Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los planteos de deserción de recursos de apelación analizados en el considerando V;
2Confirmar la sentencia apelada de fs.953/975, en lo principal que decide y ha sido materia de agravio, en cuanto no se tuvo en cuenta la previsión contenida en el art.1101 del Código Civil, se rechazó el planteo de prescripción liberatoria efectuado por los demandados, se condenó a M. O. D. en la causa n° 57.782, y se estableció la tasa pasiva de interés;
3Modificar parcialmente la sentencia apelada de fs.953/975, únicamente con relación al segundo agravio de la Sindicatura que merece acogida; disponiéndose, en consecuencia, la cancelación por sentencia judicial de los derechos reales de dominio inscriptos a nombre de las sociedades declaradas nulas de nulidad absoluta, I. F. S.A. y O. S.A., sobre los inmuebles identificados con las matrículas 43.652, 40.963/1, 40.963/2, 40.963/3 y 40.963/5 del Partido de Olavarría (78); y ordenándose el libramiento de oficio al Registro de la Propiedad Inmueble para que proceda a registrar dichas cancelaciones dominiales;
4Decidir que no corresponde adecuar las costas de primera instancia, por las razones dadas en el considerando IX (art.274 del Cód. Proc.);
5Imponer las costas de alzada a los codemandados apelantes O. A. D., M. B. C. y M. O. D., quienes en lo sustancial han resultado vencidos en esta instancia recursiva, puesto que el agravio de la Sindicatura que no prospera se encuentra referido a una cuestión accesoria de …
PREJUDICIALIDAD. Art.1101 del Código Civil. Proceso penal sin culminar. La Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Azul resolvió que no hace falta aguardar la sentencia en la causa penal, cuando este proceso se ha extendido injustificadamente y no ha arrojado resultado alguno.
Causa nº: 2-57781-2013 "W., R. G. C/ D., O. Y OTRAS – I. F. S.A. Y OTROS S/ DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD"
Causa n°: 2-57782-2013 "D. O. Y OTRA S/ QUIEBRA C/ I. F. S.A.Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
Causa n°: 2-57783-2013 "D. O. Y OTRA S/ QUIEBRA C/ D. O. A. Y OTROS S/ REINTEGRO DE ALQUILERES, SIMULACION, DAÑOS Y PERJUICIOS"
Causa n°: 2-57784-2013 "D. O. Y OTRA S/ QUIEBRA C/ D. O. A. Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N°2 DE OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 56 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 3 días del mes de Junio del año Dos Mil Catorce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes, encontrándose excusado a fs.1221 el Dr.Jorge Mario Galdós (arts. 47 y 48 Ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados “W. R. G. c/ D. O. y otra – I. F. S.A. y otros s/ Disolución - Liquidación de sociedad y otras” (causa n°57781), “D. O. y otra s/ quiebra c/ I. F. S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios” (causa n°57782), “D. O. y otra s/ Quiebra c/ D. O. A. y otros s/ Reintegro de Alquileres, Simulación, Daños y Perjuicios” (causa n°57783), “D. O. y otra s/ Quiebra c/ D. O. A. y otra s/ Daños y Perjuicios” (causa n°57784), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. PERALTA REYES y Dra. LONGOBARDI.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Es justa la resolución apelada de fs.953/975?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. La sentencia única dictada en las presentes actuaciones es comprensiva de los siguientes procesos: 1) "W. R. G. c/D. O. y otra- I. F. S.A. y otros s/Disolución-Liquidación de sociedad y otras" (expediente n° 25.087 en la instancia de origen y causa n° 57.781 en la numeración de esta alzada); 2) "D. O. y otra s/quiebra c/I. F. S.A. y otros s/Daños y Perjuicios" (expediente n° 25.352 en la instancia de origen y causa n° 57.782 en esta alzada); 3) "D. O. y otra s/quiebra c/D. O. A. y otros s/Reintegro de alquileres, Simulación, Daños y Perjuicios" (expediente n° 25.767 en la anterior instancia y causa n° 57.783 en esta alzada); 4) "D. O. y otra s/quiebra c/D. O. A. y otra s/Daños y Perjuicios" (expediente n° 26.118 en la instancia de origen y causa n° 57.784 en esta alzada). Hago constar que, a los fines de un mejor orden expositivo, en lo sucesivo haré referencia a los números de causa que identifican a los expedientes en esta alzada.
Ahora bien, la sentencia única dictada en la anterior instancia obra agregada a fs.953/975 de la causa n° 57.781, habiéndose agregado copia certificada de la misma en los demás expedientes, por lo que, seguidamente, habré de referirme a esta foliatura cuando aluda al pronunciamiento que ha llegado apelado a esta alzada.
Por lo demás, en la mencionada sentencia de grado se reseñaron las diferentes acciones incoadas por la Síndico actuante en los autos principales caratulados: "D. O. A. y otra s/concurso preventivo-hoy su quiebra" (expediente n° 16.211 en primera instancia), las que sirvieron de origen a las causas que he indicado precedentemente, cuyo trámite culminó con el dictado del decisorio apelado. Formuladas estas aclaraciones preliminares, me encuentro en condiciones de reseñar los aspectos medulares de las diferentes acciones promovidas por la Síndico de la mencionada quiebra, señalando -en cada uno de los casos- la decisión adoptada por la sentenciante de grado.
II. Se puntualiza en la sentencia apelada que la causa n° 57.781 tuvo su inicio con la demanda que luce a fs.8/85vta., promovida por la Síndico Cdora. R. G. W. (con patrocinio letrado), la que tiende a la recomposición del activo falencial y se encuentra dirigida contra "I. F. S.A." y sus integrantes O. A. D., M. B. C., C. A. D. y M. O. D., contra "O. S.A." y sus integrantes J. C. M., L. A. N. y E. G. L., y contra "A. Sociedad de Hecho" y sus integrantes E. M. O. y H. J. C. (fs.953/953vta.). En dicha demanda se solicita la disolución y liquidación de las sociedades "I. F. S.A.", "O. S.A." y "A. Sociedad de Hecho"; se plantea acción declarativa de inoponibilidad de persona jurídica de "I. F. S.A." y de "O. S.A.", extensión de la quiebra a los integrantes de cada una de las sociedades mencionadas, y acción social de responsabilidad contra O. A. D., M. B. C., C. A. D., M. O. D., J. C. M. y L. A. N. (fs.953vta.).
1. En lo que constituye un dato esencial a los fines de aprehender los alcances de las acciones intentadas, se dice en la sentencia apelada que los por entonces cónyuges O. A. D. y M. B. C. se presentaron en concurso preventivo con fecha 21 de setiembre de 2000, autocalificándose como socios de una sociedad de hecho, habiéndose decretado su quiebra indirecta con fecha 12 de marzo de 2003 (fs.953vta.). En otro tramo posterior de la sentencia se reafirma la fecha de inicio de la cesación de pagos de los fallidos, la que en el informe general presentado por la Síndicatura en el proceso concursal, quedó fijada en el día 16 de abril de 1996. Se dice en la sentencia, además, que esta fecha ha quedado corroborada por el reconocimiento expreso de O. A. D., quien admitió que a partir del año 1995 quedó definitivamente imposibilitado de afrontar el pago de cualquiera de sus deudas, habiéndose expedido en forma concordante su ex esposa y cofallida M. B. C. y su hijo M. O. D. (ver los desarrollos de la sentencia apelada volcados a fs.962vta./964).
2. En la sentencia se rechazó el planteo de prescripción que había sido formulado por todos los codemandados (a excepción de J. C. M.), mediante la invocación del art.4033 del Código Civil. Aseveró la juzgadora que las acciones fueron interpuestas en el plazo legal, y destacó que las mismas no pudieron -legal y válidamente- haberse interpuesto sino a partir de la existencia de un proceso de quiebra, y, más específicamente, a partir de la presentación del informe general que prescribe el art.39 de la L.C.Q., lo cual recién ocurrió el día 2 de diciembre de 2003. Y a ello agregó otro relevante argumento, cual es la inaplicabilidad al caso del art.4033 del Código Civil, resultando atinentes las reglas que emanan del propio y específico sistema reglado por la ley de concursos y quiebras, a cuyo efecto transcribió el art.124 de la ley 24.522. Adujo, por último, que "La claridad de las normas en juego, sumado a la orfandad argumentativa del planteo de prescripción alegado en las diversas presentaciones (un párrafo de cuatro líneas limitándose a la sola mención del art.4033 del Código Civil), conlleva el rechazo del mismo por lo dicho precedentemente" (fs.962vta.).
3. Seguidamente, en la sentencia apelada se incursionó en el análisis de las maniobras fraudulentas que dieron lugar a las acciones promovidas por la Sindicatura, dejándose en claro que lo que se cuestiona es el traspaso de bienes de los fallidos que se concretó mediante una sucesión de constituciones societarias fraudulentas (fs.964). Se examinó, a continuación, la situación del inmueble identificado con la matrícula 40.963 del Partido de Olavarría (que consta de varias unidades funcionales), el cual había sido originariamente adquirido -en forma conjunta- por los hermanos H. D. D. y O. A. D., con fecha 5 de octubre de 1992. Y se destacó que, más adelante, con fecha 27 de marzo de 1996, los hermanos H. D. D. y O. A. D. alquilaron la unidad funcional n° 3 a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por un período de dos años y con opción a tres más, pactándose como alquiler la suma mensual de $ 5.830 (fs.964vta.).
Continuando con el relato esbozado en la sentencia cabe puntualizar que, mediante escritura pública n° 145 de fecha 11 de agosto de 1997, los cónyuges O. A. D. y M. B. C., conjuntamente con sus hijos C. A. y M. O. D., formaron la sociedad I. F. S.A., con un capital social de $ 50.000. Y se prosigue expresando en la sentencia que, poco más de tres meses después, estando aún en formación dicha sociedad, se otorgó la escritura pública n° 570 de fecha 16 de noviembre de 1997, que en copia luce agregada a fs.4/7. Siguiendo el razonamiento de la juzgadora, esta última escritura reviste particular relevancia a los fines de comprender la cuestión de autos, pues a partir de su otorgamiento es posible advertir las maniobras realizadas por O. A. D. para sacar los bienes de su patrimonio, en fraude de sus acreedores; lo que ha merecido la sanción de nulidad por simulación absoluta ilícita adoptada en el decisorio apelado (fs.973/973vta.).
En dicha escritura pública n° 570 de fecha 16 de noviembre de 1997 (ver fs.4/7), compareció O. A. D. por sí y en representación de H. D. D. y O. C. P., haciéndolo también en nombre y representación de la adquirente I. F. S.A. (en formación). Mediante el acto jurídico que se formalizó en esta escritura pública n° 570, I. F. S.A. adquirió los inmuebles que originariamente eran de propiedad de O. A. D. y H. D. D. y que seguidamente se detallan: 1) Una fracción de terreno con todo lo edificado y demás adherido al suelo, Nomenclatura Catastral: Circunscripción II, sección F, chacra 755, manzana 755 a.r., parcela 3 a, partida 44.802, matrícula 43.652 del Partido de Olavarría (78); 2) Cinco departamentos sujetos al régimen de propiedad horizontal ubicados en la esquina de calles San Martín y Alsina de Olavarría, designados como unidad funcional uno (polígono 00-01), unidad funcional dos (polígono 00-02), unidad funcional tres (polígono 00-03), unidad funcional cinco (polígono 01-02), unidad funcional siete (polígono 01-04), Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, sección A, manzana 24, parcelas 11 y 12 a., subparcelas 1, 2, 3, 5 y 7, matrículas 40.963/1, 40.963/2, 40.963/3, 40.963/5 y 40.963/7 del Partido de Olavarría (78).
Fueron muy variados los roles que O. A. D. cumplió en dicho acto escriturario. Así se tiene que O. A. D., en ejercicio de la representación de H. D. D. y O. C. P., vendió a I. F. S.A. la mitad indivisa que le correspondía a H. D. D. sobre los bienes descriptos; debiendo recordarse que también compareció como adquirente en nombre y representación de I. F. S.A., sociedad en formación, quien oportunamente aceptaría la compra. Asimismo, O. A. D., en nombre propio, cedió y transfirió como aporte de capital a I. F. S.A., en formación, la otra mitad indivisa que tenía y le correspondía sobre los referidos bienes inmuebles. Con respecto a la operación instrumentada en dicha escritura n° 570 del 16 de noviembre de 1997, se advierte en la sentencia apelada que de por sí resulta llamativo que la sociedad I. F. S.A., que no poseía bienes en efectivo suficientes hasta ese momento y no registraba actividad alguna, pudiera adquirir algún bien; a lo que se suma el triple carácter en el que O. A.D. participó en el negocio (fs.964vta./965).
4. Asimismo, se examinaron en el fallo otros actos jurídicos realizados en perjuicio de los acreedores falenciales, poniéndose de relieve que, con fecha 1 de febrero de 1999, mediante escritura pública n° 42, la nueva titular de los bienes I. F. S.A. le vendió al matrimonio conformado por R. D. F. y L. B. V., en la suma de $ 56.000, uno de los departamentos mencionados en el anterior punto 3, identificado como unidad funcional 7 (polígono 01-04), matrícula 40.963/7 de Olavarría (78). Se puntualizó en la sentencia que, solo un mes más tarde, el día 3 de marzo de 1999 (conforme surge del informe de fs.50 de la causa n° 57.783), la notaria interviniente certificó las firmas de O. A. D. y de su hija C. A. D., en un documento de cesión de contrato de locación, para que sea ésta última quien perciba los cánones locativos devengados por el contrato celebrado con la AFIP; a cuyo fin se recordó que O. A. D. no era a esa fecha titular registral del bien (fs.965).
5. Y así se recaló en otro hito esencial en el devenir de los actos realizados en perjuicio de los acreedores de la masa falencial, cual fue el otorgamiento de la escritura n° 34 de fecha 28 de enero de 2000, mediante la cual se constituyó la sociedad O. S.A. (esta escritura luce a fs.508/516 del expediente de quiebra n° 16.211, en la numeración de primera instancia, y a fs.259/265 de la presente causa n° 57.781).
Según los términos de esta escritura, la firma O. S.A. tiene domicilio en Avda. Pte. Perón n° 514 de Azul, y su capital asciende a $ 300.000, representado por treinta mil acciones ordinarias nominativas no endosables de diez pesos de valor nominal cada una, el que se suscribe de la siguiente forma: 1)
I. F. S.A., representada por el Presidente del directorio J. C. M., aportó $ 220.000 (suscribiendo veintidós mil acciones), mediante la transmisión del dominio de los inmuebles que adquiriera en base al negocio analizado en el anterior punto 3 del presente apartado (a excepción de la unidad funcional 7, matrícula 40.963/7, que ya había sido vendida mediante el acto indicado en el anterior punto 4). Dichos inmuebles se identifican con las matrículas 43.652, 40.963/1, 40.963/2, 40.963/3 y 40.963/5 del Partido de Olavarría (78); 2) A su vez, los otros socios minoritarios realizaron los siguientes aportes dinerarios: El accionista L. A. N. suscribió cinco mil acciones, integrando en dinero en efectivo en ese acto la suma de $ 12.500, y debiendo completar su aporte en el término de dos años. El accionista E. G. L. suscribió tres mil acciones, integrando en ese acto en dinero efectivo $ 4.500, debiendo completar su aporte en el término de dos años. A su vez, el cargo de Presidente del directorio de O. S.A. recayó sobre J. C. M., mientras que durector suplente fue designado L. A. N. (ver fs.259/260 y fs.262vta./263vta. de la presente causa n° 57.781).
Se observa, de esta manera, como los bienes inmuebles que originariamente eran de O. A. D. y H. D. D., y que habían pasado al dominio de I. F. S.A. como consecuencia de la escritura analizada en el punto 3 de este apartado, vuelven a ser transmitidos mediante este nuevo acto notarial a favor de la firma O. S.A. (a excepción, claro está, del departamento identificado con la matrícula 40.963/7, que ya había sido vendido según lo señalado en el punto 4 de este apartado). Así puede apreciarse, con absoluta claridad, el traspaso de los bienes de los fallidos mediante sucesivas constituciones societarias, situación que, precisamente, dio motivo a las diferentes acciones promovidas por la sindicatura y que desembocaron en el dictado de la sentencia de la anterior instancia, la que ha llegado apelada a esta alzada.
6. Y así sostuvo la sentenciante de grado que todos los actos hasta aquí analizados, no hacen más que coadyuvar al convencimiento de que, como lo sostiene la Síndico, los bienes del matrimonio D.-C. jamás habrían salido de su patrimonio, creándose con el transcurso del tiempo diversas sociedades "fantasmas" que no operaban ciertamente (ni aún registraban movimientos en sus balances), sino que todos los negocios habrían sido celebrados por el propio O. A. D. (fs.965vta., in fine). Dicho esto, adelantó la a quo los alcances de la cuestión sometida a juzgamiento, al puntualizar lo siguiente: "Resuelto entonces lo relativo a la fecha del comienzo del plazo de cesación de pagos de los fallidos, y el pormenorizado detalle del iter societario y registral de los bienes en cuestión, corresponde analizar la denuncia de simulación absoluta ilícita efectuada por la Síndico actora, por cuanto de determinarse su admisibilidad, la inmediata consecuencia será que tales bienes habrían permanecido -como esbozaba en el considerando precedente- siempre en cabeza de Don O. A. D. y, por ende, como integrantes del acervo falencial, deberán realizarse a efectos de satisfacer, al menos parcialmente, los créditos de los acreedores verificados" (fs.966, primer párrafo; lo destacado en negrita me pertenece).
Seguidamente, en la sentencia apelada se pasó a valorar la prueba relativa a la simulación denunciada por la Sindicatura, y se sentó una conclusión medular en orden a la decisión adoptada por la primer sentenciante. En efecto, allí se sostuvo que "Todos los elementos colectados en autos a instancia de la síndico me llevan a la siguiente conclusión: los actos jurídicos de constitución de la sociedad de familia I. F. S.A. y la consecuente que unos años más tarde aquella integrara como controlante conjuntamente a dos nuevos socios, O. S.A. -que modificara su razón social por el de C. O. S.A.-, así como los aportes de capital que recibieran resultan nulos de nulidad absoluta por haber sido simulados fraudulentamente en perjuicio de los acreedores del fallido O. A. D. y de su -por entonces- esposa, M. B. C." (fs.969, segundo párrafo).
Dando los fundamentos que avalan dicha conclusión, aseveró la a quo que resulta claro e indiscutible que los problemas financieros y económicos del matrimonio D.-C. ya habían comenzado en el primer semestre de 1996, y aún en el año 1995. Y así puntualizó la sentenciante que, en el marco de ese devenir, O. A. D., con los bienes pertenecientes al matrimonio que administraba exclusivamente, promovió la constitución de la sociedad de familia I. F. S.A., junto a la cofallida M. B. C. y sus hijos M. O. y C. A.. Destacó que la simulación no sólo es absoluta -porque no encubre ningún acto real-, e ilícita -por tender exclusivamente a perjudicar a los acreedores de los fallidos-, sino que ha estado exenta de preacuerdo o connivencia dolosa entre los partícipes. Ello, por cuanto todos los elementos conducen a tener por acreditado que la gran mayoría de las maniobras fueron gestionadas, promovidas o propiciadas -al menos en el inicio- por O. A. D., valiéndose al efecto de su esposa y de sus hijos que, a esa fecha, apenas habían alcanzado la mayoría de edad (ver consideraciones de fs.969/969vta.).
A continuación se valoró en el fallo la absolución de posiciones de M. B. C., quien no se limitó a desconocer todo lo relativo a las sociedades conformadas, sino que afirmó que nunca se celebraron reuniones de directorio ni asamblea de accionistas (fs.969vta./970). También se ponderó la absolución de posiciones de M. O. D., quien aseveró que al domicilio de la por entonces flamante I. F. S.A. (departamento ubicado en Capital Federal perteneciente a otras personas), no tenían llave ni podían ingresar ninguno de los cuatro integrantes de la sociedad (fs.970). Habiendo expresado este absolvente, también, que desconocía tanto el estado de los trámites de inscripción de la sociedad que integraba, así como si la misma tenía actividad comercial o económica, y que le parecía que la firma nunca había tenido ingresos (fs.970/970vta.). Este cúmulo de circunstancias llevó a la sentenciante de grado a afirmar que los propios socios de la firma (que no guardaron silencio ni siquiera por responsabilidad personal o por defensa de la familia), expresaron lisa y llanamente que no participaron en la formación de las sociedades, que éstas no tenían sede, ni asambleas, ni balances reales, ni actividad, ni ingresos (fs.970vta.).
Tras ello, se ocupó la sentenciante de la formación simulada de la firma O. S.A., puntualizando los diversos elementos probatorios que la condujeron a tal conclusión, y poniendo de resalto la propia contestación de demanda formulada por O. A..D. a fs.138/139 de la presente causa n° 57.781. Hizo hincapié en las declaraciones testimoniales obrantes en otras actuaciones y que fueron prestadas por J. C. M. (quien participó como presidente de I. F. S.A.) y por L. A. N. (quien lo hizo como socio de O. S.A.) (fs.970vta./971). Y así reprodujo la a quo la declaración de J. C. M., quien manifestó que era amigo del Sr. D. y que éste en una oportunidad le manifestó si podía poner los bienes a su nombre, a lo que M. accedió porque le debía un favor muy grande a D.. Continuó señalando M. que sólo sabía que era presidente de la firma O. S.A.; que le traían papeles para firmar, pero como él no entiende nada de eso se limitaba a firmarlos (fs.971). También examinó la declaración del socio L. A. N., quien admitió no haber tenido motivación alguna y que se limitó a prestar su nombre por la amistad y confianza que tenía con D. (fs.971/971vta.).
7. En la parte final de su pronunciamiento dijo la a quo que no abordaría los planteos de la sindicatura sobre inoponibilidad de I. F. S.A. y O. S.A, y sobre extensión de la quiebra, por cuanto declarando la nulidad absoluta de tales sociedades por simulación absoluta ilícita (lo cual se halla plenamente acreditado), deviene innecesario (en tanto abstracto) analizar la existencia, validez o eficacia de los aportes que en cada una de las ocasiones conformaron el capital social de las mismas, en fraude a los acreedores de los fallidos. Y así enfatizó en que no se trata de que las sociedades le puedan ser o no oponibles a los acreedores falenciales, sino que las mismas resultan nulas por aplicación de lo normado en los arts.955, sgtes. y ccdtes. del Código Civil, y, en consecuencia, no se requieren medidas adicionales para hacer caer los distintos aportes de bienes realizados a dichas sociedades, ni menos aún, tener que someter a los acreedores a otro proceso de disolución y liquidación de las personas jurídicas (fs.972/972vta.). Argumentó, a mayor abundamiento, que los procesos disolutorios y liquidatorios han sido proyectados para el fin de las sociedades existentes, pero no para lo que desde el inicio no fue o no existió, o existió pero solo en apariencia (fs.972vta.). También consideró innecesario el tratamiento de la acción de responsabilidad de directores y/o administradores, ya que la declaración de nulidad de las sociedades impide avanzar en esta clase de acciones (fs.972vta.).
En una misma línea de pensamiento juzgó inviable expedirse sobre las sanciones de ineficacia del art.119 de la L.C.Q., al no haberse acreditado la connivencia entre los partícipes o el cabal conocimiento de que los partícipes no fallidos tuvieran del estado de insolvencia o cesación de pagos de O. A. D. (fs.972vta./973). Para decir seguidamente que "las maniobras han sido gestionadas, promovidas o propiciadas por O. A. D., no evidenciándose cierta connivencia dolosa entre los partícipes, valiéndose al efecto de su ex esposa, sus hijos y amigos o conocidos. Reitero que ello no los excluye de la responsabilidad investigada" (fs.973).
8. Ya en la parte resolutiva de su pronunciamiento, la sentenciante de grado consideró procedente la demanda instaurada, con costas a los demandados vencidos, declarando nulos de nulidad absoluta por simulación absoluta ilícita en fraude a los acreedores de los fallidos O. A. D. y M. B. C., a los siguientes actos: constitución de la firma I. F. S.A. y aportes de capital que conformaran su capital social; compra de la porción indivisa de determinados bienes de H. D. D. que en su nombre efectuara el fallido O. A. D.; constitución de la firma O. S.A.; contrato de cesión de los derechos emergentes del contrato de locación que firmara O. A. D., en beneficio de su hija C. A. D.; constitución de la firma A. Soc. de Hecho y/o A. S.A. en formación; todos los actos que en su nombre, gestión y representación llevaran adelante estas firmas (fs.973 y fs.974vta., punto 2°).
En la parte final de esta parcela del decisorio se incluyó un párrafo que no presenta suficiente claridad, y que, por ende, ha sido cuestionado por la sindicatura (fs.973vta., primer párrafo). Pareciera decir allí que, como consecuencia de la nulidad decretada, debe considerarse que todos los actos celebrados por cualquiera de las referidas sociedades, lo han sido realmente por el propio O. A.D., por lo que los bienes involucrados pasan a conformar la masa falencial destinada a realizarse, debiendo la Síndico -una vez que adquiera firmeza el fallo- rectificar el incidente de realización de bienes para avanzar prontamente en la realización de los mismos, debiendo gestionar en los registros pertinentes la adecuación de sus inscripciones registrales. No otra interpretación puede darse al párrafo en análisis que consta a fs.973vta.
III. En los siguientes considerandos del pronunciamiento (apartados XIV, XV y XVI), se decidieron las restantes acciones que promoviera la sindicatura, y que tramitaron en las causas n° 57.782, 57.783 y 57.784, según la numeración de esta alzada (véase el párrafo introductorio en el apartado I del presente voto). Es por ello que en el presente capítulo analizaré la decisión tomada por la juzgadora con relación a estos procesos.
1. En la sentencia se estimó procedente y se hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios canalizada a través de los autos "D. O. y otra s/quiebra c/ I. F. S.A. y otros s/daños y perjuicios" (causa n° 57.782), contra O. A. D., M. B. C., M. O. D. y C. A. D., condenándose a los demandados a reintegrar a la cuenta de autos la suma total de $ 56.000, con más los intereses fijados en el considerando XVII a partir de la fecha de la mora (fecha de venta del bien) y hasta el efectivo pago, como prestación sustitutiva por la venta que realizaran del inmueble identificado como unidad funcional siete (polígono 01-04), matrícula 40.963/7, mediante la simulada I. F. S.A., a favor del matrimonio conformado por R. D. F. y L. B. V., operación que se instrumentara mediante escritura pública n° 42 de fecha 1 de febrero de 1999 (fs.973vta., apartado XIV, fs.974vta., punto 3°, de la parte resolutiva del fallo). Recuerdo que a este negocio ya hice referencia en el punto 4 del apartado II del presente voto.
2. Por lo demás, en el pronunciamiento de grado también se hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios que diera lugar a los autos caratulados "D. O. y otra s/quiebra c/D. O. A. y otros s/Reintegro de alquileres, Simulación, Daños y Perjuicios" (causa n° 57.783), debiendo los demandados O. A. D., M. B. C. y C. A. D. reintegrar a la cuenta de autos la suma total de $ 384.780, con más los intereses fijados en el considerando XVII a partir de la fecha de mora (fecha de pago del alquiler de cada uno de los períodos) y hasta el momento del efectivo pago, correspondiente a lo oportunamente percibido en ocasión de la ejecución del contrato de locación que mantuvieran con la Administración Federal de Ingresos Públicos, a partir de la presentación en concurso, o sea, desde el día 21 de septiembre de 2000 (fs.973vta., apartado XV, fs.974vta., punto 4°, de la parte resolutiva). Hago constar que a este contrato de locación ya aludí en los puntos 3 (primer párrafo) y 4 del apartado II del presente voto.
Para arribar a esta solución, la juzgadora de la anterior instancia ponderó el informe pericial contable glosado a fs.149/150vta. de esta causa n° 57.783, del cual surge la nómina de los pagos que la AFIP le realizara a la codemandada C. A. D. desde diciembre de 2000 y hasta el mes de octubre de 2006, los que ascendieron a la referida suma de $ 384.780 (fs.968/969). Y al final de este considerando expresó la sentenciante con relación a la postura asumida por M. B. C. y C. A. D., que "no puedo dejar de señalar mi sorpresa respecto a la 'sinceridad' y/o 'torpeza' y/o 'ingenuidad', etc., también, en cuanto reconocen que fue O. D. quien le cedió los derechos de locación a su hija, siendo que el mismo no se hallaba legitimado para efectuar tal cesión y que ellas formaban parte de la sociedad titular del bien" (fs.969).
3. En la sentencia apelada se resolvió, por último, la causa caratulada "D. O. y otra s/quiebra c/D. O. A. y otra s/daños y perjuicios" (causa n° 57.784), admitiéndose la demanda sustitutiva de daños y perjuicios contra O. A. D. y M. B. C. por la suma de $ 60.000, con más los intereses fijados en el considerando XVII a partir de la fecha de mora (fecha de venta del bien) y hasta el momento del efectivo pago, en relación a la cesión (a favor de H.I. E.) del boleto de compraventa sobre el 50% del inmueble matrícula 20.514 (78), ubicado en Rivadavia n° 2822/6 de Olavarría, que adquiriera el fallido mediante subasta judicial en el marco del proceso "Bco. Mayo Coop. Ltdo. c/Mujica Raúl Alfredo y otro s/cobro ejecutivo" (fs.974, apartado XVI, fs.975, punto 5°, de la parte resolutiva).
4. Y, finalmente, se consignó en la sentencia que los intereses que deberán adicionarse a las sumas indicadas en los considerandos XIV, XV y XVI, se liquidarán conforme a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigentes en los distintos períodos de aplicación, por acatamiento de la doctrina sentada por la Casación Provincial en la causa C 101.774 del 21-10-09, y dejándose a salvo la opinión en contrario de la magistrada (fs.974, apartado XVII).
Las costas del juicio se impusieron en todos los casos a los demandados vencidos, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (fs.975, punto 6°, de la parte resolutiva).
IV. La sentencia única hasta aquí analizada fue materia de los recursos de apelación deducidos por la Sindicatura (fs.976), por O. A. D. (fs.1005), por M. B. C. (fs.1007) y por M. O. D. (fs.1052). Arribados los autos a esta alzada expresaron sus agravios la Sindicatura (fs.1165/1177vta.), M. O. D. (fs.1178/1179vta.), y O. A. D. y B. C. (fs.1182/1188vta.). Dichas expresiones de agravios fueron contestadas mediante los escritos que lucen a fs.1190/1210. A su turno emitió su dictamen el Fiscal General, quien propició la confirmación del decisorio en crisis (fs.1213/1214vta.). Por su parte, a fs.1219/1219vta., dictaminó el Asesor de Menores e Incapaces en representación de T. C.
Los agravios de la Sindicatura discurren sobre dos temáticas claramente diferenciadas, ya que, por una parte, peticiona la aplicación de la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, disconformándose con la tasa pasiva establecida en el decisorio de grado; mientras que, por otra parte, requiere que se ordene la cancelación de los derechos reales inscriptos a nombre de las sociedades declaradas nulas.
Los agravios de M. O. D. se encuentran dirigidos a obtener la revocación parcial de la condena que sobre él recayó en la causa n° 57.782, alegando que de su parte no existió malicia ni intención de perjudicar a la masa de acreedores.
Los agravios de M. O. D. y M. B. C. versan sobre la prescripción de las acciones incoadas por la Sindicatura, aseverando que el plazo se encontraba fenecido al momento de la presentación de la demanda. A su vez, invocan el art.1101 del Cód. Civil y afirman que la sentencia de autos se ha dictado en contravención a esa norma legal, al encontrarse pendiente de resolución el proceso penal promovido por el órgano sindical.
Habiéndose llamado autos para sentencia (fs.1226) y practicado el sorteo de rigor (fs.1227), se encuentran las actuaciones en condiciones de ser estudiadas a los fines del dictado de la presente sentencia de alzada.
V. Cabe desestimar, primeramente, los planteos de deserción de recursos formulados por la Sindicatura con relación a la expresión de agravios de O. A. D. y M. B. C. (fs.1190/1191), y con respecto al escrito recursivo de M. O. D. (fs.1206/1206vta.).
No le asiste razón a la Síndico en cuanto persigue la declaración de deserción del recurso incoado por O. A. D. y M. B. C., en base a que no se acompañaron copias de la expresión de agravios, según emerge del cargo de fs.1188vta. Lo cierto y concluyente es que la Sindicatura no ha visto menoscabado, en modo alguno, su derecho a la defensa en juicio y al debido proceso legal, al haber retirado fotocopia de la pieza recursiva de fs.1182/1188vta. (véase la constancia obrante a fs.1189vta.). En función de tal circunstancia procesal, se incurriría en un excesivo ritualismo si se accediera al planteo en análisis, puesto que, reitero, no ha mediado ninguna afectación del derecho de defensa de la peticionante, siendo prueba de ello la efectiva contestación del traslado mediante el escrito presentado a fs.1190/1205vta. (art.18 de la Constitución Nacional; art.15 de la Constitución Provincial; arts.120, 260 y 261 del Cód. Proc.).
En un mismo orden de ideas, tampoco es acertado el planteo inserto a fs.1206/1206vta., a través del cual se persigue la deserción del recurso de apelación de M. O. D., por supuesto incumplimiento de la carga de fundamentación exigida por el art.260 del código ritual. Por el contrario, si se examina la expresión de agravios de fs.1178/1179vta., es posible advertir -prontamente- que la misma satisface los recaudos mínimos como para erigirse en una crítica concreta y razonada de la parcela del fallo que se considera errónea, razón por la cual se encuentra abastecida la carga técnica exigida por la citada norma del código de rito y debe desestimarse el planteo en escorzo (art.260 del Cód. Proc.).
VI. Superados los obstáculos formales examinados en el anterior apartado, habré de abordar las expresiones de agravios presentadas por los contendientes. Razones de orden metodológico me llevan a tratar, en primer término, los agravios articulados por O. A. D. y M. B. C., donde los apelantes insisten en su planteo de prescripción de las acciones intentadas por la Sindicatura (fs.1184/1187vta.), y -con invocación del art.1101 del Código Civilalegan la incidencia que sobre el presente proceso civil tendría la causa en trámite en sede penal, que se encuentra caratulada "O. S.A. s/Denuncia", I.P.P. n° 4033/03 (fs.1188/1188vta.).
1. Y por un adecuado ordenamiento lógico de las temáticas de autos, debo comenzar con el planteo relativo a la incidencia que sobre el presente proceso tendría la causa penal mencionada en el párrafo precedente, pues los apelantes sostienen -con invocación del art.1101 del Código Civil- que no habría sido pertinente el dictado de la sentencia apelada, al encontrarse pendiente de resolución la I.P.P. n° 4033/03, promovida a instancias de la propia Sindicatura. Hacen hincapié en el escándalo jurídico que podría sobrevenir ante el posible dictado de sentencias contradictorias, y alegan que en los dos procesos hay identidad de personas y de hechos, por lo que resultaría indispensable conocer la sentencia penal para lograr una solución de la contienda en la vía civil (fs.1188/1188vta. de la presente causa n° 57.781).
Entiendo que este planteo no es procedente, ya que la dependencia del proceso civil con relación al criminal que establece el art.1101 del Código Civil, debe ceder en aquellos supuestos en que el trámite de la causa penal se prolonga más allá de un tiempo razonable; por lo que es posible el dictado de sentencia civil aunque no medie resolución en la órbita represiva, en aquellos supuestos en que ha mediado un retardo injustificado del proceso penal (esta Sala, causa n° 51.988, "Pendas" del 8-5-08; causa n° 51.602, "Duarte" del 30-4-08; causa n° 46.156, "Pugni" del 25-3-04). Precisamente, sobre el particular sostiene Kemelmajer de Carlucci que "toda vez que la pendencia del proceso penal sea de tal magnitud que impida en forma real el derecho de defensa en juicio de los derechos, cabe dictar resolución civil aun cuando no haya recaído sentencia en sede penal" (Código Civil de Belluscio-Zannoni, tomo 5, pág.304).
Si se examinan las actuaciones de la I.P.P. n° 4033/3 puede observarse, prontamente, que en su tramitación ha mediado una dilación verdaderamente injustificada, que su trámite ha insumido muchos años y no ha generado ninguna posibilidad cierta de dilucidar la cuestión penal. Así es posible reparar en que dicha investigación penal tuvo su inicio con el pase de actuaciones que dispuso la a quo, a instancias de la Sindicatura, lo que sucedió el día 24 de noviembre de 2003, habiéndosele dado inicio a la causa con fecha 23 de diciembre del mismo año (ver fs.61 y 62). Posteriormente, el Agente Fiscal actuante ordenó el libramiento de oficios (fs.72) y se tuvo a la Síndico por presentada en el carácter de particular damnificado (fs.107/107vta.).
Se ordenaron medidas de constatación (fs.110/110vta.), se libraron nuevos oficios (fs.143, fs.199, entre otros), y se recibieron numerosas declaraciones testimoniales (fs.139/140, fs.172/174, fs.212/212vta., fs.274/276vta.). Recién con fecha 24 de enero de 2008 se le recibió declaración testimonial a O. A. D. (fs.328/329vta.), a M. O. D. (fs.364/364vta.) y a M. B. C. (fs.365/365vta.). Con fecha 10 de julio de 2008, O. A. D. solicitó su sobreseimiento (fs.421/422vta.), el que fue denegado con fecha 30 de julio de 2008 (fs.425). Luego de recibidas otras declaraciones testimoniales (fs.452/452vta., fs.458/459, fs.464/465vta.), con fecha 10 de noviembre de 2009 dictó la última resolución el Agente Fiscal interviniente, donde sólo se limitó a remitir las actuaciones al titular de la Sub DDI de Olavarría, a fin de que personal idóneo comparezca a recibir temperamento a adoptar con relación a la actividad investigativa hasta allí realizada, con el objeto de impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias delictivas ulteriores, individualizar a los culpables y reunir pruebas para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento (fs.471).
Quiere ello decir que, pese al extenso lapso transcurrido de casi seis años, el Agente Fiscal actuante no tomó ninguna decisión sobre el destino de la causa, y no obstante los elementos colectados en la misma se limitó a remitir los actuados a la autoridad policial, la que respondió, con fecha 19 de enero de 2010, que las averiguaciones realizadas hasta esa fecha arrojaron resultado negativo (fs.472). Ninguna actuación más se cumplimentó a partir de allí, habiéndose remitido la causa al Juzgado Civil y Comercial (fs.475).
Tal como puede apreciarse, se está ante una prolongación del proceso penal que supera el tiempo razonable, sin que durante su trámite se hubiera dictado alguna resolución que permitiera avanzar en el esclarecimiento de los ilícitos denunciados. Ello conduce, inexorablemente, a que deba desestimarse el planteo formulado por los apelantes con asiento en el art.1101 del Código Civil, puesto que la sentencia apelada se dictó en el momento adecuado, al no haber mediado motivo para aguardar el desenlace de una causa penal que se prolongó durante muchos años y que no arribó a resultado alguno (art.18 de la Constitución Nacional; art.15 de la Constitución Provincial).
2. Incursionando ahora en el planteo prescriptivo articulado oportunamente por los aquí apelantes, y a efectos de ilustrar acerca del mismo, cabe recordar que el escrito de contestación de demanda por ellos presentado contiene una referencia por demás escueta sobre la prescripción pretendida, dado que allí sólo se hizo referencia al art.4033 del Código Civil, que establece el plazo de un año para la prescripción de las acciones revocatorias por actos celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus acreedores. Con esa única invocación y partiendo de la base del momento del traspaso de los bienes a O. S.A., lo que se inscribió registralmente el día 3 de marzo de 2000, sostuvieron los demandados que "Los acreedores, en este caso, tuvieron tiempo de impugnar dicho traspaso hasta el 3 de marzo de 2001, acto que no sucedió" (ver a fs.127vta., el planteo de M. B. C., y a fs.138vta., el planteo de O. D.).
Pues bien, tal como ya lo anticipé supra, en la sentencia apelada se rechazó este planteo de prescripción liberatoria formulado por los codemandados (fs.962/962vta. y fs.974vta., punto 1°, de la parte resolutiva). Para así decidir aseveró la juzgadora que las acciones de la sindicatura fueron interpuestas en el plazo legal, y destacó que las mismas no pudieron -legal y válidamente- haberse interpuesto sino a partir de la existencia de un proceso de quiebra, y, más específicamente, a partir de la presentación del informe general que prescribe el art.39 de la L.C.Q., lo cual recién ocurrió el día 2 de diciembre de 2003. Y a ello agregó la magistrada otro argumento medular, cual es la inaplicabilidad al caso del art.4033 del Código Civil, pues, en su parecer, resultan atinentes las reglas que emanan del propio y específico sistema reglado por la ley de concursos y quiebras, a cuyo efecto invocó -en forma expresa- el art.124 de la ley 24.522 (fs.962vta.).
Ahora bien, si se recala en los agravios vertidos por los demandados O. A. D. y M. B. C., es posible advertir que los mismos se encuentran focalizados en la cuestión relativa a la norma aplicable en la especie (ver fs.1184/1187vta.). Y así se quejan los apelantes porque en la sentencia se consideró pertinente el régimen estatuido en el art.124 de la L.C.Q., puesto que -en su criterio- resulta de aplicación la norma contenida en el art.4033 del Código Civil, que establece el plazo de prescripción de un año para "la acción de los acreedores para pedir la revocación de los actos celebrados por el deudor, en perjuicio o fraude de sus derechos", debiendo contarse ese plazo "desde el día en que el acto tuvo lugar, o desde que los acreedores tuvieron noticia del hecho". Por supuesto que en la norma escogida por la juzgadora se establece un plazo que, en el caso de autos, resulta mucho más extenso (siendo aquí donde radica la disconformidad de los apelantes), dado que el citado art.124 de la ley concursal, a los fines del ejercicio de las acciones allí contempladas, prevé un plazo de caducidad de tres años contados desde la fecha de sentencia de quiebra. Si se considera que la sentencia que decreta la quiebra tiene fecha 12 de marzo de 2003 (ver fs.443/445 del expediente n° 16.211, intitulado "D. O.r y otra s/concurso preventivo-hoy quiebra"), puede advertirse que - en el razonamiento de la juzgadora- la demanda que dio inicio al presente proceso fue claramente promovida dentro del plazo legal, ya que data del día 2 de julio de 2004 (ver cargo de fs.85vta. de la presente causa n° 57.781).
Pero, a mi juicio, resulta ociosa la discusión planteada entre la a quo y los recurrentes, para cuya definición habría que dilucidar si en el sub caso resultan de aplicación las normas sobre prescripción establecidas en el Código Civil (como lo postulan los apelantes), o si, por el contrario, deviene pertinente el sistema específico contemplado en el art.124 de la ley concursal (como lo decidió la magistrada de la anterior instancia). Discusión que, cabe decirlo, ha merecido posturas encontradas en doctrina y jurisprudencia (conf. Heredia, Tratado Exegético de Derecho Concursal, tomo 4, págs.490 y sgtes.; Grillo, Período de sospecha en la legislación concursal, págs.313 y sgtes.).Y sostengo que en el sub caso dicho debate aparece innecesario, porque aún situándonos en el encuadre jurídico propiciado por los demandados, es evidente que en el supuesto en examen no se ha cumplido el plazo de prescripción que emana de la norma aplicable del Código Civil. Me explicaré en el punto siguiente.
3. Ya dentro del sistema del Código Civil corresponde señalar, en primer término, que la norma aplicable en la especie no es el art.4033, como aducen los apelantes, ya que la misma regula el plazo de prescripción de la acción de fraude, pauliana o revocatoria o pauliana (conf. Highton, en Código Civil de Bueres-Highton, tomo 6 B, pág.860). Y ello es así porque si se analiza el escrito de demanda que diera inicio al presente proceso, puede advertirse que la acción principal allí contenida está dirigida a plantear la inexistencia de los actos jurídicos solo aparentes de constitución de I. F. S.A. y de O. S.A., así como de los aportes efectuados a ambas sociedades; haciéndose hincapié en el vicio de simulación absoluta con invocación de los arts.955, 956 y sgtes. del Código Civil (véase el resumen obrante a fs.78vta./89vta. de la presente causa n° 57.781). Sólo en subsidio se dedujo la acción revocatoria o pauliana (ver fs.80vta.). Fue corolario de ello, que en la sentencia apelada se declararon nulos de nulidad absoluta por simulación absoluta ilícita en fraude de los acreedores de los fallidos, a los actos de constitución de ambas sociedades y a los aportes efectuados a las mismas, así como, también, a los actos que llevaron adelante estas sociedades, entre otros actos (ver el punto 8 del apartado II del presente voto).
Así definido el encuadre jurídico medular de la demanda y el consecuente acogimiento de la misma por parte de la juzgadora, no puede sino concluirse en que el plazo de prescripción de la acción de autos es el de dos años establecido en el segundo párrafo del art.4030 del Código Civil. En efecto, esta norma deviene aplicable en la especie, pues más allá de la deficiencia que presenta dicho texto legal (que sólo alude a la acción ejercida entre las partes), en la actual evolución doctrinaria y jurisprudencial no quedan dudas de que también le corresponde el plazo de prescripción bienal a la acción de simulación ejercida por terceros, claro que, en este supuesto, el plazo de prescripción recién empieza a correr desde el momento en que éstos han tomado conocimiento del acto ficto que los perjudica (conf. Saux en Código Civil de Bueres-Highton, ob. cit., tomo 6 B, págs.835 a 839; ver también Mosset Iturraspe, Contratos Simulados y Fraudulentos, tomo I, págs.270 y 271).
Sentada, entonces, la aplicación al caso del plazo de prescripción bianual previsto en el art.4030, segundo párrafo, del Código Civil, corresponde enfatizar en que el mismo empieza a correr para los terceros, desde que tuvieron conocimiento del acto simulado, y no desde el momento en que el acto tuvo lugar o fue celebrado. Pero está claro que son los terceros quienes deben acreditar la fecha de tal conocimiento, el que debe ser efectivo, pleno, cabal, no bastando la mera sospecha (conf. Mosset Iturraspe, ob. cit. págs.271 y 272). A la luz de estas pautas dogmáticas basta con analizar el expediente donde tramita la quiebra de O. A. D. y M. B. C., para arribar a la conclusión de que la Sindicatura recién pudo haber tomado conocimiento efectivo de los actos simulados, luego de haberse practicado los actos procesales que siguieron al decreto de quiebra, el cual, como ya lo señalé, data del día 12 de marzo de 2003 (ver fs.443/445 del referido expediente n° 16.211).
Así se tiene que, con fecha 18 de julio de 2003, compareció a los autos el representante de O. S.A., invocando la titularidad de dominio de los inmuebles e impugnando el mandamiento de incautación y clausura (fs.508/522vta.). A su vez, con fecha 18 de setiembre de 2003, se recibieron en el juzgado las constancias de la Inspección General de Justicia relativas a I. F. S.A. (fs.589/604vta.). A fs.648, con fecha 26 de noviembre de 2003, se agregaron al proceso de quiebra las copias que lucen a fs.628/647vta., de las cuales resulta que en los autos "O. S.A. s/Tercería de dominio" (expediente n° 22.994/03), mediante presentación realizada el día 28 de octubre de 2003, ya la Síndico había advertido algunas de las maniobras que, posteriormente, dieron origen a la demanda de autos (ver cargo en la copia agregada a fs.60 de la mencionada I.P.P. n° 4033/03). Y se arriba de este modo al informe general de la quiebra presentado por la Sindicatura con fecha 2 de diciembre de 2003, donde la funcionaria estimó el comienzo del estado de cesación de pagos en el día 16 de abril de 1996, brindando diversos argumentos en sustento de su postura (fs.763/765 del expediente n° 16.211). Seguidamente, en el informe general la Síndico se expidió sobre el carácter simulado de las distintas sociedades, las que tuvieron por único objeto sacar los bienes del patrimonio de los fallidos en perjuicio de sus acreedores, brindando un minucioso detalle de lo acontecido con I. F. S.A., O. S.A. y A. S.A. (en formación), y concluyendo en la responsabilidad patrimonial que le cabe a los integrantes de estas personas jurídicas (fs.765/771). Y, además, se explayó acerca de los actos que consideró susceptibles de ser revocados en el marco de lo dispuesto en los arts.118 y 119 de la L.C.Q. (fs.771), haciendo expresa referencia a las acciones del derecho común (fs.772). Así planteó la necesidad de incoar una acción tendiente a declarar la inexistencia por simulación absoluta de los contratos constitutivos de las sociedades mencionadas, así como también de los aportes realizados a las mismas, con expresa referencia a los inmuebles identificados con las matrículas 43.652 y 40.963/1/2/3/5 (fs.772/774). En subsidio refirió a la acción revocatoria o pauliana y a otras acciones (fs.774/780vta.), solicitando el pase a la justicia penal ante la comisión de diversos delitos (fs.780vta./784).
Se desprende de lo hasta aquí señalado, que la Síndico tomó efectivo, pleno y cabal conocimiento de los actos simulados, con la presentación del informe general en la quiebra, esto es, con fecha 2 de diciembre de 2003, siendo a todas luces evidente que no transcurrió -en modo alguno- el plazo de prescripción establecido en el art.4030 del Código Civil, puesto que la demanda que dio inicio al presente juicio se interpuso con fecha 2 de julio de 2004 (ver cargo de fs.85vta. de la presente causa n° 57.781). Se evidencia así la prontitud con que la funcionaria concursal promovió las acciones que estimó pertinentes, debiendo destacarse que aunque no sea aplicable -como ya lo señalé- el plazo de prescripción de un año emergente del art.4033 del Código Civil (invocado por los demandados), tampoco se produjo el transcurso de este período más breve. Es evidente, entonces, que el planteo de prescripción no se ajusta a derecho (arts.39, 115, 116, 117 y ccs. de la L.C.Q.; arts.955, 956, 957, 4030 segundo párrafo y ccs. del Cód. Civil).
Sentadas las conclusiones precedentes, se muestra claramente inconsistente la expresión de agravios de O. A. D. y M. B. C., pues en la misma se insiste en la aplicación al caso del art.4033 del Código Civil (temática ya definida supra), y se hace mención a una fecha de cesación de pagos que corresponde al concurso preventivo, ignorándose las categóricas conclusiones del informe general correspondiente a la quiebra (fs.1184vta./1185vta.). Asimismo, en este escrito recursivo no consta una crítica idónea con relación a un argumento medular de la sentencia apelada, donde se dijo que las acciones de autos se interpusieron dentro del plazo legal, pues no podrían haberse incoado sino a partir de la existencia de un proceso de quiebra y, más específicamente, a partir de la presentación del informe general (véase la reseña efectuada en punto 2 del apartado II del presente voto, y los insuficientes agravios de fs.1186/1187vta.). En suma, la pieza recursiva no satisface la carga técnica de fundamentación exigida por el código de rito, al no haberse criticado una conclusión central de la sentencia relativa al inicio del plazo de prescripción; habiéndose limitado los apelantes a mencionar un momento distinto (fs.1186, primer párrafo), pero sin hacerse cargo de las motivaciones dadas por la sentenciante de grado (art.260 del Cód. Proc.).
Por todo lo expuesto, propicio la confirmación de la sentencia apelada en cuanto se rechazó el planteo de prescripción liberatoria formulado por los codemandados (fs.974vta., punto 1° de la parte resolutiva).
VII. Es menester abordar, en el presente apartado, los agravios formulados por M. O. D., quien impugna -exclusivamente- el punto 3° de la sentencia de grado (fs.974vta.), en cuanto lo condena a reintegrar a la cuenta de autos la suma de $ 56.000, como prestación sustitutiva por la venta que realizara, junto a O. A. D., M. B. C. y C. A. D., del inmueble identificado con la matrícula 40.963/7 del Partido de Olavarría. Conforme se puntualizó en el punto 1 del apartado III del presente voto, esta condena corresponde a la acción promovida por la Sindicatura y que diera origen a los autos que se caratulan "D. O. y otra s/quiebra c/I. F. S.A. y otros s/daños y perjuicios" (causa n° 57.782). A los fines de sustentar su pretensión revisionista del fallo apelado, aduce el apelante que de su parte no existió malicia ni intención alguna de perjudicar a la masa de acreedores, ya que no tenía acceso a las operatorias de I. F. S.A., a pesar de ser su director suplente (como se admite en la propia sentencia de grado). El apelante M. O. D. hace referencia a su absolución de posiciones (que fue ponderada en la sentencia apelada), donde con relación al domicilio de I. F. S.A., sito en Capital Federal, manifestó que no tenían llave ni podían ingresar ninguno de los cuatro integrantes de la sociedad; habiendo expresado, también, que desconocía tanto el estado de los trámites de inscripción de la sociedad que integraba, así como si la misma tenía actividad comercial o económica, y que le parecía que la firma nunca había tenido ingresos (véase el agravio de fs.1178vta. y la reseña que efectué de la sentencia en el punto 6 del apartado II).
Procurando desligarse de la condena que le fue impuesta en el pronunciamiento apelado, sostiene el recurrente que todos estos elementos, sumados a la declaración de nulidad de I. F. S.A., mal pueden conducir a que se le atribuya responsabilidad, ya que él nunca obtuvo beneficio alguno como consecuencia de las operaciones anuladas (fs.1179, primer párrafo). Insiste el apelante en que los hechos denunciados por la Síndico no pueden ser tenidos como simulados o hechos en fraude de la masa por parte de M. O. D., ya que no fueron llevados a cabo por él (fs.1179). Y ya con referencia a las nulidades declaradas en la sentencia alega que si los actos no existieron como tales, no se alcanza a visualizar cómo se puede integrar algo que no existe; para proseguir sosteniendo que "mal puede reclamársele al Sr. M. D. que reintegre un dinero al que nunca tuvo acceso porque nunca formó parte de las sociedades descriptas" (fs.1179vta., segundo párrafo).
Es cierto que en la sentencia se descartó la actuación dolosa de la esposa e hijos de O. A. D. (como se dice en la última parte de fs.1179vta.), pero no menos cierto es que en el decisorio de grado también se señaló que ello no los excluye de la responsabilidad investigada (fs.973). Y en este orden de ideas, no quedan dudas de que M. O. D. debe responder como consecuencia de su obrar culposo, ya que no sólo fue parte en la constitución de I. F. S.A. (ver apartado II, punto 3, del presente voto), sino que, además, omitió adoptar las diligencias que estaban a su alcance a fin de evitar la consumación de los actos simulados llevados adelante por su padre O. A. D.. Más aún, ni siquiera denunció dichos actos irregulares ante las autoridades judiciales o administrativas competentes, o, al menos, ante la Sindicatura del proceso concursal, siendo que estaba en perfecto conocimiento de la delicada situación económica por la que atravesaba su familia (ver a fs.166 y 169vta. de los presentes actuados, las respuestas que ha brinda el absolvente a las posiciones 20, 21 y 22; arts.384 y 421 del Cód. Proc.).
Tal como lo destacan Pizarro y Vallespinos, la culpa es el factor de imputación subjetivo más importante dentro de nuestro derecho privado, y la misma se encuentra definida en el art.512 del Código Civil, el que si bien hace referencia a la culpa en el incumplimiento obligacional, trae un concepto que es trasladable sin dificultades al ámbito de los actos ilícitos extracontractuales. Y así definen estos autores a la culpa como "la omisión de la diligencia que exija la naturaleza de la obligación, y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Para que se configure la culpa es menester la presencia de dos requisitos, ambos de contenido negativo: la omisión de realizar la conducta que exige la naturaleza de la obligación y la ausencia de propósito deliberado de incumplir o de causar un daño" (Instituciones de derecho privado, obligaciones, tomo 2, págs.612 y 613).
M. O. D. nunca planteó algún tipo de discrepancia con relación a los actos societarios cometidos en fraude a los acreedores, siendo que tenía obligación de ello si, realmente, no era su voluntad participar de la transferencia simulada de los bienes que originariamente se hallaban en cabeza de los fallidos. Y aquí es menester recalar en la posición número 28, donde se le planteó al nombrado "que por la referida situación de insolvencia del matrimonio D.-C.l, los nombrados, con el consentimiento del absolvente y su hermana C. A., decidieron transferir en forma simulada todos sus bienes a terceros" (fs.166vta.; lo destacado me pertenece). La forma en que fue formulada esta posición, donde se hizo referencia al consentimiento del absolvente con la transferencia simulada de los bienes, requería una respuesta precisa y categórica de su parte; pero ello no sucedió así, puesto que M. O. D. se limitó a responder con un lacónico "no lo se" (fs.169vta.; arts.411 y 415 del Cód. Proc.).
Y aquí cabe destacar que M. O. D. ha demostrado un conocimiento cabal de los actos que iba realizando su padre, conforme emana de las respuestas dadas a las posiciones números 29 a 40 (fs.166vta./167 y fs.169vta./170). De esta manera surge evidente su omisión culposa, al no haber adoptado ninguna diligencia dirigida a evitar la consumación de los actos simulados; a lo que se suma la rebeldía que le fuera decretada en la causa n° 57.782 (fs.73), donde desaprovechó la posibilidad de brindar un panorama claro y certero de su accionar. Por todo ello, propicio la confirmación de la sentencia apelada en cuanto se condenó a M. O. D. en la causa n° 57.782, ya que el mismo resulta responsable civilmente a título de culpa (arts.512, 1109 y ccs. del Cód. Civil; arts.59, 60, 384, 411, 415 y ccs. del Cód. Procesal).
VIII. Despejadas las cuestiones precedentes sólo restan por abordar los agravios de la Sindicatura, los cuales, en virtud del modo en que se resolvieron las causas en la anterior instancia, se centran en temáticas que podrían calificarse como accesorias. De allí que las he postergado para el último tramo del presente voto.
1. El agravio relativo a la tasa de interés fijada en la sentencia apelada no puede ser de recibo, en atención a la inequívoca doctrina legal sentada en la materia por la Suprema Corte Provincial. En efecto, en el decisorio de grado se decidió que debe aplicarse la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (fs.974, considerando XVII), mientras que, en base a diversos argumentos, la Sindicatura propicia la aplicación de la tasa activa (fs.1165vta./1173 de la causa n° 57.781) Sobre el particular ha resuelto esta Sala, con relación a la viabilidad de la tasa pasiva, que ese criterio dirimente es el que -en la actualidadconstituye la doctrina legal vinculante de la Suprema Corte de Buenos Aires, del que no pueden apartarse los tribunales inferiores. Recientemente, recordando y repitiendo inveterados antecedentes, resolvió ese Tribunal que “el acatamiento a la doctrina legal de la Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia, y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de la Corte, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta –llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones personales” (cf. S.C.B.A., Ac. 116.994, 11/12/2013).
La aplicación de la tasa pasiva, aunque resulte una cuestión opinable, constituye la doctrina legal (insisto: de acatamiento obligatorio y que “no puede ser dejada de lado”) y que se sintetiza afirmando que “en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (ambas sentencias del 21-X-2009) la Suprema Corte decidió -por mayoría- ratificar la doctrina que sostiene que a partir del 1 de abril de 1991, los intereses moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Código Civil) con arreglo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928 -modificada por ley 25.561-; 622, Código Civil; S.C.B.A., Ac. C. 103.555, 22/5/2013, "Romero, Walter Oscar y otro contra Kotula de Wasylikone, María y otro. Daños y perjuicios" (voto de la mayoría del Dr. Negri, al que adhirieron los Dres. Kogan, Soria y Hitters por sus fundamentos). Repárese incluso –y a mayor abundamiento- que para decidir ese tema algunos votos de los jueces del Alto Tribunal, que tienen otros fundamentos, acuden para adherir y conformar mayoría al arbitrio del art. 31 bis ley 5827 (voto Dr. Hitters, causa reciente Ac. C. 113.397 del 27/11/2013); (esta Sala, causa n° 58.287, "Leunda", sentencia del 30 de abril de 2014, voto del Dr. Galdós). Por lo demás, resultan inaudibles las diferentes alegaciones formuladas por la Sindicatura, mediante las cuales intenta sostener su pedimento, ya que las mismas quedan desplazadas por el acatamiento obligatorio que deben los tribunales inferiores a la doctrina legal del Superior Tribunal Provincial (art.161 de la Constitución Provincial; art.278 del Cód. Proc.). De allí que resulten estériles las manifestaciones de la apelante basadas en normas de la ley concursal y del código de fondo, así como en citas de fallos de otros tribunales (fs.1165vta./1173).
2. El segundo agravio articulado por la Síndico versa sobre un párrafo de la sentencia que ut supra califiqué como confuso (ver apartado II, punto 8, del presente voto). Parece decir allí que, como consecuencia de la nulidad decretada, debe considerarse que todos los actos celebrados por cualquiera de las referidas sociedades, lo han sido realmente por el propio O. A. D., por lo que los bienes involucrados pasan a conformar la masa falencial destinada a realizarse, debiendo la Síndico -una vez que adquiera firmeza el fallo- rectificar el incidente de realización de bienes para avanzar prontamente en la realización de los mismos, debiendo gestionar en los registros pertinentes la adecuación de sus inscripciones registrales (ver fs.973vta., primer párrafo).
En su escrito recursivo sostiene la Síndico que a los bienes que integran el incidente de realización se le deberán agregar los que registralmente están inscriptos a nombre de O. S.A., identificados con las matrículas 43.652 y 40.963/1/2/3/5 del Partido de Olavarría (78) (fs.1173/1174vta.). Y seguidamente expresa que, en lugar de que esta sindicatura deba gestionar en los registros pertinentes la adecuación de sus inscripciones registrales, como se dijo en la sentencia apelada, corresponde que se decrete la cancelación por sentencia judicial y se declare extinguido el derecho real registrado en los asientos de las referidas matrículas 43.652 y 40.963/1/2/3/5 del Partido de Olavarría (78), dejándose sin efecto dichas inscripciones a nombre de O. S.A., y librándose el pertinente oficio al Registro de la Propiedad Inmueble (fs.1174vta.). Aquí debe recordarse que en la sentencia apelada se declararon nulos de nulidad absoluta por simulación absoluta ilícita en fraude a los acreedores de los fallidos O. A. D. y M. B. C., a los siguientes actos: constitución de la firma I. F. S.A. y aportes de capital que conformaran su capital social; compra de la porción indivisa de determinados bienes de H. D. D. que en su nombre efectuara el fallido O. A. D.; constitución de la firma O. S.A.; contrato de cesión de los derechos emergentes del contrato de locación que firmara O. A. D., en beneficio de su hija C. A. D.; constitución de la firma A. Soc. de Hecho y/o A. S.A. en formación; todos los actos que en su nombre, gestión y representación llevaran adelante estas firmas (fs.973 y fs.974vta., punto 2°). De los actos declarados nulos he destacado -con negrita- la constitución de I. F. S.A. y aportes de capital que conformaran su capital social, la venta a I. F. S.A. de la porción indivisa de H. D. D., y la constitución de la firma O. S.A., puesto que la nulidad absoluta de los mismos incidirá directamente en las cancelaciones registrales que indicaré infra.
Sobre el particular sostiene Rivera que "dictada la sentencia de nulidad, y encontrándose ésta firme, las cosas deben volver al estado en que se encontraban antes de otorgarse el acto jurídico; para ello, desaparecen los derechos y obligaciones que hubieran nacido de aquel acto y, en su caso, deben restituirse los bienes que se hubiesen entregado en virtud de él. La razón es sencilla: la nulidad (entendida genéricamente como negación del negocio jurídico) tiene la virtud de crear la necesidad jurídica de que no se produzcan los efectos propios del acto. De tal modo, la nulidad es una categoría jurídica dirigida por la ley hacia la obtención, en la medida posible, del resultado consistente en volver las cosas al estado en que se encontraban antes que el acto se otorgue (López Olaciregui). Estas consecuencias jurídicas concretas a las que la declaración de nulidad abre paso, son los llamados efectos de la nulidad que se encuentran legislados en los artículos 1050 y siguientes" (Instituciones de derecho civil, parte general, tomo II, págs.986 y 987).
Es así que por imperio de las normas que regulan los efectos de la nulidad (arts.1050, 1051 y ccs. del Cód. Civil), así como de la norma que prevé la pérdida del dominio por decisión judicial (art.2610 del Código Civil), y en el marco de la decisión que sobre el fondo de la cuestión se tomó en la anterior instancia (la que en mi entender debe permanecer firme), corresponde hacer lugar al presente agravio de la Síndicatura y decidir la modificación parcial de la sentencia apelada en los siguientes términos: 1) Disponer la cancelación por sentencia judicial de los derechos reales de dominio inscriptos a nombre de las sociedades declaradas nulas de nulidad absoluta, I. F. S.A. y O. S.A., sobre los inmuebles identificados con las matrículas 43.652, 40.963/1, 40.963/2, 40.963/3 y 40.963/5 del Partido de Olavarría (78); 2) Ordenar el libramiento del pertinente oficio al Registro de la Propiedad Inmueble, para que proceda a registrar dichas cancelaciones dominiales. Una vez concretados estos actos registrales, los bienes indicados pasarán a conformar la masa falencial destinada a realizarse, tal como se decidió en el pronunciamiento de primera instancia (por supuesto, que en la proporción del dominio que corresponda a los fallidos; véase la escritura glosada a fs.30 y sgtes. de la causa n° 57.783). Al solo título ilustrativo, es de utilidad compulsar los certificados de dominio glosados a fs.690/709 de los autos "D. O. y otra s/concurso preventivo-hoy su quiebra" (expediente n° 16.211), pues de los mismos resulta el iter registral de los referidos inmuebles.
IX. En cuanto a las costas de primera instancia, que se impusieron en todos los casos a los codemandados vencidos (fs.975, punto 6°), no cabe efectuar ninguna adecuación en esta alzada, puesto que la modificación obtenida en esta sede ha sido favorable a la Sindicatura (arts.68 y 274 del Cód. Proc.). Por lo demás, las costas de alzada se imponen a los codemandados apelantes O. A. D., M. B. C. y M. O. D., quienes en lo sustancial han resultado vencidos en esta instancia recursiva, puesto que el agravio de la Sindicatura que no prospera se encuentra referido a una cuestión accesoria de intereses que, como tal, no puede alterar la regla objetiva del vencimiento que impera en materia de condena en costas (art.68 del Cód. Proc.).
Así lo voto.
A la misma cuestión la Dra. Longobardi adhirió al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1 ) Desestimar los planteos de deserción de recursos de apelación analizados en el considerando V; 2) Confirmar la sentencia apelada de fs.953/975, en lo principal que decide y ha sido materia de agravio, en cuanto no se tuvo en cuenta la previsión contenida en el art.1101 del Código Civil, se rechazó el planteo de prescripción liberatoria efectuado por los demandados, se condenó a M. O. D. en la causa n° 57.782, y se estableció la tasa pasiva de interés; 3) Modificar parcialmente la sentencia apelada de fs.953/975, únicamente con relación al segundo agravio de la Sindicatura que merece acogida; disponiéndose, en consecuencia, la cancelación por sentencia judicial de los derechos reales de dominio inscriptos a nombre de las sociedades declaradas nulas de nulidad absoluta, I. F. S.A. y O. S.A., sobre los inmuebles identificados con las matrículas 43.652, 40.963/1, 40.963/2, 40.963/3 y 40.963/5 del Partido de Olavarría (78); y ordenándose el libramiento de oficio al Registro de la Propiedad Inmueble para que proceda a registrar dichas cancelaciones dominiales; 4) Decidir que no corresponde adecuar las costas de primera instancia, por las razones dadas en el considerando IX (art.274 del Cód. Proc.); 5) Imponer las costas de alzada a los codemandados apelantes O. A. D., M. B. C. y M. O. D., quienes en lo sustancial han resultado vencidos en esta instancia recursiva, puesto que el agravio de la Sindicatura que no prospera se encuentra referido a una cuestión accesoria de intereses que, como tal, no puede alterar la regla objetiva del vencimiento en orden a la condena en costas (art.68 del Cód. Proc.); 6) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión la Dra. Longobardi adhirió al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 3 de Junio de 2014.
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C. se resuelve: 1) Desestimar los planteos de deserción de recursos de apelación analizados en el considerando V; 2) Confirmar la sentencia apelada de fs.953/975, en lo principal que decide y ha sido materia de agravio, en cuanto no se tuvo en cuenta la previsión contenida en el art.1101 del Código Civil, se rechazó el planteo de prescripción liberatoria efectuado por los demandados, se condenó a M. O. D. en la causa n° 57.782, y se estableció la tasa pasiva de interés; 3) Modificar parcialmente la sentencia apelada de fs.953/975, únicamente con relación al segundo agravio de la Sindicatura que merece acogida; disponiéndose, en consecuencia, la cancelación por sentencia judicial de los derechos reales de dominio inscriptos a nombre de las sociedades declaradas nulas de nulidad absoluta, I. F. S.A. y O. S.A., sobre los inmuebles identificados con las matrículas 43.652, 40.963/1, 40.963/2, 40.963/3 y 40.963/5 del Partido de Olavarría (78); y ordenándose el libramiento de oficio al Registro de la Propiedad Inmueble para que proceda a registrar dichas cancelaciones dominiales; 4) Decidir que no corresponde adecuar las costas de primera instancia, por las razones dadas en el considerando IX (art.274 del Cód. Proc.); 5) Imponer las costas de alzada a los codemandados apelantes O. A. D., M. B. C. y M. O. D., quienes en lo sustancial han resultado vencidos en esta instancia recursiva, puesto que el agravio de la Sindicatura que no prospera se encuentra referido a una cuestión accesoria de intereses que, como tal, no puede alterar la regla objetiva del vencimiento en orden a la condena en costas (art.68 del Cód. Proc.); 6) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría a las partes y devuélvase.
Firmado: Dra. María Inés Longobardi – Presidente – Cám. Civ. y Com. Sala II – Dr. Víctor Mario Peralta Reyes – Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II. Ante mí: Agustina Macaluso – Auxiliar Letrada – Cám. Civ. y Com. Sala II.
Fin de la sentencia