Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la Acción Contencioso Administrativa promovida por Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados contra el Ministerio de Industria, Comercio, Empleo de la Provincia de Catamarca.
2Imponer las costas a la parte actora que resulta vencida.
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: CINCO
San Fernando del Valle de Catamarca, 24 de septiembre de 2026
Estos autos Corte N° 055/2023 "VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS -c/ MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO DE LA PCIA. DE CATAMARCA s/ Acción Contencioso Administrativa", en los que a fs.88 tiene lugar la Audiencia que prescribe el art. 39 del Código Contencioso Administrativo, obrando a fs. 89/96, Dictamen N° 050/2026, llamándose autos para Sentencia a fs. 97.
En este estado el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
1)¿Es procedente la Acción Contencioso Administrativa promovida?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde?.
2. Costas.
Practicado el sorteo conforme al Acta obrante a fs. 98 dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. FABIANA EDITH GÓMEZ, JOSÉ RICARDO CÁCERES, MARIA FERNANDA ROSALES ANDREOTTI, CARLOS MIGUEL FIGUEROA VICARIO, RITA VERÓNICA SALDAÑO, NÉSTOR HERNÁN MARTEL y JORGE RAFAEL BRACAMONTE.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Gómez dijo:
I. Que, la sociedad comercial Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados, a través de apoderado, interpone acción contencioso administrativa y recurso de anulación e ilegitimidad en contra de la Resolución Ministerial I.C.y E. Nº 119/2023 -27/04/2023-, del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo de la Provincia de Catamarca-, y, sus antecedentes, Disposición DPDC Nº 75 -30/03/2022- y Disposición DPDC Nº 21/2021 -10/03/2021-, dictadas por la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor de Catamarca, mediante las cuales se resolvió y, posteriormente, confirmó, imponerle una sanción de multa por la suma de pesos doscientos mil ($200.000), declarándola infractora a los deberes impuestos por los artículos 4 y 19 de la Ley Nº 24240.
Justifica los recaudos de admisibilidad de la acción.
Relata, como “antecedentes relevantes”, que la señora Andrea Centurión, luego de haber cancelado las cuotas de su plan de ahorro - identificado bajo el grupo y orden 3723-128-, por la suma de pesos doscientos cuarenta y seis mil ochenta y siete ($246.087), efectuó una denuncia en su contra, por presunto incumplimiento en sus obligaciones, con fundamento en que su intención era realizar la cancelación anticipada total, con fecha 23/08/18, por la suma de pesos doscientos nueve mil cuatrocientos diez con veintiséis ctvos. ($209.410,26), conforme detalle de deuda informado, pero no pudo hacerlo, porque el concesionario -Autovía SA- “no tenía sistema” para imprimir el cupón de pago correspondiente.
Que, continúa el relato de los hechos denunciados, por la Sra. Centurión, manifestando que el concesionario le informó, con fecha 11/09/18, que la suma de la deuda ascendía a pesos doscientos cuarenta y seis mil sesenta y cinco con trece ctvos. ($246.065,13), sosteniendo que hubo un aumento considerable en el transcurso de 18 días y que, con fecha 13/09/2018, recién se le emitió el cupón de pago por la suma de pesos doscientos cuarenta y seis mil ochenta y siete ($246.087) que abonó el 14/09/26.
Que, alega, la parte actora, contradicción en el relato de la denunciante, en razón que si la concesionaria no contaba con sistema el día que concurrió -23/08/18- tampoco podía informarle el monto actualizado al que ascendía la deuda. Asimismo, que desde el día 11/09 al 13/09, se vio reflejado un aumento de solo $22, esto es $11 por día.
CORTE Nº 055/2023 Que, la Sra. Centurión abonó la suma correspondiente para cancelar su plan el día 14/09/18 en el Banco Nación, y, alegó, en su denuncia, que el 20/09/18 recibió el cupón de la cuota nº 28, por el monto de pesos nueve mil seiscientos noventa y dos con noventa y nueve ctvos ($9.692,99), y que, por ese motivo, efectuó el reclamo, ante la Dirección de Defensa del Consumidor, solicitando el reintegro de la cuota nº 27 ($8.608), la diferencia de pesos treinta y seis mil seiscientos setenta y seis con setenta y cuatro ctvos. ($36.676,74) -por el monto abonado el día 14/09 y el informado, por el concesionario, con fecha 23/08-, la explicación de los rubros cobrados, el reintegro sobre el impuesto a las transferencias financieras (ITF) y una explicación sobre la emisión del cupón de la cuota nº28.
Expresa, respecto a los fundamentos de la presente acción, que se agravia por la errónea decisión de la Dirección de Defensa del Consumidor de multarlo, por infracción a los arts. 4 y 19 de la Ley Nº 24240, por la falta de fundamentación en la graduación de la sanción impuesta y arbitrariedad. Asimismo, se agravia, respecto a la Resolución Ministerial, que resolvió el recurso jerárquico, sin nuevos argumentos ni contestar los vertidos por su parte.
Alega la inexistencia de infracción al art. 4 de la Ley Nº 24240, en razón a que, la Sra. Centurión, contó con la entrega de la documentación, con un vendedor que le brindó la explicación de la contratación, línea telefónica gratuita y un servicio de posventa disponible en todo el país.
Que, considera, la información brindada fue más que suficiente, y, si necesitaba más información, podría haberse contactado a través de los medios puestos a su disposición.
Señala que, la denunciante, manifestó la voluntad de hacer uso del art. 10 de las Condiciones Generales, lo que da cuenta que se encontraba bien informada de las condiciones de contratación, de sus derechos y obligaciones. Que, la imposibilidad de haber brindado el cupón de pago por parte de la concesionaria, por carecer de sistema, no significa que haya habido una falta de información, resumiéndose en una dificultad técnica y fáctica.
Que, todo consumidor tiene disponible el 0 800, correo electrónico y página web para comunicarse, consultar y evacuar posibles dudas. Por lo expuesto, considera que se brindó a la denunciante información detallada, veraz y cierta sobre el vehículo adquirido, clara y gratuita, solicitando se deje sin efecto la imputación realizada por carecer de motivación y no aplicarse al caso concreto.
Invoca la inexistencia de la infracción al artículo 19 de la Ley Nº 24240, por considerar, que de la resolución atacada no queda claro de qué manera su conducta ha violado el contenido de la norma.
Insiste, que el importe, correspondiente al saldo cancelatorio, se determinó conforme lo establecido por el contrato y que la cuota mensual se encuentra especificada en la solicitud de adhesión y publicada en la página web de auto ahorro Volkswagen. En relación a los gastos de entrega de la unidad, los mismos se encuentran determinados en un anexo adjunto al contrato y los gastos de patentamiento son determinados por el concesionario interviniente.
Que, expresa, la Sra. Centurión tuvo la voluntad de cancelar anticipadamente su plan, según lo facultado en los arts. 4 y 10 de las Condiciones Generales, y así lo hizo. Alega, que la concesionaria no haya podido brindar el cupón de pago por una complicación técnica el día que fue requerido, y lo haya emitido 18 días después, no puede significar un incumplimiento contractual, toda vez que por un caso fortuito excusable no se pudo cumplir con la pretensión en el momento solicitado, resultando ilógico y arbitrario.
Manifiesta que de los antecedentes surge que Volkswagen Ahorro cumplió en todo momento con sus obligaciones contractuales, poniendo a CORTE Nº 055/2023
disposición del adherente todos los medios y herramientas necesarias para proceder a la cancelación anticipada, solicitando se deje sin efecto la sanción impuesta por infracción al art. 19 de la Ley Nº 24240.
Por último, se agravia que la Resolución Ministerial -que impugna- y sus antecedentes, exponen vagamente los fundamentos en los cuales se basaron para imponer una multa por la suma de pesos doscientos mil ($200.000), incumpliendo los paramentos del art. 49 de la ley citada, lo que constituye una violación al principio constitucional del debido proceso.
Ofrece prueba documental e informativa y hace reserva del caso federal.
Que, previa vista -fs.46- al Procurador General de la Corte, se dictó Sentencia Interlocutoria Nº 79/2023 que resolvió declarar la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en la presente causa y declarar formalmente admisible la demanda promovida.
Que, a fs. 63, se tiene por extemporánea la contestación de demandada por parte del estado provincial.
A fs. 65 se integra la Corte de Justicia con la asunción del Dr. Jorge Rafael Bracamonte.
Mediante proveído de fs. 68 se abre la causa a prueba y a fs. 74 se tiene por clausurado el periodo probatorio.
A fs. 80/82 obran alegatos de la parte actora y a fs. 83/87vta. de la parte demandada.
Corrida la vista al Ministerio Público, obra -a fs. 89/96- dictamen nº 050/2026, mediante el cual propicia el rechazo de la acción.
Llamándose autos para sentencia a fs. 97 y, a fs.98, acta de sorteo, resultando desinsaculada, la suscripta, en primer término, para estudio y votación.- -
II. Previo a ingresar al análisis de fondo de la cuestión traída a resolver, corresponde ratificar lo resuelto, prima facie, mediante Sentencia Interlocutoria Nº 79 -29/08/2023, respecto al correcto agotamiento de la vía administrativa, exigencia constitucional para habilitar la competencia revisora de esta Corte de Justicia. Ello en consideración a la Resolución dictada, como autoridad de última instancia por el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo I.C. y E. Nº 119/2023, atacada, conforme notificación del acto administrativo impugnado -fs. 14/16- y el cargo obrante a fs. 43 vta.
III. Que, a través de la presente acción, se pretende dejar sin efecto un acto administrativo -y los actos posteriores que ratifican al primero- que resuelve la aplicación de una sanción -multa- a la parte actora, en el marco de una relación de consumo, en un procedimiento administrativo -identificado como expediente Letra “C” Nº 3575/2019 -trámite Nº 867/2018 -Centurión, Andrea Melani c/ “Autovía SA y Volkswagen SA de ahorro para fines determinados s/ presunta infracción a la ley n 24.240”- el cual, por su naturaleza, reviste características propias.
Que, en dicho contexto, cabe recordar que las prestadoras de servicios tienen deberes legales indisponibles de conducta respecto al consumidor. Ello, en razón a la desigualdad estructural entre las partes, origen del régimen tuitivo constitucional -art. 42 CN-, siendo de aplicación, a estas relaciones, la Ley Nº 24240, por la adhesión de la Ley Provincial Nº 5069 -decreto nº361-, Código Civil y Comercial de la Nación, y, por conforme expresamente estipula el art. 45 de la Ley Nº 24240, por analogía, el Código de Procedimiento Administrativo y, en lo que este último no contemple, el Código de Procedimiento Civil y Comercial.
La CSJN ha dicho que “La norma contenida en el art. 42 de la Constitución Nacional revela la especial protección que el constituyente decidió otorgar a los usuarios y consumidores en razón de ser sujetos particularmente vulnerables y este principio protectorio juega un rol fundamental en el marco de los CORTE Nº 055/2023 contratos de consumo donde el consumidor se encuentra en una posición de subordinación estructural” (340:172).
Cabe aclarar, que, si bien, la contestación de demanda fue desglosada por ser declarada extemporánea, la parte demandada, tomó participación, como parte, en la causa y participó de los posteriores actos procesales.
Que, como prueba instrumental obra, en secretaria, un pen drive, el que tengo a la vista, donde se encuentra la totalidad del expediente administrativo tramitado en sede de la Dirección de Defensa del Consumidor como en la sede jerárquica- Ministerio de Industria y Comercio- donde se resolvió la vía recursiva impetrada por la ocurrente (fs. 73).
Respecto a la prueba de los hechos denunciados, sostiene GARCÍA DE ENTERRÍA, la presunción de legalidad de los actos administrativos en especial los de naturaleza sancionatoria- no implica un desplazamiento de la carga de la prueba que normalmente corresponde a la Administración. (...) Sin embargo, aquel principio general sobre la carga de la prueba en el campo de las relaciones de consumo puede llegar a presentar características especiales cuando se trata de investigar una denuncia formulada por un consumidor o una asociación. Ello así, en la medida en que el art. 53 de la LDC dispone que los proveedores y prestadores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder y prestar colaboración para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio, obligación que, por aplicación de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, resulta extensible al procedimiento administrativo sancionador en el ámbito de las relaciones de consumo (Federico Marengo, Sanciones administrativas en las relaciones de consumo, Astrea, 2019, págs. 113/114).
A modo de síntesis, la parte actora, alega en la demanda instaurada, específicamente, en el relato de los “antecedentes relevantes”, por un lado, que el acto impugnado, posee vicios en la “causa” (por no ser claros los hechos ni ajustarse a la verdad) y “motivación” (por basarse en meras manifestaciones de la denunciante) -fs. 4-. Por el otro, invoca la inexistencia de infracción endilgada a los arts. 4 y 19 de la Ley Nº 24240 y falta de motivación en la graduación de la multa impuesta.
Dicho ello, corresponde recordar que la “causa” en el acto administrativo sancionador, no dista de la definición dada para cualquier acto administrativo, es decir, refiere a las circunstancias de hecho y de derecho que motivan la emisión del mismo.
Así “… la causa aparece como el "por qué" del acto, la razón o circunstancia que justifica en cada caso su dictado. De tal modo que la comprobación de la causa consistirá en la constatación o apreciación de un hecho o de un estado de hecho” (Federico Marengo, Sanciones administrativas en las relaciones de consumo, Astrea, 2019, pág. 125).
En lo que refiere a la motivación, la Corte IDH ha señalado que "es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión” y que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían arbitrarias. En este sentido, consideró que la argumentación de ciertos actos administrativos debe permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en los que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad” (misma obra y autor, pág. 130).
Ello así, encuentro una serie de contradicciones en los fundamentos desarrollados, por la parte actora, en contra el acto sancionatorio -y los confirmatorios-, como, asimismo, en su planteo defensivo, previo al dictado de los mismos, en el marco del procedimiento administrativo, donde ejerció, oportunamente, su derecho de defensa.
CORTE Nº 055/2023 Digo ello, en razón a que uno de los fundamentos centrales de la parte actora, durante el procedimiento administrativo y judicial, es la supuesta contradicción en los hechos, denunciados por la Sra. Centurión -consumidora- acontecidos el día 23/08/18, cuando compareció a la concesionaria para efectuar el pago total de su plan de ahorro, le informaron el monto al que ascendía la deuda y, por falta de sistema para imprimir el cupón de pago correspondiente, no pudo efectuarlo, entre otras cuestiones denunciadas a las que me remito para no alongar innecesariamente el presente voto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sin embargo, justifica, la parte actora, en sede administrativa, el cumplimento de sus deberes como parte en la relación contractual, expresando, por un lado, que si el concesionario no tenía sistema para imprimir el cupón de pago tampoco tenía posibilidad de informar el monto actualizado de la deuda, y, por el otro, que “… si sabía el monto que debía para cancelar, podría haberlo hecho con un cupón completándolo a mano (…)” -fs. 45 del descargo en sede administrativa-.
Dicha circunstancia, introducida por la empresa, fue analizada, por los actos atacados, justificando el porqué de la configuración de la infracción al deber de informar como también la obligación de respetar los términos y condiciones pactadas, focalizando el análisis en los propios descargos de las empresas denunciadas, prueba producida y a la posibilidad de la cancelación anticipada de la deuda, por parte de la consumidora de manera manual, desconocida por ella, aún ante la falta de sistema para la impresión del correspondiente cupón de pago.
Que, de los considerandos expuestos en la Disposición DPDC Nº 21/2021 surge: “Por todo ello, se puede decir con seguridad que si lo que pretendió hacer Volkswagen S.A. es informar a la reclamante lo que debiera haber hecho ante esta vicisitud, lo que ha realizado es lisa y llanamente la confesión implícita de que ninguna de las sindicadas cumplimentaron su obligación de informar en debida forma lo que debiera haber hecho para la cancelación en la oportunidad en que debía hacerlo, suministrando ex post facto los datos necesarios exigidos en lo que hace a la órbita de actuación de Volkswagen S.A., con el agravante de que en los descargos que pronuncian ambas no pueden acreditar ni con el contrato ni con documentación respaldatoria o medida probatoria alguna, estos extremos”.
A su turno, la Resolución Ministerial Nº 119/2023, estableció que: “… de las consideraciones vertidas, y la postura exteriorizada de AUTOVÍA S.A., se puede concluir que la noción introducida por la administradora de la posibilidad del Pago mediante la confección de un documento llenado a mano no está contemplada en el Contrato suscripto y tampoco surge del tenor de los Artículos 4º y 10° que contemplan la forma de Pago y específicamente la Cancelación anticipada total. Tampoco se lo infiere de las testimoniales agregadas a la causa. Se reitera, la carga de informar en debida forma esta posibilidad de Pago formaba parte de la esfera de actuación de los Proveedores en todo el íter de la relación con la Consumidora, debiendo hacerlo con la buena fe que se le impone en su condición de proveedor profesional de bienes y servicios. Por todo ello, se puede decir con seguridad que si lo que pretendió hacer VOLKSWAGEN S.A. es informar a la reclamante lo que debiera haber hecho, ha realizado con ello una confesión implícita de no haber informado en debida forma los actos necesarios para la cancelación en la oportunidad querida, suministrando ex post facto los datos necesarios. Demás está decir que, no se acompañan medios probatorios indubitables y concluyentes para acreditar estos extremos”.
Tampoco, la parte actora, refuta que, conforme la documental acompañada en sede administrativa, el 11/09/18, la Sra. Centurión, les envió sendas cartas documento (fs. 30/31 del expte. adm.) a la concesionaria y a la ocurrente, poniendo en conocimiento los hechos, posteriormente, denunciados, y que, ante la CORTE Nº 055/2023
falta de respuesta, se apersonó, nuevamente, a la concesionaria donde, finalmente, le imprimieron el cupón de pago -fecha de emisión 13/09/2018-, y efectuó el mismo el día 14/09/2018 en el Banco Nación (fs. 13 del expte. adm.).
Que, “La Constitución Nacional consagra expresamente el derecho de los consumidores a una información adecuada y veraz y a la protección de sus intereses económicos (arts. 42, CN); y el deber de informar de los proveedores es más acentuado en las relaciones de consumo e implica proveer los datos suficientes para evitar que la otra parte incurra en error o no pueda ejercer sus derechos” (344:791).
Ha dicho la jurisprudencia que "el derecho de información que el art. 42 de la Constitución Nacional reconoce al consumidor encuentra su correlato en el deber impuesto por la Ley de Defensa del Consumidor 24240 a los proveedores de bienes y servicios. La finalidad perseguida por el art. 4º de la ley 24240 consiste en buscar la voluntad real, consciente e informada del usuario respecto de las ventajas y desventajas de los servicios que contratan y encuentra su razón de ser en la necesidad de suministrar a aquél conocimientos de los cuales legítimamente carece, con la finalidad de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto del bien o servicio que pretende contratar (…)" (cita nº 42 “CNFed.CAdm., sala II, 4-11-97, "Diners Club Argentina SA c/Secretaría de Comercio e Inversiones", R. C. y S. 1999-491, E. D. 177-176” del CPCyCN comentado, Ricardo Luis Lorenzetti, T. VI, Rubinzal- Culzoni, 2015, pág. 255), no solo en la etapa precontractual sino también en la ejecución del contrato.
Que lo hasta aquí expuesto, me lleva a concluir que los agravios intentados por la parte actora de manera genérica y desvinculada de las razones en que se fundan los actos atacados, son improcedentes, tratándose de una mera disconformidad con los resuelto en sede administrativa.
Por último, en relación al planteo efectuado sobre la falta de fundamentación de la graduación de la multa impuesta, el acto impugnado -Disposición Nº 21/2021 y 75/2022, y luego, su confirmación a través de la Resolución Ministerial I.C.y E. Nº 119/2023-, consigna, a los fines de la cuantificación, el perjuicio económico que le significó a la denunciante los hechos acontecidos y la posición de las empresas en el mercado, y, previo a resolver, se encuentra incorporado al expediente administrativo los antecedentes de sanciones previas del registro de infractores -fs.117 expte. adm.-, no habiendo acreditado, la ocurrente, la arbitrariedad que invoca, siendo dicha cuestión, en principio, ajena a revisión en esta instancia judicial.
Que, comparto lo dicho, por la doctrina y jurisprudencia, respecto a que por regla “…la apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenecen al ámbito de las facultades discrecionales de la autoridad de aplicación, en ejercicio de las cuales esta no debe ser sustituida por los jueces, a quienes solo cabe revisarlas en caso de irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta. Ello así, pues la función judicial no puede reemplazar la acción de otros poderes, ni asumir sus responsabilidades o sustituirlos en las facultades que a ellos les conciernen. Es decir, la determinación y graduación de las sanciones es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que solo cede ante supuestos de arbitrariedad o desproporción manifiesta en su imposición" (Federico Marengo, Sanciones administrativas en las relaciones de consumo, Astrea, 2019, pág. 138), lo que no se encuentra configurado en autos.
En un mismo sentido, se ha resuelto que “La apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de sanciones pertenecen al ámbito de la administración, cuyo ejercicio no debe ser sustituido por los jueces, a quienes solo les cabe revisarlas en caso de irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta” (CNACAF, sala III, 16/6/00 “Círculo de Inversores SA c. Secretaria de comercio e CORTE Nº 055/2023 inversiones, LL, 2000-F-641).
En conclusión, la Resolución Ministerial I.C. y E Nº 119/2023 -27/04/2023- dictada por el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo de la Provincia de Catamarca que resuelve confirmar la disposición DPDC nº 75 -30/03/2022- y Disposición DPDC Nº 21 -10/03/2021-, dictadas por la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor de Catamarca-, cumplen acabadamente con los recaudos esenciales de los actos administrativos, relacionando los hechos denunciados, con los descargos de las empresas denunciadas, las pruebas producidas en sede administrativa y especificando la normativa aplicable, no habiendo acreditado, la parte actora, la arbitrariedad o irrazonabilidad endilgada a los mismos, proponiendo, en consecuencia, el rechazo de la acción entablada.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:
Adhiero a las conclusiones expuestas por la Sra. Ministra Dra. Gómez, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Rosales Andreotti dijo:
Adhiero a las conclusiones expuestas por la Sra. Ministra Dra. Gómez, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Figueroa Vicario dijo:
Adhiero a las conclusiones expuestas por la Sra. Ministra Dra. Gómez, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Saldaño dijo:
Adhiero a las conclusiones expuestas por la Sra. Ministra Dra. Gómez, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Martel dijo:
Adhiero a las conclusiones expuestas por la Sra. Ministra Dra. Gómez, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Bracamonte dijo:
Adhiero a las conclusiones expuestas por la Sra. Ministra Dra. Gómez, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Gómez dijo:
Costas a la vencida. Así voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:
Que conforme el modo de resolución de la cuestión planteada, una vez más adhiero al voto de la Dra. Gómez votando en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Rosales Andreotti dijo:
Que conforme el modo de resolución de la cuestión planteada, una vez más adhiero al voto de la Dra. Gómez votando en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Figueroa Vicario dijo:
Que conforme el modo de resolución de la cuestión planteada, una vez más adhiero al voto de la Dra. Gómez votando en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Saldaño dijo:
Que conforme el modo de resolución de la cuestión planteada, una CORTE Nº 055/2023
vez más adhiero al voto de la Dra. Gómez votando en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Martel dijo:
Que conforme el modo de resolución de la cuestión planteada, una vez más adhiero al voto de la Dra. Gómez votando en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Bracamonte dijo:
Que conforme el modo de resolución de la cuestión planteada, una vez más adhiero al voto de la Dra. Gómez votando en el mismo sentido.- - - - - - - - - Con lo que se dio por terminado el Acto, quedando acordada la siguiente Sentencia, doy fe.
Fdo.: Dres. Néstor Hernán Martel (Presidente), Fabiana Edith Gómez (Ministra), Rita Verónica Saldaño (Ministra), Jorge Rafael Bracamonte (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro), Maria Fernanda Rosales Andreotti (Ministra), Carlos Miguel Figueroa Vicario (Ministro), Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia).-
San Fernando del Valle de Catamarca, 24 de septiembre de 2026.-
El Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos,
LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
1. Rechazar la Acción Contencioso Administrativa promovida por Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados contra el Ministerio de Industria, Comercio, Empleo de la Provincia de Catamarca.
2. Imponer las costas a la parte actora que resulta vencida.
3. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
4. Protocolícese, notifíquese, y oportunamente archívense.
Fdo.: Dres. Néstor Hernán Martel (Presidente), Fabiana Edith Gómez (Ministra), Rita Verónica Saldaño (Ministra), Jorge Rafael Bracamonte (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro), Maria Fernanda Rosales Andreotti (Ministra), Carlos Miguel Figueroa Vicario (Ministro), Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia).-
Fin de la sentencia