Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 35681-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos de apelación interpuestos por las actoras y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas a la vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Conociendo de los recursos de apelación deducidos contra la regulación de honorarios de fs. 73 y vta., corresponde, en primer término, cabe puntualizar que la Ley 27.423 no se aplica a las etapas que tuvieron comienzo de ejecución antes de su entrada en vigencia (cfr. CSJN, Fallos: 341:1063 y esta Sala, Causa Nº 670/11, “Fernández, Mauro Nicolas c/ GCBA (Cromañon) y otros s/daños y perjuicios”, del 31/08/23 y -en su actual composición- Causa N° 50.062/11 “Salvatierra Carlos Daniel y otro c/ EN -M° Defensa-Ejercito 1104/05 751/09 s/ personal militar y civil de las ffaa y de seg”, del 15/05/25).
Por consiguiente, en atención a la naturaleza, resultado y monto del asunto (cfr. fs. 1), la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada y la etapa cumplida, SE CONFIRMAN, toda vez que han sido apelados solamente por bajos, los honorarios establecidos y, sobre pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN, los emolumentos correspondientes a la dirección letrada y representación del Fisco Nacional, por las tareas cumplidas en la alzada, en 1 UMA, que equivale -a la fecha- a la suma de setenta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos -$74.376-, en ambos casos en conjunto (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21839; arts. 16, 19, 20, 21, 41 …
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
2901/2024 “VOLKWAGEN ARGENTINA SA (TF 35681-A) c/ DGA s /RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de agosto de 2025.- TAR
El recurso de apelación interpuesto -en forma conjunta- por la firma actora y los despachantes de aduana intervinientes a fs. 76 y vta., contra la sentencia de fs. 56/58 vta., fundado por el memorial de fs. 82/85 vta., cuyo traslado fue contestado por el Fisco Nacional a fs. 90/98 vta., así como el recurso interpuesto por los letrados de la parte demandada, contra la regulación de sus honorarios efectuada a fs. 67 y vta., por considerarlos bajos; y,
I. Que, mediante la sentencia de fecha 8 de agosto de 2023 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución DE PRLA 8987/14, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12194-947- 2006, en cuanto había condenado a la firma Volkswagen Argentina S.A. y a los despachantes de aduana intervinientes al pago de una multa por la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c) del Código Aduanero (en adelante, CA), con costas.
II. Que, para así resolver, el Tribunal comenzó por resumir las actuaciones administrativas. En lo que aquí interesa, señaló que “…por medio de los permisos de embarque (…), registrados en los años 2004 y 2005, ante la aduana de Buenos Aires, la firma VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. documentó, por medio de su despachante de aduana, Sr. Hernán D. Marotta -2004- y Patricia V. Roldán -2005-, la exportación para consumo de mercadería (partes de automóviles) con destino a Brasil en la mayoría de los casos, Sudáfrica y España”.
Posteriormente, la Sección Regímenes Promocionales detectó que en el campo FOB CASILLERO de los P.E. enumerados en el párrafo anterior se había declarado un valor FOB distinto al mismo y que dicha situación había intentado ser regularizada, incluyendo los gastos de cada operación en el casillero “Ajustes a Incluir”. A criterio del servicio aduanero, dichos gastos no son ajustes a incluir en el marco de la valoración de la mercadería, razón por la cual, culminó por formularse denuncia e instruirse sumario por presunta infracción al art. 954, ap. 1, inc. c) del CA, contra la exportadora y los despachantes de aduana intervinientes.
Seguidamente, expresó el Tribunal a quo que de la compulsa de las operaciones de exportación involucradas en autos, podía observarse que, en todos los casos, en el campo “FOB Total en Dólar” se había declarado un valor inferior y que en el campo “Ajuste a Incluir en Divisa” se habían declarado los gastos incurridos hasta el puerto de Buenos Aires, esto es “costos logísticos”, los cuales, a su vez, habían sido discriminados en las facturas de exportación.
En razón de tal confirmación, puntualizó que correspondía analizar si, efectivamente, los efectos que esa diferencia entre lo declarado en las destinaciones aduaneras y el resultado de la comprobación, había producido o podido producir, en el supuesto de permanecer inadvertida. Sobre este aspecto, destacó que la actora había manifestado que de la sola lectura de cada una de las declaraciones contenidas en las solicitudes de destinación de exportación se advertía la diferencia señalada por el servicio aduanero, por lo cual resultaba de aplicación el art. 959 del CA.
En este sentido, recordó que la norma invocada por la firma requiere que la inexactitud fuere comprobable de la simple lectura de la propia declaración complementaria, específicamente de las facturas de exportación. Insistió en que los costos de logística como por ejemplo el embalaje, que debían incluirse en el campo valor FOB, estaban discriminados en las facturas referidas y habían sido incorporados en el campo “ajustes a incluir”, arrojando -por ende- un valor en aduana comprensivo del monto total FOB que debía haber sido declarado. Agregó que, por lo tanto, el servicio aduanero había requerido comparar lo declarado en los permisos de embarque (en adelante, PE) con la descripción que surgía de las facturas comerciales, para así CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 2901/2024 “VOLKWAGEN ARGENTINA SA (TF 35681-A) c/ DGA s /RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
haber podido advertir la diferencia de declaración y bajo qué concepto se habían incluido esos importes en el campo “ajuste a incluir”, es decir que la inexactitud no había surgido de la propia declaración, sino de su comparación con la documentación complementaria correspondiente Por consiguiente, concluyó que correspondía aplicar a la solución de la controversia el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar en las causas “Petrobrás Energía S.A.” y “Río Chico S.A.” y, habiéndose declarado un valor FOB menor al que correspondía, debía tenerse por configurada la infracción imputada, ya que dicha inexactitud podría haber generado un ingreso desde el exterior de un importe pagado o por pagar distinto -menor- del que efectivamente correspondía.
Aclaró que, el hecho de que en las facturas de exportación acompañadas se hubieran discriminado los importes correspondientes a “costo logístico” que deberían haber sido incluidos en el valor FOB, no obstaba a la conclusión precedente, ya que las facturas de exportación constituyen documentación complementaria, no surgiendo la inexactitud de la propia declaración.
Finalmente, respecto a la extensión de la sanción a los despachantes de aduana, manifestó que de la interpretación de los arts. 902 y 908 del CA resulta que la solidaridad, en el pago de la multa impuesta como consecuencia de una declaración inexacta, nace en cabeza del despachante de aduana “…salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo” y que dichos profesionales no habían acreditado en autos haber cumplido con las obligaciones a su cargo como auxiliares del servicio aduanero.
III. Que las apelantes, en su memorial, formulan los siguientes agravios.
(i) Rechaza que hubiera existido una diferencia entre lo declarado y lo comprobado en los PE y que está discrepancia hubiere requerido del cotejo de documentación complementaria. Asevera que de los propios PE surgía la cifra de Valor FOB total (contemplando los “ajustes a incluir”) y que aplicando a ella el coeficiente consignado en el casillero “COEF/CANT. UNIDADES” se podía obtener el “Valor en Aduana en Divisa”. Asevera que el error en la carga de los permisos de embarque se trata un supuesto contemplado en el inciso a) del art. 959 del CA.;
(ii) Sostiene que, de todas maneras, la declaración tipificada como “inexacta” no resultaría punible, puesto que el valor de divisas que correspondía girar era el que figuraba en los casilleros “Valor en Aduana en Divisa” de los PE. Por lo tanto, se habrían abonado los tributos correspondientes, no habiéndose cuestionado dicho valor a los fines del pago de tributos y, además, la Aduana pudo ver con claridad cuál era el importe de divisas que iba a ingresar al territorio, con los PE.; (iii) Reitera que resulta de aplicación el art. 595, inc. a) del CA, cuestiona la aplicación efectuada en la sentencia apelada de los precedentes del Cimero Tribunal, en el entendimiento que los hechos del caso no resultan análogos a aquellos involucrados de dichas controversias;
(iv) Se agravia, además, de la responsabilidad imputada a los despachantes de aduana, por resultar atípicas las conductas analizadas; y (v) Finalmente, solicita que se impongan las costas a su contraparte:
IV. Que, corresponde de forma preliminar recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).
V. Que, en primer lugar, cabe recordar que la norma que rige la cuestión es el art. 954 del CA, que dispone: “1. El que, para cumplir con cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 2901/2024 “VOLKWAGEN ARGENTINA SA (TF 35681-A) c/ DGA s /RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
o exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiera podida producir: (…) c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de la diferencia”.
Cabe recordar también que, para la configuración de la infracción, deben consumarse dos supuestos: primero, que exista una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación; y, segundo, que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere.
VI. Que, de las constancias de autos surge que la declaración de valor FOB en el despacho de importación no coincide con la factura comercial. En este sentido, la actora sostiene el error no impedía verificar dicho valor FOB con la propia información volcada en el mismo PE y que, en todo caso, debía ser sancionado en el marco de lo dispuesto en el artículo 959 CA. Asimismo, destaca que no se produjo perjuicio fiscal, toda vez que no se modificó la determinación de los tributos reclamados. En este orden de ideas, cabe señalar, que resulta clara la norma en cuanto sostiene que el declarante debió consignar el valor real del bien importado, circunstancia que, como se advierte, no ha sido declarada en esos términos en el despacho de importación.
Motivo por el cual, dicha inexactitud en la declaración, tenía aptitud para producir el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere (art. 954, apartado 1, inc c, CA). Este supuesto es diverso al perjuicio fiscal contemplado en el inciso “a” del citado artículo (cfr. esta Sala I, causa 63846/19, “Wal Mart Argentina SRL TF 33723-A y otro c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, del 8/09/2021). Por ello resulta irrelevante que no se hubiera realizado una nueva liquidación de los tributos aduaneros, por lo cual el error no podía causar ningún perjuicio fiscal.
VII. Que, en relación con la aplicación del artículo 959, inciso “a”, del Código Aduanero que pretende la firma actora, debe recordarse, ante todo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Petrobras Energía SA (TF 21509-A) c/ DGA”, pronunciamiento del 6 de marzo de 2014, realizó una interpretación del aludido artículo. Allí indicó, en síntesis, que cuando esa norma exime de responsabilidad al sujeto declarante –aun cuando no haya mediado actividad suya alguna- por las declaraciones inexactas queda circunscripto a que éstas surjan de la “simple lectura de la propia declaración” y supone que la autoridad aduanera estaría en condiciones de advertir la inexactitud fácilmente, no se refiere a la simple lectura de la declaración y además de la documentación complementaria a aquella, pues se trata de un supuesto distinto al contemplado en los arts. 224 y ss. y 321 y ss. del código que rige la materia, en los que expresamente menciona los “documentos complementarios a la declaración” (ver especial Considerando 6º)
Tal criterio fue reiterado en los autos R.867.XLVIII “Río Chico SA (TF 29758-A) c/ DGA”, sentencia del 23/09/2014, y en los precedentes registrados en Fallos: 339:1400 y 340:236, y receptado por esta Cámara (cfr., esta Sala, causa 27.524/12, “Aceitera General Deheza SA (TF 29218-A Y ACUM) c/ DGA”, sentencia del 9/12/2014; causa 63846/19, “Wal Mart Argentina SRL…”, cit. y esta Cámara, Sala IV, causa 25.883/23, “Malefu Agropecuaria SRL (TF 28838-A) c/ DGA”, del 12/09/23 y causa 3.666/24 “Solvay Indupa SAIC (TF 37130-A) c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, del 11/07/2024).
En el caso, la inexactitud no surge de la mera lectura de la declaración, sino que ella se advierte del cotejo realizado por la Aduana de la documentación complementaria, específicamente de la factura comercial, por lo que no resulta aplicable la eximición de la pena dispuesta en el mencionado artículo. Todo lo cual lleva a desestimar los agravios alegados por la accionante.
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IX. Que, en relación a la responsabilidad que se le imputa a los despachantes de aduana, cabe mencionar que éstos han adherido a la apelación de la firma exportadora y sus agravios. Por tal razón, más allá de lo brevemente expresado al formular el cuarto agravio del memorial en trato, no han planteado ante esta Alzada argumentos específicos relacionados la existencia de circunstancias atenuantes o eximentes respecto a la imputación que se les efectuó.
Sin perjuicio de ello, es menester señalar que, como mandatario del importador, el despachante de aduana, debe actuar dentro de los límites de las instrucciones impartidas por éste, debiendo resguardar su responsabilidad y acreditar la existencia de tales órdenes para verse liberado de las eventuales sanciones por ilícitos que se cometan en las operaciones que realicen (Esta Sala causa 63846/19, “Wal Mart Argentina SRL…”, cit., en el mismo sentido, Sala IV, causa 3.666/24 “Solvay Indupa SAIC (TF 37130-A…”, cit.).
En efecto, el art. 908 del CA requiere para eximirlo de responsabilidad que pruebe haber cumplido con las obligaciones a su cargo, consagrando de tal forma una inversión de la carga de la prueba. Por tal razón, para verse liberado de sanción, no resulta suficiente la mera invocación de las órdenes, sino que al poner la norma a su cargo la obligación de probar la existencia de la causal de exculpación, debe aportar algún elemento de prueba para acreditar que su mandante le impartió las instrucciones expresas (conf. esta Sala in re “YPF SA c/ DGA”, del 16-02- 09).
A la luz de las consideraciones expuestas, se advierte que los despachantes de aduana se apartaron en su declaración de la información obrante en la documentación comercial, y no acreditaron haber obrado en cumplimiento de instrucciones impartidas por la exportadora, ni ninguna otra causal válida de exculpación. Todo lo cual, lleva a confirmar la resolución apelada en cuanto rechaza su eximición de la responsabilidad. Por las razones expuestas se RESUELVE: rechazar los recursos de apelación interpuestos por las actoras y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas a la vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Conociendo de los recursos de apelación deducidos contra la regulación de honorarios de fs. 73 y vta., corresponde, en primer término, cabe puntualizar que la Ley 27.423 no se aplica a las etapas que tuvieron comienzo de ejecución antes de su entrada en vigencia (cfr. CSJN, Fallos: 341:1063 y esta Sala, Causa Nº 670/11, “Fernández, Mauro Nicolas c/ GCBA (Cromañon) y otros s/daños y perjuicios”, del 31/08/23 y -en su actual composición- Causa N° 50.062/11 “Salvatierra Carlos Daniel y otro c/ EN -M° Defensa-Ejercito 1104/05 751/09 s/ personal militar y civil de las ffaa y de seg”, del 15/05/25).
Por consiguiente, en atención a la naturaleza, resultado y monto del asunto (cfr. fs. 1), la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada y la etapa cumplida, SE CONFIRMAN, toda vez que han sido apelados solamente por bajos, los honorarios establecidos y, sobre pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN, los emolumentos correspondientes a la dirección letrada y representación del Fisco Nacional, por las tareas cumplidas en la alzada, en 1 UMA, que equivale -a la fecha- a la suma de setenta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos -$74.376-, en ambos casos en conjunto (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21839; arts. 16, 19, 20, 21, 41 de la ley 27423 y Res. SGA 1687/25).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 2901/2024 “VOLKWAGEN ARGENTINA SA (TF 35681-A) c/ DGA s /RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia