Abriendo la norma
Cámara Apelación y Garantías Penal de San Isidro
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Particular, Dr. Jorge Andrés Neville, contra la resolución obrante a fs. 141/143 de la causa principal nº 1694 agregada al presente incidente, de conformidad con lo dispuesto en el considerando (arts. 421, 424, 439, 441 en conjunto con el art. 139, 442 y ccdtes. del C.P.P.).-
II. Revocar, por prematura, la resolución recurrida en cuanto no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba solicitada en favor de Mario Ramón Fara, debiendo el a quo, previo a resolver, tomar conocimiento directo de las víctimas, de conformidad con lo dispuesto en el considerando (art. 76 bis tercer párrafo del C.P.).
C. 78.374/II
“FARA, MARIO RAMÓN s/inc. de apelación”
San Isidro, 21 de agosto de 2014.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Particular, Dr. Jorge Andrés Neville, contra la resolución obrante a fs. 141/143 de la causa principal agregada al presente incidente.
El Sr. Juez Pitlevnik dijo:
I. Llega a esta Alzada el presente incidente a partir del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Particular, Dr. Jorge Andrés Neville, contra la resolución mediante la cual el Sr. Juez a cargo del Juzgado Correccional nro. 6 Dptal., Dr. Hernán Sergio Archelli, no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba solicitada en favor de Mario Ramón Fara por considerar que los hechos, tal y como fueran descriptos en la requisitoria de elevación a juicio (ver fs. 90/93 de la causa ppal.), califican como violencia contra la mujer, y por considerar suficientemente fundada la oposición del Ministerio Público Fiscal. El recurrente mencionó en calidad de agravio, que el Dr. Archelli no haya analizado la aplicabilidad del instituto en trato, limitándose a calificar los hechos como un supuesto de violencia de género, en coincidencia con lo planteado por la Sra. Fiscal interviniente -ver fs. 132 de la ppal.. En tal sentido, sostuvo el Dr. Neville que la suspensión del juicio a prueba sería aplicable de acuerdo a la norma de rito, pues la escala penal y las demás circunstancias habilitarían la ejecución condicional de la pena en el caso de recaer condena.
Agregó, que le estaría vedado al juez correccional el análisis de los hechos en esta etapa, pues ellos aún no fueron probados, por lo que una calificación prematura de los hechos significaría un prejuzgamiento contrario a la manda constitucional. En todo caso, sostuvo el recurrente, el conflicto investigado en la causa es de naturaleza doméstica y no se subsume en la categoría de violencia de género, como señaló la Sra. Fiscal.
II. Conforme se resolviera en el Acuerdo Plenario en causa nro. 27.145/IIIra. caratulada "Weber, Carlos Alberto s/suspensión de juicio a prueba", las resoluciones que deniegan la suspensión de juicio a prueba resultan recurribles mediante apelación por causar gravamen de imposible reparación. Tal ha sido el criterio de esta Sala, en consonancia con lo decidido por el Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires en el Acuerdo Plenario en causa nro. 52.274 - 52.462 caratulada "B.L.E. y otro s/ Rec. de Queja".
Por lo demás, el recurso en trato ha sido interpuesto en tiempo y por quien tenía derecho a hacerlo. Por ello, corresponde declarar su admisibilidad (arts. 421, 424, 439, 441 en conjunto con el art. 139, 442 y ccdtes. del C.P.P.).
III. Conforme se encuentra descripto en la requisitoria de elevación a juicio, "se le atribuye al nocente que el pasado 22 de mayo de 2013 siendo aproximadamente las 16:00 hs. en circunstancias en que Rosana Andrea Vargas, Angela Rosa Venturini y Florencia Vargas se hicieron presentes en el domicilio de la calle Paraguay 503 de Villa Martelli, Partido de Vicente López, Mario Ramón Fara, ofuscado ante la presencia de las nombradas en el lugar antes mencionado mediante exhibición de un arma de fuego tipo escopeta apuntó a Rosana Andrea Vargas, a Angela Venturini y a Florencia Vargas refiriéndoles frases de contenido intimidatorio tales como 'las sacaría a los tiros' provocando una situación de temor en las mismas quienes lo creyeron capaz de cumplir con sus ilícitos anuncios", hechos que fueron calificados como constitutivos del delito de amenazas agravadas en los términos del art. 149 bis segundo párrafo del Código Penal.
De acuerdo a la escala de pena con la que se reprocha el delito arriba mencionado, la solicitud de suspensión del juicio a prueba deberá ser analizada en el marco del cuarto párrafo del art. 75 bis del Código Penal, es decir, el supuesto de viabilidad del instituto que exige como condiciones, por un lado, la viabilidad formal del cumplimiento condicional de una eventual condena, y el consentimiento del Ministerio Público Fiscal por el otro.
Que se dé el primer requisito no importa ipso facto la obligación de dar una respuesta afirmativa al pedido defensista pues la ley, precisamente, exige dos. El segundo requisito es, como quedara dicho, el consentimiento fiscal.
El "a quo" coincidió con lo manifestado por la Sra. Fiscal, Dra. Capra, en la audiencia obrante en copia a fs. 1/vta., en cuanto a que se encuentran cumplidos los requisitos de aplicabilidad del art. 76 bis C.P.. No obstante, observó que la oposición de la Sra. Fiscal es ineludible, pues a la luz del fallo plenario del Tribunal de Casación Penal "B.,L.E. s/ Rec. de queja" de fecha 9 de septiembre de 2013, el consentimiento del Ministerio Público Fiscal es un recaudo esencial de la figura en trato, cuya ausencia -adecuadamente fundada- impide su aplicación.
En el caso de marras, la Sra. Fiscal se opuso a la suspensión del proceso solicitada señalando que se trata de un supuesto de violencia de género. El "a quo", adoptando la doctrina de nuestro Supremo Tribunal Federal establecida en el fallo "Góngora" [G. 61. XLVIII, del 23 de abril de 2013], estimó que la oposición fiscal se encontraba debidamente fundada y ajustada a derecho.
Conforme ya he resuelto en la causa n° 76.936/IIda. "Funes", del 17 de junio de 2013 -entre otras-, considero que, en principio, todo hecho que ponga en evidencia el riesgo de la víctima de sufrir agresiones en función de su situación de mayor vulnerabilidad en un contexto de violencia de género, debería quedar fuera de las soluciones alternativas previstas en el art. 76 bis y concordantes del CP. (arts. 1, 2 incs. b y c, 3 inc. b y k, 4, 5 inc. 1, 6 inc. a de la ley 26.485 y 7 inc. f de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, dada en la ciudad de Belem do Pará -ley 24.632-).
En el ya citado caso “Góngora”, la CSJN estableció, en función del alcance dado al artículo 7 inciso f) de la Convención mencionada, la obligación del Estado argentino de “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio de oportunidad y el acceso efectivo a tales procedimientos”. Asimismo, en dicho fallo, el Máximo Tribunal sostuvo que: "La concesión de la suspensión del proceso a prueba al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en aquél estado procesal la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle, sin poder obviarse que el desarrollo del debate es de trascendencia capital a efectos de posibilitar que la víctima asuma la facultad de comparecer para efectivizar el "acceso efectivo" al proceso (art. 7, inc. f, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) de la manera más amplia posible, en pos de hacer valer su pretensión sancionatoria, cuestión que no integra, en ninguna forma, el marco legal sustantivo y procesal que regula la suspensión del proceso a prueba".
Ello no importa que cualquier hecho que pueda quedar adecuado formalmente a un supuesto de violencia contra la mujer deba ser excluido automática e irreflexivamente de la suspensión del juicio a prueba.
En el caso, al menos con los elementos con los que se cuenta al presente, no se evidencian extremos que pongan de resalto una situación de riesgo de violencia para Rosana Andrea Vargas, Angela Rosa Venturini y Florencia Vargas, que repercuta en la especial circunstancia de vulnerabilidad vinculada a cuestiones de género. Más bien, el sustrato de la situación que ventilan las partes en la causa responde a un conflicto en el seno del grupo familiar sobre intereses patrimoniales. Tengo en cuenta que una de las víctimas Rosana Vargas, por ejemplo, señaló en su declaración testimonial que no le tuvo miedo al causante, que es una persona grande con la que no se puede hablar, que es "puro bla... bla" y que nunca lo volvió a ver (fs. 24/25). El juez "a quo" resolvió que no correspondía la suspensión del juicio sin siquiera escuchar a las víctimas, paso previsto expresamente en el art. 76bis del C.P. y que, en este caso en el que se ventila lo que podría ser entendido como un hecho de violencia de género, resulta de central importancia para conocer la situación de aquellas personas a quienes se pretende preservar pero, al mismo tiempo, no se les da voz en este entuerto.
Por lo expuesto, considero que corresponde revocar por prematura la resolución recurrida y previo resolver, tomar concimiento directo con las víctimas (art. 76 bis tercer párrafo del C.P.). El Sr. Juez Cayuela dijo: Adhiero mi voto al de mi colega preopinante, Dr. Pitlevnik, por sus mismos motivos y fundamentos, sin perjuicio de lo que en definitiva corresponda resolver sobre la procedencia del instituto aquí en trato.-
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Particular, Dr. Jorge Andrés Neville, contra la resolución obrante a fs. 141/143 de la causa principal nº 1694 agregada al presente incidente, de conformidad con lo dispuesto en el considerando (arts. 421, 424, 439, 441 en conjunto con el art. 139, 442 y ccdtes. del C.P.P.).-
II. REVOCAR, por prematura, la resolución recurrida en cuanto no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba solicitada en favor de Mario Ramón Fara, debiendo el a quo, previo a resolver, tomar conocimiento directo de las víctimas, de conformidad con lo dispuesto en el considerando (art. 76 bis tercer párrafo del C.P.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase al origen, sirviendo lo proveído de atenta nota de remisión.
FDO: LEONARDO G. PITLEVNIK - LUIS C. CAYUELA
Ante mí: ADRIANA R. ERNAGA
Fin de la sentencia