Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 38.067-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora, sin costas, atento al tratamiento integrativo con el fondo de la causa.
2Confirmar parcialmente el artículo 1° de la Resolución DE PRLA N° 5631/2016 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 17/11/2016, en la actuación SIGEA N° 12210-5189-2010, la cual condena a la actora al pago de una multa la que se reduce a la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 52 CVOS. ($ 5.466,52), por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido parte de la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 05073TG000057G. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 4 % a cargo de la actora y en un 96 % a cargo del Fisco.
3Confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución DE PRLA N° 5631/2016, declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES MIL SESICIENTOS VEINTIOCHO CON 21/100 CVOS. (U$S 1.628,21), suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 11 % a cargo de la actora y en un 89 % a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-70262004-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 30 de Junio de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 38.067-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 5631/2016 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 17/11/2016, en la actuación SIGEA N° 12210- 5189-2010, en cuanto resuelve condenar a la actora al pago de una multa equivalente a $ 141.470,04 y formularle cargo en concepto de tributos adeudados por U$S 9.192,36 y $ 16.229,06 atento a encontrarla responsable de la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 05073TG000057G, con vencimiento el 21/06/2006.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 12/20 se presenta VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución indicada. Inicialmente, esgrime que el auto de apertura es nulo, por poseer vicios en elementos esenciales, como la causa y la motivación. Agrega que, como consecuencia, operó la prescripción de las acciones en cabeza del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos. Cita jurisprudencia. Relata que los deberes impuestos por el régimen de admisión temporal fueron cabalmente cumplidos, mediante los permisos de embarque Nros. 05017EG03002404X, 05017EG03002411G, 05017EG03002427N, 05017EG03002443L, 05017EG03002446Y, 05017EG03002444M y 05017EG03002428Y. Puntualiza que la condena recae en que no fue aportado el CTC definitivo, pero que el servicio aduanero omitió considerar que en fecha 15/02/2002, solicitó la emisión del CTC sin obtener una respuesta. Cuestiona la liquidación tributaria en lo que atañe a la inclusión del IVA adicional y al Impuesto a las Ganancias. Se agravia de la graduación de la pena, ya que la totalidad de las resoluciones citadas como antecedentes adquirieron firmeza con posterioridad a la fecha de la comisión de la infracción. Finalmente, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 35/40 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de efectuar un relato de los hechos de la causa, formula una negativa genérica. Se opone a las nulidades opuestas por la recurrente, por resultar improcedente declarar la nulidad por la nulidad misma. Se expide en relación al régimen de importación temporal, a la carga de la prueba y a las obligaciones que pesan sobre el beneficiario de aquel. Manifiesta que el CTC es un documento esencial para acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen legal. Cita jurisprudencia. Explica que los incumplimientos verificados habilitan al servicio aduanero a reclamar el pago de la multa y los tributos, por encontrarse incursa en la infracción del art. 970 del C.A. Ratifica la graduación de la multa, por la existencia de antecedentes que resultan computables. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-5189-2010 se inician a fs. 1/3 con la denuncia N° 217/10. A fs. 4 se incluye el sobre contenedor de la DIT. A fs. 6/7 se efectúan el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 12 se instruye sumario, en fecha 21/11/2011. A fs. 14/15 se encuentra la póliza afectada a la operación. A fs. 16 se formula liquidación de multa y tributos. A fs. 17 y vta. se corre vista de lo actuado, en fecha 13/04/2016, notificada a fs. 108, en fecha 28/04/2016. A fs. 24/28 y 29/105 se presentan la actora y la aseguradora y contestan vista. A fs. 110/117 obran constancias del Registro de Infractores. A fs. 118/119 se emite la resolución apelada, notificada a fs. 120. A fs. 121/122 la actora da cuenta del recurso interpuesto y acompaña formulario F4.
V. Que a fs. 48, en fecha 10/05/2019, se declaró la causa como de puro derecho. En fecha 29/05/2025 se elevaron los autos a la Sala “G” (PV-2025-57837581-APN-VOCXXI#TFN). Por IF-2025-58264082-APN-VOCXXI#TFN, en fecha 30/05/2025, pasaron a sentencia.
VI. Que preliminarmente, corresponde tratar las excepciones de nulidad del auto de apertura y prescripción opuestas por la actora (punto V del escrito de apelación), ya que de la primera deriva razonablemente la segunda.
Que a esos fines cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, de la compulsa del auto de apertura de sumario de fecha 21/11/2011 se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye. Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al auto de apertura, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería -fs. 6-y a fs. 7 obra la liquidación de tributos.
Que, por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 21/06/2006 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2007. Teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto y dado que el auto de apertura es apto para generar los efectos que la legislación le atribuye, el planteo prescriptivo no puede prosperar.
Que, por lo expuesto, corresponde rechazar ambas excepciones, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo.
VII. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba. Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VIII. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.”
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país.(…)”.
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E. Que, en relación a la solicitud de CTC adjunta en autos N° S01 0148838/02 (fs. 36/39 de las act. adm.) será considerada a los fines de la descarga, ya que fue presentada ante la autoridad competente para la emisión del certificado (cfr. sello de recepción de fs. 36).
Que precisado ello, es claro que la omisión en cabeza de la entidad de ejercer esta atribución a su cargo, sin que haya especificado o se advierta incumplimiento alguno en cabeza del administrado, no puede resultar en su contra.
IX. Que mediante la DIT bajo análisis, oficializada en fecha 21/06/2005 (Aduana de Ezeiza), la actora importó temporalmente 2860 unidades de “partes y accesorios para automóviles” bajo la P.A. N° 8708.99.90 (apartado “declaración de la mercadería”, modelo 02T141153C).
Que analizada la documental aportada por la importadora en oportunidad de contestar la vista conferida (fs. 36/104) el área técnica ratificó la denuncia efectuada, por no haberse aportado el CTC definitivo (Nota N° 7309/16 – SE OPRE, fs. 107 de las act. adm.). Que las copias de los permisos de embarque acompañados por la actora en oportunidad de contestar la vista conferida cuentan con los respectivos “conforme declarado” y, en general, los datos incluidos en ellos coinciden con la descarga incluida en el escrito de apelación (fs. 16).
No obstante, cabe precisar que los permisos Nros. 05017EG03002444M y 05017EG03002411G no pueden ser considerados a los fines de la descarga por encontrarse incompletos. A igual conclusión se arriba respecto del 05017EG03002428Y que no se encuentra agregado a autos.
Que conforme surge de dicha documentación, la mercadería temporalmente importada fue parcialmente reexportada, conforme al siguiente detalle:
PERMISOS DE EMBARQUE EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS VTO. DIT 21/6/2006 CÓDIGO PERMISO DE P.A. FECHA DESCARGA DIT CANTIDAD SOL./CTC INSUMO DE OBSERV.
EMBARQUE PIEZA PALANCA S01 02T 05017EG03002404X 8708.40.90 16/8/2005 SI 450 RETORNO 0148838/02 141153C PEDAL INCOMPLETO.
PALANCA
02T Faltas las 05017EG03002411G 16/8/2005 NO 144 RETORNO 141153C primeras hojas PEDAL del permiso PALANCA S01 02T 05017EG03002427N 8708.40.90 17/8/2005 SI 594 RETORNO 0148838/02 141153C PEDAL PALANCA S01 02T 05017EG03002443L 8708.40.90 18/8/2005 SI 536 RETORNO 0148838/02 141153C PEDAL PALANCA S01 02T 05017EG03002446Y 8708.40.90 18/8/2005 SI 480 RETORNO 0148838/02 141153C PEDAL INCOMPLETO.
PALANCA
02T Faltas las 05017EG03002444M 18/8/2005 NO 272 RETORNO 141153C primeras hojas PEDAL del permiso No se encuentra 05017EG03002428Y agregado UNIDADES 2860 IMPORTADAS REEXPORTADO 2060 EN 800 INFRACCIÓN Que, respecto a la multa, debe determinarse en relación a la mercadería en infracción (800 unidades), de acuerdo a la siguiente liquidación:
AL TC DE FS. 16 3,078 MULTA EQUIVALENTE A $ 5.011,63 30% DEL V.A. DE LA MERCADERÍA EN INFRACCIÓN SON $ 5.466,52
Que, sin perjuicio de ello, corresponde referirme a la multa impuesta, que según se desprende de la resolución apelada, a los fines de determinar el quantum, se tuvieron en cuenta las impresiones de pantalla del Registro General de Infractores obrantes a fs. 110/117 de las actuaciones administrativas, de la que resultarían antecedentes infraccionales (razón por la cual se graduó la pena en 5 veces).
Al respecto cabe destacar que, según resulta de las referidas constancias, las resoluciones con condena por infracciones han quedado firmes en los años 2012, 2014 y 2015, es decir, con posterioridad a la comisión de la infracción de autos. En tal situación, no puede afirmarse que se dé la situación de reincidencia a que alude el art. 927 del Código Aduanero, que considera que se es reincidente cuando con posterioridad a una condena firme, cometa una nueva infracción o delito aduanero. Aunque el art. 915 del Código Aduanero, solo requiere tener en cuenta entre otros aspectos a los antecedentes del imputado, sin mencionar de manera específica a la “reincidencia” como concepto técnico, estimo que las situaciones expresadas en el párrafo anterior pueden ser tenidas también cuenta como un mero antecedente, aunque sin poder equipararse en su evaluación, que no reviste la misma importancia, al supuesto de “reincidencia”.
Al respecto debe recordarse que la Corte Suprema ha dicho que “…son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos’ 290:202, 5º considerando y sus citas)” (“SAFRAR Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores”, del 27/12/88, Fallos, 311:2779).
Por ello, la graduación de la sanción debe ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias que, en la convicción del intérprete -juez administrativo, permitan encontrarla configurada y en los antecedentes computables que puedan endilgársele al infractor.
En consecuencia, la multa debe fijarse en el mínimo legal, considerando-como ya se aclaró previamente- la mercadería en infracción.
X. Que, en relación a los tributos, deben determinarse en relación a la mercadería en infracción y también debe señalarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 16 de las act. adm., sin incluir las percepciones de IVA y ganancias (conf. a la doctrina reseñada por la CSJN), conforme se detalla a continuación:
TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS POR LA DIT 05073TG000057G SON U$S 1.628,21
Que, por las razones expuestas, no cabe más que confirmar parcialmente la resolución aduanera.
Que, en virtud de todo lo expuesto, VOTO POR:
1).- RECHAZAR las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora, sin costas, atento al tratamiento integrativo con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el artículo 1° de la Resolución DE PRLA N° 5631/2016 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 17/11/2016, en la actuación SIGEA N° 12210-5189-2010, la cual condena a la actora al pago de una multa la que se reduce a la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 52 CVOS. ($ 5.466,52), por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido parte de la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 05073TG000057G. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 4 % a cargo de la actora y en un 96 % a cargo del Fisco.
3).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el artículo 3° de la Resolución DE PRLA N° 5631/2016, declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES MIL SESICIENTOS VEINTIOCHO CON 21/100 CVOS. (U$S 1.628,21), suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 11 % a cargo de la actora y en un 89 % a cargo del Fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- RECHAZAR las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora, sin costas, atento al tratamiento integrativo con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el artículo 1° de la Resolución DE PRLA N° 5631/2016 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 17/11/2016, en la actuación SIGEA N° 12210-5189-2010, la cual condena a la actora al pago de una multa la que se reduce a la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 52 CVOS. ($ 5.466,52), por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido parte de la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 05073TG000057G. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 4 % a cargo de la actora y en un 96 % a cargo del Fisco.
3).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el artículo 3° de la Resolución DE PRLA N° 5631/2016, declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES MIL SESICIENTOS VEINTIOCHO CON 21/100 CVOS. (U$S 1.628,21), suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 11 % a cargo de la actora y en un 89 % a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel Nathan Licht (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.06.30 11:51:06 ART Date: 2025.06.30 12:28:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.30 12:29:02 -03:00
Fin de la sentencia