Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 33723-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar lo recursos de apelación interpuestos por las actoras y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas a la vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada y las etapas cumplidas, SE ELEVAN los honorarios establecidos a fs. 123 a favor de la dirección letrada y representación fiscal en la suma de veintidós mil pesos -$22.000- y, sobre pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN, sus emolumentos por las tareas cumplidas en la alzada, en la suma de seis mil seiscientos -$ 6.600-, en ambos casos en conjunto (arts. 6, 7, 9, 14, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 63846/2019 WAL MART ARGENTINA SRL TF 33723-A Y OTRO
c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de septiembre de 2021.- SMZ
Los recursos de apelación interpuestos por las partes coactoras a fs. 133 y fs. 136, y por la demandada a fs. 126/127 contra el pronunciamiento de fs. 117/123 vta. Las co-actoras fundaron sus recursos a fs. 138/141 y fs. 142/149 (despachante de aduana e importadora respectivamente), los cuales fueron replicados por la contraria a fs. 152/159 vta. Por su parte, el recurso interpuesto por la demandada sólo criticó los honorarios regulados por bajos; y,
I. Que, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar la Resolución DE PRLA Nº 2450/12, en cuanto condena a la firma importadora y al despachante de aduana al pago de una multa por un importe de $ 153.478, 80 debido a la comisión de la infracción a lo establecido en el art. 954 ap. 1 inc. c), del Código Aduanero. Para así resolver sostuvo que mediante la destinación de importación a consumo, documento de transporte Nº 07 001 IC 141568 T, la firma Walt Mart Argentina S.R.L importó 1.800 cortaplumas marca Winchester amparadas en la posición arancelaria SIM 8211.93.20.100 K, declarando un precio unitario de USD 30 y un valor FOB total de USD 54.000. Indicó que la imputación efectuada por la Aduana se fundó en la inexactitud del precio unitario y del valor FOB declarados con respecto a la factura comercial.
El Tribunal también señaló que la importadora en su recurso de apelación alegó haber abonado los tributos aduaneros por un valor en aduana de USD 54.246,32, valor mayor al que hubiere correspondido; por lo que el error en la declaración sólo trajo como consecuencia aduanera el pago de mayores tributos. Manifestó, a su vez, que la Aduana informó que la diferencia de base imponible ascendió a la suma de USD 48.600 y que, si la inexactitud hubiera pasado inadvertida, podía producir el egreso hacia el exterior de un importe distinto del que efectivamente correspondía.
Por otra parte, si bien el Tribunal aclaró que los arts. 225 y 332 del CA consagran excepciones al principio de la inalterabilidad de la declaración aduanera cuando la inexactitud fuera comprobable de la simple lectura de la destinación o de los documentos complementarios, y cuando su rectificación, modificación o ampliación fueran solicitadas antes de que hubiera principio de inspección aduanera o se hubieran iniciado los actos preparatorios, expuso que no resulta de aplicación al caso lo establecido en el artículo 959 inc. a) del CA, ya que el legislador en este último consideró conveniente establecer una dispensa de la sanción en el único supuesto de que la inexactitud fuera absolutamente notoria sin que sea necesaria ninguna otra comprobación más que la simple lectura de la propia declaración.
Además, agregó que dicha circunstancia es acorde al principio del despacho en confianza en el que reposa el sistema aduanero, el cual requiere como contrapartida un riguroso sistema sancionatorio que reprima los casos en que la declaración comprometida sea inexacta. Asimismo, también sostuvo que en materia infraccional aduanera no se requiere una conducta dolosa, sino que el principio que rige las infracciones es que se configuran por la simple inobservancia a la conducta impuesta por la norma. Respecto al alegato de la actora, que sostiene que el error en la declaración podría considerarse como una transgresión a los deberes impuestos por el Código Aduanero y que, en consecuencia, correspondería la sanción prevista en el art. 995, para lo cual ofrece como prueba un caso análogo al presente, el Tribunal entendió que las circunstancias de aquél no resultaban idénticas a las aquí expuestas. Por otra parte, el a quo rechazó la solicitud de condonación formulada por la actora, en tanto manifestó que la multa imputada en esta causa no se encuentra alcanzada por el beneficio solicitado.
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c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Del mismo modo, indicó que no se puede considerar que el despachante de aduanas haya cumplido con las obligaciones a su cargo que lo exima de su responsabilidad de acuerdo a lo establecido en el art. 908; y aclaró que el error de tipeo tampoco constituye un eximente de sanción.
Por último, el sentenciante reguló los honorarios de la representación fiscal por su actuación en el doble carácter en las dos etapas del proceso en la suma de $ 15.757,12.
II. Que los agravios de la importadora se encuentran dirigidos, en primer lugar, a afirmar que la diferencia en la declaración resultaba imposible de pasar inadvertida para el servicio aduanero, ya que se trataba de una declaración de valor diez veces superior al usual. Ello así, manifiesta que es evidente que no se ha configurado el tipo imputado.
En ese sentido, aclara que el Código Aduanero considera que no corresponde inculpar al importador que comete un error de este tipo en la declaración; y expone que dicho error surge de manera patente de la lectura de la propia declaración y su documentación complementaria. En segundo lugar, sostiene que la sentencia apelada hace caso omiso a los principios de proporcionalidad y razonabilidad entre la sanción y los actos que motivaron la aplicación de la misma. De ese modo, indica que en el caso un simple error de tipeo fue sancionado con una multa de $153.478,80, lo cual teniendo en cuenta el valor real de la mercadería, implica un exceso de punición.
Por último, cuestiona que el Tribunal Fiscal resolviera que no resultara de aplicación la infracción prevista por al art. 995 del Código Aduanero. Señala que, si bien en el caso no se solicitó la rectificación de la destinación oportunamente, ella no resulta una exigencia legal a los fines de la aplicación de la multa determinada por el mencionado art. 995. En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia apelada y se encuadre el hecho denunciando en los términos del artículo 995.
A todo evento, insta a que se disponga la reducción de los honorarios de la representación letrada del Fisco.
Por su parte, el despachante de aduana expresa sus agravios a fs. 138/141.
En su escrito, se remite a los agravios esbozados por la importadora y agrega que, en el caso de que se convalide la comisión de la infracción, no puede ser responsabilizado de la misma porque ha cumplido exclusivamente con las instrucciones del importador, por lo que entiende que, como mínimo, debería aplicarse la previsión del art. 898 del mencionado código.
En este sentido, indica que el error de tipeo en el que se incurrió en la declaración no resulta motivo suficiente para considerar negligente su actuar. En consecuencia, afirma que de conformidad con lo expuesto por los arts. 902 y 908 del Código Aduanero, corresponde que se revoque la sentencia.
Por último, de igual manera que la parte importadora, solicita la reducción de los honorarios regulados a favor del abogado del Fisco.
III. Que, corresponde de forma preliminar recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).
IV. Que, en primer lugar, cabe recordar que la norma que rige la cuestión es el art. 954 del CA, que dispone: “1. El que, para cumplir con cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiera podida producir: (…) c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 63846/2019 WAL MART ARGENTINA SRL TF 33723-A Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de la diferencia.(…)”. En la exposición de motivos del Código Aduanero se establece, bajo el capítulo de “Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas”, que a lo que alude el artículo mencionado, es tratar de tutelar el principio básico de la veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera, regulándose un régimen punitivo único que comprende todas las diferencias y declaraciones inexactas que pueden cometerse en el curso de las distintas operaciones o destinaciones aduaneras” (Conf. Tosi, Jorge Luis “Código Aduanero Comentado y Anotado” art. 954, pág. 1103, esta Sala, in re “Aerolíneas Argentinas S.A c/ ANA”, del 21/06/07 y “Zapata Osvaldo Oscar c/ ANA”, del 16/10/08, entre otras).
Cabe recordar también que, para la configuración de la infracción, deben consumarse dos supuestos: primero, que exista una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación; y, segundo, que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere.
V. De las constancias de autos surge que la empresa importadora realizó la importación 1.800 cortaplumas, mediante la destinación 07 001 IC 141568 T, declarando un valor unitario de U$D 30 y un valor FOB total de U$D 54.000.
Por su parte, el servicio aduanero advirtió que el valor declarado en la destinación difiere con el que resultaba de la factura comercial adjunta como documentación complementaria. En la cual se advierte un valor unitario de U$D 3 y un valor total de U$D 5.400. Consecuentemente, se observa que la declaración de valor FOB en el despacho de importación no coincide con la factura comercial. En este sentido, la actora reconoce que el error en la declaración se debió a un “error de tipeo” y que, en todo caso, debía ser sancionado en el marco de lo dispuesto en el artículo 995 CA. En este orden de ideas, cabe señalar, que resulta clara la norma en cuanto sostiene que el declarante debió consignar el valor real del bien importado, circunstancia que, como se advierte, no ha sido declarada en esos términos en el despacho de importación.
Motivo por el cual, dicha inexactitud en la declaración, tenía aptitud para producir el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere (art. 954, apartado 1, inc c, CA). Este supuesto es diverso al perjuicio fiscal contemplado en el inciso “a” del citado artículo. Por ello resulta irrelevante que, al haberse declarado un valor FOB mayor al debido y sobre ese monto liquidado los tributos aduaneros, el error no podía causar ningún perjuicio fiscal (cfr. Sala I de este Fuero in re “Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, (exp. nº 47775/2016), sentencia del 3/8/17).
VI. En relación con la aplicación del artículo 959, inciso “a”, del Código Aduanero que pretende la firma actora, debe recordarse, ante todo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Petrobras Energía SA (TF 21509-A) c/ DGA”, pronunciamiento del 6 de marzo de 2014, realizó una interpretación del aludido artículo. Allí indicó, en síntesis, que cuando esa norma exime de responsabilidad al sujeto declarante –aun cuando no haya mediado actividad suya algunapor las declaraciones inexactas queda circunscripto a que éstas surjan de la “simple lectura de la propia declaración” y supone que la autoridad aduanera estaría en condiciones de advertir la inexactitud fácilmente, no se refiere a la simple lectura de la declaración y además de la documentación complementaria a aquella, pues se trata de un supuesto distinto al contemplado en los arts. 224 y ss. y 321 y ss. del código que rige la materia, en los que expresamente menciona los “documentos complementarios a la declaración” (ver especial Considerando 6º, en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 63846/2019 WAL MART ARGENTINA SRL TF 33723-A Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO igual sentido, esta Sala causa N° 27.524/2012 “Aceitera General Deheza SA (TF 29218-A Y ACUM) c/ DGA”, sentencia del 9/12/14).
En el caso, la inexactitud no surge de la mera lectura de la declaración, sino que ella se advierte del cotejo realizado por la Aduana de la documentación complementaria, específicamente de la factura comercial, por lo que no resulta aplicable la eximición de la pena dispuesta en el mencionado artículo. Todo lo cual lleva a desestimar los agravios alegados por la accionante.
VII. Que, en relación a la responsabilidad que se le imputa al despachante de aduana, cabe mencionar que, si bien actúa como un mandatario del importador y exportador, lo hace también como auxiliar del servicio aduanero en una particular relación que le exige el mayor respeto de las normas legales, y a los principios de veracidad y buena fe frente a la Administración, impidiendo la realización de hechos que puedan producir un perjuicio al Fisco Nacional. (conf. esta Cámara, Sala IV in re “Cassanello, José Luis c/ ANA (Resol 137/97)”, del 13-03- 01; esta Sala in re “Baronio Emilio José c/ DGA s/ Administración Nacional de Aduanas”, del 18-12-06).
Así, como mandatario del importador, el despachante de aduana, debe actuar dentro de los límites de las instrucciones impartidas por éste, debiendo resguardar su responsabilidad y acreditar la existencia de tales órdenes para verse liberado de las eventuales sanciones por ilícitos que se cometan en las operaciones que realicen (conf. esta Cámara, Sala IV in re “Nadia SCA s/ apelación”, del 15-04-83, y esta Sala in re “De Giácomo, Juan Carlos c/ DGA”, del 23-09-08).
En efecto, el art. 908 del CA requiere para eximirlo de responsabilidad que pruebe haber cumplido con las obligaciones a su cargo, consagrando de tal forma una inversión de la carga de la prueba. Por tal razón, para verse liberado de sanción, no resulta suficiente la mera invocación de las órdenes, sino que al poner la norma a su cargo la obligación de probar la existencia de la causal de exculpación, debe aportar algún elemento de prueba para acreditar que su mandante le impartió las instrucciones expresas (conf. esta Sala in re “YPF SA c/ DGA”, del 16-02-09).
A la luz de la consideraciones expuestas, se advierte que el despachante de aduana no probó de manera fehaciente que su actuación se limitó a las instrucciones dadas por el importador, todo lo cual lleva a confirmar la resolución apelada en cuanto rechaza la eximición de la responsabilidad del despachante de aduana en tanto no se dan las circunstancias de los artículos 902 y 908 del Código Aduanero, que así lo permiten.
Por las razones expuestas se RESUELVE: rechazar lo recursos de apelación interpuestos por las actoras y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas a la vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada y las etapas cumplidas, SE ELEVAN los honorarios establecidos a fs. 123 a favor de la dirección letrada y representación fiscal en la suma de veintidós mil pesos -$22.000- y, sobre pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN, sus emolumentos por las tareas cumplidas en la alzada, en la suma de seis mil seiscientos -$ 6.600-, en ambos casos en conjunto (arts. 6, 7, 9, 14, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
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c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia