Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2026-40490214-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de amparo interpuesto, con costas y, ordenar a la ARCA que en el plazo de 30 (treinta) días resuelva el trámite iniciado por el amparista, bajo apercibimiento de poner en conocimiento del superior su incumplimiento.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-48440111-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 14 de Mayo de 2026 A VOC 1RA En el día de la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Viviana Marmillon (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el expediente EX-2026-40490214-APN-SGAI#TFN, caratulado: “WHIRLPOOL ARGENTINA S.R.L. s/recurso de amparo”.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que mediante RE-2026-40489704-APN-DTD#JGM, de fecha 22/04/2026 Whirlpool Argentina S.R.L. interpone recurso de amparo en los términos del artículo 182 de la ley 11.683 (texto vigente), en virtud de la demora excesiva en la que habría incurrido ARCA en resolver el trámite de pedido de transferencia de saldo de libre disponibilidad en el Impuesto al Valor Agregado, período fiscal 04/2025, con más intereses, en los términos de la Resolución General N° 2224/1979.
Informa que el 30/04/2025 solicitó la transferencia de la suma referida y que, a pesar de haber cumplido oportunamente el 02/06/2025 y el 13/06/2025 con dos requerimientos de información formulados por el Fisco Nacional, en atención al tiempo transcurrido se vio obligada a interponer el 16 de octubre de 2025 una solicitud de pronto despacho (de conformidad con PD Nº202501229697).
A su vez, entiende que la conducta omisiva incurrida por el Organismo Recaudador al no dictar el acto administrativo correspondiente, configura una mora administrativa manifiesta y prolongada, que torna procedente el remedio procesal previsto por el art. 182 de la ley N° 11.683. En este sentido, afirma que se encuentran configuradas las condiciones de hecho y de derecho a los fines de hacer lugar al mismo. Cita jurisprudencia y solicita se ordene a ARCA que resuelva el pedido de devolución en los términos solicitados, con costas. Formula reserva del caso federal.
En PV-2026-41593651-APN-VOCI#TFN con fecha 24/04/2026 este Tribunal requirió al Organismo Recaudador para que informe sobre la causa de la demora imputada y en su caso, la forma de hacerla cesar.
Por IF-44500991-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional informa que la Sección Gestiones y Devoluciones B (DV NGDE) de la Dirección Regional Norte manifestó a su respecto que: “...Con fecha 28/04/2026 se confeccionó requerimiento a fin de solicitar documentación adicional a la obrante en las bases del informáticas del Organismo, necesarias para continuar el análisis de la solicitud."
Cabe mencionar que el pedido en cuestión se encuentra bajo análisis en forma simultánea a otros tantos trabajados en el área por idéntica temática y a diversos trámites de devolución, habiendo sido incorporado respetando el orden de prelación determinado por las fechas en las que fueron recibidos por esta Agencia.
Asimismo, se informa que esta verificación incorporará el desarrollo de la fiscalización Nº 2.340.649 que se está cursando sobre la misma a efectos de obtener información que afecte la resolución del trámite bajo análisis, atento que se están fiscalizando periodos e impuestos que componen el saldo solicitado en la devolución.
Por lo tanto, en primera instancia, y en simultáneo con el avance de la verificación de esta área, se aguarda la finalización de la fiscalización mencionada a fin de evaluar los efectos que podría tener sobre el trámite de devolución".
El ente fiscal entiende que en el caso no se trata de una devolución automática, toda vez que los saldos en cuestión no sólo deben ser fiscalizados por la Administración antes de proceder a cualquier devolución solicitada, sino que también debe ser corroborada la incidencia en la presente solicitud de aquellas realizadas con anterioridad a esta.
Sostiene que dicho procedimiento de verificación lleva tiempo e involucra el análisis de la cuenta tributaria del contribuyente y de toda la documentación pertinente para poder aseverar la procedencia de los saldos a favor cuya devolución se pretende, sin que baste la “autodeterminación” que rige el derecho tributario para tener por válidos dichos saldos a favor.
En consecuencia, afirma que la acción de amparo interpuesta es improcedente, no existiendo una situación de demora “excesiva injustificada”. En consecuencia, solicita se rechace el recurso de amparo, con costas. Hace reserva del caso federal.
En PV-2026-47006100-APN-VOCI#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “A”.
II. Que en primer término corresponde destacar que para que proceda el recurso de amparo regulado por la ley de procedimiento tributario, deben observarse solo los siguientes requisitos: a) la demora de los agentes fiscales en la resolución de un trámite iniciado por los contribuyentes o responsables; b) que dicha demora sea excesiva e injustificada y c) la presentación de un pedido de "Pronto Despacho" ante el organismo fiscal, previo a la presentación del amparo ante este Tribunal, dejando transcurrir un plazo de 15 días desde su presentación ante la AFIP (hoy ARCA) antes de su interposición ante este organismo jurisdiccional.
El remedio aquí analizado tiene por finalidad lograr el pronunciamiento expreso de la Administración cuando ésta es remisa en hacerlo, pero de ninguna manera autoriza a incursionar en el fondo de la cuestión subyacente a una determinada petición, de modo de obtener de este Tribunal una decisión sobre su procedencia, sino tan solo lograr una orden para que aquélla se expida de la forma que considere pertinente. Es decir que mediante esta vía el legislador pretende remediar los efectos nocivos producto de la morosidad del organismo recaudador en llevar a cabo trámites o diligencias.
Por tanto, su objeto consiste en que este organismo jurisdiccional, a la luz de las constancias allegadas a la causa por ambas partes, examine si existió o no mora excesiva e injustificada en la actuación de la Administración y en caso afirmativo, fijar un plazo para que se concluya el trámite administrativo (conf. - entre muchos otros- “PALACIOS, Claudio s/amparo” expte. Nº 49.402-I, sentencia del 17/12/2018, Sala “C”).
III. Que el régimen que regula la pretensión de la contribuyente se encuentra plasmado en la RG (DGI) 2224/1979 (BO 30/11/1979) y modifs. con vigencia a partir del 1° de julio de 2006, que en su art. 1° dispone: “Las devoluciones de pagos o ingresos en exceso podrán solicitarse cuando los saldos acreedores emerjan de determinaciones de oficio, de declaraciones juradas primitivas o rectificativas, siempre que estas últimas disminuyan el saldo acreedor establecido en las primeras o que dichos saldos hayan sido considerados de libre disponibilidad o que se asimilen a tales.”
“Asimismo, serán considerados los saldos que surjan de resoluciones administrativas o judiciales dictadas en recursos de repetición y declaraciones juradas rectificativas conformadas por esta Dirección.” Por su parte, el art. 2° de la reglamentación aludida establece que la determinación del impuesto -en casos como el de autos- quedará sujeta a la verificación administrativa en los términos del artículo 13 de la misma y el art. 3° estatuye: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2°, las resoluciones por las que se dispongan devoluciones producirán sus efectos desde el momento en que las mismas se soliciten si el contribuyente hubiera cumplimentado los requisitos exigidos por la presente resolución, caso contrario, producirán efectos a partir de la fecha en que se verifique su cumplimiento”.
Finalmente, el art. 7 dispone que la devolución sólo será admitida cuando el peticionario no adeude obligaciones fiscales líquidas y exigibles al momento de interponer la solicitud, que sean susceptibles de compensarse con el crédito que posea, o cuando luego de realizadas las compensaciones quedare un saldo a favor.
IV. Que en este marco conceptual, corresponde examinar las constancias documentales allegadas a la causa.
En tal sentido, se desprende de las mismas que el organismo recaudador cursó a partir del pedido de devolución del 30/04/2025 dos requerimientos, de fecha 26/05/2025 y 02/06/2025, en los que se solicitó la documentación respaldatoria relativa al origen y a la composición del saldo a favor de libre disponibilidad de períodos anteriores en la declaración jurada de IVA (específicamente, períodos fiscales 02/2025 y 12/2024). Dicha documentación fue acompañada por Whirlpool Argentina SRL el 02/06/2025 y 13/06/2025 y compone la mayor parte de las actuaciones arrimadas por el Fisco Nacional en IF-2026- 4469104-APN-DTD#JGM, como archivo adjunto del IF-2025-02793622-ARCA-AGRN56#SDGOPIM;
de ella también se desprende que la Agencia remite las actuaciones con fecha 24/07/2025 a la Dirección Regional Norte, para su conocimiento e intervención.
Asimismo, se verifica la existencia de un informe de grado de avance, confeccionado por dicha Dirección con fecha 29/04/2026 en IF-20226-44467315-APN-DTD#JGM, en el que el Fisco indica que con fecha 28/04/2026 –esto es ya interpuesto el presente amparo- se confeccionó un tercer requerimiento de información adicional a la obrante en las bases del organismo, notificado a Whirlpool Argentina SRL el 04/05/2026.
Por otra parte, si bien en dicho informe se consigna que “…esta verificación incorporará el desarrollo de la fiscalización N°2340649 que se está cursando sobre la misma a efectos de obtener información que afecte la resolución del trámite bajo análisis atento que se están fiscalizando periodos e impuestos que componen el saldo solicitado en la devolución”, lo cierto es que ello no surge de las actuaciones administrativas acompañadas ni fue acreditado al momento de su invocación.
Finalmente cabe poner de manifiesto que si bien el art. 2° citado “supra” somete a verificación la determinación del gravamen, no establece un plazo para tal cometido, también lo es la Administración en tales casos debe expedirse en un tiempo que de acuerdo con las circunstancias del caso no exceda toda pauta temporal razonable.
Sobre esta cuestión cabe destacar que: “...la razonabilidad es una limitación a la potestad tributaria que deriva del art. 18 de nuestra Constitución Nacional en cuanto garantiza el derecho de defensa en juicio de las personas, tanto humanas como jurídicas.”
“Es más, se encuentra también consagrada en diversos acuerdos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos que en su art. 8.1 prescribe que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y en un plazo razonable...” y si bien esta norma lleva el título de “Garantías Judiciales”, la misma no debe ser interpretada como referida a los recursos judiciales en sentido estricto, sino a los requisitos que deben observarse en las diversas instancias procesales, con el objeto de resguardar los derechos de las personas respecto de cualquier acto del Estado que los pueda afectar, ya sea, que emane de un órgano administrativo (en este caso por aplicación directa del inc. f) del art. 1° de la ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y modifs.) o jurisdiccional. En el mismo sentido se han dictado otros Convenios Internacionales, citando a título de ejemplo: La Declaración Americana de Derechos Humanos (art. 25) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9, pto. 3).” “Así lo ha reconocido la Corte IDH in re “Baena Ricardo c. Panamá” (citado por Sagrario Ramiro en “El Procedimiento administrativo a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos”, publicado en LA LEY, Sup. Adm. 2016 (febrero), 10 y en LA LEY 2016”, 1096).”
“En esta línea de pensamiento, procede puntualizar que cuando hacemos alusión a la “razonabilidad” que debe observar un acto de la Administración, no sólo nos referimos a la justicia de su decisorio, sino que también para que la misma sea plena, el dictado de la resolución administrativa debe ser en tiempo oportuno, de manera que, el reconocimiento de la pretensión de quien recurre o demanda, en caso de corresponder, le sea notificado al interesado en tiempo útil, es decir, cuando aún lo puede ejercer o hacer efectivo plenamente (TFN, Sala “C”, in re “Palacios, Claudio”, citado “supra”).
En consecuencia, teniendo en consideración que desde el inicio del trámite hasta la fecha ha trascurrido más de un año y no habiendo justificado el ente fiscal la demora incurrida en su resolución, voto por hacer lugar al recurso de amparo interpuesto, con costas y, ordenar a la ARCA que en el plazo de 30 (treinta) días resuelva el trámite iniciado por el amparista, bajo apercibimiento de poner en conocimiento del superior su incumplimiento.
La Dra. Guzmán y el Dr Porporatto dijeron:
Que adhieren al voto de la Dra Marmillon.
Por ello, SE RESUELVE:
Hacer lugar al recurso de amparo interpuesto, con costas y, ordenar a la ARCA que en el plazo de 30 (treinta) días resuelva el trámite iniciado por el amparista, bajo apercibimiento de poner en conocimiento del superior su incumplimiento.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.05.14 11:59:05 ART Date: 2026.05.14 14:22:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.05.14 14:50:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Viviana Marmillon Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.14 14:51:29 -03:00
Fin de la sentencia