Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones N° 119/18 y 120/18, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo del recurrente, de la siguiente manera:
A) Por su actuación en el Expediente N°49.339-I en las sumas $69.036 por la representación procesal y $172.589 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta la actividad desarrollada en la primera etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
B) Por su actuación en el Expediente N° 49.340-I en las sumas de $37.130 por la representación procesal y $92.825 por el patrocinio letrado, las que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta la actividad desarrollada en la primera etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-142827858-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 30 de Noviembre de 2023 apelación”. Sentencia.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’ Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente Nº 49.339-I y su acumulado N°49.340-I caratulado “Weng Minggui s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Minggui Weng interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 119/18 y 120/18, dictadas el 8 de octubre de 2018 en la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Paraná de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en las que se determinaron de oficio sus obligaciones en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2015 y en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 8 y 10 a 12/2015. Por esas obligaciones se lo intimó a ingresar las sumas de $2.514.406,58 y $1.276.534,73 respectivamente, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
En dichos actos, además, se difirió la aplicación de sanciones a las resultas de la denuncia penal a la que allí se hace referencia, de conformidad con el art. 20 del régimen penal tributario (t.v).
Surge de sus Considerandos que el Sr. Weng, cuya actividad es la venta al por menor en minimercados, fue objeto de un procedimiento de fiscalización, primero preventivo y luego ordinario, al haberse detectado la existencia de bienes inmuebles a su nombre sin que a la misma vez hubiera presentado la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2015 con los ingresos para justificar dichas adquisiciones.
Como el contribuyente no aportó la documentación de respaldo que se le requirió a efectos de practicar la determinación de oficio sobre base cierta, la fiscalización recurrió a la presunción simple establecida en el art. 18, primer párrafo de la ley 11.683, y a partir de las compras de mercadería, de instalaciones, remuneraciones y demás costos consignados en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado presentadas en los meses 11 y 12 de 2015, los inmuebles de su propiedad y las mejoras efectuadas sobre los mismos, así como los rodados que se le atribuyen como propios, se presumió el monto de las ganancias y de las ventas que omitió declarar en cada uno de los gravámenes en los períodos ya indicados.
En su presentación ante este Tribunal, el Sr. Weng reitera los agravios expuestos al contestar la vista de los ajustes en sede administrativa, a saber:
1. que se le atribuyen bienes que están a nombre de otra persona –la Sra. Huimin Wu, concretamente los rodados dominios PMK820 y OPD582 que, según explica, fueron adquiridos por esa señora en el mes de febrero de 2015, sin que en las Resoluciones se fundamente por qué se le atribuyen a él, además, en forma previa a que se diera de alta en los impuestos en el mes de julio de ese mismo año.
Por otro lado, en cuanto a la Exposición Policial en la que él mismo dio cuenta de la relación de concubinato con la Sra. Wu y que el juez administrativo invoca para atribuirle la propiedad real de dichos bienes, sostiene que la Policía de la Provincia de Entre Ríos no es la autoridad competente para expedir ese tipo de documentación, y a la misma vez, la desconoce por ser falsa.
De cualquier modo, dice que ni él ni la Sra. Wu tenían ingresos declarados a la fecha de adquisición de los rodados.
2. respecto de la valuación de las mejoras en el inmueble en la calle Gervasio Méndez …de la Ciudad de Gualeguaychu, Provincia de Entre Rios, de $7.309,47 el m2, alega que no es representativa ni guarda relación con la realidad del mercado ya que el valor adoptado corresponde a otro tipo de construcción, de carácter habitacional, que carece de relación con el local que es un simple salón comercial, que no es más que cuatro paredes, de un valor notablemente inferior.
Agrega que el Organismo Fiscal se apartó del dictamen del perito tasador aportado en la instancia previa que lo había fijado en $3.200, por metro cuadrado construido para el galpón, y $5.700, para el metro cuadrado de la parte destinada a vivienda.
3. por último, señala que la fecha de habilitación de la fuente generadora de ganancias determinada por el juez administrativo es errónea porque se debió tomar la de la habilitación definitiva de la Municipalidad de Gualeguaychú y no la de terminación de las obras de construcción y que para ello debió evaluarse el consumo de energía eléctrica del minimercado.
Entiende, para terminar, que la Administración Fiscal confundió el procedimiento de inducción al blanqueo de la ley 27.260 con un procedimiento de inspección para una posterior determinación de oficio, por lo que manifiesta que debe descartarse toda la prueba recabada en el marco de esa inducción y dejar sólo la que se corresponde con los requerimientos realizados a partir de la orden de intervención.
Específicamente, respecto a la Resolución N°120/18, sostiene que se trata de un acto infundado, carente de causa, motivación e ininteligible, por no especificarse el origen del ajuste en el impuesto al valor agregado. Dice que dicho acto no hace más que reiterar las consideraciones expuestas en la determinación de oficio del impuesto a las ganancias, para concluir, en su parte resolutiva, con una tabla en la que, por un lado se vuelca el débito fiscal que declaró voluntariamente en sus declaraciones juradas y, en otra columna se señala el “débito fiscal omitido”, sin precisar de dónde provienen dichas sumas. Sostiene que dicha Resolución es un acto nulo de nulidad absoluta e insanable.
Ofrece la producción de prueba informativa y la pericial de un tasador y solicita que se revoquen las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
II. A fs. 27/35 y 72/81 la representación fiscal contesta el traslado de los recursos, en los que por las consideraciones que allí expone pide que se confirmen sus actos, también con costas.
A fs. 96 el Tribunal en Pleno resolvió la acumulación del Expediente N° 49.340-I al N°49.339-I.
III. A fs. 109, previo a proveer sobre la prueba ofrecida, se intima a las partes a proponer perito/a tasador, lo que solamente fue cumplido por el Fisco Nacional a fs.114, por lo que mediante PV-2022-97446314-APN- VOCXI#TFN se decidió su rechazo, al igual que el de la prueba informativa por improcedente.
IV. A fs. 120 por PV-2023-130792988-APN-VOCXI#TFN, se decide elevar las actuaciones a consideración de la Sala y, por último, el 22 de noviembre quedan en estado de dictar sentencia.
VI. Corresponde referirse, en primer lugar, a la defensa de nulidad opuesta por el Sr. Weng por la supuesta falta de causa y motivación de la Resolución N° 120/18, la que cabe rechazar por infundada. Por el contrario, cada una de las Resoluciones recurridas se encuentran debida y suficientemente motivadas en los antecedentes de hecho y de derecho que surgen de los antecedentes administrativos, por lo que no se advierte violación alguna a las disposiciones de la ley 19.549, o de la ley 11.683, ni que el Fisco Nacional haya incurrido en ningún vicio que pueda llevar a que este Tribunal a declarar la nulidad de dichos actos.
Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como tribunal de alzada de este tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES– Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1/10/2020.
En el caso, además, la invocación de la nulidad es genérica y ambigua, ya que no se indica a la misma vez los perjuicios que supuestamente alega le ocasionaron, por lo que corresponde desestimarla, sin costas en razón de no haberse planteado ni tratado como de previo y especial pronunciamiento (Fallos 336:70, “Bolland”).
V. Corresponde ahora decidir si las Resoluciones se ajustan a derecho.
Para ello cabe tener en cuenta que los ajustes allí practicados son consecuencia de constatarse que el Sr. Weng a pesar de ejercer actividad económica no había declarado ingresos en el período fiscal 2015 y había dos rodados a nombre de la Sra. Wu que se presumió que eran de su propiedad, atribuyéndole, entonces los ingresos para su adquisición.
Además, como dicha declaración fue presentada en cero, la fiscalización debió reconstruir la materia imponible a partir de las compras y los gastos y costos por diferentes conceptos, como remuneraciones, mercadería e instalaciones, informados en sus propios sistemas y en las declaraciones juradas presentadas en el impuesto al valor agregado.
Los agravios que el Sr. Weng formula en esta instancia, al igual que en la previamente sustanciada, se dirigen a cuestionar la conformación de las bases imponibles de ambos gravámenes, concretamente:
1. Desconoce la titularidad de los dos rodados que se le atribuyen y que legal y registralmente están a nombre de la Sra. Wu.
Sostiene para ello que “…simplemente está ligada al encartado por ser madre de una de sus hijas” y desconoce la Exposición que él mismo hizo el 3 de octubre de 2018 en sede policial en la que dio cuenta de la convivencia que tenía con la Sra. Wu hace 10 años y la hija en común nacida en el año 2011. Invoca, además, que la Policía provincial no es autoridad competente para intervenir en dicho trámite y que, de cualquier manera, es falsa, aunque la declaración tiene su firma ológrafa al margen izquierdo del documento.
La exposición policial obra a fs. 52 de las act. adm. y fue presentada por la Sra. Wu en la fiscalización que a ella también la Administración Tributaria le iniciara con el objeto de verificar su propia situación fiscal, oportunidad en la que adjuntara copia de la partida de nacimiento de la hija en común con el aquí recurrente del 14 de septiembre de 2011.
Allí el Sr. Weng manifiesta que convive con la Sra. Wu desde hace aproximadamente 10 años en el domicilio de la calle Gervasio Mendez de la Ciudad de Gualeguaychu, es decir, el inmueble que es motivo del otro ajuste controvertido en estas actuaciones, manifestación que tanto por aplicación de la teoría de los actos propios y por el principio de la buena fe y por haber sido prestada ante la autoridad competente para recibirla, constituye prueba fehaciente de la existencia de la unión convivencial a la que se refiere el art. 512 del Código Civil. Cabe tener en cuenta que la declaración es prestada en vigencia el Código Civil y Comercial, reformado por la ley 26.994, que en esta materia adoptó un criterio amplio en materia de prueba al admitir que la unión convivencial pueda acreditarse por cualquier medio de prueba.
Por otro lado, surge también de los antecedentes que si bien los vehículos figuran a nombre de la Sra. Wu, el Sr. Weng y un empleado en relación de dependencia de éste, aparecen como autorizados –cedula azul- para conducirlos, lo que da cuenta de su afectación para la actividad en el minimercado. Queda decir, que de allí también se desprende que a la fecha de su adquisición la Sra. Wu no estaba inscripta como contribuyente ni estuvo nunca en relación de dependencia, ni como socia, ni por ende tuvo ingresos en el ejercicio 2015, ni antes tampoco, con los que justificar su adquisición. En rigor de verdad, de los antecedentes surge que la Sra. Wu no tiene ningún historial económico. Recién aparece solicitando el alta en el impuesto a las ganancias y en el valor agregado el 7/2016, ya notificado su pareja, el Sr. Weng, de la inspección preventiva que se le iniciara y que culminara en los actos aquí recurridos.
Entonces, las pruebas rendidas, inclusive por el propio recurrente, revelan la efectiva existencia de una relación afectiva con la Sra. Wu a nombre de quien fueron registrados los vehículos que el Sr. Weng utilizaba para el ejercicio de su actividad; ella lejos de ser una señora desconocida, era su pareja y madre de una hija en común. Es evidente así que no es la Sra. Weng la que los ha adquirido, sino que ha sido prestanombre del Sr. Weng por lo que debe concluirse que la determinación de oficio se encuentra correctamente efectuada en cabeza de éste, ya que ha sido la actividad del minimercado la que ha generado los ingresos para la adquisición de dichos bienes que son, precisamente, los que han sido sustraído a la tributación, tanto en el impuesto a las ganancias, como ventas en el impuesto al valor agregado.
2. En cuanto a las mejoras en el inmueble en Gualeguaychú, tampoco los agravios del Sr. Weng pueden prosperar ya que de los antecedentes obrantes en las act. adm. se desprende que para ello se tuvo en cuenta que en la valorización de las mismas se tuvo en cuenta el promedio de los costos de construcción informados por el Colegio de Arquitectos de Entre Rios para la categoría colectiva que es la más baja. El valor informado de $4.274.578,06 (fs. 42). No se encuentra en tela de juicio la existecia de las mejoras, ya que éstas fueron informadas por la Municipalidad y obran en las fotos de google earth a fs. 11/12, sino que lo que se discute es su valor. El recurrente se agravia porque se trata de un simple salón comercial que fue valuado como un dúplex, según dice. Sin embargo, la prueba que rindió en la instancia administrativa previa no resulta idónea ni suficiente para hacer lugar a su agravio. En efecto, a fs. 65/67 del Legajo IVA, obra el informe del perito tasador que designara con dicho propósito en el que se arribó a un valor del inmueble de $2.230.352. Pero asiste razón a la representación fiscal, y antes al juez administrativo, cuando observan las deficiencias que adolece el referido Informe, principalmente al no indicar el método y los procedimientos seguidos para llegar al valor, entre otros defectos. Queda decir que en esta instancia el Sr. Weng ofreció como prueba pericial la tasación del referido inmueble. Si bien su producción fue admitida por la Vocalia Instructora, precisamente por la relevancia que podían tener sus resultados, en especial, por tratarse de un medio que no es unilateral, sino que debe ser rendido en forma conjunta por profesionales designados por ambas partes -conf. art. 47, Ac. N° 91/2023-, no hizo ningún esfuerzo por producirla ya que nunca designó un perito/a para que llevara a cabo la labor, razón por la cual se dio por decaído su derecho. Es así que, por su propia negligencia, dejó desprovista de probanza su único agravio respecto a este ajuste, por lo que debe ser confirmado.
Por último, queda expedirse sobre la fecha de habilitación de la fuente productora de ganancias en el ejercicio 2015. Objeta el Sr. Weng que se adopte el 15 de julio de 2015 que corresponde a la fecha de inscripción como contribuyente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, por lo que las restantes fechas que invoca, referidas a la habilitación municipal del minimercado o las obras realizadas sobre el inmueble carecen de relevancia y se contradicen con lo que él mismo declaró.
En atención a lo expresado, no habiéndose expresado agravios sobre el resto de los ajustes notificados en las Resoluciones recurridas, corresponde que sean confirmadas íntegramente, tanto en cuanto al capital, como los intereses notificados en ella que acceden por expreso mandato legal -conf. art. 37, ley 11.683- y que constituyen la indemnización debida por la demora en el ingreso de las obligaciones tributarias en tiempo y forma. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar en todas sus partes las Resoluciones Nros. 119/18 y 120/18, con costas.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar las Resoluciones N° 119/18 y 120/18, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo del recurrente, de la siguiente manera:
a) Por su actuación en el Expediente N°49.339-I en las sumas $69.036 por la representación procesal y $172.589 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta la actividad desarrollada en la primera etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b) Por su actuación en el Expediente N° 49.340-I en las sumas de $37.130 por la representación procesal y $92.825 por el patrocinio letrado, las que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta la actividad desarrollada en la primera etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente y archívese.
Date: 2023.11.30 10:06:43 -03:00 Date: 2023.11.30 10:18:21 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.30 12:55:17 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.30 12:55:18 -03:00
Fin de la sentencia