado el agravio de oficio (arg. arts. 68, 163, 164, 384, 518, 542 inc. 4, 556, 593, 594 y 598, C.P.C.C.).
Consecuentemente, voto POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la NEGATIVA. .
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, revocar parcialmente la resolución recurrida, y determinar que el monto a ejecutar es $27.245,96 resultante de multiplicar el valor de la cuota conforme el precio del vehículo al momento de promover la demanda ($3.892,28) por la cantidad de cuotas adeudadas (7). A esas sumas de adicionará la tasa de interés moratorio pactada, tasa pasiva del Banco Nación Argentina (cláusula 5° Continuación del contrato de prenda), desde la mora al efectivo pago. Asimismo se adicionará el IVA correspondiente a los intereses adeudados. Se confirma lo demás que fuera motivo de agravios. Costas del recurso por su orden por ser causado el agravio de oficio (arg. arts. 68, 163, 164, 384, 518, 542 inc. 4, 556, 593, 594, 598, C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos revocar parcialmente la resolución recurrida, y determinar que el monto a ejecutar es $27.245,96 resultante de multiplicar el valor de la cuota conforme el precio del vehículo al momento de promover la demanda ($3.892,28) por la cantidad de cuotas adeudadas (7). A esas sumas de adicionará la tasa de interés moratorio pactado, la tasa pasiva del Banco Nación Argentina (cláusula 5° Continuación del contrato de prenda) desde la mora al efectivo pago. Asimismo, se adicionará el IVA correspondiente a los intereses adeudados. Se confirma lo demás que fuera motivo de agravios. Costas del recurso por su orden por ser causado el agravio de oficio (arg. arts. 68, 163, 164, 384, 518, 542 inc. 4, 556, 593, 594, 598, C.P.C.C.). REG. NOT. y DEV.
Fin de la sentencia