Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2023-71541868-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el planteo de litispendencia articulado por la recurrente, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-30232215-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 22 de Marzo de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El EX-2023-71541868-APN-SGAI#TFN caratulado “WRAY, Sandra Alicia s/ Apelación”, a resolución de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Subrogante de la Primera Nominación), Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación);
El Dr. Magallón dijo:
I. Que mediante IF-2023-71541820-APN-SGAI#TFN la parte actora interpone recurso de apelación en los términos del art. 76, inc b) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) contra la Resolución emitida por el Sr. Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Administración Federal Ingresos Públicos N° 76/2023 (DV SRR1) mediante la cual se determina al apelante su obligación frente al impuesto sobre los bienes personales por los períodos fiscales 2019 y 2020 en la suma de pesos Tres millones setecientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y seis con setenta y cinco centavos ($3.794.256,75.-), liquidándose en concepto de intereses resarcitorios la suma de pesos cuatro millones trescientos veintiséis mil trescientos cuarenta con un centavo ($ 4.326.340,01.-) y se le aplica un multa por la suma de pesos tres millones setecientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y seis con setenta y cinco centavos ($3.794.256,75.-), con sustento en el art. 45 de la ley 11.683, equivalente al 100% del impuesto adeudado. Manifiesta que promovió acción declarativa de certeza ante la Justicia Federal en el Expediente Nro. 3151/2021, caratulado “WRAY, SANDRA ALICIA C/ AFIP S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA”, con motivo de solicitar la declaración de inconstitucionalidad del art. 28 de la ley 27.541 mediante la cual modificó el art. 25 de la ley N° 23.966 del impuesto sobre los bienes personales. Expresa que el expediente citado anteriormente se encuentra pendiente de clausura del período probatorio y que tramita como proceso sumarísimo.
Que en razón de ello, opone en forma previa la declaración de la litispendencia y en consecuencia, solicita que se suspenda el trámite de las presentes actuaciones por su vinculación con la acción declarativa de certeza antedicha.
Plantea que, toda vez que el alcance de la acción declarativa de certeza entablada en el Fuero Federal tiene directa incidencia con el objeto de debate del recurso de apelación deducido ante esta instancia, corresponde que se haga lugar a la excepción de litispendencia y que, en consecuencia, el trámite de las presentes actuaciones sea suspendido hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte sentencia en torno a la constitucionalidad o no de las normas citadas anteriormente, ello a fin de evitar el eventual dictado de sentencias contradictorias.
Que subsidiariamente, expresa sus agravios sobre el fondo del asunto traído a decisión de este Tribunal, expone los argumentos de hecho y fundamentos de derecho, cita jurisprudencia, ofrece prueba documental e informativa, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con expresa imposición de costas al Fisco Nacional.
II. Que bajo el IF-2023-111111126-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto.
Señala que la excepción de litispendencia no puede prosperar, dado que no se advierte la triple identidad requerida para la procedencia del planteo formulado por la actora. Agrega que la propia recurrente reconoce que no existe identidad de objeto, y que solo advierte identidad de sujetos. Concluye que la litispendencia por conexidad es inviable pues su admisión no tiene lugar en el diseño jurídico de la ley N° 11.683.
Seguidamente, contesta los agravios de fondo, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que mediante la PV-2024-25017062-APN-VOCI#TFN se elevaron los autos a consideración de la Sala “A” y bajo el IF-2024-27430193-APN-VOCI#TFN se ponen para el dictado de sentencia.
IV. Que visto el estado de la causa, corresponde expedirse con relación a la excepción de litispendencia opuesta por la parte actora.
Que en primer lugar, debe señalarse que existe litispendencia cuando se tramitan dos procesos pendientes entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto. Asimismo, para su procedencia se requiere también que ambos procesos sean susceptibles de sustanciarse por los mismos trámites. En síntesis, debe tratarse de dos procesos idénticos y el efecto de la litispendencia es poner fin al proceso iniciado con posterioridad (CNCiv., Sala D, 05/10/82, LL1983-A-297).
En tal sentido y tal como afirma Alsina, “dos acciones, son iguales cuando intervienen las mismas personas, tienen la misma causa y se dirigen al mismo objeto” (ALSINA, Hugo; Tratado Teórico Práctico de Derecho Civil y Comercial Tº 1, pág. 376).
La excepción en trato tiene como fundamento, no sólo elementales razones de economía procesal, sino también la necesidad de evitar que una misma pretensión sea objeto de un doble conocimiento, lo cual posibilitaría que sobre la misma recaigan sentencias contradictorias.
La ley Nro. 22.434 modificó el artículo 190 del C.P.C.C.N. y eliminó la posibilidad de obtener la acumulación de procesos mediante la excepción de litispendencia, por entender que ésta sólo pretende evitar la posibilidad de que una única situación de hecho o de derecho se juzgue en dos procesos distintos. De manera tal que, la procedencia de la defensa se reduce actualmente a los supuestos en que exista la triple identidad (partes, objeto y causa).
Al respecto tiene dicho la doctrina: “…Es que ambos institutos a pesar de las similitudes, son claramente diferenciables no solamente por cuanto la acumulación de procesos (que existe en general si la sentencia que haya de dictarse en un juicio, pudiese producir efectos de cosa juzgada en otro u otros) no requiere que coincidan los tres elementos mencionados, bastando la conexidad, sino también por cuanto éste sólo determina el desplazamiento de la competencia y el dictado de una sentencia común, en tanto la litispendencia el archivo de las actuaciones…” (GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo; Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, Ed. La Ley, Tomo II, pág. 271).
V. Que entrando al análisis de la cuestión previa traída a decisión de este Tribunal, es dable anticipar que corresponde su rechazo, en virtud de las razones que seguidamente se expondrán.
Que en efecto, en los presentes autos, el recurrente funda la excepción intentada en la conexidad que existiría entre la acción judicial declarativa de certeza constitucional mencionada anteriormente -en trámite ante la Justicia Federal- y el recurso incoado ante este Tribunal.
Que cabe reiterar que una de las condiciones para la procedencia de la excepción intentada es que se trate de “pleitos análogos” (CSJN 18/4/1928, JA T XXVII, pág. 429) y que, de acuerdo con el art. 354 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los procesos deben ser “idénticos”.
Que en este sentido, lo cierto es que más allá de los dichos de la actora y sin perjuicio de la valoración que pueda realizar este Tribunal sobre lo que se resuelva en la accion declarativa señalada al momento de expedirse en la presente causa, es notoria la diferente naturaleza que exhibe la demanda que ha intentado la actora en sede judicial y la del recurso planteado ante este Tribunal. Ello así, es claro que se trata de procesos promovidos en distintos ámbitos de competencia, que tramitan bajo regímenes procesales diferentes y -como dato central- cuyos objetos procesales -vistos desde la perspectiva de los alcances de las sentencias que habrán de dictarse en uno y otro fuero- son sustancialmente distintos. Nótese que, de tratarse verdaderamente de procesos idénticos, cualquiera que fuese el resultado del primero de los procesos tornaría inoficioso un pronunciamiento en el segundo, circunstancia que claramente no se da en el supuesto de autos.
Que a mayor abundamiento, cabe consignar que la acción meramente declarativa tiene carácter subsidiario, pues está subordinada a otro medio legal e idóneo que evite un perjuicio (CNCiv Sala C “ALMAGRO CONSTRUCCIONES S.A. c/ Howosad, Silvia E” - La Ley 1996-A, 800), pero aun en los casos en que se admite la procedencia de esta acción en relación al cobro de impuestos, la sustanciación del juicio no impide la percepción de estos, pues el procedimiento declarativo no excluye necesariamente el cobro compulsivo que la demandada puede intentar por las vías procesales pertinentes (CSJN, “EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. –Edesur S.A. c/Pcia. de Buenos Aires”, 10/10/1996) como así tampoco impide, durante su sustanciación, la recaudación del impuesto (CSJN, "NEWLAND, Leonardo L. A. c/Santiago del Estero, Provincia de s/eximición de inversiones y recargos", 19/3/1987), y mucho menos, en consecuencia, la sustanciación de la presente causa.
Que en igual sentido se han pronunciado la Sala “B” -en anterior composición- in re “ALICIATI, Carlos Domingo”, sentencia del 11/11/2009; Sala “A” en “INSUMOS BIOMEDICOS S.A.”, sentencia del 26/04/2017 (en especial voto del Dr. Pereza como Vocal subrogante de la 2da. Nominación) y, más recientemente, la Sala “B” con su actual composición en “HIDROELECTRICA LOS NIHUILES S.A. s/Apelación y su acumulado N° 48.303-I”, 14/03/2022.
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir que no se dan en el caso las circunstancias que abonan la procedencia de la excepción de litispendencia intentada.
La Dra. Laura A. Guzmán dijo:
I. Que vienen las presentes actuaciones a fin de resolver la procedencia de la excepción de litispendencia articulada y la consecuente suspensión del presente proceso hasta tanto recaiga sentencia en la causa caratulada: “WRAY, SANDRA ALICIA C/AFIP S/ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA” que tramita ante la justicia federal.
Preliminarmente, considero oportuno señalar que existe litispendencia cuando se tramitan dos procesos pendientes entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto. El fundamento de su procedencia reside en la necesidad de evitar que una misma pretensión sea juzgada dos veces, o aun en el supuesto de no concurrir las tres identidades (objeto, sujeto y causa), cuando por razones de conexidad, exista la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias, y el consiguiente escándalo jurídico que fácilmente podría originar el tratamiento autónomo de pretensiones vinculadas, con la consiguiente inoperancia de la actividad judicial que esa circunstancia necesaria comporta.
Ahora bien, de acuerdo con conocida doctrina, la defensa también procede cuando existen “…dos o más juicios conexos, aunque no concurran los requisitos de las tres identidades…la conexidad supone dos procesos distintos sin haberse tratado necesariamente entre las mismas partes, con el mismo objeto y fundamentos en la misma causa, presentan tales vinculaciones que si los jueces que conocen de ellas dictasen sentencias separadamente, podrían resultar contrarias y en consecuencia de ejecución imposible ” (Alsina, Hugo, “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, T° III, pág. 106). En esa dirección, aclara dicho autor, la regla de la triple identidad no sienta una norma o guía para el razonamiento lógico que remite lo esencial de la cuestión a la apreciación del juzgador a efectos de valorar este impedimento procesal que tiende a evitar que una misma acción sea deducida dos veces, puesto que se extingue por su ejercicio.
Posición ésta recepcionada por nuestra más Alto Tribunal cuando expresó que “Corresponde admitir la excepción de litispendencia, aunque no concurra la triple identidad de sujeto, objeto y causa, cuando se evidencia la posibilidad de fallos contradictorios, en cuyo caso la solución se logra por razones de conexidad…” (Vid. Fallos 314:811). (vid. entre muchos otros, TFN, Sala A, Asociación Civil La Isla S.A., 30/8/2010; Sala C; “Invierno, Gustavo Pablo”).
II. Que en ese contexto, corresponde analizar si la defensa opuesta debe ser acogida favorablemente. Conforme se desprende de autos y del relato efectuado por el Vocal Instructor, la recurrente impugna la resolución de fecha 30 de mayo de 2023, mediante la cual se determinó la obligación de la recurrente frente al impuesto sobre los bienes personales, períodos fiscales 2019 y 2020, con más intereses resarcitorios e impone multa con sustento en el artículo 45 de la ley 11.683 –t.o. en 1998 y sus modificaciones-.
Asimismo, y como sustento de su defensa, informa que promovió acción declarativa de certeza con el objeto que se declare la inconstitucionalidad del artículo 28 de la ley 27.541, que modificó el artículo 25 de la ley del gravamen y demás normas reglamentarias.
Del escrito acompañado como prueba documental se desprende que la cuestión en debate en aquella causa se centra en dichas disposiciones, enumerando diversos agravios que – a su criterio- vulneran diversos preceptos de nuestro texto constitucional. Entiende que el bloque normativo impugnado resulta lesivo de derechos y garantías de raigambre constitucional , en particular las consagradas en los artículos 4, 16, 17, 19, 28, 75 inc. 1 y 2, y 99, inc. 2 y 3 de nuestra Carta Magna.
Así ello, de la lectura de los argumentos expuestos en aquella acción se advierte que resultan idénticos a la cuestión nuclear discutida en autos.
III. Que, en ese contexto fáctico y jurídico, la defensa del recurrente debe ser acogida favorablemente, en tanto se trata de causas sustancialmente vinculadas, debiendo puntualizarse que lo que se resuelva en estos autos podría –eventualmente- contradecirse con lo que se decida en la mencionada causa, tanto en primera instancia como en instancias posteriores, generando un escándalo jurídico, habida cuenta que en ambos trámites se cuestiona, en definitiva, la constitucionalidad y legitimidad de la aplicación de la ley 27541, modificatoria del impuesto sobre los bienes personales, cuestiones éstas cuya dilucidación es esencial para la solución definitiva de la controversia que se suscita. (Vid. sobre una cuestión análoga C.NCONT.ADM. FED. Sala IV, “Yacimientos Mineros Agua de Dionisio”, 30/9/2010).
IV. Que finalmente, entiendo oportuno señalar que si el fundamento de la impugnación es de orden constitucional, la imposibilidad de este Tribunal de ejercer el control negativo de constitucionalidad impide considerar esta vía como la idónea para su discusión. De allí que, a mi modo de ver, frente a un acto de alcance individual (determinación de oficio) en el que se pretenda el ejercicio de control de constitucionalidad, podrá el contribuyente ocurrir a esta instancia jurisdiccional y –concomitantementededucir acción declarativa de certeza ante la justicia con el objeto de obtener una declaración sobre aquél planteo. En este caso, pues, se deberá suspender el trámite hasta tanto se resuelva la acción declarativa de certeza operando como una especie de excepción de litispendencia por conexidad.
En efecto. Como con justeza los explica el Profesor Calamandrei “En los casos en que el desplazamiento de competencia no es posible ni en un sentido ni en otro (porque por ejemplo, tanto la competencia para la causa originaria como la competencia para la prejudicial están determinadas por razones de materia), la ley, en lugar a de la reunión de las causas, se contenta con prescribir la suspensión de la primera hasta tanto que haya sido decidida la segunda...” (vid. Calamandrei, Piero, “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, Volumen II, 224).
De tal forma, entiendo que ambas vías –la acción declarativa de certeza y el régimen recursivo de la ley 11.683- resultan complementarias en casos como el de autos, consolidando la noción de tutela judicial efectiva, por lo que voto en el sentido de hacer lugar a la excepción de litispendencia articulada por la actora, con costas.
El Dr. Pablo A. Porporatto dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Magallón.
Por ello, SE RESUELVE:
Rechazar el planteo de litispendencia articulado por la recurrente, con costas.
Regístrese, notifíquese y vuelvan los presentes actuados a la Vocalía instructora para la prosecución de su trámite.
Date: 2024.03.21 15:10:40 ART Date: 2024.03.21 16:14:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.22 09:29:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.22 09:31:56 -03:00
Fin de la sentencia