Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 47100-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso intentado por VV Join SRL y el señor Fernández Vâzquez, revocar el pronunciamiento del 6/11/2024 y, en consecuencia, dejar sin efecto las resoluciones DV CRR1 57/2016 y 83/2017, con costas tanto relativas a la actuación desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, a cargo del Fisco Nacional; y
2Declarar inoficioso pronunciarse respecto del recurso interpuesto contra el auto regulatorio, debiendo adecuarse los honorarios fijados respecto de lo actuado por ante el Tribunal Fiscal de la Nación a lo aquí decidido (Considerando X).
Buenos Aires, 10 de febrero de 2026.
VISTOS estos autos CAF10.621/2023 “VV Join SRL - TF 47.100-I c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” y
I. Por resolución DV CRR1 57/2016, en cuanto aquí interesa, la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Centro de la ex AFIP, actual ARCA, determinó de oficio, con carácter parcial, la obligación frente al IVA, por los períodos fiscales 1/2009 a 12/2011, de VV Join SRL, fijando un saldo a ingresar de $21.179.690,45, intimando a la contribuyente a cancelar tal monto bajo apercibimiento de exigirlo por ejecución fiscal, con más intereses, y difiriendo la calificación de la conducta de la responsable, conforme lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 24.769 (conf. esp. fs. 8/130 del expediente en soporte papel que se tiene a la vista).
En sustancial síntesis, cuadra mencionar que el ajuste practicado a VV Join SRL, empresa dedicada a la venta en comisión o consignación de productos agrícolas (corredora de granos), que tuvo asiento en la fiscalización seguida, respondió a la utilización, al elaborar sus declaraciones juradas respecto del IVA, de documentación inválida vinculada a operaciones presuntamente celebradas con once proveedores (Agroprocesos del Oeste SA, Ferzola Agropecuaria SRL, Campus y Cerealis SA, Distribuidora San Justo SRL, El Mistol SRL, Midal SRL, Moliendas Blancaharina SRL, Vercovir SA, Roca Cereales SA, Cersetra SA y Agrícola Federal del Sol SA) que, en el entendimiento de la autoridad fiscal, carecían de capacidad operativa para realizar la actividad facturada.
A su vez, por Resolución DV CRR1 83/2017, la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Centro de la actual ARCA determinó de oficio la obligación respecto del IVA, por los períodos 1/2009 a 12/2011, del señor Cristian Belisario Fernández Vázquez, como responsable personal y solidario por la deuda de VV Join SRL, por un total de $21.179.690,45, con más intereses resarcitorios, y haciendo reserva de aplicar sanciones en los términos del artículo 20 de la ley 24.769 (conf. fs. 403/435 del expediente en soporte papel que se tiene a la vista).
Al respecto, cabe mencionar que el señor Fernández Vázquez, al tiempo de los hechos fiscalizados, ocupaba el cargo de socio gerente de VV Join SRL y que la atribución de responsabilidad se sustentó normativamente en los artículos 6°, literal d), y 8° de la ley 11.683.
II. Solicitada la revisión de dichos actos (conf. fs. 237/281 y 436/476 del expediente que, en soporte papel, se tiene a la vista), por resolución del 6/11/2024 (conf. esp. fs. 8/30 del hipervínculo que antecede), la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, los confirmó, con costas a cargo de los recurrentes.
Para así decidir, tras referir los antecedentes del caso, en particular, las irregularidades detectadas por la fiscalización actuante en torno a once proveedores antes identificados, la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, por unanimidad, descartó la defensa de prescripción opuesta, así como el planteo de nulidad de los actos determinativos, tanto desde el plano formal como material.
En particular, respecto de este último aspecto, el organismo administrativo con facultades jurisdiccionales destacó que la impugnación efectuada por la autoridad fiscal respecto de los proveedores cuestionados, se encontraba debidamente sustentada en la comprobación de indicios graves, precisos y concordantes que imprimían serios reparos respecto de la validez de las facturas y la capacidad del proveedor declarado como quien ha comercializado los servicios.
Al punto, añadió que, frente a los contundentes indicios que revelaban las inconsistencias endilgadas al proveedor no confiable, los recurrentes no aportaron los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlas, escudándose en un sinfín de argumentaciones que no hacían más que revelar su mero desacuerdo con las valoraciones realizadas por la fiscalización.
Luego, tras referir ciertos precedentes jurisprudenciales rectores en la materia, explicó que correspondía a los recurrentes acreditar fehacientemente la existencia de los proveedores cuestionados y la participación de aquellos en las operaciones cuestionadas, circunstancias que no ha demostrado por no presentar elementos de prueba que permitan evidenciar su real capacidad operativa, económica y financiera.
A ello, agregó que las contestaciones de oficio obrantes a fs. 559/579 y 586/688, dirigidas a Vicentin SAIC y al Departamento Contencioso de la Dirección Contencioso de la ex AFIP, únicamente daban cuenta que el exportador efectuó compras a los proveedores impugnados y que la firma recurrente operó como corredor entre ambas partes; luciendo tales operaciones improcedentes a los fines de demostrar la capacidad productiva de aquellos, así como que hayan sido quienes efectuaron las operaciones contabilizadas.
A continuación, se verifica el motivo de discrepancia entre los vocales de la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación; esto es, en lo concerniente a la trascendencia que correspondía otorgarse a lo resuelto en sede penal.
Según la posición mayoritaria, conformada por los doctores Porporatto y Magallón, correspondía descartar el pretendido alcance al pronunciamiento dictado en la causa “VV Join SRL s/Infracción Ley 24.769”, que tramitara por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 11, a cuyos efectos postuló que resultaba impensable pretender que el Tribunal Fiscal de la Nación acatara pasivamente lo decidido respecto de la valoración jurídica atinente al acaecimiento del hecho imponible o a sus aspectos que hacen a la determinación impositiva del gravamen en sede penal, puesto que el juez penal está facultado y debe analizar el hecho imponible del presunto delito investigado, más ello no puede hacer pensar que su opinión y su propio encuadre normativo deba tener efecto vinculante para la sede contencioso administrativa.
Sobre la base de tal consideración, postularon que si bien la jueza penal realizó una valoración de la conducta de la recurrente a la luz de las normas del derecho penal, ello no imposibilitaba la verificación y análisis bajo las normas del IVA referidas al cómputo de los créditos fiscales.
En este sentido, afirmaron que la sentencia penal no revelaba hechos que rebatieran los argumentos del organismo fiscal por los que se cuestiona la capacidad operativa y económica de los proveedores observados que generaron los créditos fiscales en IVA computados por la recurrente; siendo que, el carácter de intermediaria (corredora), por la modalidad operativa y documental utilizada, no impide que el Fisco Nacional en el marco de sus facultades de verificación y fiscalización detectase en cabeza de VV Join SRL el cómputo de créditos fiscales en IVA que no cumplen con las condiciones previstas en el artículo 12 de la ley del gravamen y procede a impugnarlos.
Finalmente, en cuanto a la responsabilidad solidaria del señor Fernández Vázquez, destacaron que en tanto ejercía el cargo de socio gerente para los periodos 2011 a 2013, siendo el representante legal en la cuenta bancaria de la firma VV Join SRL, no era ajeno al manejo empresario y tenía pleno conocimiento cierto de la materia imponible, manejaba los negocios y disponía de los fondos de la sociedad.
Así, continuaron en su razonamiento, con referencia a los artículos 6° y 8° de la ley 11.683, advirtieron que la responsabilidad no era objetiva ni derivaba de la simple vinculación existente entre los responsables y el deudor del tributo, sino que, por el contrario, el presupuesto legal de la responsabilidad a título personal es el incumplimiento de sus deberes; correspondiendo al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión de los cargos y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y especifica en el seno de las sociedades, es decir, desde el piano de la imputación subjetiva.
Por último, siempre en lo que al punto refiere, sostuvieron que más allá de sus afirmaciones dogmáticas, el señor Fernández Vázquez no produjo prueba alguna tendiente a demostrar que ha sido colocado por la contribuyente en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con los deberes fiscales que le incumbían. En cambio, según el voto minoritario del doctor Pérez, otro resultaba el alcance que debía darse al pronunciamiento dictado en el marco de la causa penal, en trámite ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
Al respecto, destacó que, en el caso, correspondía estar tanto a los hechos que la jueza penal ha tenido por probados, los que como se encontraban respaldados por la prueba producida en esta instancia, como a la conclusión alcanzada en cuanto a la valoración de fondo resultante del pronunciamiento judicial dictado, que se encontraba firme.
En este sentido, con referencia a lo fallado en sede penal, resaltó el vocal en disidencia que, en la especie, no se ha atendido al carácter con el que intervino VV Join SRL en las operaciones que dieran lugar al ajuste fiscal; habiendo el Fisco Nacional omitido considerar que en las operaciones objetadas, dicha firma actuó exclusivamente en su carácter de corredora de cereales y que, en consecuencia, no resultaba sujeto pasivo del IVA en las operaciones objetadas en autos, habida cuenta que la propia resolución general ex AFIP 2300/2007 y sus modificatorias dejaba en claro que el “corredor” era el sujeto que actuaba vinculando la oferta y la demanda de granos para ser comercializados entre terceros exclusivamente y percibía una comisión por su labor mediadora, la cual ha facturado a la alícuota general del 21% de conformidad con lo establecido por los artículos 3°, 4°, literal e), y 21 de la ley del gravamen.
Al respecto, destacó que Vicentín SA, principal cliente en las operaciones cuestionadas en autos, informó que compró soja -y en algunos casos también de semillas de girasol- a los proveedores que la ex AFIP impugnó en estas actuaciones, contabilizando tales operaciones y registrando los créditos fiscales en sus libros contables como en sus declaraciones juradas del IVA y del impuesto a las ganancias, recibiendo la mercadería en todas las operaciones concertadas con aquellos proveedores, y declarando que VV Join SRL intervino como corredor de cereales.
Así -continuó en su razonamiento el citado vocal-, de la totalidad de la documentación respaldatoria de las operaciones cuestionadas, surgía con claridad que la parte vendedora eran los proveedores cuestionados y las compradoras Vincentin SA, Explora SA y/o Viluco SA, según el caso, y que la intervención de VV Join SRL se limitaba a la condición de corredor; circunstancia que no fuera cuestionada por el Fisco Nacional más allá de la controversia sobre la identidad de los verdaderos vendedores que intervinieron en la compraventa de cereales allí asentadas.
A ello, agregó que, en sentido concordante, la jueza penal advirtió que ante los múltiples informes requeridos al Fisco Nacional, el organismo recaudador hizo saber que Vicentín SA, adquirente del 97% de la mercadería comercializada por las facturas objetadas, en el marco de la normativa vigente, se encontraba efectivamente obligado a actuar como agente de retención del IVA con relación a las operaciones comerciales y proveedores observados, y que, efectivamente, las efectuó, cancelando los saldos a ingresar mediante compensaciones.
Sobre la base de estas circunstancias, atendiendo a lo decidido por la jueza penal, afirmó el doctor Pérez que la tesitura fiscal no se ajustaba a la realidad económica en razón de no verificarse dos operaciones sucesivas e independientes entre sí, ello en tanto la mercadería fue directamente vendida por los proveedores cuestionados a las firmas compradoras, actuando la recurrente como nexo entre ambas partes, advirtiendo que la mercadería fue trasladada por los proveedores a través de cartas de porte de su titularidad, directamente a la planta de los compradores; por manera que, siendo las firmas adquirentes las titulares de los créditos fiscales, por ser la parte compradora en la operación, era a dichas firmas a las que, en todo caso, hubiera tenido que dirigirse la eventual responsabilidad fiscal.
Lo dicho, en el entendimiento del vocal disidente, justificaba la revocación del ajuste fiscal en cabeza de VV Join SRL como así también, en consecuencia, la responsabilidad solidaria determinada en cabeza del señor Fernández Vázquez.
IV. Disconformes con lo resuelto, VV Join SRL y el señor Fernández Vázquez apelaron, fundando oportunamente su pretensión recursiva (conf. esp. fs. 35 y 39/71 del hipervínculo que antecede).
Postularon que el pronunciamiento dictado por la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación resultaba arbitrario en tanto y en cuanto, básicamente, desconoció el alcance de la cosa juzgada resultante del pronunciamiento dictado en sede penal.
Al efecto, con referencia al voto en disidencia del doctor Pérez, destacaron que, al analizar la magistrada penal la situación de VV Join SRL, se habría pronunciado por la inexistencia de obligación tributaria a su cargo atento a su condición de empresa corredora. Estas circunstancias daban cuenta de una violación del principio de cosa juzgada, consagrado por el artículo 20 del régimen penal tributario.
Explicaron, siempre en lo que al punto refiere, que las consideraciones fácticas y jurídicas vertidas por el señor juez penal a fin de sustentar el sobreseimiento de los imputados, hacían cosa juzgada sobre la inexistencia de hecho gravado en el IVA cargo de VV Join SRL. Citaron jurisprudencia que, en su entendimiento, avalaría su postura.
Resaltaron que la omisión de pago de la deuda tributaria constituía un elemento del tipo penal investigado, de modo que la constatación del surgimiento de la obligación tributaria de pago, su antecedente, el acaecimiento del hecho imponible y, en consecuencia, la determinación del hecho imponible previsto legislativamente, no solo conformaba parte del examen que los jueces en lo Penal Tributario estaban habilitados a efectuar, sino que resultaba un presupuesto necesario para afirmar o negar la existencia de un hecho delictivo de evasión tributaria.
Luego, a título subsidiario, afirmaron que la prueba rendida en autos daría palmariamente cuenta que: -los vendedores contrataron con Vicentín SA a efectos de exportador la mercadería bajo trato; -VV Join SRL actuó en mero carácter de corredor, ciñendo su actuación al cumplimiento de los deberes que natural y razonablemente podía cumplir; -que la exportadora reconoció las compras y el cómputo de aquellas en sus declaraciones juradas de tributos nacionales. Al respecto, explicaron que independientemente del perfil tributario a asignarles, ello en modo alguno podía dar lugar a impugnar créditos fiscales o débitos fiscales en cabeza de VV Join SRL; máxime siendo que la firma no habría asentado en sus declaraciones juradas del IVA compras falsas que dieran lugar a la evasión de sus tributos.
Indicaron que la objeción de los llamados proveedores, que en realidad eran vendedores de sus cereales a exportadores, teniendo como corredor a VV Join SRL, jamás podía repercutir en el incremento de los débitos fiscales de las declaraciones juradas del IVA, puesto que no constituían ni créditos (por compras) ni débitos (por ingresos) en cabeza de la intermediaria.
Agregaron que, en definitiva, la pretensión fiscal carecía de toda racionalidad y se apartaba de los hechos, en tanto los ingresos de VV Join SRL provenían pura y exclusivamente de la actividad de intermediación (esto es, la comisión cobrada por cada operación en la que oficiaba de nexo entre el vendedor y el exportador adquirente), resultando -por consiguiente- improcedente atribuir más de $21.000.000 de débitos fiscales por operaciones en las que no se verificaban ventas ni compras de parte de la firma.
A todo evento, alegaron que el incremento de los débitos fiscales de las declaraciones juradas del corredor, solo pudieron repercutir en las declaraciones juradas del adquirente (sujeto exportador que recibiera la mercadería) que computó la compra como “crédito fiscal” de su actividad, más no al intermediario de la operación.
Por lo expuesto, VV Join SRL y el señor Fernández Vázquez solicitaron que se revocara el pronunciamiento dictado por la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, fueran dejadas sin efecto las resoluciones DV CRR1 57/2016 y 83/2017, en todos sus términos, con costas a cargo del Fisco Nacional.
Dicha presentación fue replicada por la Administración (conf. esp. fs. 141/158 del hipervínculo que antecede).
V. A pedido de parte, por resolución del 12/12/2024, la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, reguló honorarios de los profesionales actuantes en autos; siendo motivo de recurso por entenderlos altos (conf. esp. fs. 33/34 y 37 del hipervínculo que antecede).
VI. Razones de orden lógico imponen expedirse primeramente en lo que respecta a la defensa de cosa juzgada, desestimada -por el voto mayoritario- por la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, al limitar el alcance del pronunciamiento dictado por la Justicia en lo Penal Económico, que VV Join SRL y el señor Fernández Vázquez pretendieron hacer valer.
Con ese propósito, luce atinado referir lo decidido por el Juzgado Penal Económico N°11 en la causa 605/2017 "VV Join SRL s/infracción ley 24.769”, sent. del 25/10/2022 (conf. esp. fs. 72/137 del hipervínculo que antecede), en la que se investigó acerca de la presunta evasión del pago del IVA, correspondiente a los períodos fiscales 2009, 2010 y 2011 respecto de VV Join SRL por las sumas de $4.761.298,60, $10.603.616.34 y $5.814.775,51, respectivamente, ello como consecuencia de haber reflejado en sus declaraciones juradas un débito fiscal inferior al que, en el entendimiento fiscal, hubiera correspondido referir dada la irregularidad de los bienes y/o servicios facturados por once proveedores (Agroprocesos del Oeste SA, Ferzola Agropecuaria SRL, Campus y Cerealis SA, Distribuidora San Justo SRL, El Mistol SRL, Midal SRL, Moliendas Blancaharina SRL, Vercovir SA, Roca Cereales SA, Cersetra SA y Agrícola Federal del Sol SA).
Al respecto, el juzgado actuante sobreseyó a los señores Fernández Becerra y Fernández Vázquez, en su condición de responsables por VV Join SRL, respecto de la acusación por presunta evasión del pago del IVA por los períodos fiscales 2009, 2010 y 2011 de la nombrada firma, por cuanto consideró que el hecho investigado no encuadraba en una figura legal (conf. artículo 336, inciso 3°, del CPPN). Alcanzó tal conclusión, en sustancial síntesis, tras entender que VV Join SRL había actuado en las operaciones objetadas exclusivamente en su carácter de corredora de cereales y, por ende, no resultaba sujeto pasivo del IVA en tales actos de comercio por no reunir la calidad de obligado, exigida por el tipo penal imputado con relación a los hechos imponibles en cuestión.
En este sentido, el juzgado penal actuante resaltó que:
-la propia normativa aplicable a las operaciones investigadas (vgr. esp. resolución general ex AFIP 2300/2007 y sus modificatorias), relativas a la compraventa de cereales y oleaginosas, prevé que los corredores no comercializan dichos productos a nombre propio, sino que solo son el nexo entre las verdaderas partes compradoras y vendedoras; siendo que VV Join SRL se ha encontrado inscripta en el Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas (RFOG) exclusivamente como corredora, ello en oposición a los proveedores observados, que se encontraban registrados como acopiadores o, en un solo caso, como productor; -la contribuyente imputada había facturado sus comisiones por la intermediación en las operaciones objeto de autos bajo la alícuota general del 21%, de conformidad con lo establecido por los artículos 3°, 4°, literal e), y 21 de la ley del IVA;
-en la totalidad de la documentación respaldatoria de las operaciones cuestionadas, se consignó que la parte vendedora eran los proveedores cuestionados y la compradora Vicentín SA, Explora SA o Viluco SA, según el caso, y que la intervención de VV Join SRL se limitó exclusivamente a su carácter de corredora;
-en cada uno de los boletos de compraventa involucrados, registrados ante las bolsas de cereales y también ante el Fisco Nacional, se indicó que VV Join SRL quedaba facultada por los vendedores a firmar en su nombre y representación la documentación necesaria para la instrumentación y formalización, lo que reforzaba la idea que la corredora imputada no actuó en nombre propio, sino en nombre y por cuenta de terceros;
-en todas las operaciones observadas Vicentín SA, Explora SA y/o Viluco SA actuaron como agentes de retención del IVA, practicando tales retenciones directamente a los proveedores observados; ello a pesar que, en todos los casos, VV Join SRL intervino como corredor;
-no se verificaron dos operaciones sucesivas e independientes entre sí, ello en tanto la mercadería fue directamente vendida por los proveedores cuestionados en autos a Vicentín SA, Explora SA y Viluco SA, limitándose VV JOIN SRL a actuar como nexo entre ambas partes; siendo que la mercancía involucrada, fue trasladada por los proveedores a través de cartas de porte de su exclusiva titularidad, directamente a la planta de los compradores, quienes habrían provisto a los entregadores; y -Vicentín SA, principal cliente de las operaciones observadas, informó haber comprado soja a los mencionados proveedores, contabilizando tales operaciones y registrando tanto los créditos fiscales como los gastos vinculados a dichas operaciones, sin indicar haberle comprado la mercadería a VV Join SRL.
Cabe destacar que dicho pronunciamiento se encuentra firme (conf. certificado de fs. 807 del expediente que en soporte papel se tiene a la vista).
Aclarado ello, cabe señalar que los tributos y períodos fiscales involucrados en la causa penal reseñada, coinciden con aquéllos que fueron objeto de fiscalización en autos y que sustentaron el dictado de las resoluciones aquí cuestionadas.
Ahora bien, según resulta del pronunciamiento que se acaba de reseñar, dictado en la causa 605/2017 "VV Join SRL s/infracción ley 24.769”, sent. del 25/10/2022, la señora jueza penal actuante dispuso sobreseer a los allí imputados sobre la base que VV Join SRL no revistió la condición de obligada con relación a los débitos y créditos fiscales devengados a raíz de las operaciones comerciales observadas por el Fisco Nacional, ello al margen de su comisión, cuya correcta declaración por parte de la mencionada firma, no habría sido cuestionada.
Tales circunstancias resultan relevantes, trasuntan la real sustancia fáctica y jurídica de la posición de la intermediaria en las operaciones y por lo mismo, proyectan efectos decisivos en la resolución de la presente causa; y precisamente al haber sido soslayadas por parte del voto mayoritario de la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, determinan la revocación del decisorio.
El antecedente de hecho de las resoluciones DV CRR1 57/2016 y 83/2017, finca en la consideración de que VV Join SRL habría declarado, respecto del IVA, por los períodos fiscales 2009 a 2011, la compra de bienes a ciertos proveedores que, en el entendimiento del Fisco Nacional, carecían de capacidad suficiente para dar cumplimiento a la operación documentada (compraventa de cereal). De dicha aseveración y de los montos involucrados, derivó el ajuste fiscal resultante de los actos bajo revisión respecto de la mencionada firma y de su socio gerente, así como la denuncia penal correspondiente, que tramitara en el marco de la causa 605/2017 "VV Join SRL s/infracción ley 24.769”.
En este contexto, corresponde recordar que el artículo 20 de la ley 24.769 establece que, con el propósito de evitar sanciones contradictorias, si bien la formulación de la denuncia penal no impedirá la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o previsional, la autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal. Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial.
Es decir, que la determinación de oficio se encuentre apelada no impide la interposición de la denuncia penal, ni esta última obsta a su vez la prosecución de los procedimientos administrativos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda impositiva. Ambos procedimientos, penal y administrativo, están llamados a avanzar en paralelo.
En este contexto, cabe resaltar, que la letra de la norma impone una importante limitación al disponer que no se podrán aplicar sanciones administrativas antes de que hubiera quedado firme la sentencia judicial en sede penal, la que constituirá cosa juzgada respecto de las declaraciones de hechos contenidas en ella, debiéndose reconocer que la finalidad buscada por el legislador ha sido evitar el escándalo jurídico que significaría el dictado de resoluciones encontradas sobre los mismos hechos (conf. esta Sala, en autos CAF34.748/2012 “Prosper Argentina SA (TF 20.316-I) c/DGI”, resol. del 6/8/2013 y sus citas esp. Consid. XI; pronunciamiento que fuera confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por fallo del 10/3/2015, al declarar desierto el recurso ordinario interpuesto por el Fisco Nacional).
Al punto, tal como se sostuvo en ocasión de resolver la causa “Prosper SA”, que se acaba de citar, indíquese que la determinación acerca de si el Tribunal Fiscal de la Nación debe hacer mérito de las consideraciones efectuadas por la justicia penal en su sentencia, requiere de un análisis ajustado a las particularidades de cada causa.
En este sentido, es preciso destacar que el delito tributario requiere de dos aspectos: uno objetivo, que implica necesariamente el análisis de la normativa fiscal a los efectos de determinar la procedencia del gravamen, y uno subjetivo, que implica la valoración de la conducta desplegada. En consecuencia, las posibilidades para desvincular a un imputado de un proceso penal se relacionan tanto con el tipo objetivo previsto por la norma penal, cuanto con el tipo subjetivo.
Asimismo, la desvinculación relacionada con el tipo objetivo de la norma puede sustentarse tanto en el entendimiento de que los hechos no existieron, o no fueron realizados por el imputado, como en una valoración jurídica de los hechos probados, a la luz de la norma extrapenal (tributaria), concluyéndose que no se ha verificado el hecho imponible o debería aplicarse una sanción o desgravación, o no se trata del sujeto obligado según las normas sustantivas (conf. esta Sala, en autos “Prosper SA”, citado y sus citas).
Ello así, y en atención a la clara referencia que el artículo 20 de la ley 24.769 hace a las “declaraciones de hecho” contenidas en la sentencia penal, cabe concluir que el Tribunal Fiscal de la Nación debió hacer mérito de las cuestiones consideradas en la sentencia penal, en tanto éstas se relacionaron con el tipo objetivo de la norma, y sin presuponer o incluir valoraciones jurídicas a la luz de la norma extrapenal.
En consecuencia, si la decisión judicial que pone fin a la actuación penal con efecto de cosa juzgada (en el caso, el sobreseimiento definitivo y sin que la formación del proceso haya afectado el buen nombre y honor de las personas involucradas) se dispone por una causal objetiva, es decir, porque el hecho no se cometió, o porque es atípico, tiene que referirse esencialmente al plano fáctico de la materia investigada, por lo que la resolución administrativa -y en su hora, los decisorios consiguientes- no podrían alterar tal declaración sobre los hechos (conf., en igual sentido, Sala V del Fuero, en autos “Agroferia SRL c/DGI”, resol. del 15/7/2008).
En el caso en particular, ocurre que las resoluciones administrativas vinculadas directamente con VV Join SRL y el señor Fernández Vázquez, partieron de la consideración que dicha firma resultaba sujeto pasivo respecto del IVA en lo que respecta a las operaciones fiscalizadas y objetadas por irregularidades en los proveedores; apreciación que, según se viene explicando, la justicia penal ha desestimado con fundamento en que los encartados no resultaban responsables y -por ende- tampoco sujetos pasivos del tributo en cuestión.
En efecto, ese hecho crucial en que se sustentó la pretensión fiscal, resultó a la postre y en definitiva inexistente a la luz de la investigación desarrollada y de lo resuelto con posterioridad en sede penal, proyectando necesariamente sus efectos sobre los actos administrativos recurridos.
Es que, según lo decidido por el pronunciamiento antes referido, VV Join SRL actuó exclusivamente en su carácter de “corredora de cereales”, de modo que no resultaba sujeto pasivo del IVA en las operaciones objetadas, habida cuenta que la propia resolución general ex AFIP 2300/2007, dejaba en claro que el “corredor” actúa vinculando la oferta y la demanda de granos para ser comercializados entre terceros exclusivamente, y percibe una comisión por su labor mediadora, la cual ha facturado a la alícuota general del 21% de conformidad con lo establecido por los artículos 3°, 4°, literal e), y 21 de la ley que regula el IVA.
De este modo, la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación, que desconoció el real y efectivo alcance a lo resuelto en sede penal, no resulta ajustada a derecho, imponiéndose -por consiguiente- su revocación; ello, en orden a la consideración de la relevancia que posee lo decidido en la causa penal a la que se ha hecho referencia, para el examen de la validez de los actos administrativos aquí cuestionados. Así las cosas, de conformidad con el modelo de análisis esbozado en los considerandos anteriores tendiente a resguardar y mantener una adecuada congruencia con lo resuelto en sede penal, en función del resultado de la valoración de los extremos de hecho expuestos en aquel pronunciamiento, corresponde estar al hecho de que VV Join SRL no resultaba sujeto pasivo del IVA en las operaciones objetadas; lo que, conduce indefectiblemente a la revocación del decisorio dictado por la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación y, consecuentemente, a dejar sin efecto las resoluciones determinativas, en tanto y cuanto se sustentaron en tal circunstancia.
VII. La solución adoptada torna inoficioso expedirse respecto de los restantes argumentos traídos por VV Join SRL y el señor Fernández Vázquez.
VIII. Por lo expuesto, corresponde admitir el planteo recursivo bajo examen, lo que importa revocar el pronunciamiento dictado por la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación y, por consiguiente, dejar sin efecto las resoluciones DV CRR1 57/2016 y 83/2017.
IX. La debida adecuación de la distribución de las costas al resultado final del proceso, dando plena vigencia al principio general rector en la materia, a efectos de reflejar el resultado final del proceso, determina que tanto las vinculadas a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, queden en su totalidad a cargo del Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN, y artículo 184 de la ley 11.683).
X. Resta añadir que, atento lo resuelto precedentemente, deviene -a su vez- inoficioso pronunciarse respecto del recurso articulado contra el auto regulatorio del 12/12/2024; debiendo adecuarse los honorarios relativos a lo actuado ante el Tribunal Fiscal de la Nación a lo aquí decidido.
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
1. admitir el recurso intentado por VV Join SRL y el señor Fernández Vâzquez, revocar el pronunciamiento del 6/11/2024 y, en consecuencia, dejar sin efecto las resoluciones DV CRR1 57/2016 y 83/2017, con costas tanto relativas a la actuación desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, a cargo del Fisco Nacional; y 2°) declarar inoficioso pronunciarse respecto del recurso interpuesto contra el auto regulatorio, debiendo adecuarse los honorarios fijados respecto de lo actuado por ante el Tribunal Fiscal de la Nación a lo aquí decidido (Considerando X).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese al Tribunal Fiscal de la Nación.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia