Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 36125-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la sentencia de fs. 132/135. Con costas.
2A fin de resolver los recursos de apelación interpuestos contra la regulación de honorarios del 6/05/2025, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación de honorarios.
Por lo cual, el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 ––y su modificatoria ley 24.432––, o que hubieran tenido principio de ejecución (conf. CSJN in re “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.I”, sentencia del 04/09/18; en especial considerando 3° del voto mayoritario). Según esta doctrina judicial a los fines de regular honorarios resulta de aplicación el arancel que se encontraba vigente en el momento en que efectivamente se practicó la tarea profesional en cada etapa (cfr. esta Sala expte nro. 17647/2010/CA1–CA2, in re “Charadia Oscar y otros c/EN–M Defensa–FAA–Dto 1104/05 751/09 s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, del 25/08/2023).
En el caso, le asiste razón al letrado patrocinante de la parte actora en cuanto a que el alegato de Wintershall Energía SA fue presentado durante la vigencia de la ley 27.423, por remontarse …
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
37579/2025 WINTERSHALL ENERGIA SA (TF 36125-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 14 de abril de 2026.- SH
El recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional (ARCA-DGA) a fs. 166, contra la sentencia de fs. 132/135, fundado por la expresión de agravios de fs. 168/173, cuyo traslado fuera replicado por la parte actora a fs. 176/188.
Asimismo, los recursos de apelación interpuestos y fundados a fs. 150/156 y fs. 157, contra la regulación de honorarios de fs. 143/144. Y,
I.-Sumario de los hechos que dieron origen al caso Que la firma WINTERSHALL ENERGIA SA, el 18/06/2010, documentó la exportación de gas licuado de petróleo comercial (LPG), clasificada por la posición arancelaria 2711.19.10.990H bajo el régimen de precios revisables previsto en la resolución 2780/92, mediante el PE 10 049 ES02 000024Z, declarando un valor FOB unitario de U$S 554,67. La declaración de precio definitiva fue documentada el 16/07/2010 mediante el PE 10 049 ES08 000018J, con destino a Chile, por un valor FOB unitario en U$S 553,98, conforme la fórmula de determinación del precio convenido con la compradora extranjera (ENAP) en el contrato de compraventa y las cotizaciones internacionales (cfr. sobre contenedor de folios 16 de las actuaciones administrativas).
En el año 2014, la División Minería y Combustible del Departamento de Gestión y Fiscalización de Exportación advirtió que “la diferencia del precio unitario entre el normal butano y el isobutano resultan de alrededor de U$S10 por galón, siendo superior el isómero en el orden de un (+8%)…”. Asimismo, expuso “conforme las facturas comerciales, en la conformación del valor del butano exportado, que si bien tiene en su composición isobutano, las firmas exportadoras solamente tomaron en cuenta el valor del normal butano, aplicando su valor unitario a la totalidad de la partida, no teniendo en cuenta el valor del isobutano exportado, resultando de esta manera un valor inferior al que corresponde…” (fo. 3 de las act. adm.). Por todo lo cual concluyó que correspondía ajustar el valor declarado y formuló el cargo nro. 25/2014, por la suma de U$S 9.352,44. El cargo fue impugnado por la exportadora de conformidad con lo previsto en el art. 1053, inciso a) del CA, dando origen a la actuación SIGEA 12758-37-2014/1 (cfr. fs. 19 de las act. adm.).
El procedimiento de impugnación concluyó con la resolución (DI FIEX) 10/2015, por la que el director de la Dirección Fiscalización de Exportación de la Ciudad de Rosario confirmó el cargo 25/14 e intimó a la empresa a abonar la diferencia de U$S 9.352,44 en concepto de derechos de exportación (cfr. fo. 35/41 de las act. adm.).
Contra dicha resolución la firma WINTERSHALL ENERGIA SA interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 1132, inciso a) del CA, en el que, entre otros argumentos. opuso la falta de fundamentación de los ajustes. Recalcó que el servicio aduanero no agregó antecedente alguno que justifique su proceder, limitándose a cuestionar la fórmula de determinación de precio concertada entre partes privadas (e independientes) e incluyó una cotización internacional de un sub-producto (cfr. fs. 14/24).
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación.
Que, por la sentencia del 31 de marzo de 2025, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución aduanera, imponiendo las costas a la Aduana vencida.
Para así decidir, luego de reseñar las normas que rigen la valoración en exportación en el código de la materia (arts. 735, 742, 745, 747 y cc. del CA), consideró que el servicio aduanero practicó un ajuste de valor basado en cálculos que no encuadran en los métodos alternativos previstos en el Código Aduanero.
En especial, ponderó que la mercadería LPG, consiste en una mezcla de “propano comercial”, “butano comercial” y que el “isobutano” es un subproducto de este último, surgiendo de los reportes cromatográficos que la mezcla exportada contiene 57,16% de propano comercial y 42,74% de butano comercial, distribuido en 23,299% de normal butano y 19,537% de isobutano.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
37579/2025 WINTERSHALL ENERGIA SA (TF 36125-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Puso de relieve que la Aduana formuló el cargo e incrementó la base imponible declarada sobre la base de la cotización internacional del subproducto isobutano.
A lo antedicho agregó que el valor FOB declarado en la destinación final PE 10 049 EC08 000018J, coincide con el valor de las facturas 005-00000001 y 0005-00000002, que fuera determinado de acuerdo a las fórmulas pactadas en los arts. 10 y 24 del “Acuerdo de Compraventa de Propano y Butano” sobre la base de las publicaciones acompañadas por la actora.
Por todo lo cual, el sentenciante consideró que el acto administrativo impugnado se halla viciado en el elemento causa, toda vez que para descartar el valor declarado el informe técnico 327/2014 (DV MICO) no resulta suficiente para sustentar la decisión aduanera, en la medida en que no determina de un modo técnicamente válido cuál es el valor real de mercado del gas licuado de petróleo, lo cual impide evaluar si efectivamente el precio de transacción del contrato celebrado por la actora es bajo.
Que el Fisco Nacional, exAFIP-DGA, en sustento de su recurso se agravia de lo así resuelto, alegando que la sentencia contiene errores en la apreciación de los hechos.
Refiere que “el sentenciante entiende que lo informado por la Secretaría de Energía debía primar sobre lo investigado por el servicio aduanero en virtud del principio de unidad”. Sostiene que tal afirmación no se ajusta a lo dispuesto en las normas vigentes toda vez que la valoración de las mercaderías es una función indelegable del servicio aduanero. Abunda acerca de las competencias que le fueron atribuidas a la DGA en el decreto 618/97. En seguida, describe el sistema de valoración que rige para las exportaciones en el Código Aduanero.
Solicita que se revoque la sentencia, se confirme la resolución aduanera y la pretensión tributaria, con costas la actora.
IV. La contestación de la firma exportadora Que la parte actora, en primer lugar, solicita que se declare desierto el recurso interpuesto por la demandada, desde que en su escrito solo incluye reflexiones genéricas en torno a las normas que regulan las facultades de la Aduana y consideraciones genéricas que no guardan la más mínima relación con el tema que se disputa.
En subsidio, contesta los agravios, refutando la alegada arbitrariedad de la sentencia, destacando que el sentenciante ha apreciado correctamente la prueba y los hechos.
Entre otros argumentos, manifiesta que, tal como lo entendió el sentenciante, “el ajuste practicado por la aduana no se fundó en métodos previstos en el Código Aduanero, en tanto la desestimación del precio de LPG como base de tributación, no puede estar fundada en la falta de inclusión de la cotización internacional de uno de los subproductos que componen la mezcla.”
Solicita que se confirme la sentencia apelada, con costas.
V. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho. Supuesto de excepción. Arbitrariedad.
Que, para comenzar, es adecuado recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (cfr. CSJN, Fallos: 300:985 y esta Sala, in re “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/06; “Baxter Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/2020; expte. nro. 71743/2022 in re “Eastman Chemical Argentina -TF 35552-A c/ DGA”, del 6/08/2024, entre otras).
Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 37579/2025 WINTERSHALL ENERGIA SA (TF 36125-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in re “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/16; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/18; “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/19; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/21; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/22 y “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/22; más recientemente, expte. nro. 324/2024 “Luis A Ducret y Cía SA y otro (TF 32415-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3/09/2024).
En el caso, tal como será desarrollado en seguida, bien se advierte que el análisis y apreciación de las referidas cuestiones por parte del Tribunal Fiscal no justifica el apartamiento del principio general que informa la materia, puesto que no se advierte arbitrariedad o error que autorice a revertir su valoración.
VI. Las normas de valoración en exportación y el procedimiento de ajuste.
Que a los efectos de la valoración de mercaderías en aduana en materia de exportación, el artículo 735 del Código Aduanero establece que, para la aplicación del derecho de exportación ad valorem, el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo es el valor FOB, FOT o FOR dependiendo del medio de transporte que se utilice, entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro, en el momento en que determinan los artículos 726, 727 ó 729 en cada supuesto, como consecuencia de una venta al contado.
El valor imponible se determina tomando en consideración el nivel comercial que correspondiere a la transacción que da lugar a la exportación, sobre la base de operaciones de comercio usuales (art. 741). Además, se determina en base a un precio al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportare (art. 745), como consecuencia de una venta efectuada entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro (arts. 735 y 742).
La facultad de la Aduana para observar y ajustar el valor documentado surge del artículo 747 del Código Aduanero, que dispone que se aceptará el precio pagado o por pagar, “si el exportador demostrare que dicho precio no difiere sustancialmente de alguno de los valores corrientes y resultantes de tomar en consideración el artículo 748, incisos a), b) o c)”. No obstante, “si el servicio aduanero dispusiere igualmente de antecedentes, tomando en consideración los mismos criterios, que difieren notoriamente del precio pagado o por pagar, podrá exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable” (énfasis añadido). Es decir que las facultades de desestimación del valor imponible documentado en una destinación de exportación, se dan en los supuestos de vinculación (art. 746) y, en un campo más amplio, siempre que el precio documentado presente ostensibles diferencias con el precio comparable, resultante de los métodos previstos en el artículo 748 del código.
En lo que respecta a la carga de la prueba en el procedimiento de ajuste de valor, quien afirma el hecho que origina el conflicto es el servicio aduanero, y es quien deberá probar la veracidad de su cuestionamiento, y de lograrlo transferirá al exportador -en este caso- la carga de demostrar la legitimidad de su declaración. Así, hasta tanto la aduana no produzca la prueba eficiente respecto de la necesidad de un ajuste del valor declarado, ninguna carga pesa sobre el particular (cfr. Sala II in re “Naiman Sara Inés (TF 22876-A) c/ DGA”, expte. Nº 21.800/2012, del 3/07/2012, y sus citas, y Sala IV in re “Macnet SA (TF 14723-A) c/ DGA” del 13/09/05). En efecto, es la aduana quien para apartarse de la base de valoración prevista por la ley debe fundamentar y justificar por qué está rechazando el precio declarado (cfr. esta Sala expte. nro. 27553/2012 “Expofrut (TF 24862-A) C/DGA”, del 27/03/2012).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
37579/2025 WINTERSHALL ENERGIA SA (TF 36125-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Cabe admitir, entonces, que, así como la Aduana no está obligada a aceptar precios de transacción declarados que no se ajusten a los requisitos de la norma de valoración que se desarrolla en los artículos 735 y siguientes del Código Aduanero, tampoco se encuentra facultada para fijar otros que adolezcan de similares vicios (cfr. Sala IV, expte. nro. 39375/2025, in re “Wintershall Energía SA (TF 36184-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/03/2026).
En tal sentido, el Dr. Lopez Castiñeira comparte el criterio según el cual la carga de acreditar la veracidad del cuestionamiento del valor declarado corresponde al servicio aduanero (cfr. Sala II, expte. nro. 21264/2024, in re “Barano 2008 SA (TF 36165-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 26/12/2025).
VII. Solución del caso Que, en la especie, ha de advertirse que el Tribunal Fiscal de la Nación ha ponderado adecuadamente los hechos y el derecho aplicable al caso, toda vez que, a la luz de las normas que rigen la valoración de las mercaderías en la exportación, consideró que el valor FOB declarado en el EC08 había sido coincidente con las facturas comerciales, a la vez que estimó que la cotización internacional de un subproducto (el isometano) no figuraba en la determinación de precio pactado entre las partes, de acuerdo con el contrato de compraventa agregado a la carpeta original del permiso de embarque.
En tal sentido, en la sentencia fue puesto de relieve que el cargo impugnado en esta actuación no se ajustó a ninguna de las metodologías de ajuste previstas por el citado artículo 748 del Código Aduanero, ni siguió el procedimiento de publicación y citación previsto por la resolución general AFIP 620/99 (cfr. Considerando V, último párrafo, fs. 134).
En particular, si bien el servicio aduanero pretendió aplicar la cotización internacional (consecuente con el inciso b, del artículo 748), lo hizo sobre un componente de la mezcla (isobutano) y no sobre la mercadería objeto de la transacción (GLP), desnaturalizando así lo que prescribe la legislación aduanera en orden a tomar en cuenta las modalidades inherentes a la exportación.
La Aduana tampoco acreditó fehacientemente haber satisfecho el requisito exigido por el artículo 747 del Código Aduanero para descartar el precio de transacción, que lo obliga a constatar que los valores declarados difirieran notoriamente de los corrientes, surgiendo de las actuaciones administrativas que la diferencia del precio unitario entre el normal butano y el isobutano -que dio origen a la controversia- es de tan sólo +8% por galón (ver Informe DV MICO 327/2014, folios 2/3 act.
SIGEA 12758-37-2014).
A su vez, tampoco surge de las actuaciones que el servicio aduanero haya evaluado los elementos aportados por la actora, especialmente el “acuerdo de compraventa” (fo. 16 de las act. adm. 12758- 37-2014), donde se definió la fórmula de precio pactada entre partes independientes sin incluir al isobutano como variable de ajuste. Además, el tribunal de origen aludió a otros elementos de prueba que pusieron en evidencia la arbitrariedad del ajuste practicado y no merecieron consideración alguna del recurrente.
En efecto, la demandada no ha hecho referencia a las concretas circunstancias examinadas por el organismo especializado, razón por la que correspondería, inclusive, considerar su recurso pasible de la consecuencia prevista en el art. 266 del Código Procesal, de aplicación supletoria al caso (cfme. art. 1174 CA).
Obsérvese, sólo a modo de ejemplo, que la ARCA – DGA en su expresión de agravios, entre otras cuestiones ajenas a la causa, refiere al indicador Henry Hub y a exportaciones realizadas a Estados Unidos de Norteamérica, cuando la exportación que se examina en el caso estaba destinada a Chile y su precio había sido definido mediante una fórmula establecida en el contrato de compraventa.
IX. Precedente análogo Teniendo en consideración todo lo expuesto, resulta conveniente destacar que la presente cuestión ya ha sido examinada por la Sala IV del fuero, al dictar sentencia el 17 de marzo de 2026, en la causa CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 37579/2025 WINTERSHALL ENERGIA SA (TF 36125-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO “Wintershall Energía SA (TF 36184-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/03/2026 (expte. nro. 39375/2025), en la que también fue revocada la exigencia tributaria consecuencia de un ajuste de valor declarado improcedente, por similares razones a las que fueran aquí revisadas.
X. Costas Que, en punto a las costas correspondientes a esta instancia, no se advierten razones para apartarse del principio objetivo de la derrota sentado en el art. 68 CPCC, por lo que las mismas deben ser impuestas al Fisco Nacional, en tanto ha resultado vencido.
En virtud de todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la sentencia de fs. 132/135. Con costas.
2. A fin de resolver los recursos de apelación interpuestos contra la regulación de honorarios del 6/05/2025, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación de honorarios.
Por lo cual, el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 ––y su modificatoria ley 24.432––, o que hubieran tenido principio de ejecución (conf. CSJN in re “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.I”, sentencia del 04/09/18; en especial considerando 3° del voto mayoritario). Según esta doctrina judicial a los fines de regular honorarios resulta de aplicación el arancel que se encontraba vigente en el momento en que efectivamente se practicó la tarea profesional en cada etapa (cfr. esta Sala expte nro. 17647/2010/CA1–CA2, in re “Charadia Oscar y otros c/EN–M Defensa–FAA–Dto 1104/05 751/09 s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, del 25/08/2023).
En el caso, le asiste razón al letrado patrocinante de la parte actora en cuanto a que el alegato de Wintershall Energía SA fue presentado durante la vigencia de la ley 27.423, por remontarse al 17/03/2025 (cfr. fs. 124/125).
Por ello, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto (cfr. formulario F.4), así como la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada durante las primeras dos etapas cumplidas ante el Tribunal Fiscal de la Nación, SE FIJAN los honorarios del Dr. Juan Patricio Cotter, por su actuación como letrado patrocinante de la firma exportadora, en la suma de $ 4.400.000 (cfme. arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores, según ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
Con relación a la tercera etapa, teniendo en consideración el monto del asunto, el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada, la complejidad de la cuestión planteada y el resultado obtenido, SE ESTABLECEN los emolumentos del Dr. Juan Patricio Cotter en 63 UMA, que según la resolución CSJN 538/2026, equivalen al momento del dictado de la presente a $5.826.366 (cfme. art. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, y cc. de ley 27.423, resolución CSJN 538/2026).
Sobre la base de considerar las mismas pautas, SE CONFIRMAN los honorarios de la Dra. Ana Watson, quien intervino como letrada apoderada, toda vez que sólo se encuentran apelados por altos (cfr. fs. 150/150/155 y fs. 157).
En cuanto a las tareas de alzada, ponderando la calidad, eficacia y el resultado del recurso, por la labor desempeñada en la contestación del recurso interpuesto por el Fisco Nacional (cfr. fs.176/178) SE REGULAN los honorarios de la Dra. Ana Watson y del Dr. Juan Patricio Cotter, en las respectivas sumas de 2,53UMA y 33,27UMA, que según la resolución CSJN 538/2026, equivalen al momento del dictado de la presente a $233.979,46 y $3.070.402,40 (cfr. art. 30 de la ley 27.423, resolución CSJN 538/2026).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite -en la instancia anterior- su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 37579/2025 WINTERSHALL ENERGIA SA (TF 36125-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. José Luis Lopez Castiñeira; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/26 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA
Fin de la sentencia