Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2021-119790295-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la firma WOODY TOYS S.A. y, en consecuencia, revocar la Resolución DEPRLA N° 546/2019 dictada en la actuación administrativa SIGEA N° 13810-127- 2011, en cuanto formuló cargo tributario contra la actora respecto de la destinación de importación N° 10001IC4242491K. Con costas al Fisco vencido (art. 1163 del C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-43349818-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 29 de Abril de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Dr. Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación, y con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos: “WOODY TOYS S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, EX-2021-119790295- - APN-SGASAD#TFN El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. El día 09/12/2021, WOODY TOYS S.A., a través de su apoderado y mediante presentación IF-2021- 119790275-APN-DTD#JGM, interpone recurso de apelación contra la Resolución DEPRLA N° 546 de fecha 07/02/2019, dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la DGA en el expediente SIGEA N° 13810-127-2011, mediante la cual se absolvió a la firma importadora y al Despachante de Aduanas Atilio Claudio Silva respecto de la infracción prevista en el art. 954, inc. a), del Código Aduanero, en los términos del art. 1112 del citado cuerpo legal, y, por otro lado, se formuló cargo a la actora por la suma de U$S 6.009,37 en concepto de tributos y $ 5.130,18 en concepto de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, con más los intereses previstos en el art. 794 y concordantes del C.A. Refiere que la resolución le fue notificada el 18/11/2021.
Señala que el cargo que origina la causa, se fundamenta en la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954 inciso a) del C.A., y en virtud que el certificado de origen acompañado a la destinación en trato no sería aplicable pues no contenía el domicilio, teléfono y fax del exportador, ni la aclaración y sello de quien certificó el origen.
Plantea la falta de causa de la resolución recurrida que absolvió a la importadora de la multa prevista en el art. 954 inc. a) del C.A., y sostiene que sin fundamentos, pretende el servicio aduanero cobrar tributos que corresponderían a derechos extrazona. Agrega que el acto recurrido posee diversos vicios que afectan su viabilidad, tales como los elementos “motivación“ y “causa”, en los términos del art. 7° dela Ley 19.549, lo que determina su nulidad.
Remite a los considerandos del fallo aduanero, entre los que se menciona “…que no se encuentran reunidos todos los extremos como para arribar con toda certeza a un fallo de carácter condenatorio .... la inconsistencia de la denuncia, determina un razonable estado de duda.”
Alega que es en los considerandos de la propia resolución aduanera donde se admite que no hay plena convicción sobre la inaplicabilidad del certificado de origen presentado por la apelante en la destinación cuestionada, por lo que la pretensión de cobrar tributos resulta absurda.
Remarca a su vez que, tal y como se desprende las propias actuaciones administrativas, el canal de selectividad asignado a la destinación fue rojo, por lo cual se verificó tanto la mercadería como la documentación y agrega, que el verificador textualmente indicó “rojo conforme”, respecto de la destinación en análisis, con lo cual deduce que se consideró aplicable el certificado de origen a la destinación cuestionada y que el origen de la mercadería era inequívocamente chino.
Insiste en que del sumario aduanero se deduce, que el certificado de origen fue emitido por una Cámara de Comercio de China; tiene visado consular de China; la propia mercadería dice que proviene de China, corolario de lo expuesto manifiesta que la descripción de la mercadería del certificado de origen es congruente con la que contiene la factura comercial, por lo cual acusa que resulta arbitrario que se intente aplicar sobre la recurrente, tributos como si se tratara de derechos extrazona.
Refiere que varios fallos judiciales se pronunciaron en el sentido de admitir la recepción de los certificados de origen, cuando existiera algún defecto formal, siempre que resultara indubitable el origen. Cita jurisprudencia. Alude a los convenios internacionales de integración de mercados comerciales y subraya que, casi por definición los Estados Parte acuerdan la disminución o directamente la eliminación de los aranceles que gravan la circulación de mercaderías y que en ese sentido la Organización Mundial de Comercio (OMC) no es la excepción a ese principio ya que tiene por fin el incentivo a la apertura económica y la aceleración de los procesos de integración.
Deduce que las normas que reglamentan los requisitos que debe contener en su presentación el certificado de origen que describen las mercaderías que circulan en las fronteras de los países miembros, no deben alterar los principio que los Estados Parte tuvieron en mira al celebrar el acuerdo.
Ofrece prueba y solicita que se revoque la Resolución DEPRLA N° 546 emitida el día 7 de febrero de 2019, en las actuaciones N° 13810-127-2011 y que le fuera notificada el día 18 de noviembre de 2021, con costas.
II. Con fecha 28/03/2022, con su presentación IF-2022-29096742-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el recurso de apelación y acompaña las actuaciones administrativas N° 13810-127-2011, correspondientes a estos autos.
Cumpliendo el imperativo procesal, la Aduana niega todas y cada una de las afirmaciones, hechos, derecho, documentación y copias que contiene el escrito en traslado, que no sean objeto de su expreso reconocimiento. En relación a los hechos de la causa señala que de lo que se trata en el presente caso es que a partir de una denuncia e informe Técnico (que lucen agregados a fs. 1/2 del sumario aduanero) de la División Expost de Importación se formuló una denuncia toda vez que se determinó el incumplimiento de lo establecido en al art. 6° incisos a) y h) de la Resolución N° 763/96 (MEO y SP) en el certificado de origen en trato, debido a que no figura en los mismos el teléfono y fax del exportador, ni contiene la aclaración y sello de quien certifica el origen, conforme lo exige la normativa citada.
Destaca que la resolución aduanera, puesta en crisis y tramitado el sumario contencioso correspondiente, se concluyó que la actora y el despachante de aduanas, no habían incurrido en la conducta que sanciona el art. 954 inc. a) del Código Aduanero, ello en virtud que existía un estado de duda respecto a los hechos que sirvieron de base para la imputación infraccional, lo que condicionó la imposición de una sanción, procediéndose a la absolución de los imputados.
Expresa que no obstante lo expuesto, la resolución dispuso que sí correspondía formular un cargo en concepto de tributos a la importación.
Señala que la exigencia tributaria del servicio aduanero, tiene su fundamento en que al momento del hecho imponible de la operación la mercadería no se encontraba amparada por el certificado de origen, el que debía ser emitido en cumplimiento de requisitos formales, no meramente accesorios, que son los que le confieren validez y aplicabilidad, los que además son imprescindibles a los fines que la mercadería goce de una preferencia arancelaria.
Transcribe una parte pertinente del Considerando de la Resolución MEYOSP N° 763/1996 (BO 13/6/1996) donde se expresa: “….el origen de las mercaderías importadas debe demostrarse cuando las mismas están favorecidas por tratamientos diferenciales, o sujetas al pago de derechos antidumping compensatorios y otros, o cuando tuvieran vigencia distintos niveles de gravamen de importación para una misma mercadería de acuerdo al país de origen de la misma, particularmente si éste no tuviera derecho a recibir el trato de nación más favorecida por parte de la REPUBLICA ARGENTINA …..”
Asimismo comparte lo que establecen los arts. 3° y 19 de la resolución aludida, a fin de sustentar su postura. Aduce que una interpretación contraria a estas previsiones, sería desnaturalizar por completo el régimen de origen, como así también el funcionamiento dela propia preferencia arancelaria.
Insiste en que el pronunciamiento en sede aduanera goza de toda legalidad.
Por último subraya, que del análisis de las actuaciones administrativas, surge que se cumplieron todas las etapas procesales previstas para el procedimiento de impugnación y que el juez administrativo aduanero actuó dentro de las facultades que les son propias y que detenta en virtud de la normativa aduanera aplicable al caso. Cita jurisprudencia.
III. Que con fecha 29/03/2022, mediante PV-2022-29695884-APN-VOCXV#TFN, se tuvo por contestado y se dio vista a la parte actora de las actuaciones administrativas digitalizadas acompañadas por la demandada. Que el día 23 de abril de 2026 a través del dictado de la providencia PV-2026-41122272-APN-VOCXV#TFN, se elevan los autos a conocimiento de la Sala “E”. Y en el mismo día se llaman autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 13810-127-2011 se inician con el Acta de Denuncia de fs. 1/1 vta. y a fs. 2 consta el Informe Técnico formulado por la ex División Control Expost de Importación, en el que se señala que el certificado de origen acompañado no cumple con los requisitos del art. 6°, incs. a) y h), de la Resolución MEYOSP N° 763/1996, por no consignarse en el mismo el teléfono y fax del exportador ni contener la aclaración y sello de quien certifica el origen, concluyéndose que el certificado no es de aplicación y que la mercadería debe considerarse de origen extrazona.
Que a fs. 7 se procede a realizar la liquidación de los tributos y la multa devengada en virtud del incumplimiento, y a continuación obra glosado el certificado de origen objeto de examen. Que a fs. 8 se procede a la apertura del sumario en los términos del art. 1090, inc. c), del citado texto legal, disponiéndose correr vista a las partes por la presunta infracción al art. 954, inc. a), del C.A.
Que, con posterioridad, se incorporaron a la actuación diversas opiniones técnicas internas sobre la validez y aplicabilidad del certificado de origen. En particular, a fs. 13/14 obra informe de la Sección Ramo C, DV CSIS, en el que, luego de ponderar la certificación consular agregada y la normativa aplicable, se concluyó expresamente que no existía vicio alguno en el documento presentado, que se encontraban satisfechas todas las exigencias normativas y que, en consecuencia, el documento en cuestión resultaba de aplicación y amparaba la mercadería documentada en la destinación de la referencia, encontrándose en presencia de una declaración comprometida correcta. Que a fs. 18 se agregó la Nota N° 309/2015 (SE TECN), en la que se sostuvo que el certificado presentaba faltantes de conformidad con el art. 6°, inc. h), de la Resolución MEYOSP N° 763/1996, aunque al mismo tiempo se dejó expresado que, según el sello "NANJING ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE BUREAU", la certificación de la declaración del exportador era correcta y debía surgir de la simple lectura del campo 12 del certificado, concluyéndose con la elevación de las actuaciones salvo mejor criterio de la superioridad. Que, finalmente, a fs. 22 luce la Nota N° 197/2016 (DV EDIM), en la que se dejó expresamente asentado que las opiniones vertidas a fs. 13/14 y 18 resultaban opuestas, remitiéndose a lo establecido en los arts. 17 y 18 de la Resolución N° 763/1996 a fin de dilucidar la cuestión planteada. Que a fs. 23/26 consta la Resolución DEPRLA N° 546 dictada el día 7 de febrero de 2019, por la cual se absolvió a la firma importadora y al despachante de aduana Atilio Claudio Silva respecto de la infracción prevista en el art. 954, inc. a), del Código Aduanero, en los términos del art. 1112 del citado cuerpo legal, y se formuló cargo tributario contra la actora por la suma de U$S 6.009,37 en concepto de tributos y $ 5.130,18 en concepto de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, con más los intereses previstos en el art. 794 del C.A.
Que a fs. 27/28 vta. luce agregado el Dictamen DV DSAD N° 575/2019 de fecha 5/04/2019 y a fs. 29/30 la resolución aprobatoria del fallo aduanero emitida el 26/04/2019.
Que a fs. 30 vta. consta nota y firma que acredita la toma de vista de la resolución, el día 18/11/2021. Que contra dicha resolución la firma WOODY TOYS S.A. interpuso el recurso de apelación que dio origen a estos autos.
V. Que corresponde resolver si la Resolución DEPRLA N° 546/2019, en cuanto formula cargo tributario contra la firma WOODY TOYS S.A. respecto de la destinación de importación N° 10001IC4242491K, se ajusta o no a derecho.
Que, con carácter previo, corresponde expedirse sobre el planteo de nulidad articulado por la actora con sustento en la alegada falta de causa y motivación del acto recurrido, en los términos del art. 7° de la Ley 19.549. Que, sobre este punto, cabe recordar que la nulidad del acto administrativo constituye una solución de excepción y requiere la acreditación de un vicio grave en alguno de sus elementos esenciales. En el caso, la resolución apelada exterioriza los antecedentes de hecho y las razones jurídicas que condujeron al servicio aduanero a adoptar la decisión impugnada, con independencia del acierto o desacierto de tales fundamentos. En tales condiciones, no se advierte un defecto formal autónomo que justifique descalificar el acto por la vía de la nulidad, sin perjuicio del examen sustancial de su legitimidad, que corresponde efectuar a continuación. Que, despejado ello, corresponde analizar el fondo de la cuestión, esto es, si resulta procedente el cargo tributario formulado a la importadora como consecuencia de la supuesta inaplicabilidad del certificado de origen acompañado a la destinación en trato.
Que de las actuaciones administrativas surge que a fs. 1/1 vta. obra el Acta de Denuncia N° 230/2011, labrada el 27/04/2011, y que a fs. 2 luce el informe técnico de la ex División Control Expost de Importación, en el que se sostuvo que el certificado de origen presentado respecto de la destinación N° 10001IC4242491K no cumplía con lo dispuesto por el art. 6°, incs. a) y h), de la Resolución MEYOSP N° 763/1996, por cuanto no consignaba el teléfono y fax del exportador ni contenía la aclaración y sello de quien certificaba el origen. Sobre esa base se consideró a la mercadería como de “origen extrazona” y se estimó un perjuicio fiscal.
Que, posteriormente, a fs. 7 se practicó la liquidación de tributos y multa y a fs. 8 se dispuso la apertura del sumario en los términos del art. 1090, inc. c), del Código Aduanero. Finalmente, a fs. 23/26 se dictó la Resolución DEPRLA N° 546/2019, por la cual se absolvió a la importadora y al despachante de aduana respecto de la infracción prevista en el art. 954, inc. a), del C.A., en los términos del art. 1112 del mismo cuerpo legal, pero se mantuvo el cargo por tributos a la importación.
Que no se le escapa al suscripto que la faz infraccional y la faz tributaria no se confunden y que, en principio, la absolución respecto de la infracción imputada no determina, por sí sola, la improcedencia automática del reclamo tributario. Sin embargo, esa autonomía conceptual no releva al servicio aduanero de acreditar en forma suficiente los presupuestos de hecho y de derecho que habilitan la exigencia fiscal.
Que, en el caso sub examine, la propia resolución apelada reconoce que no se encontraban reunidos todos los extremos necesarios para arribar con certeza a un pronunciamiento condenatorio en materia infraccional, admitiendo expresamente que la inconsistencia de la denuncia determinaba un razonable estado de duda. Esa conclusión no puede ser desatendida al momento de examinar la validez del cargo tributario, en tanto éste se apoya en la misma plataforma fáctica y en la misma valoración del certificado de origen que sirvieron de base a la imputación originaria.
Que, además, la improcedencia del cargo se robustece a la luz de las propias constancias internas de la Administración. En efecto, a fs. 13/14 obra informe de la Sección Ramo C, DV CSIS, en el que, luego de ponderar la certificación consular agregada y la normativa aplicable, se concluyó expresamente que no existía vicio alguno en el documento presentado, que se encontraban satisfechas todas las exigencias impuestas por la normativa y que, en consecuencia, “el documento en cuestión resulta de aplicación y ampara la mercadería documentada en la destinación de la referencia, encontrándose en presencia de una declaración comprometida correcta”.
Que, con posterioridad, a fs. 18 se incorporó la Nota N° 309/2015 (SE TECN), en la cual se sostuvo que el certificado presentaba faltantes de conformidad con el art. 6°, inc. h), de la Resolución MEYOSP N° 763/1996, aunque al mismo tiempo se dejó expresado que, según el sello “NANJING ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE BUREAU”, la certificación de la declaración del exportador era correcta y debía surgir de la simple lectura del campo 12 del certificado bajo análisis, elevándose las actuaciones “salvo mejor criterio de la superioridad”. Que, finalmente, a fs. 22 la Nota N° 197/2016 (DV EDIM) dejó expresamente asentado que las opiniones vertidas a fs. 13/14 y 18 resultaban opuestas. Tal secuencia revela con claridad que, antes del dictado de la resolución apelada, dentro de la propia Administración existían criterios técnicos divergentes acerca de la aplicabilidad del certificado de origen, extremo que debilita sensiblemente la certeza del presupuesto fáctico sobre el que se edificó el cargo tributario.
Que, asimismo, del examen del expediente administrativo y de la documental agregada al sobre contenedor referido en la denuncia, surgen diversos elementos objetivos que corroboran el origen chino declarado de la mercadería: la factura comercial emitida por WOODY TOYS, INC. desde Shanghái; el conocimiento de embarque correspondiente al transporte desde China hacia Buenos Aires; el certificado de origen emitido en la República Popular China; el visado consular argentino en Shanghái; y la restante documentación comercial congruente con la destinación oficializada. A ello se suma que la operación fue sometida a canal rojo, con verificación de mercadería y documentación, obrando en la destinación la constancia de “rojo conforme”. Que, además, la resolución apelada no explicita adecuadamente cuál era, en el caso concreto de una mercadería declarada como originaria de China, el tratamiento arancelario específico cuya improcedencia justificaría la formulación del cargo, ni de qué modo la sola invalidez formal del certificado alteraría el régimen tributario aplicable a la importación documentada. Tal insuficiencia de fundamentación refuerza la improcedencia del reclamo fiscal.
Que, cabe añadir, de las constancias de la causa surge que la destinación fue oficializada con pago de tributos, de modo que el reclamo fiscal aquí examinado no se presenta como una exigencia originaria, sino como una reliquidación ex post por diferencia. Sin embargo, la resolución apelada no explicita adecuadamente cuál fue el tratamiento tributario efectivamente aplicado al momento del despacho ni cuál era, en concreto, la alícuota o beneficio cuya pérdida justificaría el diferencial liquidado a fs. 7 y luego reclamado en autos, lo que refuerza la insuficiencia de causa del cargo formulado.
Que, a ello se añade que la resolución apelada no explicita adecuadamente de qué modo la invalidez formal del certificado de origen incidiría concretamente en el tratamiento arancelario aplicable a la importación de mercadería declarada como originaria de China. En efecto, del examen de la planilla de liquidación obrante en las actuaciones surge que la diferencia tributaria reclamada se concentra de manera predominante en el concepto denominado "DER.ESPECIF.OMC", sin que la resolución identifique con precisión cuál fue la alícuota aplicada al momento del despacho, cuál sería la alícuota que correspondería aplicar según su criterio, ni cuál es la norma específica que vincularía los defectos formales detectados en el certificado con una modificación del tratamiento tributario aplicable. Esa omisión no es un detalle menor: constituye una falencia en la motivación del cargo que impide verificar la razonabilidad y corrección de la diferencia reclamada, y que por sí sola refuerza la conclusión de insuficiencia de causa del acto impugnado.
Que, en ese contexto, los defectos advertidos por el servicio aduanero —consistentes en la falta de indicación del teléfono y fax del exportador y de la aclaración de quien certifica el origen— no aparecen, en las circunstancias particulares de autos, como suficientes para desvirtuar la acreditación sustancial del origen de la mercadería ni para justificar, sin una actividad probatoria complementaria, el desconocimiento del tratamiento arancelario invocado.
Que no obra en la causa constancia de que la Aduana hubiese desplegado diligencias concretas tendientes a verificar la autenticidad material del certificado, a requerir información complementaria a la entidad certificante o a demostrar de modo fehaciente que la mercadería no era originaria de China. Antes bien, el expediente revela una conclusión asentada sustancialmente en incumplimientos formales del documento, pese a la concurrencia de otros elementos documentales concordantes que avalan el origen declarado.
Que, en tales condiciones, no resulta jurídicamente admisible sostener un cargo tributario por derechos extrazona sobre la sola base de deficiencias formales que, en el caso, no destruyen la convicción que razonablemente emana del resto de la documentación acompañada. Una solución contraria importaría sacrificar la verdad material del origen acreditado en aras de un rigorismo formal excesivo, ajeno a las particularidades comprobadas en autos. Que, por lo expuesto, corresponde concluir que la Resolución DEPRLA N° 546/2019 no se ajusta a derecho en cuanto mantuvo el cargo tributario formulado a la firma WOODY TOYS S.A., razón por la cual debe ser revocada en ese aspecto.
Que, a todo evento, aun cuando no se compartiera la solución precedentemente expuesta, tampoco podrían subsistir en el caso las percepciones correspondientes a IVA adicional e Impuesto a las Ganancias incluidas en el cargo, atento a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Cladd ITA S.A.”, según la cual, cerrado el término para presentar la declaración jurada de dichos tributos, cesa la facultad del organismo recaudador para exigir esas percepciones.
VI. Que, en virtud de las consideraciones precedentes, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la firma WOODY TOYS S.A. y revocar la Resolución DEPRLA N° 546/2019 dictada en la actuación administrativa SIGEA N° 13810-127-2011, en cuanto formuló cargo tributario contra la actora respecto de la destinación de importación N° 10001IC4242491K, con costas al Fisco vencido (art. 1163 del C.A.).
Por ello, VOTO POR:
Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la firma WOODY TOYS S.A. y, en consecuencia, revocar la Resolución DEPRLA N° 546/2019 dictada en la actuación administrativa SIGEA N° 13810-127-2011, en cuanto formuló cargo tributario contra la actora respecto de la destinación de importación N° 10001IC4242491K. Con costas al Fisco vencido (art. 1163 del C.A.).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Héctor Hugo Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la firma WOODY TOYS S.A. y, en consecuencia, revocar la Resolución DEPRLA N° 546/2019 dictada en la actuación administrativa SIGEA N° 13810-127- 2011, en cuanto formuló cargo tributario contra la actora respecto de la destinación de importación N° 10001IC4242491K. Con costas al Fisco vencido (art. 1163 del C.A.).
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese.
Suscriben la presente el Dr. Héctor Hugo Juárez y el Dr. Juan Manuel Soria –por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación- cfme. art. 52 del RPTFN y art. 1162 del Código Aduanero).
Date: 2026.04.29 16:42:01 ART Date: 2026.04.29 16:50:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.29 16:50:43 -03:00
Fin de la sentencia