Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 22992-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso interpuesto por la actora y confirmar la sentencia del TFN de fecha 25/03/2024, en cuanto es materia de agravio, con costas (art. 68, 1º párrafo, del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
15.468/2024 “Whirlpool Argentina SA (TF 22992-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2024.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento del 25/03/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar las Resoluciones Nros. 104, 1546, 1449, 1243, 1242, 1244, y 1246 del año 2007, dictadas por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en las Actuaciones Nros. 12043-112-2006, 12193- 5209-2006, 12193-241-2005, 12193- 157-2005, 12193-2151-2005, 12193-2142-2005, y 12193-16820-2006, respectivamente. Impuso las costas por su orden. Para así decidir, en síntesis, sostuvo que “…el Tratado de Asunción, aprobado mediante la ley 23.981, en su art. 19 dispuso que ‘Este Mercado Común implica: la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente...’. Por su parte, en el art. 2 se estableció que ‘El Mercado Común esta fundado en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados Parte’”.
Al respecto, indicó que “…sin perjuicio del carácter programático que tienen la gran mayoría de las disposiciones del Tratado, no se evidencia que de alguna de esas disposiciones resulte que nuestro país haya asumido el compromiso de no establecer derechos de exportación al tráfico intrazona en el futuro, ni es posible inferir que ello sea una obligación concreta y perentoria”.
Trajo a cuenta, que “…en ese sentido, la CSJN con fecha 11/12/2014, en una causa similar a la presente caratulada ‘Whirlpool Puntana SA (TF 21.671-A) c/Dirección General de Aduanas’ resolvió que los derechos de exportación instituidos mediante la Resolución 11/02 del Ministerio de Economía e Infraestructura no se encuentran en pugna con las disposiciones del Tratado de Asunción (Fallos: 337:1451)”.
Con relación a la validez de la Resolución N° 11/02, los vocales remitieron a la doctrina legal sentada en el Fallo Plenario del 26 de abril de 2022 de ese Tribunal (EX-2020-24600163- APNSGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”) en el que acordaron: “(…) ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
II. Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 2/05/2024, interpuso recurso de apelación la parte actora, expresando agravios el 14/05/2027, los que no fueron contestados por la contraria.
Con fecha 6/12/2024, se expidió el señor Fiscal de Cámara.
En primer lugar, la recurrente precisó que “…con fecha 4 de marzo de 2002 el Ministerio de Economía e Infraestructura dicta la Resolución 11/2002 mediante la cual se fijaron derechos de exportación para consumo de diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR” y “modificaron sustancialmente las ‘reglas’, haciendo por demás oneroso para la compañía la prosecución de las exportaciones dentro del MERCOSUR”.
Expuso que “[a]l proceder a leer la Resolución 11/2002, se advierte que fija derechos del diez (10%) y del cinco (5%), respectivamente, a mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR...” y que para motivar dicha resolución, “…el otrora Ministro de Economía, se remitió a la Ley 25.561 mediante la cual se declaró el estado de Emergencia Pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria”.
Al respecto, consideró que “…en dicha norma lejos estuvo el Poder Legislativo de conferir atribuciones al Poder Ejecutivo dentro de una clara y precisa política legislativa en cuanto a la fijación de alícuotas, supresión de exenciones, etc”. Por otra parte, sostuvo que “[l]a emergencia debe amparar intereses útiles a la comunidad, ser razonable y transitoria. En […] el caso que nos ocupa, no sólo la ley utilizada como sustento resulta ambigua y poco clara, sino también que el Poder Ejecutivo ha obrado excediendo las facultades propias que el ordenamiento le impone”.
En otro orden, indicó que “lo que se presenta como conflicto, a nuestra manera de ver insalvable desde la perspectiva constitucional, es que esto se pueda hacer aplicable para las operaciones de exportación en el marco del MERCOSUR”. Sobre este aspecto, refirió que “…las normas dictadas por los organismos supra-estatales tienen […] jerarquía superior a las leyes”. Transcribió el art. 1° del Tratado de Asunción y dedujo que significó que privilegiara ciertos sectores especiales, y que estableciera una política de convergencia arancelaria con miras a eliminar la totalidad de los derechos de importación existente entre los Estados miembros.
Denunció que, a pesar de ello, mediante la Resolución 11/02 ME cuestionada unilateralmente los mismos fueron impuestos.
Insistió en que “[a]ceptar la posibilidad de que se apliquen derechos de exportación entre las operaciones de intercambio entre los países miembros del MERCOSUR, implica desconocer y no aplicar el Acuerdo, lesionándolo en su esencia”.
III. Que, en primer lugar, corresponde precisar que, en el precedente “Whirlpool Puntana S.A. (TF 21.671-A) c/Dirección General de Aduanas”, del 11 de diciembre de 2014 —Fallos, 337:1451—, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que: “12) [q]ue si bien es verdad que el art. 1° del Tratado de Asunción, en cuanto establece el principio de la libre circulación de bienes y servicios entre los países miembros, mediante la eliminación de derechos aduaneros, restricciones no arancelarias o medidas equivalentes, podría dar sustento, aisladamente considerado, a la pretensión de la actora, resulta indudable -de acuerdo con el principio hermenéutico precedentemente recordado- que para establecer la recta comprensión de ese precepto no puede prescindirse de las disposiciones que plasman la voluntad de los estados de establecer un mercado común en forma progresiva, bajo los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio enunciados en el preámbulo del convenio. En efecto, el Tratado fija los objetivos y fines y establece en grandes líneas los instrumentos para llegar a su consecución, más allá de que se ocupa de alguno de ellos en sus anexos, corno el ‘Programa de Liberación Comercial’, al que se refiere el Anexo I”. “13) [q]ue, por lo tanto, aun cuando es indudable que no resulta ajena a un sistema de integración económica la aspiración de que se supriman los derechos de exportación -como una herramienta tendiente a afianzar la libre circulación de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II bienes entre los países miembros- lo cierto es que no puede concluirse que el referido Tratado, según las pautas hermenéuticas señaladas precedentemente, y teniendo en cuenta el modo en que se ha ido dando el proceso de integración en los diversos acuerdos complementarios realizados entre los estados partes, imponga la prohibición de establecer tales derechos, como una exigencia concreta y perentoria”.
De lo expuesto, resulta de toda claridad, que contrariamente a lo sostenido por la parte actora, las prescripciones de la Resolución n° 11/02 del Ministerio de Economía no devienen inaplicables al caso, por resultar violatorias de las obligaciones internacionalmente asumidas por la República Argentina, en oportunidad de suscribir el Tratado de Asunción. En tales condiciones, corresponde rechazar el agravio intentado.
IV. Que, sentado ello, cabe apuntar que, en el precedente “Camaronera Patagónica S.A. c/Ministerio de Economía y otros s/ amparo”, del 15 de abril de 2014 —Fallos, 337:388—, el Alto Tribunal sostuvo:
“6°) Que a efectos de una adecuada solución de la controversia resulta imprescindible remarcar la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación”.
“En efecto, se trata de un tributo cuya definición puede comprenderse en el arto 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas (…)” “7º) Que cabe destacar que en el Código Aduanero 'se recogió la posibilidad de que este tipo de gravámenes sea establecido no sólo con finalidad recaudatoria, es decir, para nutrir el erario público, sino también con el objeto' de cumplir con los demás fines estatales, de manera directa, como útil herramienta de política económica, social o monetaria (arg. arto 755, inc. 20 y sus apartados) (…)”.
“Las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales, pero también se señaló que dicha medida se justificaba en la necesidad de atenuar el efecto de las modificaciones cambiarias sobre los precios internos, especialmente, en lo referente a los productos esenciales de la canasta familiar (…).
“8°) Que la presente controversia hace necesario examinar la compatibilidad de las normas citadas con las que la Constitución Nacional ha fijado para el establecimiento de gravámenes”.
“Nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4° como en los arts. 17 Y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos. Asimismo, este Tribunal ha expresado categóricamente que ‘los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas’ (Fallos: 155:290; 248:482; 303:245; 312:912, entre otros) y, en forma concordante, ha afirmado en reiteradas oportunidades que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones (arg. Fallos: 316:2329; 318:1154; 319:3400; 321:366 y 263; 323:240, entre muchos otros) (…)”.
“9º) Que debe enfatizarse, de manera correlativa, que ese valladar inconmovible que supone el principio de reserva, de ley en materia tributaria tampoco cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el art. 76 de la Constitución. “En efecto, este Tribunal también ha sido contundente al sostener sobre tal punto que ‘no puedan caber dudas en cuanto a que los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo’ (Fallos: 326:4251)”.
“Aun cuando se soslayase lo sostenido en dicho precedente, tampoco resultaría admisible el argumento que subyace en la defensa realizada por el ente fiscal, que consiste en sostener que la ley de emergencia 25.561 -y sus sucesivas prórrogas-, ha otorgado una delegación suficiente al Poder Ejecutivo para que, en el marco de la dolorosa situación de emergencia nacional por la que atravesó el país, tomara una serie de medidas tendientes a terminar con esa situación, entre las cuales estaba la habilitación para que estableciese el tributo aquí cuestionado. En efecto, ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata (…)”. “En efecto, el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados (…)”.
“En el contexto detallado, resulta admisible que el Congreso atribuya al Poder Ejecutivo ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa (…)”.
“Sin embargo, tal como se expuso en el considerando anterior, la resolución cuestionada no se ajusta a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación queda aquí completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo”.
“11) Que todas las razones expuestas conducen indefectiblemente a declarar la invalidez de la resolución 11/02 del - entonces- Ministerio de Economía e Infraestructura (…)”.
“Sin perjuicio de ello, es necesario traer a colación lo dispuesto en otras normas a fin de establecer con qué alcances debe declararse la mencionada invalidez (…)”.
“En consecuencia, no puede sino colegirse que la ley 25.645 al disponer en su art. 3º: ‘[a]pruébase la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994", hace alusión a las normas dictadas hasta la fecha de su entrada en vigencia, hecho que aconteció el 24 de agosto de 2002 (…)”. “Es evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002 (confr. Fallos: 331:1927, voto del juez Maqueda) (…)”.
“En tales condiciones, corresponde señalar que la ley 25.645 carece de eficacia para convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable -como la resolución 11/02 del entonces Ministerio de Economía e Infraestructura-, pero no existe razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia (arg. de Fallos: 321:347, considerando 10)”.
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“Por ello, cabe aclarar que la invalidez de la mencionada resolución 11/02 se circunscribe al período comprendido entre el 5 de marzo de 2002 (fecha en que entró en vigor) hasta el 24 de agosto de 2002, momento a partir del cual rige la ley 25.645, disposición que le otorga a su contenido rango legal”.
V. Que, en el sub examine, las destinaciones, objeto de autos, a saber: PE 03001EC01076712G, PE 03001EC01017352B, PE 03001EC01090710A, PE 03001EC46862J, PE 04001EC01078289S, PE 03001EC01045223W y PE 03001EC01013582C, fueron oficializadas con fechas: 7/11/2003, 17/03/2003, 29/12/2003, 17/07/2003, 23/09/2004, 11/07/2003 y 27/02/2003, respectivamente, es decir, fuera del rango de fechas en donde la Corte Suprema declaró la invalidez de la resolución nº 11/02, por lo cual siendo dichos despachos posteriores al 24/08/2002, fecha en la cual la ley 25.645 le otorgó validez a la resolución nº 11/02, corresponde confirmar –aunque por otros fundamentos– la sentencia del Tribunal a quo, en cuanto confirmó las resoluciones aduaneras nros. 104, 1546, 1449, 1243, 1242, 1244, y 1246, todas del año 2007.
VI. Que en atención al modo al modo en que se resuelve, las costas de esta instancia se imponen a la actora, sustancialmente vencida (art. 68, 1º parte C.P.C.C.N.).
En virtud de todo lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: desestimar el recurso interpuesto por la actora y confirmar la sentencia del TFN de fecha 25/03/2024, en cuanto es materia de agravio, con costas (art. 68, 1º párrafo, del C.P.C.C.N.). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia