Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 29.109-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 975/2010 (AD PASO) dictada por el Jefe de la División Aduana Paso de los Libres, en trámite por la actuación administrativa SIGEA N° 12303-632-2009.
2Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-32145144-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 27 de Marzo de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21° Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en el expediente Nº 29.109-A, caratulado “WULFSON ALEJANDRO JAVIER c/ D.G.A. s/Recurso de apelación”, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 2/7 se presenta el Sr. Wulfson Javier Alejandro por derecho propio e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 975/2010 (AD PASO) de fecha 20/08/10 dictada por el Jefe de la División Aduana Paso de los Libres, en trámite por la actuación administrativa SIGEA N° 12303-632- 2009, por la cual se lo condena al pago de una multa, cuyo monto asciende a la suma de $14.223,28 por la comisión de la infracción tipificada en el art. 987 del C.A. En primer lugar, manifiesta que no tuvo la intención de infringir las normas y de no pagar los derechos de importación, dado que la mercadería secuestrada era para familiares y amigos. Sostiene que el principio rector de la culpabilidad no es el eje rector de todo acto de reproche dado que el contribuyente, para ser merecedor de un acto de reproche debe ser responsable tanto objetiva como subjetivamente. Agrega que la infracción se configura cuando el sujeto haya mostrado la intención y voluntad de no pagar a la Administración, y que ofrece pagar la multa aplicada si se la reduce a su mínimo legal para la infracción que resulte punible. Cita jurisprudencia en apoyo a su postura. Hace referencia al principio non bis in ídem, y solicita que se le devuelva la mercadería incautada por ser de propiedad privada. Agrega que el grado de culpa encuentra su correlativa causal de inculpabilidad en el error excusable, y que en tanto sea esencial e inculpable, opera como causal eximente de responsabilidad. En cuanto a la aplicación de la multa, solicita se desestime el quantum total de la pena y se haga aplicación de lo dispuesto en el art. 916 del CA. Asimismo, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
II. A fs. 23/27 la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora, que no fueren objeto de su especial reconocimiento. Efectúa una breve reseña de los antecedentes de la causa y sostiene que, en el caso, estamos en presencia de una infracción aduanera tipificada por el art. 987 C.A., por lo que se aplicó el comiso de la mercadería. Manifiesta que el carácter objetivo de la figura infraccional aplicada determina la inversión de la carga de la prueba, que se configura en cabeza del tenedor de la mercadería, el que deberá demostrar la legítima introducción de la misma. Agrega que la figura sanciona al que por cualquier tuviere la mercadería con fines comerciales o industriales, resultando causal exculpatoria la existencia de buena fe. Sostiene que, a los fines probatorios, las facturas deben cumplir con el art. 9° Título II del Decreto N° 4531/65. Cita jurisprudencia aplicable. Hace referencia al Fallo Zanandrea Luis de la CSJN, dictado el 30/06/98. Concluye en que los hechos analizados configuran la infracción prevista y penada por el art. 987 del CA. Acompaña los antecedentes administrativos, hace reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 33 se declara la causa de puro derecho. A fs. 41 se elevan los autos a la Sala “G” y a fs. 42 se los pasa a sentencia.
IV. Que de la compulsa de la actuación administrativa SIGEA N° 12303-632-2009, surge que a fs. 1 se remite el acta de infracción al art. 31 del CA al Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, procedimiento realizado por el personal de Gendarmería Nacional, la que obra a fs. 2. A fs. 3 obra el acta de entrega y recepción de la mercadería secuestrada. A fs. 4 obra la planilla de recepción de las mercaderías. A fs. 5 obra el listado de acta-lote 2009-042-000310. A fs. 6/8 obra la planilla de clasificación y aforo. A fs. 9 se instruye el sumario contencioso N° 898/2009 y se corre vista –se notifica el 01/02/10-. A fs. 15/26 vta. se presenta el descargo y se ofrece prueba. A fs. 27 se tiene por presentado, por contestada la vista en legal tiempo y forma y se declara la causa de puro derecho. A fs. 33/34 luce el Dictamen N° 922/2010 en el que se propicia condenar al encartado por la infracción endilgada. A fs. 35/36 se dicta la Resolución N° 975/2010 (AD PASO) apelada en autos.
V. Que corresponde resolver en la causa si la Resolución N° 975/2010 (AD PASO), en cuanto imputa al recurrente la comisión de la infracción tipificada en el art. 987 del CA, se ajusta a derecho. Que la resolución que se cuestiona se originó como consecuencia del procedimiento efectuado por los efectivos de la Gendarmería Nacional, en la Ruta Nacional N° 14 paraje peaje Bompland, Departamento Paso de los Libres de la Ciudad de Corrientes. En dicha oportunidad, se intercepta el automóvil marca HONDA, modelo CIVIC, dominio HCN624, conducido por el Sr. Alejandro Javier Wulfson, y luego del control efectuado, encuentran que en el baúl del rodado mercaderías varias (parlantes, estéreos, potencias, etc.) de origen y procedencia extranjera, encontrándose en presunta infracción al Art. 987 del C.A. por no contar con los elementos de identificación aduanera y/o no acreditar la legítima introducción al país y/o no justificar la tenencia en plaza, por lo que se procede al secuestro de la mercadería.
Que en primer lugar la recurrente se agravia de la errónea interpretación de la normativa aplicable, entiende que no se cumplen los presupuestos para la configuración de la sanción prevista en el art. 987 del CA. Asimismo, manifiesta que no tuvo la intención de infringir las normas y de no pagar los derechos de importación, dado que la mercadería secuestrada era para familiares y amigos.
Que el art. 987 del C.A. prevé: “El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero y no probare, ante el requerimiento del servicio aduanero, que aquélla fue librada lícitamente a plaza, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza. A los efectos de la comprobación a que se refiere este artículo, sólo se admitirá la documentación aduanera habilitante de la respectiva importación. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando el hecho encuadrante en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 985 y 986.”
Que, las disposiciones del referido artículo se aplican a la tenencia injustificada, con fines de comercialización o industrialización de mercadería extranjera que no presente aplicados los medios de identificación establecidos por el servicio aduanero.
Que, así las cosas, el art. 987 del C.A. sanciona al tenedor de mercaderías extranjeras con fines comerciales o industriales, y se castiga por no poder acreditar su libramiento regular a plaza. El citado artículo establece una inversión de la carga probatoria, y es el tenedor quien debe probar el ingreso legal. Que la citada norma -art. 987 del CA- requiere para la configuración de la infracción de un elemento básico a saber: no tener la documentación habilitante de su importación, si es importador con despacho. Si es adquirente en plaza, la factura debe indicar el número de despacho de importación.
VII. Que, en el caso de autos, el Sr. Wulfson Javier Alejandro, acompañó las facturas correspondientes a la mercadería que pretendía ingresar al territorio aduanero (ver fs. 15/22 de las Act. Adm.), pero atento la cantidad y tipo de mercadería, no acompañó la documentación correspondiente para su importación. Que, así las cosas, las facturas acompañadas no logran desvirtuar la decisión adoptada por el Jefe de la Aduana de Paso de los Libres, atento que el artículo citado precedentemente reprime al que tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero y no probare que aquélla fue librada lícitamente a plaza.
Que en la Exposición de Motivos del Código Aduanero, en el comentario al Capítulo Décimo Tercero, Sección XII, Título Segundo, -Tenencia injustificada de mercaderías de origen extranjero con fines comerciales o industriales- se señala que se trata de una infracción que por su estrecha vinculación con el delito de contrabando debe ser severamente penada, ya que al consistir en la comercialización de la mercadería presuntamente objeto de aquél, juega necesariamente como su complemento, tratándose en el caso de una infracción que tipifica la conducta del tenedor de mercadería por la que se exigen determinados requisitos, tales como el estampillado fiscal.
VIII. Que en las infracciones aduaneras la comprobación del hecho objetivo tipificado en la norma y que configura la infracción genera una presunción de culpa, como resultado de lo cual, se produce la inversión de la carga de la prueba quedando a cargo del imputado la acreditación de los extremos que lo eximan de responsabilidad penal, y ha señalado la Corte que en presencia de la materialidad de la infracción " incumbe al contraventor la prueba de descargo -Fallos 198:310- para lo que no basta la alegación de la ignorancia de los preceptos legales -Fallos 182:384 y otros" (Fallos: 206:508 Julio E Real de Azua v. impuestos internos") (Sala E "Cardozo Liliana E" sent. del 8-6-2011, expte n° 28.049-A, voc. 15°). Que el autor Mario A. Alsina y otros, en su obra Código Aduanero Comentado señalan a fs. 466 que: “(…) la tenencia resulta injustificada y, por ende, punible, si su tenedor no probare ante el requerimiento del servicio aduanero que la mercadería fue librada lícitamente a plaza. Del tal manera, este Art. 987 establece una inversión de la carga probatoria, y es el tenedor quien debe probar el ingreso legal. Si bien esta demostración debe realizarse con la documentación aduanera habilitante de la importación respectiva y siguiendo las pautas fijadas por la reglamentación anterior (Decreto 4531/1965), la jurisprudencia atemperó su rigorismo sobre los medios de prueba legales, dando cabida al principio de buena fe y a la posibilidad de su acreditación por otros medios de prueba (prueba compuesta)”.
IX. Que, resulta irrelevante el hecho de que el Sr. Alejandro Javier Wulfson desconociera la normativa vigente y no haya tenido la intención delibrada de infringir la norma al no pagar los derechos de importación, toda vez que, la ignorancia de las leyes no es causal eximente de responsabilidad, conforme lo establecido en el art. 8 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Que teniendo en cuenta que la actora no ha podido desvirtuar la tenencia de la mercadería secuestrada, los fines comerciales de dicha tenencia, así como su origen extranjero, y al no tener, la misma, debidamente aplicados los medios de identificación, atento a la cantidad, especie, calidad y origen de la mercadería que obran detalladas (ver fs. 3 de las Act. Adm.) cabe concluir que se ha configurado en autos la infracción tipificada en el art. 987 del C.A.
X. Que, en cuanto a la reducción de la multa, toda vez que ha sido fijada en una (1) vez el valor en plaza de la mercadería, y por lo expuesto en el considerando VII) corresponde confirmar la misma.
Por todo ello, voto por:
1. Confirmar la Resolución N° 975/2010 (AD PASO) dictada por el Jefe de la División Aduana Paso de los Libres, en trámite por la actuación administrativa SIGEA N° 12303-632-2009.
2. Costas a la actora.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso que nos ocupa, el precepto contenido en el artículo 987 del Código Aduanero se inscribe dentro de una regulación de carácter preventivo y responsivo, propia del derecho administrativo sancionador, orientada a garantizar el control eficaz del comercio exterior. La norma establece una presunción de ilicitud respecto de la tenencia de mercadería extranjera con fines comerciales o industriales cuando el poseedor no logra acreditar su legítima introducción al territorio aduanero mediante la documentación habilitante correspondiente.
Esta configuración normativa responde a la necesidad del legislador de dotar a la administración aduanera de herramientas ágiles y efectivas para combatir el ingreso y comercialización de mercadería en infracción, evitando las dificultades probatorias y los elevados costos que supone la acreditación de un delito de contrabando. En este sentido, el legislador ha optado por un mecanismo que traslada la carga de la prueba al tenedor de la mercadería, exigiéndole que aporte la documentación aduanera que justifique su situación regular. De este modo, la sanción prevista en el artículo 987 no requiere la demostración de una intención fraudulenta o de un dolo específico, sino que se configura como una infracción objetiva, basada en la sola constatación de la tenencia sin respaldo documental.
II. Al respecto, he sostenido en diversos fallos que el principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador no opera de la misma manera que en el ámbito penal. En este último, la sanción exige un juicio de reprochabilidad basado en la intención del sujeto, mientras que en el derecho administrativo sancionador la sanción se justifica por la mera infracción de un deber legal, sin necesidad de probar intencionalidad o negligencia. Esta concepción se ha expresado claramente en los casos “Bridgestone Argentina SAIC c/ DGA s/ recurso de apelación” (Expte. N° 35.374-A) y “Papelera San Andrés de Giles S.A. c/ DGA s/recurso de apelación” (Expte. N° 31.164-A), entre muchos otros. En estos fallos, diferencié el derecho administrativo sancionador del derecho penal, destacando que este último se rige por el principio de culpabilidad, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que exige la atribución subjetiva y objetiva de la acción ilícita. Sin embargo, en el ámbito administrativo, la responsabilidad no se basa en la intención o culpa del sujeto, sino en el incumplimiento de un deber normativo. En consecuencia, una sanción puede imponerse sin que exista dolo o culpa por parte del infractor, ya que lo determinante es la inobservancia de la obligación establecida por la norma. Esta concepción se sostuvo en el caso “Papelera San Andrés de Giles”, donde consideré que la potestad sancionatoria de la administración no está obligada a probar la culpabilidad en sentido penal, sino que puede aplicar sanciones sobre la base de una responsabilidad objetiva.
III. En este marco, he señalado que el derecho administrativo sancionador tiene un propósito preventivo y funcional, distinto del enfoque punitivo del derecho penal. En el caso “Bridgestone Argentina SAIC”, al analizar la responsabilidad de la importadora por la supuesta infracción aduanera, se apuntaló que la finalidad de la sanción administrativa no es castigar una conducta culposa o dolosa, sino garantizar el cumplimiento normativo y la protección del interés público. Ello así, habida cuenta de que el derecho administrativo sancionador buscaba primordialmente disuadir el incumplimiento de normas, sin que sea necesario evaluar la intencionalidad del infractor.
No obstante, se ha reconocido que la responsabilidad objetiva en el ámbito administrativo no es absoluta y que existen límites y excepciones. En el fallo en “Papelera San Andrés de Giles”, se mencionó que el incumplimiento de una norma puede ser eximido de sanción en casos de imposibilidad absoluta de cumplimiento. También fue indicado que, aunque la culpabilidad no es un requisito esencial, sí puede ser un factor atenuante en la determinación de la magnitud de la sanción.
IV. El análisis realizado sobre el derecho administrativo sancionador se enmarca en una visión más amplia que lo vincula con la teoría de la sociedad de riesgo de Ulrich Beck. En sus consideraciones en el fallo “Bridgestone Argentina SAIC”, esgrimí que, en una sociedad caracterizada por riesgos tecnológicos y económicos complejos, el modelo sancionador administrativo debe operar de manera responsiva, imponiendo sanciones sin depender exclusivamente de la culpabilidad individual. Según esa argumentación, la regulación preventiva y disuasoria permite garantizar el cumplimiento de normas en un contexto donde la gestión del riesgo es una necesidad estructural del ordenamiento jurídico. En conclusión, se ha predicado una visión en la que el derecho administrativo sancionador esencialmente basada en la infracción objetiva de un deber normativo y no en la culpabilidad en sentido penal. La doctrina establecida refleja un enfoque en el que la sanción administrativa busca garantizar la correcta ejecución de las normas más que castigar al infractor, dentro de un esquema preventivo que responde a los desafíos de una sociedad caracterizada por la gestión de riesgos y la necesidad de asegurar el cumplimiento normativo sin que sea imprescindible evaluar la intencionalidad del sujeto infractor.
V. En el caso concreto, el encartado no ha presentado ninguna justificación que permita exonerarlo de la responsabilidad que se le imputa. La omisión de toda documentación idónea que acredite la legítima importación de la mercadería impide desvirtuar la presunción de ilicitud que establece la norma y hace procedente la sanción dispuesta en el precepto en cuestión. No se advierten en autos circunstancias que permitan eximir de responsabilidad al administrado ni razones que justifiquen una dispensa en la aplicación del régimen sancionador. En virtud de ello, corresponde confirmar la sanción impuesta, en tanto se encuentra debidamente acreditada la infracción y no se han invocado elementos que permitan apartarse del criterio establecido por la legislación aduanera.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N° 975/2010 (AD PASO) dictada por el Jefe de la División Aduana Paso de los Libres, en trámite por la actuación administrativa SIGEA N° 12303-632-2009.
2. Costas a la actora.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 975/2010 (AD PASO) dictada por el Jefe de la División Aduana Paso de los Libres, en trámite por la actuación administrativa SIGEA N° 12303-632-2009.
2. Costas a la actora.
Regístrese y notifíquese. Por Prosecretaría de Registro procédase a notificar al Dr. Roberto Mario Izaguirre Ibañez en el domicilio constituido en autos (Arenales N° 1979 Piso 7° Depto. D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por medio de Oficial Notificador.
Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.-
Date: 2025.03.27 14:35:59 ART Date: 2025.03.27 17:27:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.27 18:43:38 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.27 18:44:22 -03:00
Fin de la sentencia