Abriendo la norma
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.242 FOLIO Nº 174/178 PROT. ELECT. JR101 390I.261
Río Gallegos, 11 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada: “C.W.G. Y OTROS S/ ROBO AGRAVADO”, Expte. Nº 13099/25 Apelación/Causa JR Nº 10333/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 84/89 y vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos, Dr. F.Z., quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de W.G.C., en orden al delito de “ROBO AGRAVADO POR SER COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA" (art. 167 inc. 2 del Código Penal de la Nación).-
Que a fs. 92/95 y vta., la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 103 sostuvo el recurso (cód. validación eaf300ac) y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.-
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un perjuicio procesal irreparable.- Expresó que la resolución le causa agravio por cuanto tiene por acreditada, con el grado de probabilidad requerido para el dictado del procesamiento, la intervención de W.G.C. en el hecho investigado, sin que los elementos reunidos permitan arribar razonablemente a dicha conclusión.-
Continuó con su exposición, diciendo que no se desconoce que la etapa procesal transitada no exige certeza definitiva acerca de la responsabilidad penal del imputado; sin embargo, ello no significa que el procesamiento pueda sustentarse en meras sospechas, inferencias genéricas o en la sola presencia del imputado en el lugar de los acontecimientos.-
Determinó que uno de los principales déficits de la resolución consiste en la ausencia de una determinación concreta del comportamiento atribuido a su asistido.-
Indicó que los testimonios difirieron acerca de la cantidad de sujetos involucrados, la secuencia de los acontecimientos y la concreta actuación de cada uno de ellos.- En ese sentido dijo que la propia persona damnificada distingue entre quienes habrían participado de la confrontación física y quien habría ejecutado materialmente el desapoderamiento; sin embargo, la resolución recurrida no explica adecuadamente cuál habría sido el aporte concreto realizado por W.C. para atribuirle responsabilidad penal por el robo.- Hizo referencia a la calificación legal, aduciendo que la misma no puede operar como una mera consecuencia automática de la pluralidad de intervinientes, desentendida de las circunstancias concretas en que habría tenido lugar el episodio.- Postuló que la resolución apelada parte de una reconstrucción unívoca del episodio, atribuyendo a todos los imputados una actuación común dirigida al desapoderamiento de la bicicleta; las constancias reunidas no permiten determinar con el grado de probabilidad exigible en esta etapa quién fue concretamente la persona que se apoderó del rodado, ni demostrar que W.C. hubiera prestado una colaboración objetiva y subjetivamente vinculada a dicho desapoderamiento.-
Pone de resalto el estado de alcoholización en que se encontraba W.G.C. al momento de los acontecimientos investigados, circunstancia que adquiere particular relevancia al examinar la concreta intervención que se le atribuye y, especialmente, la existencia de un supuesto obrar conjunto y coordinado con los restantes involucrados.-
Reiteró en relación que la resolución recurrida minimiza las divergencias existentes entre las distintas declaraciones incorporadas a la causa, toda vez que existen diferencias acerca del número de personas que habrían participado en la agresión. Que tampoco existe coincidencia en cuanto a quién habría sustraído la bicicleta.-
Señaló que la bicicleta fue localizada posteriormente y entregada voluntariamente por la progenitora de los causantes; pero dicha circunstancia no puede inferirse automáticamente que W.C. haya sido quien se apoderó del bien ni que haya participado conscientemente en un plan común destinado a la sustracción del mismo.-
Expuso que la prueba no permite esclarecer que su defendido hubiera participado de un acuerdo para sustraer la bicicleta, que hubiera realizado actos ejecutivos dirigidos al desapoderamiento ni que hubiera prestado una cooperación funcionalmente relevante a quien se llevó el rodado, máxime valorando el estado de alcoholización del imputado durante las incidencias.-
En dicho orden de ideas, adujo que el resolutorio no tiene fundamento suficiente, toda vez que la prueba aportada es escasa, poniendo en cabeza de la imputada (se advierte un error material, en virtud que su asistido es el imputado W.G.C.) el probar su inocencia, lo que contradice los principios constitucionales consagrados, como así también incurre en una flagrante violación al principio "in dubio pro reo".-
Concluyó que el procesamiento dictado se sustenta en una atribución colectiva de responsabilidad y en una valoración fragmentaria de la prueba, insuficiente para alcanzar el grado de probabilidad positiva requerido.-
Pidió que se revoque la resolución recurrida y se disponga el sobreseimiento de W.G.C. o, subsidiariamente, se adopte el temperamento procesal menos gravoso.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
Previo a todo, cabe advertir que el reclamante alude en su presentación a la persona imputada en género "femenino", cuando en rigor se trata de un imputado, circunstancia que se interpreta como un mero error material que no altera el contenido ni el alcance de los agravios sometidos a consideración.- Hecha la salvedad, advertimos que de manera redundante a lo largo del recurso aquí intentado, la defensa insiste en que los elementos probatorios reunidos y valorados por la instrucción resultan insuficientes para el dictado del auto de procesamiento.-
En tal sentido, toda vez que el recurrente exige “certeza apodíctica” en esta liminar etapa procesal, viene al caso recordarle que el auto que aquí revisamos contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de los imputados en este, tratándose pues de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612).-
Asimismo, es sabido que la valoración de la prueba reunida se debe efectuar en conjunto, a la luz de la sana crítica racional (art. 199 tercer párrafo del CPP), y no aisladamente como lo ha hecho la defensa en el recurso interpuesto, dado que allí ataca uno a uno los elementos reunidos, evitando su confrontación y valoración integral (Criterio seguido en Apelación N° 10090/26), todo ello en concordancia con las formalidades exigidas del debido proceso, sin que se observe un direccionamiento de la instrucción o la vulneración de los preceptos constitucionales o garantías de las que goza el imputado.-
Al respecto, la doctrina recomienda: “…valorar la prueba indiciaria en forma general, y no aisladamente, pues cada indicio, considerado separadamente, podrá dejar margen para la incertidumbre, la cual podrá ser superada en una evaluación conjunta” (Cafferata Nores, José Ignacio - Hairabedián, Maximiliano, “La Prueba en el Proceso Penal”, sexta edición, Editorial Lexis Nexis, año 2008, pág. 221 y ss.).-
En el caso que nos ocupa, para tener por acreditada la materialidad del hecho y la presunta autoría del incuso, el magistrado se apoyó en el informe de inicio de actuados, el informe de novedad, la declaración testimonial de A.R.B., el acta de secuestro y secuencias fílmicas, el acta de aprehensión, la declaración testimonial de C.M.B., el acta de reconocimiento y entrega de elementos, entre otros elementos probatorios -fs. 84 vta.-.-
En tal sentido, conforme lo dicho al comienzo, en esta embrionaria etapa del proceso no se requieren más elementos probatorios pues, los valorados en conjunto, permiten establecer la probabilidad de que el imputado sea el autor del hecho, y éste ocurriera tal como lo reconstruyó la instrucción, siendo ello suficiente para atravesar la barrera del art. 289 del CPP; por lo que, lo planteado no tendrá acogida favorable.- En cuanto al planteo referido al estado de alcoholización en que se encontraba W.G.C. al momento de los acontecimientos investigados; debemos decir que se desestimará la causal exculpatoria de ebriedad (artículo 34, inciso 1º del Código Penal) debido a que su comportamiento coordinado en la vía pública y su posterior huida demostraría una capacidad de comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones (Criterio argüido en Apelación N° 9957/25).-
Ello en razón que con relación a la posible inimputabilidad del encartado por el grado de intoxicación alcohólica que habría evidenciado, cabe mencionar que es criterio de esta Alzada que la inimputabilidad no se presume, es decir, que no es la regla, y que guarda un carácter excepcional.-
Este criterio ha sido sostenido invariablemente por este Juez de Recursos, a saber en autos caratulados: “A.C. S/ Amenazas Calificadas” - Expte. Nº 77589/24- Apelación Nº 9512/25 y "L.L. S/ Tentativa de Robo Calificado" Expte. Nº 30069/24 - Apelación/Causa JR Nº 9554/25, por citar dos antecedentes recientes.-
En ese sentido, nuestra legislación no contempla la llamada imputabilidad disminuida sino que, solamente es causa de exculpación, la verdadera imposibilidad de comprender los actos al momento que se llevan a cabo o dirigir las acciones conforme a esa comprensión.-
Esta concepción es sostenida jurisprudencialmente por otros tribunales del orden nacional (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 3º, 28/12/1990 en “R.L.”, que se cita a modo de ejemplo): “...el imputable disminuido o semi imputable es penalmente responsable mientras no se demuestre que haya atravesado por un verdadero estado de inconsciencia...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 2º, 30/4/1985 en autos “G., R.H.”).- Sentado ello, surge de estos actuados que las circunstancias en las que habría acaecido el hecho permitirían presumir que el imputado no habría tenido su consciencia anulada ni evidenciaría un estado de psicosis. Esto, nos habilitaría aseverar que el imputado razonaba sin ningún tipo de perturbación, entendiendo que en un estado de consciencia anulada no habría podido llevar a cabo el accionar desplegado, es decir, que pese a que el incuso pudo haber consumido bebidas alcohólicas, ello no autoriza per se a afirmar que se encontraba en un estado de inconsciencia, como lo sugiere su defensa, por las circunstancias comprobadas en la causa.-
En efecto, se ha dicho que “...Si, pese a la intoxicación bajo la que se encontraba, el sujeto activo mantuvo un comportamiento adecuado al manejo de las relaciones causales necesarias para el logro de los fines delictivos y de su posterior impunidad, pudiendo comprender su comportamiento y dirigirse de igual manera, la inconsciencia alegada no era de grado suficiente como para conformar un estado de inimputabilidad...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala de feria, 21/11/1999, `A.G., E.´).- El art. 34 del CP, reviste un carácter excepcional:
es necesaria su acreditación en el caso concreto. La mera presunción de ingesta de alcohol no alcanza para hacer aplicable la norma exculpatoria, sino que es menester que produzca la imposibilidad de comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones.-
Huelga señalar que, en esas condiciones, no se puede acoger favorablemente el planteo defensivo, relativo a la imposibilidad de su pupilo de comprender la criminalidad del acto -basado en un presunto estado de ebriedad-, puesto que, dicho proceder, vale decir, la actitud posterior al hecho asumida por el encartado, de dejar herido a A., retirarse del lugar con la bicicleta, siendo posteriormente aprehendido por personal policial en los alrededores de la escena, resultaría incompatible con una intoxicación reveladora del estado de inconsciencia que requiere el art. 34 inc. 1, primer párrafo, del Código Penal.-
Así las cosas, encontramos que las circunstancias descriptas que emergen del caso en estudio resultan sumamente indicativas de que, en principio, C. habría contado con un estado de consciencia suficiente para ser merecedor de un reproche penal.-
Cabe recordar al presentante lo que dice la doctrina: “...El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...” (Clariá Olmedo, J. A., "Derecho Procesal Penal ", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). El mismo autor al respecto señaló: “...Es una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio... ” (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, T. II, páginas. 502 y sgtes.; Ed. Rubinzal y Culzoni, 1998).-
En otras palabras, para el dictado de este auto:
“...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; 08/06/2010; “A.R., M.A. y otro”; Cita: TR LALEY 70061334).-
Es por ello que, del estudio de los elementos de cargo obrantes en la causa, concordamos con el A Quo que resultan suficientes para tener acreditada en grado de probabilidad afirmativa, la materialidad del hecho reprochado con su provisoria calificación legal y la autoría responsable en cabeza del encartado; por lo que, lo planteado no tendrá acogida favorable (Postura seguida en Apelación N° 9957/25).-
En lo referente al planteo de la calificación legal, debemos decir que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, toda vez que resulta ser criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará.-
Ello así, toda vez que el hecho imputado resulta ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia e incluso en instancias superiores; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23, 8488/23, 10043/26, entre otras tantas).-
Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales..." (TR LALEY AR/JUR/56181/2014).-
Prueba de ello, resulta ser el reciente fallo de nuestro Tribunal Superior de Justicia, que en autos caratulados: "V.J.A. S/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves", Expte. Nro. 1701/24/TSJ, en fecha 14/05/26, mediante el recurso de casación, hubo de modificar el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevando el monto de la condena que había recaído en la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra Circunscripción Judicial.-
En función de todo lo expuesto, -y sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado-, corresponde concluir que los planteos introducidos por el reclamante no logran conmover los fundamentos del decisorio recurrido, ergo, los mismos serán rechazados.-
II. Finalmente, en lo que respecta al embargo dispuesto, cabe señalar que dicha medida no ha sido materia de agravio ni cuestionamiento por parte del recurrente, por lo que no corresponde efectuar consideración alguna al respecto.-
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 84/89 y vta. de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia