Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 68221475-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación del Fisco Nacional y revocar la decisión del 30/05/2023 y
2Las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida al no advertirse motivos para la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
44.768/2023 Volkswagen Argentina SA c/ EN -AFIP- DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo Buenos Aires, 2 de febrero de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 30/05/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación -por mayoría- revocó la Resolución n° 2022-203-E-AFIP- DIABSA#SDGGOAM, e hizo lugar a la devolución de las sumas solicitadas conforme lo expuesto en el considerando VII, con más los intereses del art. 811 del Código Aduanero, los que, según indicó, debían calcularse desde el 24/1/2017, fecha en que la actora había presentado su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total. Impuso las costas a la vencida (art. 1163 del Código Aduanero). Para así resolver, el Dr. Juárez, en su voto, al que luego adhirió el Dr. González Palazzo, conformando el voto mayoritario, sostuvo que correspondía determinar en autos si procedía o no la devolución de la suma abonada en concepto de derechos de importación extrazona, en relación a los despachos contenidos en el SIGEA 13289-1514-2017, n° 14001 ICR3 001221X (ítem 186), 14001 ICR3 001227Y (ítem 175), 14001 ICR3 001255P (ítem 185), 14001 ICR3 001380Y (ítem 184), 14001 ICR3 001391Z (ítem 182), 14001 ICR3 001423M (ítem 184), 14001 ICR3 001450M (ítem 192), 14001 ICR3 001486V (ítem 194), 14001 ICR3 000277Z (ítem 188) y 14001 ICR3 001535Z (ítem 191), mediante las cuales la actora documentó la importación para consumo de piezas, partes o componentes para la producción de automóviles, mercadería clasificada, según el caso, en las P.A. 8708.4.80.
Aclaró que, la posición arancelaria 8708.40.90 (cuarta enmienda del sistema armonizado) pasó a ser la posición arancelaria 8708.40.80 (de acuerdo con la quinta enmienda del sistema armonizado).
Puntualizó que la importadora pretendía la devolución de la diferencia abonada de más resultante de la aplicación de la alícuota del régimen general (14% o 18%, según el caso, que liquidó el SIM y que pagó al oficializar cada una de las operaciones involucradas) y la alícuota reducida del 2% que, a su criterio, correspondía aplicar, con fundamento en la RG 497/2004 del Ministerio de Economía y Producción y sus modificatorias.
Adujo que, por su parte, el Fisco entendió que no correspondía hacer lugar a la devolución solicitada por cuanto el documentante no ingresó la ventaja “REGPARTES2” en el campo “a) Opciones/ b) Ventajas” en oportunidad de efectuar la declaración comprometida de las destinaciones en trato, ni procedió a rectificarlas con posterioridad.
Recordó que, el sistema de la declaración previa de los elementos indispensables para la liquidación de los tributos posibilitaba el despacho en confianza, mediante el cual el servicio aduanero autorizaba el libramiento a plaza de la mercadería sin proceder necesariamente a su verificación conforme el canal de selectividad asignado.
Añadió que, para que ese sistema funcione, la declaración contenida en la solicitud de destinación de importación, una vez registrada por el servicio aduanero, devenía inalterable. Sin embargo, en el caso de autos el principio general de inalterabilidad de la declaración consagrado en el art. 224 del C.A. no podía impedir que prospere un reclamo de repetición en la medida en que se demuestre que se pagó en demasía, pues lo contrario implicaría un enriquecimiento sin causa para el Fisco.
Precisó que, conforme surgía del SIGEA n° 13289-1514-2017, mediante las Notas n° 531/2021 (DV EDIM) y n° 456/2021 (DV ARIM), el servicio aduanero concluyó que, las posiciones arancelarias se encontraban negociadas por el Régimen de Política Automotriz en los términos del A.A.P.C.E. n°14, pudiendo gozar de los beneficios de la Resolución 497/04 y modificatorias, siempre y cuando utilizare el código de la ventaja “REGARTES2” y se trate de un CUIT habilitado en el SIM como empresa relacionada al sector automotriz en los términos de la Nota Externa n° 08/05 DGA y el origen de las mismas no provengan de los países firmantes de dicho Acuerdo.
Ponderó que el único argumento utilizado por el servicio aduanero para oponerse a la devolución pretendida por la actora se limitaba al hecho de no haber ingresado al SIM la ventaja “REGARTES2”. En tales condiciones, entendió que, de haberlo ingresado, se encontraría beneficiada por la preferencia arancelaria. La ventaja mencionada debía ingresarse al SIM a los efectos de que dicho sistema liquide la alícuota correcta. No obstante, ello no implicaba que la actora no sea beneficiaria de la reducción arancelaria por no haber ingresado al SIM el código de la ventaja mencionada, sino que sólo tuvo por efecto que el SIM no liquide correctamente la alícuota a pagar.
En consecuencia, consideró que, si bien era cierto que la actora no hizo uso de la ventaja “REGPARTES2”, se documentaron mercaderías cuyas posiciones arancelarias se encontraban beneficiadas por la reducción arancelaria. Aclaró que, en autos, no se encontraba discutido que la firma importadora se encontraba inscripta en el Régimen de Productores, así como que el origen de la mercadería, procedente y originaria de extrazona, por lo que se cumplían así todos los requisitos necesarios para resultar beneficiada de la reducción respectiva.
Expuso que la única omisión de la importadora fue no optar por la ventaja mencionada; por lo que el principio de inalterabilidad de la declaración que invocaba la aduana en esa instancia, no podía impedir que prospere y prevalezca el principio de legalidad y en consecuencia, el reclamo de repetición ya que la omisión de declarar en el sistema informático el código de la ventaja “REGARTES2” no podía ser interpretado con tal rigorismo que implique el desconocimiento de un régimen preferencial al que la parte tenía derecho a acceder, ni justificaba el cobro de tributos en una medida mayor al haberse abonado en demasía derechos de importación; por ende, correspondía hacer lugar al planteo de la recurrente.
Puso de relieve que, la declaración inexacta (sin perjuicio fiscal)
consumada podría haber sido objeto de sanción administrativa, circunstancia que era ajena a las consideraciones de autos.
Con respecto al agravio de la actora relativo a que consideraba perjudicial la aplicación del fallo Cencosud SA de la CSJN, expresó que, en virtud de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Cencosud S.A. (TF 29.535-A) c/ Dirección General de Aduanas”, fallado con fecha 15/5/2014, no correspondía la devolución en dólares estadounidenses. Explicó que, en el precedente citado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Considerando 7° sostuvo que: “(...) los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la ley 23.905”. Por lo tanto, entendió que, no correspondía hacer lugar al planteo de la actora en relación a la moneda aplicable a la devolución de los derechos abonados en demasía. A los fines de la devolución por parte de la Aduana de lo abonado indebidamente, indicó que, resultaba aplicable lo resuelto por la CSJN en el fallo del 15/05/2014 recaído en la causa “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/DGA” debiendo convertirse a pesos el importe de dólares liquidados en los PE por el tipo de cambio vigente a la fecha en que los referidos derechos de exportación fueron pagados, a los que además deberán computarse los intereses del art. 811 del CA hasta la fecha de efectivo pago.
En cuanto a la tasa de interés aplicable, apuntó que, el Máximo Tribunal, en autos, “Arcana, Orazio s/ demanda de repetición objetos suntuarios” del 18/3/1986, había sostenido que “resulta obvio el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que -por otra parte- no beneficia a personas determinadas, sino a la comunidad toda” (Fallos 308:283).
Precisó que, en materia aduanera ese mismo criterio se sostuvo en autos “Neumáticos Goodyear SA (TF 8659-A) c/ ANA” del 9/11/2000 (Fallos 323:3412) y más recientemente fue ratificado por la actual conformación del Máximo Tribunal en materia de tributos provinciales en los autos “Desarrollos al Costo SRL c/Buenos Aires, Provincia de s/Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”, del 2/5/2019.
En dicho contexto, expuso que, resultaba de plena aplicación la tasa de interés prevista en el art. 811 del C.A., razón por la cual no correspondía hacer lugar a lo peticionado por la actora. En consecuencia, señaló que, la devolución debía efectuarse en la misma moneda en que se efectuaron los pagos y, habiéndose realizado los mismos en moneda nacional, dicha moneda era la que correspondía, a los efectos de la restitución de los importes percibidos, con más los intereses del art. 811 del CA.
II. Que contra dicho pronunciamiento el 25/07/2023 interpuso recurso de apelación el fisco y expresó agravios, los que fueron replicados por la contraria el 10/10/2023.
Sostiene la recurrente que el código de ventaja en los despachos de importación es una condición necesaria para acceder a la reducción del beneficio arancelario, por lo que no existe argumentación alguna que permita soslayar o justificar su omisión, dando lugar al rechazo de la repetición intentada. Alega que, contrariamente a lo expresado en la sentencia recurrida, era criterio de la representación fiscal que la actora documentó de manera correcta, es decir, que de manera voluntariosa optó y prefirió documentar como lo hizo, en desmedro de utilizar el beneficio tributario. Por lo tanto, decidió de manera libre descartar la utilización del código en trato y la consecuente reducción arancelaria de los Despachos de Importación que prevé la Resolución MEyP 497/2004 y sus modificatorias, a través de la ventaja REGPARTES2.
Señala que, tal como fuera planteado al momento de contestar el recurso de apelación, en el sistema aduanero rige el principio de la inalterabilidad de la declaración, contenido para los casos de importaciones en el artículo 224 del C.A., el cual reza “la declaración contenida en la solicitud de destinación de importación es inalterable una vez registrada y el servicio aduanero no admitirá del interesado rectificación, modificación o ampliación alguna, salvo excepciones previstas en este código”.
Aduce que, si bien este principio tiene sus excepciones, las cuales están establecidas en artículo el 225 del C.A., la representación fiscal demostró que en autos no se da ninguna de esas situaciones en las que podría un importador rectificar su declaración, a saber: para poder proceder a la rectificación debe cumplirse con dos elementos o requisitos, uno material y otro temporal. El primero de los requisitos (el material) implica que el “error” debe surgir de modo manifiesto de la simple lectura del propio documento en que se instrumenta la declaración o bien de la documentación complementaria a ella, para poder rectificar la declaración. Por el otro lado, el “elemento o requisito temporal” implica que, cumplido el requisito material, el interesado debe solicitar la rectificación, modificación o ampliación: 1) con anterioridad a que se dé a conocer al interesado que la declaración será objeto de control documental o que la mercadería será verificada; 2) con anterioridad a que se produzca el libramiento, si se hubiera exceptuado de los controles antes mencionados; 3) O bien se podrá solicitar hasta cinco días posteriores al libramiento, siempre que se pueda justificar fehacientemente que se ha cometido dicho “error”, por más que se lo solicite luego de haberse llevado a cabo los controles mencionados, sin que se hubiera advertido la diferencia por parte del servicio aduanero, o por más que ya se haya librado sin dicho control.
Resalta que, conforme obra en los actuados, en el caso de autos, no se ha cumplido con ninguno de esos requisitos.
Indica que, respecto al “requisito material”, jamás podría cumplirse, atento a que el servicio aduanero no puede presumir que el hecho de no colocar una ventaja, en este caso REGPARTES2, implicaría un error del importador o su despachante de aduanas, ya que colocar o no la ventaja, hacerse o no del beneficio, es voluntario. En cuanto al elemento temporal, tampoco se ha cumplido. Advierte que, la compañía ni siquiera ha solicitado la rectificación de la declaración.
Apunta que, resulta manifiesto que la sentencia recurrida se impone en clara contraposición al denominado “despacho de confianza”. Es mediante este tipo de despacho que el servicio aduanero autoriza el libramiento a plaza de la mercadería sin proceder a la verificación o verificando sólo una parte de ella, lo que permite agilizar los trámites aduaneros, con los sensibles beneficios económicos que ello implica. (Código Aduanero comentado, Tomo I, Alsina Mario Á., Barreira, Enrique C; et al. -1. ed. Buenos Aires, Abeledo Perrot: 2011-, p. 438/439).
Destaca que, en la línea de lo expuesto, en autos no hubo un pago indebido de tributos, como alega la parte en su apelación. Los tributos fueron liquidados y pagados conforme a derecho y en función de la mercadería importada declarada, habiéndose solventado el porcentaje de derechos que correspondía a la mercadería documentada. Significa entonces que es imposible sostener que su parte se quedara con lo que no le correspondía. Contrariamente a esa postura, el pago de derechos se realizó en consonancia con el despacho que la propia actora presentó y confeccionó, y ese fue el importe que su parte percibió por tributos. Manifestó que, por otro lado, debe tenerse presente que la consignación de la ventaja correspondiente al Régimen de Política Automotriz AAP. CE Nro. 14 no se requiere al único efecto tributario de la liquidación de la alícuota del 2%, sino, asimismo, a los efectos de brindarle trazabilidad sistémica a la mercadería importada bajo esas condiciones, la que deberá destinarse a la finalidad que el acuerdo prevé. El art. 1° de la Resolución (MEyP) 497/04 sostiene claramente la finalidad que se le debe otorgar a la mercadería importada con el beneficio de reducción del derecho de importación extra zona del 2%: se tiene que tratar de mercadería destinada a “la producción de vehículos automotores y/o conjuntos o subconjuntos de autopartes incluidos en el Artículo 1° del XXXI Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 14”.
Apunta que, a su vez, el Acuerdo de Complementación Económica Nro. 14 sostiene que “Las disposiciones contenidas en el presente se aplicarán al intercambio comercial de los siguientes bienes, de ahora en adelante denominados "Productos Automotores", siempre que se trate de bienes nuevos, comprendidos en las posiciones de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), con sus respectivas descripciones, que figuran en el Apéndice I. Añade que, el hecho de no haber declarado la ventaja correspondiente, presupone un problema central para la trazabilidad de la mercadería, contralor que por supuesto no le corresponde a la Aduana sino a la Secretaría de Industria, pero que, sin embargo, resulta imposible de realizar para la misma si no es la propia interesada la que da cuenta de semejante particularidad. ¿De qué manera podría el Estado Nacional ahora, 9 años después de liberada la mercadería a plaza, constatar que la misma no ha sido utilizada para la venta al por menor de repuestos, por ejemplo? Evidentemente, tampoco podría haberlo constatado 3 años después, momento en que la actora se dio cuenta de su “error” y decidió iniciar la repetición de los tributos abonados. Pone de relieve que, asimismo, en ningún momento se interesó tampoco por demostrar los extremos que la habilitarían a semejante beneficio. Argumenta que, todo esto se enmarca, sin lugar a dudas, en la doctrina de los actos propios según la cual, nadie puede reclamar la invalidez de los propios actos en la medida en que ellos fueron jurídicamente válidos y fueron desarrollados con plena voluntad.
Considera que, teniendo en cuenta lo expuesto, resultando de imposible comprobación la finalidad a la que se afectó la mercadería puesto que, en ningún momento se informó ni se probó luego al Estado Nacional a qué efectos se la importó, la demostración de que se la destinó de conformidad con los previsto por el art. 1 de la Resolución (MEyP) 497/04 y el Acuerdo de Complementación Económica 14 es hoy en día imposible.
En consecuencia, entiende que, corresponde rechazar la solicitud de devolución intentada, en la medida en que no se encuentra probado ni es posible demostrar la finalidad que autoriza la liquidación del derecho de importación extrazona que la recurrente pretende tomar como válido iure et de iure.
III. Que, de manera inicial debe señalarse que, la decisión apelada es resultado de una valoración sobre los hechos y las pruebas que –en principio– no le corresponde revisar a esta Cámara, dada la limitación que surge del artículo 1180 del Código Aduanero.
Sin embargo, en el caso se advierten motivos para apartarse de lo resuelto, toda vez que el Tribunal Fiscal de la Nación omitió considerar que de las declaraciones aduaneras, objeto de autos, no surge que la actora hubiese invocado el régimen arancelario preferencial del ACE 14, con sustento en el cual pretende repetir; circunstancia que fue oportunamente advertida por el Fisco en su contestación (ver expte. electrónico, fs. 76/85).
En este sentido, conviene recordar que los beneficios arancelarios deben acreditarse al momento del registro del despacho de importación, por cuanto ello es determinante de la aplicación del régimen vigente a ese momento, en virtud de lo dispuesto en los artículos 637, inciso b, y 639 del Código Aduanero. También corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha condicionado la posibilidad de presentar con retardo los documentos que acrediten la procedencia del beneficio pretendido a la circunstancia de que, en el cuerpo mismo del despacho, se hubiese invocado el régimen preferencial (doctr. Fallos: 300:1079 y Sala IV, in re, expte: 41770/2023, “Pabsa SRL (TF 78114078- A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”), circunstancia que no se verifica en el sub examine.
IV. Que, a mayor abundamiento, cabe precisar que, el código de ventaja en los despachos es una condición necesaria para acceder a la reducción del beneficio arancelario, por lo que no existe argumentación alguna que permita soslayar o justificar su omisión, lo que determina la improcedencia de la repetición intentada.
El art. 1° de la Resolución (MeyP) 497/04 sostiene claramente la finalidad que se debe asignar a la mercadería importada con el beneficio de reducción del derecho de importación extra zona del 2%, destinándose a “la producción de vehículos automotores y/o conjuntos o subconjuntos de autopartes incluidos en el Artículo 1° del XXXI Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 14”.
A su vez, el acuerdo de Complementación Económica Nro. 14 dispone que “Las disposiciones contenidas en el presente se aplicarán al intercambio comercial de los siguientes bienes, de ahora en adelante denominados "Productos Automotores", siempre que se trate de bienes nuevos, comprendidos en las posiciones de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), con sus respectivas descripciones, que figuran en el Apéndice I. Teniendo en cuenta lo expuesto, bien se advierte que en el caso resulta de imposible comprobación la finalidad o aplicación a la que se afectó la mercadería puesto que, en ningún momento se informó ni se probó a qué efectos se la importó, incumpliéndose de tal modo el deber de acreditar su destino de conformidad con los previsto por el art. 1 de la Resolución (MEyP) 497/04 y el Acuerdo de Complementación Económica 14, es hoy en día imposible.
En este contexto, cuadra advertir que las destinaciones de importación se oficializaron en el año 2014 y la solicitud de repetición data del año 2017, habiendo transcurrido a la fecha más de 10 años.
En consecuencia, corresponde admitir el recurso de la demandada, revocar el fallo en cuanto fue materia de agravios y rechazar la solicitud de devolución intentada, en la medida en que no se encuentra probado ni es posible demostrar la finalidad que autoriza la liquidación del derecho de importación extrazona que la recurrente pretende tomar como válido.
V. Que en atención al modo en que se resuelve, corresponde que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por la actora vencida (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°) Admitir la apelación del Fisco Nacional y revocar la decisión del 30/05/2023 y 2°) Las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida al no advertirse motivos para la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN). Se deja constancia que el Dr. José Luis Lopez Castiñeira no suscribe por encontrarse en uso de licencia (art. 109, R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia