Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-57641779-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad del acto de apertura de sumario y, en consecuencia, la prescripción de Dirección General de Aduanas para exigir tributos e imponer multa a la firma importadora “WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA S.A.” en relación con la destinación de importación temporaria N° 06 001 IT16 001328 E, en el marco del procedimiento infraccional tramitado bajo las actuaciones SIGEA N° 21977-11-2013, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-18039066-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 20 de Febrero de 2026 Reunidos los Vocales de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA SA c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, EX-2020-57641779- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que se presenta, por apoderado, la firma WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) Nº 7231, dictada con fecha 4 de octubre de 2018, en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 21977-11-2013, por la cual se la condena por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero, imponiéndole una multa y exigiéndole, asimismo, el pago de tributos, percepciones, intereses y accesorios.
Expone que documentó la importación temporaria de mercadería mediante el despacho Nº 06 001 IT16 001328 E, oficializado el 20 de diciembre de 2006, ingresando 3.860 kilogramos de tubos de acero sin costura, por un plazo de 360 días, el cual fue oportunamente prorrogado por la autoridad aduanera.
Sostiene que, a los fines de cumplir con el régimen de importación temporaria, la mercadería ingresada fue reexportada, indicando que dicha reexportación se instrumentó mediante el permiso de embarque Nº 07 001 EC03 039432 K, el cual —según afirma— fue oficializado con anterioridad al vencimiento del plazo prorrogado, y que se solicitó el correspondiente Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (CTIT) a fin de acreditar la identidad entre la mercadería importada y la exportada.
Agrega que, asimismo, parte de la mercadería fue importada a consumo, señalando que se utilizaron dos (2) destinaciones de importación a consumo, identificadas como los despachos Nº 05 001 IC15 002240 T y Nº 06 001 IC08 000992 Z, como modo de cumplimiento del régimen de importación temporaria respecto del remanente no reexportado.
Afirma que, en virtud de la reexportación y de las destinaciones de importación a consumo mencionadas, el régimen de importación temporaria fue cumplido, sosteniendo que no se configura la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero.
Plantea la nulidad del sumario por su trámite moroso, por considerar vulnerados el derecho de defensa y el debido proceso. En ese sentido, señala que el vencimiento de la importación temporaria operó el 19 de diciembre de 2007, y que el auto de apertura del sumario fue dictado recién con fecha 13 de noviembre de 2012. Agrega que la corrida de vista fue dispuesta el 1 de febrero de 2017, siendo notificada el 8 de febrero de 2017, y que la resolución sancionatoria fue dictada el 4 de octubre de 2018, manifestando que tomó conocimiento de la existencia de la resolución apelada recién con fecha 31 de agosto de 2020.
Cuestiona la exigencia de las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
Impugna la liquidación de intereses y su cálculo en moneda extranjera.
Hace reserva del caso federal, ofrece prueba documental, solicita la remisión íntegra de las actuaciones administrativas y peticiona que se dicte sentencia revocando la resolución apelada en cuanto ha sido materia de agravios, con expresa imposición de costas.
II. Que la representante del Fisco Nacional contesta el traslado del recurso de apelación interpuesto por WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA S.A., negando en forma expresa todos los hechos, el derecho y la documentación invocados por la actora que no sean objeto de reconocimiento expreso. Sostiene que la firma actora fue denunciada por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero, con motivo del incumplimiento del régimen de importación temporaria documentado mediante la Destinación de Importación Temporaria Nº 06 001 IT16 001328 E.
Indica que, vencido el plazo otorgado para la permanencia de la mercadería importada temporariamente, no se acreditó su reexportación ni su importación a consumo dentro del plazo legalmente previsto.
Afirma que, en virtud de ello, se instruyó el correspondiente sumario aduanero, corriéndose vista de todo lo actuado a la firma importadora y a la aseguradora, conforme las disposiciones del Código Aduanero. Señala que la firma importadora no contestó la vista, motivo por el cual fue declarada en rebeldía, conforme lo previsto por el artículo 1105 del Código Aduanero.
Manifiesta que, como consecuencia de ello, se dictó la Resolución (DE PRLA) Nº 007231, de fecha 4 de octubre de 2018, por la cual se tuvo por configurada la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero, resolución contra la cual se dirige el recurso de apelación interpuesto.
Niega que exista nulidad alguna en el procedimiento o en el acto administrativo impugnado, sosteniendo que se han respetado las etapas previstas por la normativa aplicable y que la resolución cumple con los requisitos legales exigidos.
Rechaza el planteo de cumplimiento del régimen de importación temporaria, sosteniendo que la actora no acreditó en sede administrativa la descarga de la mercadería mediante reexportación ni mediante importación a consumo dentro de los plazos legales.
Afirma la procedencia de la liquidación de las percepciones de IVA adicional y del Impuesto a las Ganancias, señalando que dichos conceptos se encontraban garantizados mediante la póliza de caución constituida al amparo del régimen de importación temporaria.
Rechaza el planteo de prescripción del IVA, sosteniendo que resulta aplicable el régimen prescriptivo del Código Aduanero y que la acción fiscal se encuentra vigente.
Desestima el agravio vinculado a la duración del procedimiento, negando que se haya configurado violación alguna al derecho de defensa o al principio de plazo razonable.
Rechaza el cuestionamiento relativo a la liquidación de intereses y a su determinación en moneda extranjera, sosteniendo la procedencia de los intereses resarcitorios liquidados.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas SIGEA Nº 21977-11-2013, formula reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución aduanera apelada, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12197-711-2013 se inician a fs. 1 con una impresión de pantalla correspondiente a la Destinación de Importación Temporaria Nº 06 001 IT16 001328 E, de la que surge que la misma se encontraría vencida, sin constar en el sistema los eventos cancelatorios correspondientes. A fs. 3 se labra Acta de Denuncia Nº 392/2013, mediante la cual el servicio aduanero denuncia a la firma WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA S.A. por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero, respecto de la totalidad de la mercadería amparada por la destinación temporaria mencionada, consignándose como fecha de vencimiento de la misma el 17/12/2008.
A fs. 5 se consigna la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería en presunta infracción, y que a fs. 6 se practica la liquidación de los tributos correspondientes a la mercadería denunciada, incluyéndose derechos de importación, tasa de estadística, derecho adicional, IVA, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. A fs. 7, con fecha 21/10/2013, se dicta providencia por la cual el servicio aduanero dispone la apertura de sumario en los términos del artículo 1090, inciso c), del Código Aduanero, respecto de la firma WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA S.A., por la presunta infracción prevista y penada en el artículo 970 del citado cuerpo legal. A fs. 8 se practica una nueva liquidación tributaria, determinándose asimismo el monto de la multa mínima correspondiente.
A fs. 11, con fecha 13/06/2018, se ordena correr vista de todo lo actuado a la firma importadora y a la aseguradora AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., conforme las constancias obrantes en autos. A fs. 15 luce constancia de notificación, de fecha 18/06/2018, efectuada a través del sistema SICNEA, dirigida a la firma importadora, correspondiente al auto de vista dictado en el marco del sumario. A fs. 16/22 obra la presentación efectuada por la aseguradora, en la cual contesta la vista conferida, formulando las defensas que estima pertinentes. A fs. 27 se deja constancia de que la firma importadora no compareció a contestar la vista conferida, motivo por el cual se dispone su declaración en rebeldía, conforme lo previsto por el artículo 1105 del Código Aduanero, la cual fue notificada a la importadora con fecha 14/09/2018 (véase fs. 27).
A continuación, sin numeración de fojas, luce la Resolución (DE PRLA) Nº 7231, de fecha 4 de octubre de 2018, dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, mediante la cual se declara configurada la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero, se impone multa y se exige el pago de tributos, más intereses, resolución que es apelada en la especie.
IV. Que, como consideración preliminar, corresponde examinar la validez del procedimiento infraccional a partir de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, en particular en lo que respecta al acto que dispuso la apertura del sumario, en tanto dicho acto constituye el presupuesto indispensable para la válida tramitación del procedimiento y para el ulterior ejercicio de la potestad sancionatoria y tributaria por parte del servicio aduanero. Que, en la tarea de esclarecer la inteligencia que corresponde otorgar a las normas en debate, este Tribunal no se encuentra limitado por las posiciones que asumieron los funcionarios aduaneros actuantes, ni por los planteos de la recurrente ni de la demandada, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre los puntos disputados, según la interpretación que rectamente debe serle otorgada (doctrina de Fallos: 307:1457; 319:1716; 322:2750, entre otros).
Que si bien la declaración de nulidad en sede administrativa y judicial resulta ser siempre una decisión in extremis , en tanto debe preferirse la conservación del acto procesal cuando el vicio resulte subsanable, dicha regla cede cuando la nulidad reviste carácter de orden público, correspondiendo su declaración aun de oficio cuando el vicio es absoluto y manifiesto. En este sentido, Lohmann ha señalado que el juez debe considerar de oficio la existencia de invalidez y aplicar la sanción de nulidad absoluta, porque “aunque no le haya sido rogado por las partes como conflicto de intereses o como incertidumbre jurídica, no debe permitir la subsistencia del referido acto que notoriamente agravia las bases elementales del sistema jurídico a las que el juez no puede sustraerse, ni podrá expedir sentencia ordenando la ejecución o cumplimiento de un acto jurídico que considere nulo” (LOHMANN LUCA DE TENA, La nulidad manifiesta. Su declaración judicial de oficio, Ius Et Veritas, Nº 24, año 1992, p. 59).
Que del examen de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12197-711-2013 se desprende que el auto de apertura del sumario dictado a fs. 7 con fecha 21/10/2013 no satisface la totalidad de los recaudos exigidos por el artículo 1094 del Código Aduanero, toda vez que al momento de su dictado el servicio aduanero no contaba con la carpeta original ni con copia certificada de la Destinación de Importación Temporaria Nº 06 001 IT16 001328 E, que constituye la causa y antecedente indispensable del procedimiento infraccional.
Que, en tal sentido, el artículo 1094 del Código Aduanero establece que el acto que dispone la apertura del sumario debe determinar los hechos imputados y ordenar las diligencias necesarias para su esclarecimiento, entre ellas la verificación de la mercadería, su clasificación arancelaria y valoración, así como la liquidación de los tributos eventualmente adeudados, recaudos que constituyen exigencias esenciales de validez del procedimiento infraccional.
Que, sin embargo, de las constancias efectivamente remitidas a este Tribunal Fiscal no surge incorporada la carpeta original ni copia certificada de la DIT Nº 06 001 IT16 001328 E, en base a la cual se exige a la firma recurrente el pago de los tributos y la multa. Ello resulta particularmente relevante si se tiene en cuenta que, mediante Nota Nº 729 de fecha 29/01/2013, emanada de la División Verificación – Sección Ramo “D”, el propio servicio aduanero dejó constancia de que “se adjunta carpeta original de la Destinación objeto de denuncia con toda su documentación complementaria”, circunstancia que, no obstante, no encuentra correlato en las actuaciones administrativas traídas a conocimiento de este Tribunal, ni se verifica su efectiva agregación con posterioridad (véase fs. 4 de las actuaciones administrativas).
Que la sola referencia efectuada en la citada nota —que afirma la agregación de la carpeta— no suple la ausencia material de la documentación esencial, ni permite tener por cumplidos los recaudos exigidos por el artículo 1094 del Código Aduanero, toda vez que la existencia efectiva de la carpeta original de la DIT o de su copia certificada resulta indispensable para verificar la fecha de oficialización de la destinación, corroborar su vencimiento, determinar si se concedieron prórrogas para la regularización del régimen y establecer el marco normativo aplicable al ingreso de la mercadería importada temporariamente.
Que, asimismo, la ausencia de la carpeta original o copia certificada de la Destinación de Importación Temporaria Nº 06 001 IT16 001328 E no sólo vicia el auto de apertura del sumario por incumplimiento de los recaudos formales exigidos por el artículo 1094 del Código Aduanero, sino que impide materialmente verificar el cumplimiento o incumplimiento del régimen de importación temporaria que se imputa como infracción. Que, en efecto, de las constancias del expediente surge que la mercadería ingresada al amparo de la citada destinación temporaria habría consistido en 3.860 kilogramos de tubos de acero sin costura, extremo que la actora invoca como base para sostener el cumplimiento del régimen mediante la reexportación a través del permiso de embarque Nº 07 001 EC03 039432 K y las destinaciones de importación a consumo Nº 05 001 IC15 002240 T y 06 001 IC08 000992 Z. Sin embargo, al no obrar incorporada la carpeta de la DIT en original o copia certificada, no resulta posible corroborar la posición arancelaria declarada, la cantidad efectivamente importada ni las condiciones específicas bajo las cuales se autorizó el ingreso temporario de la mercadería.
Que las impresiones de pantalla del sistema informático obrantes en las actuaciones administrativas no suplen dicha carencia, en tanto no permiten verificar con precisión los datos esenciales de la destinación, ni efectuar el contraste necesario entre la mercadería importada temporariamente y aquella que habría sido posteriormente reexportada o nacionalizada mediante los permisos de embarque y los despachos de importación a consumo invocados en autos.
Que, en tales condiciones, no resulta posible efectuar la descarga de la mercadería importada temporariamente, esto es, determinar en qué medida los 3.860 kilogramos ingresados bajo el régimen suspensivo fueron efectivamente reexportados o, en su caso, importados a consumo, extremo que constituye un presupuesto indispensable para evaluar la configuración —o no— de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero. En definitiva, la falta de incorporación de la destinación temporaria en original o copia certificada impide reconstruir la relación entre el insumo importado y los productos exportados o nacionalizados, frustrando toda posibilidad de control efectivo del régimen y privando de sustento fáctico a la imputación infraccional formulada por el servicio aduanero.
Que el deber de guarda y conservación de la documentación recae sobre el servicio aduanero, con independencia de los plazos de conservación que el propio organismo haya fijado mediante resoluciones internas, pues admitir lo contrario implicaría desvirtuar el principio de defensa en juicio y el derecho a un debido proceso de los administrados, consagrados en los artículos 18 de la Constitución Nacional y 1°, inciso 9, de la ley 19.549, máxime cuando —como ocurre en el caso— la documentación se encuentra involucrada en una controversia administrativa y judicial.
Que el administrado actúa como colaborador del servicio aduanero, a través de la documentación que pudiera obrar en su poder o en el de su despachante de aduana, lo cual no exime al servicio aduanero de la carga de acompañar la documentación original o copia certificada del despacho de importación temporaria por el cual imputa a la firma importadora la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero.
Que, reconocido el carácter penal de las infracciones aduaneras, conforme lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sentencias del 18/10/1973 in re “Guillermo Mirás S.A.C.I.F.” y del 12/11/1974 en autos “Linch, Mauricio s/ recurso de queja”, entre otros), no resulta razonable admitir la apertura de un sumario sobre la base exclusiva de los datos insertos en impresiones de pantalla del sistema informático, resultando imprescindible la agregación de la carpeta original de la DIT o su copia certificada, documento que constituye un requisito indispensable para formular la denuncia, instruir válidamente el procedimiento, imputar la infracción y, eventualmente, dictar condena.
Que, en tales condiciones, los antecedentes con los que contaba el servicio aduanero al momento de disponer la apertura del sumario no podían servir de causa suficiente al acto dictado en los términos del artículo 1090, inciso c), del Código Aduanero, por lo que el auto de apertura carece de fundamento válido.
Que, en consecuencia, el acto de apertura del sumario resulta nulo de nulidad absoluta, en tanto es violatorio de la ley (artículo 1094 del Código Aduanero) y se encuentra viciado en su causa, con afectación de los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional, conforme la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha sostenido que la acusación, la defensa, la prueba y la sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales —aun de naturaleza infraccional— (Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre muchos otros; cfr. mi voto in re “ENOD S.A.”, Sala “E”, sentencia del 4/7/2012).
Que, en igual sentido, se han pronunciado las Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, declarando la nulidad del acto de apertura de sumario en supuestos en los que el servicio aduanero no contaba con la carpeta original de la DIT o su copia certificada al momento de iniciar el procedimiento infraccional. Así, la Sala I, en la causa Nº 11.705/2017, “Henkel Argentina S.A. (TF 35.851-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, y la Sala II, en la causa Nº 74.812/2017, “Ferrero Argentina S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, se expidieron en tal sentido, entre otros precedentes.
V. Que, sentado ello, corresponde analizar el sub lite frente a las disposiciones específicas del Código Aduanero en materia de prescripción, tanto en lo relativo a los tributos como así también respecto de la multa impuesta por la resolución apelada.
Que, respecto de los tributos, el plazo de prescripción es el de cinco (5) años, conforme lo dispuesto por el artículo 803 del Código Aduanero, mientras que, en relación con la multa, el plazo aplicable es asimismo el de cinco (5) años, de conformidad con lo establecido por el artículo 934 del mismo cuerpo legal. Dichos plazos comenzaron a correr el 1° de enero de 2009, en los términos de los artículos 804, inciso b), y 935, inciso b), del Código Aduanero, respectivamente, en tanto el hecho gravado tuvo lugar con motivo del vencimiento del régimen de importación temporaria ocurrido el 17/12/2008. En consecuencia, de no mediar causales suspensivas o interruptivas, la prescripción operaba el 1° de enero de 2014.
Que, aun cuando se entendiera que el auto de apertura del sumario dictado el 21/10/2013 (fs. 7 de las actuaciones administrativas) debe evaluarse de modo integrado con el posterior auto de corrida de vista, en el sentido de considerar que a ese momento el servicio aduanero pudo haber cumplido con las formalidades exigidas por el artículo 1094 del Código Aduanero a fin de subsanar las irregularidades de las que adolecía la apertura del sumario y proseguir válidamente con la investigación infraccional, lo cierto es que ello no ocurrió. Que, en tales condiciones, y habiéndose concluido precedentemente que el auto de apertura del sumario resulta nulo, dicho acto no pudo producir efectos suspensivos ni interruptivos del curso de la prescripción, ni en materia tributaria ni sancionatoria, en los términos de los artículos 805, inciso a), y 937, inciso a), del Código Aduanero, respectivamente.
Que, por ende, corresponde concluir que tanto la acción del Fisco para exigir los tributos como la acción para aplicar la multa se encontraban prescriptas, razón por la cual no pueden subsistir las consecuencias jurídicas derivadas de la resolución apelada en la especie.
VI. Que a mayor abundamiento habida cuenta lo peticionado de modo expreso por la firma recurrente en el punto IV, apartado 2, de los fundamentos de libelo inicial, corresponde señalar que aun en la hipótesis de considerar válido el auto de apertura del sumario, la acción del Fisco en materia estrictamente tributaria se encuentra igualmente prescripta, conforme la doctrina sostenida reiteradamente por el suscripto, entre otros precedentes, in re “EX-2019-112544550-APN-SGASAD#TFN – ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, y “EX-2022-
71387564-APN-SGASAD#TFN – MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023.
Que, en efecto, el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco (5) años, conforme lo dispuesto por el artículo 803 del Código Aduanero, el cual comenzó a correr el 1° de enero de 2009, en los términos del artículo 804, inciso b), del mismo cuerpo legal, en tanto el vencimiento del régimen de importación temporaria operó el 17 de diciembre de 2008, debiendo haber fenecido el 1° de enero de 2014, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Que, por su parte, el auto de apertura del sumario fue dictado el 21 de octubre de 2013, esto es, cuando ya había transcurrido más de cuatro (4) años y nueve (9) meses desde el inicio del cómputo del plazo prescriptivo, circunstancia que obliga a examinar con especial rigor el alcance de la causal de suspensión prevista en el artículo 805, inciso a), del Código Aduanero, que dispone la suspensión “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”.
VII. Que, bajo tales postulados, corresponde tener especialmente en cuenta que la notificación de los actos administrativos posee una trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose en un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe.
Que, en tal orden de ideas, las causales de suspensión de la prescripción previstas en el artículo 805, inciso a), del Código Aduanero —norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto, entre otros, en “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nº 30.630-A), sentencia del 6 de marzo de 2015— deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012.
Que dicha doctrina ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, entre otros, en los autos “Aero Vip S.A.” (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI” (Sala I, 8/4/2014), así como por este Tribunal Fiscal en causas tales como “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ DGA s/ apelación” (Expte. Nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c/ DGA s/ apelación” (Expte. Nº 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
VIII. Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del sumario (21/10/2013) hasta el dictado de la resolución en crisis —Resolución (DE PRLA) Nº 7231/2018, de fecha 4 de octubre de 2018— el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del artículo 805, inciso a), del Código Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién fue notificado el 31 de agosto de 2020, es decir, casi dos (2) años después de su dictado, extremo de decisiva relevancia temporal a los fines del análisis del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar.
Que ello es así, puesto que el servicio aduanero contaba con un plazo perentorio para proceder a la notificación de la resolución dictada, conforme las normas generales que rigen el procedimiento administrativo, circunstancia que impide extender de manera indefinida los efectos suspensivos de la prescripción en perjuicio del administrado.
IX. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga un plazo específico para la notificación de las resoluciones administrativas, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415.
Que, en tal sentido, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo (Decreto 1759/72, T.O. 2017), vigente al momento de los hechos analizados, dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
Que la aplicación de dicha normativa en el ámbito del procedimiento aduanero no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues no se trata de consagrar un inútil formalismo sacramental, sino de garantizar que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses, evitando colocarlo en una situación de inferioridad o indefensión (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994).
Que, en consecuencia, una interpretación armónica de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción prevista en el artículo 805, inciso a), del Código Aduanero sólo podía operar hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente debía notificarse, reanudándose su cómputo a partir de dicho instante.
X. Que este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que suscita la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la Destinación de Importación Temporaria venció el 17 de diciembre de 2008 y la resolución apelada fue notificada el 31 de agosto de 2020, es decir, más de once (11) años después de acaecido el hecho gravado.
Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada. Dicha solución guarda cabal consonancia con los principios de certeza y seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento —por ejemplo, transcurridos varios años, lustros o decenios— una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550-APN- SGASAD#TFN – ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-
10838655-APN-VOCXVIII#TFN, voto del suscripto), sin respetar la garantía del plazo razonable de tramitación de los procesos aduaneros, de raíz tanto constitucional como convencional, estrechamente vinculada con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar. Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
Declarar la nulidad del acto de apertura de sumario y, en consecuencia, la prescripción de Dirección General de Aduanas para exigir tributos e imponer multa a la firma importadora “WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA S.A.” en relación con la destinación de importación temporaria N° 06 001 IT16 001328 E, en el marco del procedimiento infraccional tramitado bajo las actuaciones SIGEA N° 21977-11-2013, con costas. El Dr. González Palazzo dijo:
Atendiendo a las razones de hecho bien colacionadas por el Sr Vocal Instructor, en particular, la orfandad probatoria que arropó la resolución recurrida, he de compartir la solución que propone al entuerto.
Por ello, SE
Declarar la nulidad del acto de apertura de sumario y, en consecuencia, la prescripción de Dirección General de Aduanas para exigir tributos e imponer multa a la firma importadora “WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA S.A.” en relación con la destinación de importación temporaria N° 06 001 IT16 001328 E, en el marco del procedimiento infraccional tramitado bajo las actuaciones SIGEA N° 21977-11-2013, con costas. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2026.02.20 17:35:53 ART Date: 2026.02.20 18:11:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.20 18:13:09 -03:00
Fin de la sentencia