Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-103194121-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución RESOL-2019-118-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada con fecha 11/12/2019 en el expediente administrativo SIGEA N° 16587-61-2014, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-45960156-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 7 de Mayo de 2026 Reunidos los Vocales de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “WAKEFIELD ARGENTINA S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, EX- 2021-103194121- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, mediante RE-2021-103191302-APN-SGASAD#TFN, se presenta por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2019-118-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada el 11/12/2019 en el expediente administrativo SIGEA N° 16587-61-2014, en cuanto la condena al pago de una multa de $ 464.284,30, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el apartado 1, inciso c), del artículo 954 del CÓDIGO Aduanero, en relación a las destinaciones 09001IC04081714R, 09001IC04100363J, 09001IC04123336Y, 09001IC04180016M, 10001IC04037220C, 10001IC04077474R, 10001IC04100258E, 10001IC04138838T, 10001IC04243254X, 11001IC04023170C, 11001IC04087523Y, y 11001IC04119263L.
Indica que el servicio aduanero dice haber advertido una maniobra de re-facturación de todas las operaciones realizadas a través de CASTROL CARIBBEAN E CENTRAL AMERICA INC., de mercaderías embarcadas en Brasil con destino a la República Argentina, sin que aparezca el aporte de dicha empresa a la transacción comercial realizada y el motivo de su intervención. Plantea la nulidad del auto de instrucción sumarial, la prescripción de la acción penal y la inexistencia de la infracción imputada por atipicidad del hecho imputado. Destaca que, aun cuando el auto de instrucción sumarial no fuere nulo e inválido, lo cierto es que no se produjo ni puede producir el efecto pretendido por el servicio aduanero, toda vez que no fueron notificados los imputados.
En subsidio, cuestiona el uso por parte del Fisco del sistema INDIRA como medida probatoria del cargo endilgado. Es más, indica que de la comprobación no ha resultado una diferencia respecto de la declaración efectuada en el despacho de importación. Destaca que el valor de transacción declarado por el importador y el pago efectuado al exterior, es coincidente con el de las facturas comerciales emitidas por el vendedor, y es ajustado a lo normado en el artículo 1º del Acuerdo de Valor del Artículo VII del ex GATT, actual OMC. Explica que el valor que surge del sistema informático, utilizado por la Aduana, corresponde a una compraventa anterior a aquella en la que intervino la recurrente, por lo que, dicho valor es ajeno al valor de transacción que corresponde a la compraventa en discusión.
Así, manifiesta que la única finalidad del Fisco es configurar una base de imputación basado en información del sistema INDIRA. Destaca que no están reunidos, en ninguna de sus variantes, los elementos objetivos del tipo penal del artículo 954 del Código Aduanero: de la comprobación no ha resultado una diferencia respecto de la declaración efectuada en el despacho de importación y la mercadería y todos los demás datos incluidos en cuanto a ella son exactos y auténticos. Finalmente, arguye que si la Aduana tenía dudas sobre la veracidad del valor declarado, debió iniciar una investigación conforme al procedimiento reglado en el Acuerdo de Valor del GATT, la Ley 23.311 y sus reformas, Ley 24.425 y en la Resolución General N° 2730, y no descartar sin más el valor declarado.
Cita jurisprudencia. Hace reserva del Caso Federal. Ofrece prueba. Solicita: (i) se haga lugar a la nulidad del auto de instrucción sumarial y se dicte la prescripción de la acción penal, y (ii) en subsidio, se revoque la resolución apelada en autos, con costas a cargo de la DGA.
II. Que, mediante IF-2022-07382494-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Luego de efectuar un breve resumen de los hechos acaecidos en sede aduanera, niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria, que no sean objeto de un especial reconocimiento de su parte. En primer lugar, entiende que los planteos esgrimidos acerca de la nulidad del auto de instrucción sumarial y de la prescripción de la acción penal no tienen sustento normativo alguno. Destaca que al ser válido el auto de apertura de sumario, de fecha 22/12/2014, el dictado de la resolución de fecha 11/12/2019 no se encontraba vencido, atento a que con el dictado del auto de apertura de sumario produjo la interrupción del plazo de prescripción.
Asimismo, indica que, conforme la doctrina, la nulidad del acto no podrá ser declarada cuando no se declare su nulidad dentro de los 5 días hábiles. En otros términos, plantea que el valor declarado en las importaciones a consumo es incorrecto, ya que se aleja de la realidad, debido a que la vinculación entre las partes incidió en el precio. Sostiene que el reclamo efectuado por la DGA es correcto y enfatiza en que no se realizó un ajuste de valor de la mercadería importada, sino que se hizo uso de sus facultades punitivas como autoridad de contralor del tráfico comercial internacional, imponiendo a la recurrente la multa en discusión. Destaca que la empresa recurrente en ningún momento ha aportado ningún elemento probatorio que justifique las diferencias en el valor declarado en las Destinaciones de Importación, en contraposición con aquellas declaradas en las exportaciones realizadas desde Brasil.
Afirma que la demandante sobrevaloró la mercadería a los efectos de egresar más divisas de las que efectivamente corresponderían. Luego, sostiene que el Servicio Aduanero no utilizó el sistema INDIRA para desechar el valor declarado por la importadora en las Destinaciones de Importación, sino que utilizó su información para determinar que el valor declarado por la actora es mayor al declarado en su salida desde Brasil, sin existir ni en el documento aduanero ni en la documentación complementaria una razón que justifique dicha diferencia. En el mismo orden de ideas, destaca que la vinculación entre las tres empresas que intervienen en la transacción comercial triangular torna factible la posibilidad de manipular los valores declarados, con el objeto de lograr distintos beneficios fiscales.
Finalmente, señala que se da tanto el tipo objetivo como el subjetivo, para la imputación de la infracción endilgada. Cita jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero objeto de apelación, con expresa imposición de costas a la contraria.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 16587-61-2014 se inician a fs. 1 con el Acta de Denuncia n° 15/2014, vinculada a los despachos N° 09001IC04081714R, 09001IC04100363J, 09001IC04123336Y, 09001IC04180016M, 10001IC04037220C, 10001IC04077474R, 10001IC04100258E, 10001IC04138838T, 10001IC04243254X, 11001IC04023170C, 11001IC04087523Y, y 11001IC04119263L; la cual fue motivada por las tareas de fiscalización desarrolladas por la División de Combustible y Energía por presunta infracción al artículo 954 inc. c) del Código Aduanero toda vez que se detectó una salida de divisas superior a la debida (fs. 93/96). A fs. 97 consta la Nota n° 733/14 (DE GFIM) mediante la cual se determina la multa mínima pretendida por la supuesta maniobra. A fs. 98, en fecha 22/12/2014, se dispone la instrucción del sumario contencioso, y a fs. 108, en fecha 05/06/2019, se corre vista de lo actuado a la recurrente y a los despachantes de aduana, las cuales son notificadas el 05/07/2019, 08/08/2019 y 12/08/2019 respectivamente. A fs. 109 obra la liquidación de la multa. A fs. 113/118 vta. y a fs. 149/152 vta. luce la contestación del requerimiento por parte de los despachantes de aduana, y a fs. 126/146 hace lo propio la importadora. A fs. 155 se tienen por presentadas las contestaciones en tiempo y forma, y se admite parcialmente la prueba presentada. A fs. 167 consta la Nota N° 087/19 (DV CENE) mediante la cual se ratifica la denuncia por declaración inexacta, toda vez que se determinó que la vinculación económica influyó en el precio de las mercaderías. A fs. 169/173 luce la Resolución N° RESOL-2019-118-E- AFIP-DEPRLA#SDGTLA, aquí apelada. A fs. 174 luce el Dictamen legal IF-2019-00560729-AFIP- DVDSAD#SDGASJ y a fs. 176 obra la resolución RESOL-2024-586-AFIP-DILEGA#SDGTLA de la Subdirectora General de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera que aprueban la absolución resuelta con respecto a los despachantes de aduana.
IV. Que, en primer término, advierto que el planteo de nulidad se encuentra directamente vinculado a los agravios que sustentan el recurso de apelación, razón por la cual debe ser tratado con el fondo de la cuestión planteada en la litis.
V. Que, bajo tales premisas, corresponde dilucidar si la resolución apelada en autos, por la que se condena a la recurrente al pago de una multa por la supuesta comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso c), del Código de rito, se ajusta a derecho, en cuanto ha sido materia de recurso.
Que, a los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, y que dicha inexactitud haya producido o podido producir alguno de los efectos previstos en la norma de referencia. Que, el citado artículo 954, apartado 1, de la ley 22.415 señala: "El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: (…) c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia".
Que, bajo tales premisas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el bien jurídico tutelado por el citado precepto – que sanciona las declaraciones inexactas – es, según su Exposición de Motivos, el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería objeto de una operación o destinación aduanera, pues en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación, reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Fallos: 315:929; 321:1614; 325:786, 830 y 333:300, entre otros). Que, por ende, la configuración de la infracción prevista y penada por el citado artículo queda condicionada a la concurrencia de dos elementos sin los cuales no puede considerarse, desde el punto de vista objetivo, que exista conducta reprochable: a) la constatación de una diferencia entre la declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera, y el resultado de la comprobación física o documental que realice el servicio aduanero; y b) que esa inexactitud produzca, o pueda producir, alguna de las consecuencias previstas en los incisos a, b, o c, de la norma. Pues, como también lo establece la Exposición de Motivos del Código Aduanero, “si la declaración incorrecta no es idónea para provocar alguno de estos efectos no es punible en sí misma” (cfr. Sala IV C.A.F., causas 10060/12 “Bankboston National Association”, sentencia del 14/8/12; y 56316/15 “Atanor SCA”, fallo del 3/3/16, entre otros; con referencia a la doctrina de Fallos: 312:1997; 315:929 y 942; 321:1614; 322:355; 325:786 y 830; y causa R.867.XLVIII “Río Chico SA (TF 29758-A) c/DGA”, resol. del 23/9/14).
Que, como ya ha sido esbozado, la firma actora sostiene que no existe diferencia entre lo declarado y el resultado de la comprobación, y que el hecho de haber declarado un valor de importación distinto del que fuera declarado en el país de exportación no resulta, por sí mismo, un elemento suficiente para desestimar el valor declarado como valor de transacción. Asimismo, cuestiona el uso por parte de la DGA de la información del sistema informático, toda vez que parte de una base presunta.
VI. Que, en tales condiciones, corresponde dejar sentado que de la lectura de las actuaciones administrativas se desprende que la Aduana – basándose en el sistema informático – comprueba la existencia de ventas sucesivas y diferencias en los valores declarados por las empresas intervinientes del mismo grupo.
Que, puntualmente a fs. 93 de las actuaciones administrativas, el servicio aduanero observa “diferencias (…) entre los valores FOB documentados en las destinaciones de exportación de Brasil con los valores FOB declarados en los despachos de importación en nuestro país, corroborándose que la mercadería fue exportada a la República Argentina a un valor FOB bastante inferior al declarado en las operaciones de importación documentadas”.
Además, agrega que: “la particularidad de los hechos denunciados radica en la existencia de una refacturación en todas las operaciones analizadas efectuada a través de la empresa CASTROL CARIBBEAN E CENTRAL AMERICA INC. (CCCA. INC.) (…) en tanto que la mercadería solamente ha sido transportada desde Brasil hacia la República Argentina, sin observarse elementos que indiquen prima facie, la existencia de un aporte tangible de valor agregado por parte del tercer operador que justifique el importante incremento de precios y la posterior declaración de valores superiores ante el Servicio Aduanero Argentino, destacando que la dispersión entre los valores de salida de Brasil y los de ingreso a la Argentina resulta, en algunos casos, de una magnitud considerable que se aparta de los márgenes considerados como razonables y usuales existentes en toda intermediación”.
Que, como conclusión de este circuito comercial, la DGA a fs. 94 de las actuaciones administrativas sostiene que: “estaríamos, prima facie, en presencia de una re-facturación por parte del vendedor de la mercadería (que pertenece al mismo grupo empresarial que el exportador en Brasil), que ha permitido un egreso injustificado por importes superiores a los efectivamente registrados por las exportaciones documentadas a la salida del territorio aduanero brasileño”.
Finalmente, la Aduana considera que “las importantes diferencias detectadas a través del sistema INDIRA obedecen a una intermediación motivada por la intervención de un operador radicado en los Estados Unidos cuyos márgenes de refacturación no encuentran fundamento alguno dentro de lo que resulta ser una operatoria comercial habitual o normal con la participación de un intermediario, entendiendo, en consecuencia y salvo mejor criterio del superior, que correspondería efectuar denuncia en los términos del artículo 954 inciso c) de la ley 22.415 (Código Aduanero)” (fs. 96); por lo que considera que la multa mínima pretendida no debería ser inferior a U$S119.337,13.
Que, es así como la Administración se basa en la diferencia de valor declarado en la Aduana de origen, al exportar –desde Brasil- y el declarado al importar en Argentina, para imputar a la actora –y finalmente, condenarla- por la infracción tipificada en el artículo 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero. Que, en otras palabras, el Fisco presume que el valor declarado en los despachos de importación Nro. 09001IC04081714R, 09001IC04100363J, 09001IC04123336Y, 09001IC04180016M, 10001IC04037220C, 10001IC04077474R, 10001IC04100258E, 10001IC04138838T, 10001IC04243254X, 11001IC04023170C, 11001IC04087523Y, y 11001IC04119263L al importar en Argentina no es el real -sobrefacturación-; sino que el real es el valor declarado al exportar desde Brasil.
VII. Que cabe aclarar que la utilización del sistema informático INDIRA, mediante el cual se habría detectado que la mercadería había sido importada al mercado argentino a un precio superior al que se exportó en Brasil no constituye, por sí sola, un elemento suficiente para reprochar que el precio sea inexacto ni que se trate de una maniobra fraudulenta tendiente a generar un diferente egreso de divisas del país. Tampoco la existencia de una venta anterior por un precio distinto al declarado en los DI, llevada a cabo por un “operador” vinculado lo demuestra.
Que, no es posible presumir, sin mayores elementos, que el documentante en nuestro país sea quien declaró de modo inexacto el valor de las mercaderías, ni que, por ende, el valor real sea el declarado al exportar desde Brasil. Que, en efecto, la existencia de un precio diferente -en el caso menor- en la primera venta entre otras partes distintas a la recurrente, no convierte al precio declarado en los DI de autos en inexactos o falsos; no siendo tal extremo debidamente probado por el Fisco.
Que, en este punto, cabe resaltar el informe pericial contable agregado mediante RE-2025-134674836-APN- DTD_JGM, donde se acredita la correcta correlación de lo facturado, registrado y pagado por parte de la firma importadora, en relación a los despachos de importación involucrados.
Que, en consecuencia, cabe concluir en que en las destinaciones aquí involucradas no ha existido una diferencia entre lo declarado y lo comprobado tendiente a generar un egreso diferente de divisas del país, por lo que en ausencia de uno de los elementos del tipo infraccional de declaración inexacta, corresponde revocar la multa por la infracción tipificada en el artículo 954, ap. 1, inc. c) del Código Aduanero.
VIII. Que, en este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Expediente CAF 20/2019/CA1-CS1 “Pioneer Argentina SRL TFN Nº 38.718-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, al dictar sentencia el 29 de febrero de 2024, se ha pronunciado en relación a los casos de triangulación comercial entre empresas vinculadas. Así, haciendo suyos los fundamentos vertidos por la señora Procuradora Fiscal en el dictamen del 21 de abril de 2021, sostuvo que “el tipo infraccional del art. 954, apartado 1, inciso c) del Código Aduanero, al sancionar la declaración aduanera que difiera de lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida produjere o hubiere podido producir ‘el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere’, circunscribe el examen de la discordancia entre el precio declarado y el importe egresado –tratándose de importaciones– a la última venta en supuestos de ventas sucesivas”.
Que, en un ejercicio de parafraseo de esta doctrina judicial –la que cabe aplicar en todo su extensión, en tanto el Alto Tribunal ha sostenido que su jurisprudencia es obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores, a efectos de la adecuada salvaguarda de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el artículo 116 de la Constitución Nacional, habiéndose calificado a sí misma como "intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia" - es factible afirmar que su cabal aplicación conduce a que en los casos en los que el valor FOB total declarado en el despacho de importación coincida con el consignado en la factura comercial, la importadora quede a salvo de la aplicación de la figura infraccional prevista en el artículo 954 del CÓDIGO Aduanero.
IX. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho revocar la infracción tipificada en la referida normativa, dejando a salvo mi criterio – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes ("Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación", Expte. N° 24.840, del 02/12/13; "Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación", Expte. N° 24.553-A, del 03/12/13 y "Nutribras SA c/ DGA si Apelación", Expte. N°36.507-A, del 06/03/12; entre muchos otros).
X. Que, por último, corresponde dejar sentado -a título meramente instrumental- que en idéntico sentido ha resuelto, por unanimidad, esta Sala in re “SYNGENTA AGRO SOCIEDAD ANONIMA c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expediente EX-2024-50301742- -APN-SGASAD#TFN) y “SYNGENTA AGRO SOCIEDAD ANONIMA c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expediente EX-2024-98227601- -APN-SGASAD#TFN), ambas con fecha 21/2/2026, las que tramitaran por ante la Vocalía de la 18° Nominación.
Por ello, VOTO por:
Revocar la Resolución RESOL-2019-118-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada con fecha 11/12/2019 en el expediente administrativo SIGEA N° 16587-61-2014, con costas a la DGA.
El Dr. González Palazzo dijo:
Comparto la solución propuesta por el Sr Vocal instructor.
Por ello, SE
Revocar la Resolución RESOL-2019-118-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada con fecha 11/12/2019 en el expediente administrativo SIGEA N° 16587-61-2014, con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2026.05.06 18:13:47 ART Date: 2026.05.07 16:12:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.07 16:13:31 -03:00
Fin de la sentencia