Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 36184-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2Modificar la regulación de honorarios practicada y fijar los correspondientes a la actuación ante la Cámara del modo en que surge del considerando 7°.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
39375/2025 WINTERSHALL ENERGIA SA (TF 36184-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 17 de marzo de 2026.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs.109/112, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución DI FIEX 21/15, dictada en la actuación SIGEA 16598-52-2014, y dejó sin efecto el cargo 7/14, formulado por la suma de USD 4.694,62 en concepto de diferencias de derechos de exportación con relación a la operación documentada mediante los permisos de embarque 10049EC08000021D Y 10049ES02000026S.
Impuso las costas al Fisco Nacional.
Para resolver de ese modo, precisó que la firma había documentado la exportación de gas licuado de petróleo (GLP) mediante el régimen de precios revisables, bajo la posición arancelaria 2711.19.10.900H, y declarando valores FOB unitarios de USD 552,42 (ES02) y USD 556,42 (EC08). Indicó que el servicio aduanero, con sustento en el informe técnico DV MICO 118/14, ajustó la base imponible tras advertir, mediante reportes cromatográficos, que la mezcla contenía un 19,463% de isobutano. La Aduana observó que, conforme las facturas comerciales, la exportadora omitió valorar dicho componente (pues solo tomó en cuenta el valor del normal butano), por lo que incorporó la diferencia de valor sobre la totalidad de la partida, tomando en consideración la cotización internacional del isobutano.
El tribunal administrativo reseñó que el valor en aduana de exportación se rige por una noción teórica de precio (artículos 735, 742 y 745 del CA), y recordó que, según el artículo 747 del citado cuerpo legal, la Aduana solo puede apartarse del valor de transacción si dispone de antecedentes que difieran notoriamente de lo declarado, recayendo sobre el organismo la carga de probar la necesidad del ajuste. En ese marco, juzgó incumplidos ciertos requisitos esenciales para la validez del ajuste. Por un lado, observó que no obraban constancias del procedimiento previsto en la resolución general AFIP 620/99, que exige publicar los ajustes en el boletín oficial para permitir que el exportador justifique sus precios antes de la formulación de los cargos. Aclaró que, aunque no constaba que se hubiesen efectuado los requerimientos reglamentarios, se contaba con las explicaciones brindadas por la empresa al presentar su impugnación, y otros elementos de prueba producidos en la instancia jurisdiccional relativos a la exportación de GLP por empresas que, como la aquí actora, conformaban el Consorcio Cuenca Marina Austral I.
Por otro lado, advirtió que la Aduana no demostró que los precios documentados difiriesen notoriamente de los valores corrientes, ni aportó antecedentes comparables contemporáneos, ya que los utilizados, además de no obrar agregados, correspondían a un periodo distinto (2006-2009) al de la operación de autos (2010). Agregó que el ajuste tampoco se fundaba en una metodología prevista por el artículo 748 del Código Aduanero, toda vez que no tomó en cuenta el valor real de mercado del GLP sino que utilizó la cotización internacional de un subproducto (isobutano) que no figuraba en la fórmula de determinación de precio pactada entre las partes, de acuerdo con el acuerdo de compraventa agregado en la carpeta original del permiso de embarque. Asimismo, destacó que el valor FOB total declarado en el EC08 había sido coincidente con el de las facturas comerciales.
Por todo lo expuesto, concluyó que el ajuste carecía de causa y que el precio pactado constituía la base idónea de valoración.
2. Que, disconforme, a fs. 143/vta. interpuso apelación el Fisco Nacional; que se concedió a fs. 145, se fundó a fs. 148/153 y fue replicada a fs. 157/168vta. En lo sustancial, sostuvo que la decisión apelada resultaba arbitraria por no constituir una derivación razonada de los hechos de la causa ni una adecuada aplicación de la normativa vigente.
Alegó que el ajuste fue practicado por el área técnica competente del servicio aduanero, en estricto cumplimiento de las facultades que le otorgan el decreto 618/97 y los artículos 734 a 750 del Código Aduanero para determinar la base imponible de las mercaderías.
Cuestionó que se hubiesen ignorado los informes técnicos obrantes en las actuaciones administrativas, de los cuales surge que la mercadería —mezcla de GLP — contenía un 19,463% de isobutano. Insistió en que la firma omitió incluir el valor de dicho componente en la conformación del precio FOB, consignando únicamente el valor unitario del normal butano, lo que derivó en una base de valoración inferior a la que correspondía según la realidad de la operación. Destacó que el isobutano contaba con una cotización internacional, circunstancia que habilitaba al Fisco a apartarse del precio de transacción por no constituir una base idónea de valoración, bajo los términos de los artículos 745 y 748 del Código Aduanero.
Sostuvo, asimismo, que la operación se encontraba sujeta al régimen de precios revisables de la resolución AFIP 2780/92, lo que permite una fiscalización ex post del valor documentado y faculta al organismo a recomponer la base imponible si detecta la ausencia de elementos esenciales. Por último, afirmó que el cuestionamiento al encuadre legal del ajuste practicado denotaba un exceso de rigorismo formal, y un desconocimiento de los fundamentos técnicos tenidos en cuenta por el valorador.
3. Que, a fs. 118/119, se regularon los honorarios de la representación letrada de la parte actora; los que fueron apelados por altos a fs. 126 y por bajos a fs. 127/130. Ambos recursos se concedieron a fs. 132.
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39375/2025 WINTERSHALL ENERGIA SA (TF 36184-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 4°) Que, a los efectos de la valoración de mercaderías en aduana en materia de exportación, el artículo 735 del Código Aduanero establece que, para la aplicación del derecho de exportación ad valorem, el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo es el valor FOB, FOT o FOR dependiendo del medio de transporte que se utilice, entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro, en el momento en que determinan los artículos 726, 727 ó 729 en cada supuesto, como consecuencia de una venta al contado. El valor imponible se determina tomando en consideración el nivel comercial que correspondiere a la transacción que da lugar a la exportación, sobre la base de operaciones de comercio usuales (art. 741). Además, se determina en base a un precio al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportare (art. 745), como consecuencia de una venta efectuada entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro (arts. 735 y 742).
La facultad de la Aduana para observar y ajustar el valor documentado surge del artículo 747 del Código Aduanero, que dispone que se aceptará el precio pagado o por pagar, “si el exportador demostrare que dicho precio no difiere sustancialmente de alguno de los valores corrientes y resultantes de tomar en consideración el artículo 748, incisos a), b) o c)”. No obstante, “si el servicio aduanero dispusiere igualmente de antecedentes, tomando en consideración los mismos criterios, que difieren notoriamente del precio pagado o por pagar, podrá exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable” (énfasis añadido).
Es decir que las facultades de desestimación del valor imponible documentado en una destinación de exportación, se dan en los supuestos de vinculación (art. 746) y, en un campo más amplio, siempre que el precio documentado presente ostensibles diferencias con el precio comparable, resultante de los métodos previstos en el artículo 748 del código.
Resta aclarar que, en el procedimiento de ajuste de valor, el que afirma el hecho que origina el conflicto es el servicio aduanero; quien, por lo tanto, debe probar la veracidad de su cuestionamiento y, sólo en caso de lograrlo, transfiere al importador o exportador la obligación de demostrar la legitimidad de su declaración. Es decir que, mientras aquél no produzca prueba eficiente respecto de la necesidad de un ajuste, ninguna carga pesa sobre el particular (doctr. esta Sala, causa “Macnet SA (TF 14723-A) c/ DGA”, sent. del 13/9/05, entre otras). Cabe admitir, entonces, que, así como la Aduana no está obligada a aceptar precios de transacción declarados que no se ajusten a los requisitos de la norma de valoración que se desarrolla en los artículos 735 y siguientes del Código Aduanero, tampoco se encuentra facultada para fijar otros que adolezcan de similares vicios.
5. Que el Tribunal Fiscal de la Nación cuestionó acertadamente que el cargo impugnado en esta actuación no se ajustó a ninguna de las metodologías de ajuste previstas por el citado artículo 748 del Código Aduanero, ni siguió el procedimiento de publicación y citación previsto por la resolución general AFIP 620/99. En particular, si bien el servicio aduanero pretendió aplicar la cotización internacional (consecuente con el inciso b, del artículo 748), lo hizo sobre un componente de la mezcla (isobutano) y no sobre la mercadería objeto de la transacción (GLP), desnaturalizando así lo que prescribe la legislación aduanera en orden a tomar en cuenta las modalidades inherentes a la exportación.
La Aduana tampoco acreditó fehacientemente que los valores declarados difirieran notoriamente de los corrientes, requisito exigido por el artículo 747 del Código Aduanero para descartar el precio de transacción. Al respecto, el propio Fisco admitió en su memorial que la diferencia detectada fue de tan solo un +8% por galón (v. fs. 151vta.); debiéndose destacar que, en precedentes análogos, este Tribunal ha considerado que discrepancias inferiores al 25% resultan insuficientes, como principio, para descartar el precio pactado, al no representar una diferencia ostensible frente a los valores de comparación (cfr. esta sala, causa 18717/24 “Ledesma SAAI (TF 34008-A) c/ DGA”, sent. del 24/04/25).
A su vez, no surge de las actuaciones que el servicio aduanero haya evaluado seriamente los elementos aportados por la actora, especialmente el “acuerdo de compraventa” (fs. 16 de las act. adm. 12758-41-2014), donde se definió la fórmula de precio pactada entre partes independientes sin incluir al isobutano como variable de ajuste. Además, el tribunal de origen aludió a otros elementos de prueba que pusieron en evidencia la arbitrariedad del ajuste practicado y no merecieron consideración alguna del recurrente.
6. Que, en ese marco, conviene recordar que las conclusiones sobre los hechos probados se encuentran, en principio, marginadas del examen que compete a esta Cámara, atento a la limitación prevista en el artículo 1180, apartado b, del Código Aduanero.
Ello es así salvo que, del ejercicio por parte del Tribunal Fiscal de la Nación de su facultad para apreciar las cuestiones fácticas, surja arbitrariedad o error de magnitud suficiente que justifique apartarse de dicho principio (cfr. Fallos 300:985; Sala I, causa “Scioli”, sent. del 14/12/93; Sala III, causa “Schmid, Walter Edmundo”, sent. del 26/10/84; Sala V, causas “Aspitarte y Cía S.A.”, sent. del 14/8/95;
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39375/2025 WINTERSHALL ENERGIA SA (TF 36184-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO “Seysu S.R.L.”, sent. del 25/3/96; “Zeneca S.A.”, sent. del 26/8/98; y “DGA (Procter & Gamble Soc. Col TF 19609-A)”, sent. del 21/9/06, entre otras).
Toda vez que tales extremos no fueron alegados ni demostrados por el recurrente, no cabe apartarse de la valoración de los hechos y pruebas realizada en la instancia anterior (en igual sentido, esta Sala, causa 56586/15 “Patagonian Fruits Trade SA c/ DGA”, sent. del 28/4/16).
Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 109/112; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
7. Que resta tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios.
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, el monto discutido en el juicio, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por Juan Patricio Cotter, por su actuación en carácter de patrocinante durante las dos primeras etapas del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde ELEVAR los emolumentos fijados a su favor a la suma de $2.183.658 (arts. 6º, 7º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432). A su vez, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el monto del asunto; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por el citado profesional durante la tercera etapa, corresponde ELEVAR sus honorarios a la suma de $ 2.840.050 – equivalentes a 31,6 UMA– (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol. CSJN SGA 235/26).
Siguiendo idénticas pautas, corresponde CONFIRMAR -toda vez que sólo fueron apelados por altos- los honorarios regulados a Ana Watson por su actuación en carácter de apoderada de la actora durante las tres etapas del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios de Juan Patricio Cotter y Ana Watson por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios de fs.157/168vta.) en las respectivas sumas de $1.500.912,5 y $114.141,25 – equivalentes a la cantidad de 16,7 y 1,27 UMA, respectivamente–.
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su caso– deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo. Además, deberán cancelarse –en lo pertinente– de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2. Modificar la regulación de honorarios practicada y fijar los correspondientes a la actuación ante la Cámara del modo en que surge del considerando 7°.
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 14/11/25.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia