Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 146167699-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación deducida por la parte demandada y, en consecuencia:
I) se revoca la resolución del 21/05/2024, de la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, por la cual se declaró la nulidad de la Resolución DE PRLA n° 9960/2019 en orden a la omisión por parte de la DGA de efectuar la corrida de vista del art. 1.101 del C.A., en el sumario que ha tramitado como expediente N° 12139-162-2011, y admitió el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora -por mayoría-; correspondiendo el reenvío de estos actuados a la instancia anterior a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la importadora, pendientes de tratamiento (Considerandos VI y VIII); e ii) imponer las costas relativas a esta instancia judicial, vinculadas a las cuestiones aquí decididas, a cargo de la parte actora (Considerando IX).
Buenos Aires, 10 de marzo de 2026.-
VISTOS estos autos 18449/2024 caratulados “VOLKSWAGEN ARGENTINA SA (TF 146167699-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” y
I. Por resolución N° 9960/19 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, dictada con fecha 20 de noviembre de 2019, en el marco del Expte. 12139-162-2011, se dispuso en primer término absolver a la importadora VW Argentina SA y a la despachante de aduana Patricia V. Roldán por infracción al art. 954, inc. a), del Código Aduanero, en los términos del art. 1.112 de dicho cuerpo legal.
Asimismo, se formularon cargos contra la firma actora, por los tributos que le correspondieren, ordenando así una liquidación por parte del área denunciante (conf. esp. fs. 21/27 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
II. La firma Volkswagen Argentina SA solicitó la revisión del referido acto aduanero por parte del Tribunal Fiscal de la Nación (en los términos del artículo 1132, apartado 1, inciso a) del CA) y, a fin de cuentas, peticionó se revoque el mismo, con costas (ver fs. 5/19 del hipervínculo insertado en el Considerando que antecede).
En su presentación, indicó que el 19/08/2011 oficializó - mediante el “RAF”- la destinación de Depósito de Almacenamiento 11- 001-DIR5-014748D, por la cual ingresó a su planta industrial insumos para la fabricación de vehículos automotores.
Puntualizó que el 28 de diciembre de 2011 el servicio aduanero formuló denuncia sosteniendo que, de acuerdo al control documental efectuado, no se acreditó en tiempo y forma la presentación del certificado de origen correspondiente a la destinación precitada, en los plazos y condiciones establecidas por las Resoluciones 763/96, 381/96 y 305/99 (todas ellas anteriores al Decreto que creó el “RAF”) y que, por lo tanto, no las contemplaban. Sobre esas bases, formuló denuncia por infracción que “prima facie” tipificó en el art. 954 del CA.
Adujo que con posterioridad se remitieron las actuaciones al Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, y que el 5/04/2016 se dispuso la instrucción del sumario por la supuesta comisión de la infracción de declaración inexacta.
Finalmente, manifestó que, sin haberse corrido vista a su parte para ejercer su derecho de defensa, se lo notificó de la resolución cuestionada.
Expuestos los antecedentes del caso, en primer lugar, planteó que la obligación tributaria aduanera se encontraba prescripta, en los términos del art. 803 y 804 del CA.
Adujo que el curso de la prescripción comenzó el 1º/01/2012 y finalizó el 31/12/2017.
En ese sentido, esgrimió que el pago pretendido era imposible en tanto nunca se había liquidado el tributo (hasta la fecha), siendo nula tal intimación al pago.
Además, sostuvo que el auto (no notificado) de apertura de sumario de fecha 5/04/2016, no solo carece de liquidación tributaria, sino que no suspende ni interrumpe el curso de la prescripción desde que, como lo reconoce la propia resolución apelada, la intimación y ejecución del tributo no se subordinaría a la decisión del sumario en cuestión.
En segundo lugar, de manera subsidiaria, solicitó que se declarara la nulidad del procedimiento llevado a cabo, ya que nunca fue notificada para que tomara conocimiento de la imputación realizada, ni para que pudiera ejercer su derecho constitucional de defensa en juicio. Citó jurisprudencia a modo de respaldo de su posición.
Por otra parte, recordó que en las infracciones aduaneras no cabe la incriminación por analogía (art. 895 del CA), que es lo que entendió que estaría haciendo el Juez al considerar la existencia de una supuesta ilicitud relativa a la documentación (DIR5-RAF) regulada en el Decreto 688/2002 y pretender aplicar una figura del Código Aduanero (art. 954) que no contempla el supuesto descripto por el servicio aduanero.
Por último, advierte que toda la tramitación administrativa vinculada a la presente importa un grave dispendio procesal, desde el momento que el servicio aduanero no ha tomado conocimiento que la DIR 11-001-DIR5-01478D ha sido cumplida en tiempo y forma a través de la destinación de exportación a Consumo de Bienes Transformados RAF 11008ECR1007695E.
III. Por resolución del 21/05/2024, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, declaró -por mayoría-, la nulidad del auto de apertura del sumario y, en función de ello, prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12139-162-2011 (ver fs. 222/229 del hipervínculo insertado en el Considerando I).
Todo ello con costas al Fisco Nacional.
Para así decidir —en lo sustancial—, luego de efectuar una reseña de las actuaciones, señaló que el auto de apertura del sumario, dictado el 5/04/2016, no fue notificado a la importadora, circunstancia que impedía conferirle efectos jurídicos aptos para suspender el curso de la prescripción en los términos del art. 805 inc. a) del Código Aduanero.
Citó jurisprudencia de las Salas III y I del Fuero, para reforzar sus fundamentos.
Siguiendo doctrina del Máximo Tribunal, sostuvo que la notificación del acto administrativo constituye un requisito indispensable para que éste adquiera eficacia jurídica frente al administrado, y que admitir efectos suspensivos sin su debida comunicación importaría desnaturalizar el instituto de la prescripción y vulnerar el derecho de defensa.
En tal sentido, entendió que el plazo quinquenal previsto en los arts. 803 y 804 del Código Aduanero comenzó a correr el 1° de enero de 2012 y se encontraba cumplido al 31 de diciembre de 2016, sin que mediara acto válido con aptitud interruptiva o suspensiva, habiéndose dictado la resolución recurrida recién el 20/11/2019 y notificado en 2023.
Asimismo, consideró que la omisión de notificar el auto de apertura del sumario implicó una afectación sustancial del debido proceso y del derecho de defensa, lo que determinaba la nulidad absoluta del acto.
IV. Disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional con fecha 8/07/2024 interpuso recurso de apelación. Asimismo, el 13/08/2024 presentó el correspondiente memorial de agravios (conf. esp. fs. 233 y 246/264 del hipervínculo incluido en el primer Considerando). Su contraria contestó dicha presentación con fecha 20/8/2024 (ver fs. 275/278).
V. El Fisco Nacional se agravió en el entendimiento de que la Resolución (DE PRLA) 9960/2019 no aplicó una sanción, ya que el contenido de la intimación del Servicio Aduanero es exclusivamente tributario. Por ende, afirmó que en dicho tipo de procedimientos la vista exigida es innecesaria y carece de virtualidad para determinar la nulidad de un acto que se presume válido.
Explicó la diferencia entre el hecho imponible y el hecho punible, y sostuvo que la vista en materia infraccional que exige el Tribunal Fiscal de la Nación es innecesaria y carece de virtualidad para determinar la nulidad de un acto administrativo que se presume válido. Explicó que ello era así porque el reclamo del Servicio Aduanero se circunscribe exclusivamente al cargo por tributos. Postuló que las garantías y principios constitucionales que informan al derecho tributario y al derecho penal, excepto por el principio de legalidad (arts. 4, 17 y 18 CN), difieren sustancialmente; y afirmó que en el ámbito tributario la carga de la prueba recae sobre quien se encuentra en mejores condiciones de producirla y las presunciones tienen más peso, admitiendo claro siempre prueba en contrario. A ello agregó que la eventual afectación del derecho de defensa en juicio, como la que se invoca en autos, puede ser en todo caso subsanada en la instancia revisora del Tribunal Fiscal de la Nación.
Por otra parte, se agravió de que la nulidad decretada por el Tribunal Fiscal de la Nación es, a su entender, abiertamente abstracta (la nulidad por la nulidad misma), toda vez que en el art. 3 de la resolución aduanera se reclaman obligaciones tributarias que se han devengado al verificarse el supuesto previsto en el art. 274 in fine del CA, debiéndose prestar especial atención a dicho artículo para una correcta interpretación y resolución de las cuestiones traídas a conocimiento de esta Alzada (lo que conllevaría la nulidad por la nulidad misma); y que cualquier eventual nulidad planteada por la recurrente respecto de lo ocurrido en sede administrativo, ya fue purgado por el conocimiento de las actuaciones por parte del Tribunal Fiscal de la Nación.
En ese sentido, advirtió que se torna evidente que ha acaecido el hecho imponible que devenga el necesario cumplimiento por parte de la recurrente de la obligación tributaria, y que legítimamente se reclama en el Pto. 2 de la Resolución en crisis.
Agrega que […] los tributos se deben por la realización del hecho imponible, y no por la comisión de una infracción, cuestión a la que nos referimos puntualmente en el apartado precedente. Así, que se produzca el hecho imponible podría estar relacionada con la comisión de una infracción (v.gr. por no exteriorizar el sujeto obligado al pago del tributo una declaración en la que se determina la medida de la imposición de una operación), pero no necesariamente esta (la infracción) se debe cometer o bien ser efectivamente aplicada, para que exista la obligación de abonar los tributos debidos al Fisco Nacional.”
En otros términos, indicó que, el servicio aduanero puede dejar de lado la infracción, pero no por esto el cargo tributario desaparece.
Asimismo, recordó que la causa de la obligación tributaria reclamada es la verificación de la importación para consumo (arts. 635, 274 y complementarios del CA). Esto y solo esto ha sido lo que ha llevado a su mandante a reclamar los cargos tributarios.
Por otra parte, alegó que la nulidad fue consentida por la firma actora.
De ese modo esgrimió que […] la Resolución le fue notificada el 30/11/2023 e interpuso el recurso el recurso 'pasados los cinco días hábiles', aun cuando se aplique el principio de informalismo a favor del administrado, no puede plantearse la nulidad, que ya fue antes 'tácitamente' fue consentida por el administrado.”
Por lo tanto, afirmó que siendo los plazos perentorios (art. 1006 del CA), el supuesto vicio quedó consentido, ergo no puede prosperar el planteo efectuado.
A su vez, insistió en que la incompetencia y la cosa juzgada deben ser declaradas de oficio, por tratarse de derecho público, amén de que la nulidad está deficientemente articulada (como agravio de fondo).
Ante lo expuesto solicitó que se revoque la Sentencia recurrida en lo que resulta materia de agravios, debido a que no corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado, en cuanto el servicio aduanero intimó al pago de cargos tributarios a la firma actora. Por último, para el caso en que no se hiciera lugar a lo peticionado, subsidiariamente, se agravió de la imposición de costas, solicitando que las mismas se impongan por su orden.
VI. Evaluado lo actuado administrativamente, oportunamente reseñado en el Considerando I de la presente, a entender del Tribunal, conforme lo que a continuación se explicará, no se advierte irregularidad de tenor suficiente que justifique una decisión como la adoptada por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación.
Es que, tal como destacara el Fisco Nacional en su apelación, si bien la actuación administrativa AFIP SIGEA Nº 12139-162- 2011, fue iniciada a efectos de investigar la posible comisión de la infracción tipificada en el artículo 954 inc. a) del Código Aduanero por parte de Volkswagen Argentina SA, por resolución DE PRLA 9960/2019, el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires decidió limitar la pretensión fiscal en lo que respecta al DIR N° 11001DIR5014748D al reclamo tributario, absolviendo así a la importadora y a la despachante de aduana Patricia V. Roldán.
Asimismo, formuló cargo por los tributos que correspondieren según liquidación que debía ser estimada e intimada al importador por parte del área denunciante.
Elevada la resolución cuestionada a la Dirección Legal, mediante la resolución 193/2020 se aprobó el artículo primero de la resolución 9960/2019.
Para decidir de ese modo, entendió que del acto verificatorio dictado en las actuaciones administrativas no surgió diferencia alguna en cuanto a la calidad, especie y cantidad de la mercadería, habiendo sido la misma liberada a plaza sin objeción alguna. Cabe añadir que si bien el servicio aduanero indicó que en ningún momento probó que la mercadería no tuviera el origen declarado, en cambio había quedado probado que el certificado de origen no resultó de aplicación.
En efecto, determinó que dicha circunstancia tiene directa influencia sobre el aspecto tributario, situación que debe ser analizada independientemente de la situación infraccional.
En ese marco, la ausencia del traslado previsto en el artículo 1.101 del Código Aduanero debe analizarse en función de dicha delimitación, pues el procedimiento seguido no tuvo por objeto la imposición de sanciones, sino la determinación e intimación de tributos derivados de considerar incumplidas las condiciones del régimen suspensivo.
Así, el enfoque adoptado en el pronunciamiento recurrido —que examinó el trámite bajo las reglas propias del procedimiento infraccional previsto en el Título II, Capítulo III, del Código Aduanero— no se compadece con la naturaleza del acto finalmente dictado por el organismo aduanero, el cual se circunscribió al ejercicio de sus facultades de verificación y determinación tributaria.
En definitiva, habiendo sido suspendido el plazo de prescripción desde el dictado de apertura de sumario (5/04/2016), en virtud del art. 805 del C.A, la resolución aduanera impugnada, por la que se absolvió a la importadora y a la despachante de aduana Patricia V. Roldán respecto de la infracción al art. 954 inc. a) del Código Aduanero, en los términos del art. 1.112 de dicho cuerpo legal, y se formuló cargos contra la firma actora, por los tributos que le correspondieren, no luce nula en los términos planteados por la importadora y admitidos por el Tribunal Fiscal de la Nación, pese a la omisión de la notificación mencionada; debiendo entenderse a lo actuado como la puesta en práctica de las potestades de la AFIP - DGA a los fines de perseguir el cobro de los impuestos debidos, bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal (conf. artículo 1.122 del Código Aduanero).
VII. En sentido sustancialmente análogo, mutatis mutandi, se ha pronunciado esta Sala, en autos 8079/2024 caratulados “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 120201516-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resolución del 27/08/2024.
VIII. Lo expuesto basta para concluir que el procedimiento seguido por ante el servicio aduanero no resulta nulo en los términos expuestos en el pronunciamiento apelado; debiendo -por tantorevocarse la decisión recurrida en este sentido, y ordenar el reenvío del expediente al Tribunal Fiscal de la Nación a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones planteadas por la importadora, pendientes de tratamiento.
IX. En atención al modo en que se resuelve y al no advertirse motivos valederos para apartarse del principio general de la derrota, las costas tanto de lo actuado por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como ante esta instancia judicial, respecto de la cuestión debatida y decidida, han de ser soportadas por la parte actora (conf. artículos 68, primera parte, 69 y 279, todos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
1. admitir la apelación deducida por la parte demandada y, en consecuencia:
i) se revoca la resolución del 21/05/2024, de la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, por la cual se declaró la nulidad de la Resolución DE PRLA n° 9960/2019 en orden a la omisión por parte de la DGA de efectuar la corrida de vista del art. 1.101 del C.A., en el sumario que ha tramitado como expediente N° 12139-162-2011, y admitió el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora -por mayoría-; correspondiendo el reenvío de estos actuados a la instancia anterior a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la importadora, pendientes de tratamiento (Considerandos VI y VIII); e ii) imponer las costas relativas a esta instancia judicial, vinculadas a las cuestiones aquí decididas, a cargo de la parte actora (Considerando IX).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia