Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 15552536-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
25510/2023 “XEITOSIÑO SA (TF 15552536-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, junio de 2023.
1. Que, por resolución del 7/7/22, el Tribunal Fiscal de la Nación:
(i) rechazó la excepción de falta de legitimación opuesta por el Fisco Nacional, con costas;
(ii) confirmó la resolución (AD MARD) 156/21 dictada en la actuación SIGEA 19144-9299-2019 y su acumulada, en cuanto había denegado la devolución del derecho de exportación establecido por el decreto 793/18 y abonado con relación a las destinaciones 18037EC01007121J y 18037EC01007106M;
(iii) distribuyó las costas por su orden dado que la doctrina plenaria por la cual se decidía el caso era posterior al inicio de las actuaciones (v. pp. 313-329 de la versión digital del expediente TF 15552536-A, remitida con el oficio del 5/6/23). Para resolver como lo hizo acerca de la legitimación activa, el tribunal de origen remarcó que el Código Aduanero no exigía, como sí lo hacía la ley 11.683, la prueba de la falta de traslación como requisito de procedencia de la acción de repetición. A ello agregó que de las actuaciones administrativas se desprendía que la actora había abonado los derechos de exportación cuya devolución pretendía, y que, más allá del modo en que se habían documentado las operaciones –incluyendo los derechos de exportación en el valor FOB declarado–, no había constancias que acreditasen la real y efectiva incidencia de los gravámenes cuestionados en el precio pagado por el comprador del exterior.
Por otra parte, con relación a la cuestión de fondo, los vocales coincidieron en que debía aplicarse la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/DGA s/recurso de apelación’ (EX-2020-
24600163-APNSGASAD#TFN).
2. Que, disconforme con la decisión, la actora interpuso recurso de apelación el 4/8/22, que se concedió el 10/8/22, se fundó el 11/8/22 y fue replicado el 25/10/22 (v. pp. 333, 339, 345-375 y 426-449, expte. cit.).
Principalmente, sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de legalidad en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
También indicó que el plenario al cual remitía la resolución apelada no determinaba una doctrina legal unívoca, puesto que los vocales opinantes habían arribado a una misma conclusión por diversos argumentos; todo lo cual le impedía ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
1 3°) Que, por su parte, el Fisco también interpuso y fundó recurso de apelación el 6/9/22, que se concedió el 3/10/22 y fue replicado el 19/10/22 (v. pp. 380-387, 392-394 y 407-414, expte. cit.).
En síntesis, sostuvo que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas.
Destacó que la doctrina plenaria aplicada no podía calificarse como un hecho novedoso, dado que se emitió con motivo de la gran cantidad de causas que –como la presente– se encontraban en trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación, para controvertir la constitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 793/18.
Por otra parte, pidió que se valorarse la conducta procesal de la contraria, que no había desistido del proceso a pesar de conocer que el resultado del acuerdo plenario le era adverso.
4. Que, a su vez, el 3/10/12 se regularon los honorarios del letrado de la parte actora por el rechazo de la excepción de falta de legitimación, a cargo del Fisco Nacional.
El beneficiario los apeló el 12/10/22 por considerarlos bajos; recurso, éste, que se concedió el 17/10/22 y fue replicado el 24/10/22 (v. pp. 392-394, 398-400, 404 y 418-422, expte. cit.).
5. Que, el 23/6/23, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
6. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en la causa 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 31/5/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar el punto ii de la resolución del 7/7/22, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor (BO 04/09/18) y hasta el 04/12/18 – momento en que cobró vigencia la ley 27.467 que otorgó rango legal a su contenido–, y admitir la devolución de la suma abonada por tal concepto con relación a las destinaciones de exportación 18037EC01007121J y 18037EC01007106M, registradas el 4/10/18 y el 17/10/18, respectivamente (v. pp. 166 y 186, expte. cit.); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
7. Que, en atención al modo en que se decide, las costas de ambas instancias relativas a la cuestión de fondo se imponen a la demandada vencida (arg.
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25510/2023 “XEITOSIÑO SA (TF 15552536-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN). Ello torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
8. Que, resta examinar la apelación deducida contra la regulación de honorarios practicada el 3/10/12.
Ante todo, al determinar los honorarios el Tribunal Fiscal de la Nación dijo que correspondía tomar en consideración el monto cuestionado por la actora en concepto de tributos, más los intereses devengados conforme lo prevé el artículo 811 del Código Aduanero, hasta la fecha de dictado de la sentencia recaída en la causa. En consecuencia, determinó que la base regulatoria ascendía a $1.562.891,70, equivalentes a la cantidad de 150,28 UMA a la fecha de la resolución (valor unitario $10.400, conforme ac. CSJN 25/22)
Por su parte, el letrado recurrente coincidió en que debían computarse los intereses devengados hasta el dictado de la sentencia, pero discrepó en el importe y afirmó, con sustento en el cálculo de intereses resarcitorios efectuado a través del aplicativo de la página oficial de la AFIP (www.afip.gob.ar), que la base regulatoria ascendía a $3.114.454,69 ($1.333.866,89 de capital + $ 1.780.587,80 de intereses), equivalentes a 299,47 UMA, conforme al valor de la citada acordada CSJN 25/22 (v. p. 399, expte. cit.).
En cambio, el Fisco Nacional se opuso lisa y llanamente a la inclusión de los intereses devengados durante la sustanciación del pleito en la base regulatoria, con referencia al fallo plenario de esta Cámara dictado en la causa “Pitchon, Gabriel c/ Estado de Israel y otros s/juicio de conocimiento”, del 12/7/07.
Con respecto a esta cuestión, esta sala ha entendido que, en el supuesto de labores profesionales efectuadas bajo la vigencia de la ley 27.423, corresponde incluir en la base regulatoria los intereses devengados durante el transcurso del pleito, con arreglo a lo que expresamente prevé el artículo 24 de la norma (doctr. causa 32765/99 “ENTEL (EL) c/ Telefónica de Argentina SA s/ contrato administrativo”, resol. del 22/3/22).
Más allá de lo expuesto, en el caso, el cálculo de los intereses debe efectuarse desde el 29/8/19 hasta el 3/10/22, y con arreglo a las tasas de interés para las devoluciones aduaneras informadas en el sitio oficial de la AFIP (https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/calculoInteres/). Por consiguiente, la base regulatoria asciende a la suma total de $2.872.142,52 ($1.333.866 de capital + $1.538.276,52 de intereses), equivalentes a 276,17 UMA conforme al valor de la ac.
CSJN 25/22.
Hecha esta salvedad, en atención al planteo que efectuó el letrado con respecto a la escala aplicable y la graduación mínima que debieron tener sus 3 honorarios, se aclara que la regulación bajo examen únicamente retribuye las tareas relacionadas con la incidencia resuelta –con carácter firme– en el punto i de la decisión del 7/7/22. En esas condiciones, y con arreglo al criterio que mantiene este tribunal sobre la aplicabilidad de la pauta dispuesta en el artículo 33 de la ley 21.839 (cfr. causa 70069/18 “Zambrano, Ricardo Jorge c/ EN –Mº de Justicia y DDHH s/ proceso de ejecución”, resol. del 4/10/22), sus honorarios deben graduarse entre el 2% y el 20% de lo que correspondería a la cuestión principal.
En esa inteligencia, teniendo en cuenta la importancia de la cuestión resuelta – excepción de falta de legitimación activa–, así como las demás pautas que regirían la regulación de los honorarios del doctor Juan Patricio Cotter por su actuación en carácter de letrado apoderado en la defensa de la parte actora durante la única etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423 y acordada CSJN 19/23); y ponderando, además, que sus emolumentos solo fueron apelados por bajos, corresponde confirmar la suma reconocida a su favor. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
El juez de cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y pasen los autos al Representante del Fisco a fin de que se expida sobre la liquidación y pago de la tasa de justicia a cargo de la parte actora, y sobre la liquidación presentada por el Fisco Nacional, en atención a encontrarse configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia