Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 23169-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de la parte actora, admitir el del Fisco, confirmar la resolución de fs. 82/85 en lo sustancial que decide y revocarla en lo que respecta a las costas, que se imponen en ambas instancias a la actora vencida (arts. 1163 del CA, y 68, primer párr., del CPCCN).
2Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo del Fisco Nacional de conformidad con lo dispuesto en el considerando 8°.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
10248/2025 “WHIRLPOOL ARGENTINA SA (TF 23169-A) c/ DGA s/RECURSO DI- RECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 22 de mayo de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 82/85, el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) confirmó las resoluciones 2795, 2790, 2794, 2791, 2979, 2793, 3204, 2714, 2711 y 2707, todas de 2007, dictadas en las actuaciones 12043-708-2006, 12043-479-2006, 13289-9434-2004, 12043-98-2006, 12043-476-2006, 12043-1978-2005, 12193-5077-2007, 12043-710-2006, 12043-1977- 2005 y 12043-96-2006, en cuanto habían rechazado las impugnaciones deducidas por la actora y la intimaban a pagar los derechos de exportación correspondientes a los permisos de embarque 03 001 EC01 014345A, 04 001 EC01 028655K, 04 001 EC01 095108H, 03 001 EC01 053003R, 04 001 EC01 010980C, 03 001 EC01 052314V, 03 001 EC01 011738D, 03 001 EC01 014573D, 03 001 EC01 052311S y 03 001 EC01 052315W, liquidados con arreglo a la resolución 11/02 del Ministerio de Economía e Infraestructura; y (ii) distribuyó las costas por su orden.
Para resolver como lo hizo, tuvo en cuenta que todos los permisos de embarque documentaban exportaciones hacia un país miembro del MERCOSUR y habían sido oficializados entre 2003 y 2004, motivo por el cual se liquidaron derechos del 5% con arreglo a la alícuota dispuesta en la referida resolución ministerial 11/02.
Explicó que, por un lado, la actora había basado sus impugnaciones en la incompatibilidad de los derechos de exportación con lo dispuesto en el Tratado de Asunción, aprobado por la ley 23.981; planteo, éste, que ya había sido desestimado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Whirlpool Puntana SA” (Fallos: 337:1451).
Con relación al planteo de invalidez de la resolución MEeI 11/02 por afectación al principio de reserva de ley en materia tributaria, sostuvo que estaba impedido de examinarlo. En este punto, remitió a los fundamentos y conclusiones del acuerdo plenario suscripto el 26/4/22 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
Declaró inoficioso un pronunciamiento sobre el tipo de garantía que correspondía otorgar a la exportadora.
Finalmente, fundó la distribución de las costas en la complejidad de las cuestiones planteadas, y el hecho de que estas se resolvieran con sustento en decisiones posteriores al inicio de esta actuación.
2. Que, a fs. 91/93vta., interpuso y fundó recurso de apelación el Fisco Nacional agraviándose por la distribución de las costas; el cual se concedió a fs. 95 y no fue replicado.
Planteó que la Aduana resultó vencedora en su pretensión y que no concurrían motivos que justificaran eximir del pago de las costas a la contraria.
1 3º) Que, por otra parte, a fs. 99 interpuso apelación la parte actora; que se fundó a fs. 101/118, se concedió a fs. 120 y tampoco fue replicada.
Sostuvo que el derecho de exportación en trato carecía de sustento legal, puesto que el Código Aduanero y la ley 25.561 estaban lejos de conferir atribuciones al Poder Ejecutivo dentro de una clara y precisa política legislativa.
Por otra parte, argumentó que no compartía el criterio adoptado por la Corte federal en el precedente “Whirlpool Puntana SA” dado que, a partir de la firma del Tratado de Asunción, los estados miembros del MERCOSUR se habían comprometido a eliminar gradualmente los derechos aduaneros y cualquier otra medida de efecto equivalente en el comercio recíproco, así como a respetar la supremacía del derecho comunitario. Insistió en que eso era inconciliable con el dictado de normas como la resolución 11/02, mediante las cuales un estado miembro incrementaba tributos aplicables a las operaciones intra-bloque. Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su interpretación.
4. Que, el 13/5/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Sala, la admisibilidad formal de los recursos y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que el agravio referido a la inconstitucionalidad del derecho de exportación por afectación del principio de reserva de ley en materia tributaria debe resolverse con arreglo a lo decidido por la Corte en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388). Teniendo en cuenta que el período de invalidez de la resolución MEeI 11/02 determinado en aquel precedente se extendió hasta el 24/8/02, y que todos los permisos de embarque involucrados en esta actuación han sido oficalizados entre 2003 y 2004, es claro que la impugnación no puede prosperar por ese fundamento.
6. Que la cuestión relativa a la compatibilidad de los derechos de exportación establecidos por la resolución 11/02 con las disposiciones del Tratado de Asunción, ha quedado definitivamente resuelta por la Corte federal en el citado precedente “Whirlpool Puntana SA” (Fallos: 337:1451); a cuyas consideraciones compete remitir por razones de celeridad y economía procesal, que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (Fallos: 342:2344 y 344:3156).
Así lo entendió esta Sala, entre otras, en las causas 6764/15 “Procesadora de Boratos SA”, sentencia del 30/6/15; 39315/11 “SA La Hispano Curtiembre y Charol”, sentencia del 1/12/15; y 49509/15 “Procesadora de Boratos Argentinos SA”, sentencia del 6/4/17.
7. Que, en cuanto a las costas, corresponde remitir a lo resuelto en otros casos análogos, en los que la parte actora también resultó vencida en su pretensión y se interpretó que, dada la fecha de los pronunciamientos de la Corte que daban sutento a la decisión apelada, no se advertían circunstancias con entidad para justificar la dispensa de pago (cfr. esta Sala, causas 62336/18 “JBS Argentina SA”, sent. del 20/9/18; 3424/20 “Sancor Cul”, sent. del 5/3/20, y sus citas).
8. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. escrito del 15/4/25).
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Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 11/4/25, punto V, segundo párrafo); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso de la parte actora, admitir el del Fisco, confirmar la resolución de fs. 82/85 en lo sustancial que decide y revocarla en lo que respecta a las costas, que se imponen en ambas instancias a la actora vencida (arts. 1163 del CA, y 68, primer párr., del CPCCN).
2. Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo del Fisco Nacional de conformidad con lo dispuesto en el considerando 8°.
Regístrese, notifíquese y siga la causacon el DEOX enviado el 14/5/25.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia