Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2021-49002283-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del fisco parar perseguir el cobro de tributos, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 07 073 TG15 000 160 E, por la firma VOLKSWAGEN ARGENTINA SA, en la Actuación SIGEA N° 12210-2978-2013, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
2Revocar el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 8439/18 dictada en la Actuación Nº 12210-2978- 2013, en cuanto condena a la actora al pago de una multa, por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A. Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-64441655-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 13 de Junio de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “VOLKSWAGEN ARGENTINA SA c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente Electrónico Nº EX-2021-49002283- - APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución DE PRLA N°8439/18, la autoridad aduanera impuso a la firma “VOLKSWAGEN ARGENTINA SA” una sanción consistente en una multa y formuló el cargo tributario correspondiente, al determinar que incurrió en la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero (“CA”). La imputación se fundamenta en el supuesto incumplimiento parcial del régimen de importación temporal, por no haber adjuntado el Certificado de Tipificación y Clasificación (“CTC”) definitivo al momento de presentar los Permisos de Embarque (“PE”) correspondientes.
II. Contra dicho pronunciamiento, la encartada presenta su apelación, planteando en primer lugar la nulidad de la resolución —por carecer esta de motivación y causa— y, en consecuencia, la prescripción de la acción del fisco para imponer penas. Considera que el plazo transcurrido para la sustanciación del procedimiento ha sido excesivo e irrazonable. Explica que la Destinación de Importación Temporal (“DIT”) ha sido totalmente cancelada mediante los PE y los CTC acompañados. Señala que la solicitud de CTC N°S01:060-002937/98 tiene carácter definitivo y es un documento idóneo para acreditar la relación insumo/producto. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se deje sin efecto la pretensión tributaria y la multa, con costas.
III. Por su parte, el fisco se presenta y defiende la validez del acto administrativo. Indica que la nulidad y prescripción no han sido opuestas en tiempo y oportunidad hábil. Menciona que la doctrina de plazo razonable no se aplica a casos como el presente, donde no se acredita una demora excesiva por parte de la administración. En lo que respecta al fondo de la cuestión, ratifica la falta de cumplimiento por parte de la actora, destacando que no se reexportó ni nacionalizó totalmente la mercadería amparada por la DIT. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se rechace la apelación interpuesta, con costas.
Primera cuestión IV.- En ese estado de situación es pertinente considerar en primer turno si el acto administrativo cuestionado fue dictado en tiempo oportuno.
A ese respecto, cabe adelantar que, sin perjuicio de la postura mantenida en los casos EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “ASEGURADO-RES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, respecto de la necesidad de notificar el acto de apertura sumarial para que opere la suspensión o interrupción del plazo de la prescripción, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla por la cual se exige a la administración la sustanciación de los procedimientos en tiempo diligente. En efecto, se puede colegir que el auto de apertura del sumario fue dictado el 30.01.2013, en tanto la notificación al supuesto responsable se efectuó mediante la corrida de vista de fecha 14.06.2018. En las citadas condiciones, no existe posibilidad alguna para explicar los casi diez años que mediaron entre el vencimiento de la destinación temporaria objeto de la presente investigación (28.08.2008) y la notificación de la corrida de vista operada el 13.06.2018.
A su vez, tampoco puede explicarse como fue que pasaron 1962 días entre el acto de apertura del correspondiente sumario en 2013 (a fs. 11 de las actuaciones administrativas) y la efectiva notificación a la parte afectada en 2018 (a fs. 21 ibid.), toda vez que los únicos movimientos en el expediente administrativo consistieron en la agregación de prints de pantalla con datos del sistema registral y en la determinación de la base para los tributos y la multa, cuestiones que, desde ningún punto de vista, pudieron consumir el plazo consignado.
A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables. Segunda cuestión V.- Considerando lo expuesto, y en virtud del criterio mayoritario de la Sala G, corresponde ahora analizar los demás agravios planteados por la recurrente.
VI. Previo a todo análisis, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
VII. En las condiciones señaladas, corresponde expedirse acerca del planteo de nulidad impulsado por la apelante fundamentado en la falta de causa y motivación del acto recurrido.
Al respecto, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo (“LNPA”) se refiere en su art. 7 a los requisitos esenciales del acto administrativo, al establecer que el mismo debe tener causa y motivación, entendiendo por causa el conjunto de razones de hecho y de derecho que conducen al dictado del acto, y por motivación el relato de la resolución de las referidas razones de hecho y de derecho. En consecuencia, el acto está debidamente motivado cuando contiene una fundamentación ceñida a los hechos y al derecho aplicable, siendo insuficiente cuando menciona los hechos y omite el derecho, o viceversa. De la compulsa de las Actuaciones Administrativas, se observa que la resolución apelada sustenta su postura a través de la NOTA N° 7897/2018 (SE OPRE), dictada el 17 de octubre de 2018 por la División Secretaría de Actuación N°1, mediante la cual se informa que “se encontraría en infracción 1000 unidades, ya que no se aportan el/los CTC definitivos correspondientes. Cabe destacar que la denuncia se efectuó, atento no haber aportado oportunamente la documentación cancelatoria”.
En este punto, es evidente que la resolución se apoya en los fundamentos mencionados por la Secretaría de Actuación N°1, teniendo en cuenta que la actora omitió acompañar el CTC definitivo exigido por la norma. Posteriormente, la aduana analizó si en el caso se encontraba configurada la infracción endilgada a la aquí recurrente.
Con base en lo anteriormente expuesto, encuentro que la resolución contiene una fundamentación y motivación que se encuentran en línea con lo estipulado por la LNPA, ya que detalla tanto los hechos como el derecho aplicable, cumpliendo así con los requisitos esenciales del acto administrativo según el artículo 7 de la norma citada.
VIII. Sentado lo anterior, en el presente caso se constata que la infracción en cuestión se origina en una importación temporal cuya reexportación no fue acreditada en el plazo estipulado, lo que la encuadra en lo previsto por el art. 970 del CA. En particular, el servicio aduanero desestimó una parte de los PE presentados por la importadora, al carecer estos del CTC definitivo.
Así las cosas, es imperioso recordar que el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
IX. En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (PE o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
X. De igual manera, debe ponderarse que, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, en el o en los respectivos PE (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del DIT (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los PE) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
XI. A estas alturas, previo a determinar si la actora dió cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, resulta menester efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del CTC en los regímenes de importación temporaria. Al respecto, tanto el referido Dec. 1439/96, como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el CTC expedido por la Secretaría de Industria. Concretamente, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)” (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96). De lo apuntado, se sigue que la presentación del CTC es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis. Es que, en efecto, tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta. Más aún, el formulario conforme al cual los CTC eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del CTC, debe indicarse tanto la PA del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su PA.
En definitiva, de todo ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el CTC se refiere particularmente a la mercadería y a la PA que en él se detalla. Precisamente, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los PE.
A fin de cuentas, existiendo un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
A mayor abundamiento, el art. 9, parrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. 1439/96) establece que: “La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen”.
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: “A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9º de la Resolución M.E y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaría cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9º, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio.”
XII. A la luz de lo enunciado, luego de la compulsa de las constancias y de la prueba producida en la causa, se observa que la recurrente, si bien adjuntó copia de la solicitud del CTC, no hizo lo mismo respecto del CTC definitivo vinculado a la operación de autos. En ese mismo orden, tampoco surge que la actora haya intimado por escrito a la Secretaría en el plazo establecido por la norma a los efectos de que lo emita.
En virtud de lo señalado, no puede estarse a la presunción establecida en el art. 9 tercer párrafo de la Res. ME 72/92, ni considerarse reexportada la mercadería estimada en infracción, toda vez que la actora no ha cumplido con las obligaciones sustanciales, conforme el régimen que la amparaba.
En dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Asimismo, cabe aplicar en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Compañía de Circuitos Cerrados c/Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva”, sentencia del 9/03/2010, Fallos 333:161), según la cual “…la garantía de la defensa (art. 18 de la Constitución Nacional) no ampara la negligencia de las partes, pues quien ha tenido oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable (Fallos: 287:145; 290:99 y 306:195, entre otros)”.
XIII. En definitiva, la cuestión tratada en el caso sub examine recae en analizar si el recaudo omitido es una exigencia sustancial al régimen aplicable o si, por el contrario, puede prescindirse de el para evitar incurrir en un rigorismo formal que desatienda la verdad jurídica objetiva. Frente a ello, observo que el CTC no es una exigencia baladí, todo lo contrario, ya que coadyuva a que el responsable colabore activamente en el ejercicio de las funciones de contralor que le asisten al organismo aduanero.
Atento lo examinado y teniendo en cuenta que la prueba ofrecida por la actora como base de su defensa y ordenada en esta instancia no resulta ser suficiente para cumplir con la documentación exigida por el servicio aduanero, corresponde considerar configurada la infracción endilgada.
XIV. En atención a lo expuesto y sin perjuicio de mi opinión vertida en la Primera Cuestión (Considerando IV), corresponde confirmar la resolución apelada, con costas.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución DE PRLA N° 8439/18, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación N° 12210-2978-2013.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los considerandos I a III del voto del Dr. Licht, a cuyos términos me remito por motivos de brevedad.
II. Que, previo a determinar si se ha dado cumplimiento o no a las obligaciones asumidas al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, corresponde analizar la procedencia de la acción del fisco para imponer penas y para percibir el cobro de tributos, y en consecuencia, expedirse sobre la prescripción o no de tales acciones.
III. Que en su recurso de apelación la recurrente plantea la prescripción de la acción de fisco para imponer penas en los términos del art. 934 y cc. del CA. En tal sentido, el art. 934 del C.A expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, específicamente, determina que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera” y el art. 938 del mencionado plexo normativo establece que para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interruptivo debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme o bien cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquella.
Que, de este modo, el curso del plazo de la prescripción para imponer penas, comenzó a correr el 01/01/2009 (teniendo en cuenta que el vencimiento de la importación temporaria se produjo, el 28/08/2008) y vencía el 31/12/2013. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario en fecha 30/12/2013 interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. a) del C.A.) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 31/12/2013 y el nuevo vencimiento ocurría el 30/12/2018.
Que en relación con la posible comisión de otra infracción aduanera o delito aduanero, cabe reseñar que de la consulta efectuada al registro de infractores no surge con claridad la fecha de comisión de las infracciones endilgadas (fs. 106/112 act. adm.).
Que por último, se analizará lo dispuesto por el art. 937 inc. d) del C.A. en cuanto a que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.
Que teniendo en cuenta que la resolución aduanera DE PRLA Nº 8439/18 apelada en autos fue dictada con fecha 08/11/2018, el plazo de prescripción se interrumpió con el dictado de dicha resolución. El nuevo plazo prescriptivo de cinco años comenzó a correr al día siguiente de su dictado, es decir, el 09/11/2018, y en ese sentido, la resolución aduanera fue notificada el 06/05/2021 con anterioridad al vencimiento de tal plazo (notificación personal a fs. 124 de las act. adm.), encontrándose actualmente suspendido en virtud de la interposición del presente recurso de apelación (art. 936 del C.A.).
Que, como consecuencia de todo lo expresado, la acción del fisco para imponer penas no se encuentra prescripta.
IV. Que sentado ello, teniendo en cuenta que la imputación infraccional resulta condición necesaria para la determinación tributaria, en tanto, la resolución condenó a la firma por la comisión de la infracción al art. 970 del CA al pago de una multa y exigió tributos como consecuencia de la infracción, corresponde en consecuencia, analizar el instituto de la prescripción de la acción del fisco para percibir el cobro de los tributos previsto en los arts. 803 y cc. del CA.
Que el art. 803 del C.A. dispone que el plazo de prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera es de cinco años. El art. 804 del C.A. establece que el plazo de la prescripción comienza a correr a partir del primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado.
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 28/08/2008 (fecha de vencimiento de la destinación suspensiva), y que, por ende, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción comenzó a correr el 01/01/2009 y vencía el 31/12/2013.
Que dicho plazo, se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 30/12/2013, hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 29 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 2 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 30/12/2013) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; ...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que la norma hace referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.- ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA Nº 8439/18 dictada el 08/11/2018.
Que, en ese orden de ideas, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 30/12/2013 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 08/11/2018 (fecha del dictado de la resolución aduanera).
Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que entonces, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 09/11/2018. Es decir, que desde allí comenzó a correr los 2 días que restaban para completar el plazo prescriptivo. Que, en ese sentido, cabe destacar que el único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
Que, por lo demás, la aludida notificación se efectuó en fecha 06/05/2021, es decir cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo.
Que, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación -al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos; en armonía, a su vez, con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A.). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria -prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.- forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
V. Que en tal sentido, el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 894/2017) dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.”
Que, en tales condiciones, si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario - 30/12/2013- hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 08/11/2018- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la parte el día 06/05/2021, cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que en relación al cómputo de los plazos prescriptivos, la Sala I de la CNCAF en autos “Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 92393683-A) C/ DGA S/Recurso Directo De Organismo Externo” del 26/03/2024, donde puntualizó que-en lo que respecta al inc. a) del art. 805 del C.A.-“…de acuerdo con la letra de la norma, la resolución del sumario pone fin a la suspensión del curso de la prescripción que se mantiene durante su trámite, sin que sea necesaria su notificación (…)”.
Que, con fundamento en lo expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos. Con costas a la DGA.
VI. Que, por lo demás no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial invocada por la recurrente referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Bossi y Garcia S.A. (TF 5932-A) c/DGA” del 08/11/2011 y “Losicer, Jorge Alberto y Otros c/BCRA” del 26/06/2012, atento que en la primera de las causas se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado durante más de veintitrés años y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años.
VII. Que en este estado del análisis, es dable recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
VIII. Que abordando ahora el tema de fondo, la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto a 1000 unidades de la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 07 073 TG15 000 160 E, de la firma VOLKSWAGEN ARGENTINA SA, oficializada el 03/09/2007 al amparo del régimen del Decreto 1330/2004, con vencimiento del plazo de permanencia el 28/08/2008.
Que ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., condenándose a la actora mediante la resolución aduanera aquí apelada.
IX. Que el artículo 250 del C.A. establece quo: "La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo". Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que "no cumpliere con las obligaciones asumidas coma consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria". Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados a demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto N° 1439/96 (Res. 72/92) —a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos—, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación pan consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar "...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registrodígito), clase y "cantidad" de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria".
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo ("descarga" del D.I.T. —eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida— en el o los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
X. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaria de Industria.
Que, al respecto, establecen: "El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)". (Art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. N° 1439/96). Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracci6n bajo análisis.
Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que así las cosas, el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del N° de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que en síntesis, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. SIC. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que en tales condiciones, existiendo un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos. Mermas. Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero"(conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
A mayor abundamiento, el art. 9, párrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. N° 1439/96) establece que: "La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de tipificación y Clasificación (CTC) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen".
XI. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del DIT en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que mediante el DIT N° 07 073 TG15 000160 E, oficializado ante la Aduana de Ezeiza el 03/09/2007 con vencimiento de plazo de permanencia el 28/08/2008, la actora importó 2000 unidades de partes y accesorios para vehículos automotores de la PA 8708.99.90.999J destinadas a la fabricación de cajas de cambio.
Que la resolución aduanera apelada absolvió a la recurrente respecto de una parte de la mercadería consistente en 1000 unidades, que consideró cancelada en tiempo y forma. En cambio, condenó a la actora en los términos del art. 970 del C.A. en relación a las 1000 unidades restantes.
Que en tal entendimiento, el servicio aduanero remitió a las conclusiones que emanan de la Nota N° 7897/18 (SE OPRE) obrante a fs. 104 de las act. adm. en cuanto informó que "Atento lo solicitado a fs. 103 por esa dependencia, y habiéndose analizado la documentación aportada, se informa que se encontraría en infracción 1000 Unidades, ya que no se aportan el/los CTC definitivos correspondientes. Cabe destacar que la denuncia se efectuó, atento no haber aportado oportunamente la documentación cancelatoria. Por lo tanto se RECTIFICA PARCIALMENTE la denuncia realizada oportunamente”.
XII. Que en relación a las observaciones formuladas por el servicio aduanero, cabe poner de relieve que la Aduana cuestiona el hecho de que no se haya aportado el CTC definitivo correspondiente, cabe expresar que si bien no surge que exista un CTC definitivo, sí se cuenta con la solicitud N° 060-002937. Que tal como se referenció anteriormente, el Decreto 1439/96 impone a dicha Secretaría deberes concretos: "tramitará" la declaración jurada presentada y, en consecuencia "emitirá el certificado "en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen."
Que en tal sentido, estimo pertinente traer a colación que en la causa N° 38.222-A caratulada “ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, en trámite ante esta Sala G, sentencia de fecha 28/02/2024, el Dr. Segura en su voto expresó “Que abordando el deber en cabeza de la Secretaría de emitir el correspondiente certificado, se advierte que no ha cumplido, pero tampoco obra constancia alguna por parte de la entidad que detalle incumplimiento o requerimiento alguno a cumplimentar por parte de la importadora a los fines de emitir tal documento”.
“Que no es ocioso recordar que -como ha señalado la doctrina- la competencia es definida como un conjunto de poderes o atribuciones que el ordenamiento jurídico atribuye a un órgano o ente estatal y que su ejercicio es de carácter obligatorio (Cfr. Monti, Laura, "La jerarquía y la competencia como principios de la organización administrativa", en "Organización administrativa, función pública y dominio público". Editorial RAP, 2005, pág. 113, Ivanega, Miriam M., "Los principios de la organización administrativa", en Documentación Administrativa N° 267-268, INAP, España 2004, pp. 189/204 y COMADIRA, Julio R., "Los criterios para determinar el alcance de la competencia de los órganos y los entes del Estado", en Organización Administrativa, pp. 31/43).”
“Que precisado ello, es claro que la omisión en cabeza de la entidad de ejercer esta atribución a su cargo sin que se haya especificado o se advierta incumplimiento alguno en cabeza del administrado, no puede resultar en su contra.”
Que es por todo ello, que a los fines de considerar la descarga que se efectuará, será tomada como válida la solicitud C.T.C.
XIII. Que en este estado del análisis y del cotejo de la documentación obrante en la causa, se elabora un el siguiente cuadro de descarga:
Cantidad PE N° Fecha Embarque Solicitud CTC N° descargada 07 017 EG03 005329 T 15/11/2007 060-002937/98 9 07 017 EG03 005365 T 16/11/2007 060-002937/98 160 07 017 EG03 005404 N 19/11/2007 060-002937/98 144 07 017 EG03 005421 M 20/11/2007 060-002937/98 240 07 017 EG03 005447 U 21/11/2007 060-002937/98 160 07 017 EG03 005463 S 29/11/2007 060-002937/98 240 07 017 EG03 005471 R 23/11/2007 060-002937/98 47 Total 1000 - Los permisos de embarque fueron oficializados con anterioridad al vencimiento del plazo otorgado, 28/08/2008.
- En cada uno de los permisos de embarque obra la correspondiente hoja de descarga en la que se especifica N° de DIT, PA, cantidad de unidades y número de solicitud CTC.
Que por lo tanto, realizados los cálculos pertinentes, resulta que la mercadería importada mediante el D.I.T. en trato ha sido regularizada en su totalidad con anterioridad al vencimiento del plazo otorgado. Que en virtud de lo expuesto, corresponde revocar el art. 3° de la resolución apelada en cuanto condena a la recurrente por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. Con costas a la DGA.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar prescripta la acción del fisco parar perseguir el cobro de tributos, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 07 073 TG15 000 160 E, por la firma VOLKSWAGEN ARGENTINA SA, en la Actuación SIGEA N° 12210-2978-2013, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
2. Revocar el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 8439/18 dictada en la Actuación Nº 12210-2978- 2013, en cuanto condena a la actora al pago de una multa, por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A. Costas a la DGA.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar prescripta la acción del fisco parar perseguir el cobro de tributos, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 07 073 TG15 000 160 E, por la firma VOLKSWAGEN ARGENTINA SA, en la Actuación SIGEA N° 12210-2978-2013, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
2. Revocar el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 8439/18 dictada en la Actuación Nº 12210-2978- 2013, en cuanto condena a la actora al pago de una multa, por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A. Costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.06.12 16:24:53 ART Date: 2025.06.12 17:02:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.13 14:58:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.13 14:58:47 -03:00
Fin de la sentencia