Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 15842279-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación deducida por Xeitosiño SA, revocar el pronunciamiento del 25/3/2024 dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la resolución AD MARD 172/2021, declarar la nulidad del decreto 793/2018 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la exportadora, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos XV y XVI; y
2Disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2024.-
VISTOS estos autos 11.889/2024 caratulados “Xeitosiño SA (TF 15842279- A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. Xeitosiño SA solicitó el 30/8/2019 a la División Aduana de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires) la devolución de $1.184.732,85 que habría abonado en demasía en concepto de derechos de exportación respecto de las destinaciones “18 037 EC01 007124 M” y “18 037 EC01 008145 Z”, que le fueran liquidados conforme lo normado por el decreto 793/2018, con más los intereses correspondientes (ver esp. fs. 84/88 y 108/112 del hipervínculo incluido en el presente párrafo). En sustento de su pretensión, planteó la improcedencia de la aplicación de las disposiciones del decreto 793/2018, al que tildó de inconstitucional, puesto que, al tiempo de la oficialización de las solicitudes de exportación, dicho precepto no contaba con la necesaria ratificación del Congreso Nacional.
II. Por resolución AD MARD 172/2021 la División Aduana de Mar del Plata rechazó la pretensión de Xeitosiño SA (ver esp. fs. 31/43 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
III. Solicitada la revisión del acto, por resolución del 25/3/2024, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución AD MARD 172/2021 en cuanto rechazó la acción de repetición intentada por Xeitosiño SA, con costas por su orden (ver esp. fs. 5/27 y 334/337 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Para así decidir, en cuanto al fondo del asunto, en somera síntesis, aplicó la doctrina resultante de la decisión plenaria del Tribunal Fiscal de la Nación adoptada en autos “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, resol. del del 26/4/2022, según la cual:
-dicho organismo administrativo con facultades jurisdiccionales se encontraba imposibilitado de declarar la inconstitucionalidad de una norma, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente;
-el Poder Ejecutivo Nacional se encontraba facultado para establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; y -no correspondía declarar la invalidez del decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal de la Nación debiera expedirse respecto de resoluciones que denegaran la repetición de derechos de exportación abonados por aplicación del mencionado precepto respecto de destinaciones registradas a partir del 4/9/2018, fecha de entrada en vigencia del decreto en cuestión, y hasta el 4/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
Resta añadir que la distribución de las costas respondió, en definitiva, al hecho que el plenario en el que se basara la decisión de fondo adoptada resultaba posterior al recurso deducido por la exportadora.
IV. Disconforme con lo resuelto, Xeitosiño SA apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva (ver esp. fs. 344/345 y 349/377 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Tras referir los antecedentes del caso, la exportadora:
-cuestionó la aplicación de la solución plenaria adoptada en autos “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”.
Al respecto, destacó que la posición de los vocales de la Sala interviniente en estos actuados resultaba contraria al criterio allí sentado y conteste con la de su parte, según la cual, a la fecha de registro de las operaciones por las que reclamaba, el decreto 793/2018 resultaba inválido y, por tanto, inconstitucional.
Asimismo, resaltó que si bien en la parte resolutiva del mentado plenario se propiciaba declarar la validez del decreto 793/2018, de sus considerandos no se evidenciaba la existencia de una doctrina mayoritaria al respecto; habiendo cada uno de los vocales expuesto sus propios fundamentos, colocando a los particulares en un estado de indefensión por no encontrarse suficientemente delimitados los puntos sobre los cuales expresar agravios.
Concluyó, en lo que al punto refiere, que la existencia de votos individuales con distintos fundamentos configuraba un vicio procedimental que afectaba el derecho al debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio; siendo que la ausencia de coincidencia sustancial de fundamentos por la mayoría absoluta de las opiniones, vaciaba al decisorio de toda fundamentación.
-sostuvo que debía revisarse lo decidido por importar un apartamiento del principio de legalidad en materia tributaria, tal como fuera destacado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Al punto, explicó que el derecho de exportación creado por el decreto 793/2018 resultaba ilegítimo, habiendo adquirido constitucionalidad recién a partir de la vigencia de la ley 27.467 que lo ratificó y a la vez determinó, con una clara política legislativa, la posibilidad del Poder Ejecutivo de modificar exclusivamente la alícuota de los derechos de exportación, con expresa limitación del máximo en dicho parámetro.
-recordó que los derechos de exportación involucrados en autos poseían naturaleza tributaria, por manera que, al respecto, regía plenamente el principio de legalidad o reserva de ley;
-advirtió que, con el dictado del decreto impugnado, el Poder Ejecutivo Nacional se irrogó facultades legislativas y fijó un derecho de exportación sin que existiera una ley delegante válida desde el punto de vista constitucional; ello en tanto ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecieron, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trataba;
-apuntó que al sostener la validez del decreto 793/2018 sin una ley previa que determinara una clara política legislativa, el Tribunal Fiscal de la Nación habría desconocido el principio de reserva de ley rector en materia tributaria;
-resaltó que la delegación legislativa en materia tributaria no se encontraba permitida, que la creación de un derecho de exportación no constituía una materia de administración, así como también que, al tiempo del dictado del decreto atacado, no existía ninguna ley que delimitara una clara política legislativa en concordancia con la manda establecida en el artículo 76 de la Constitución Nacional;
-precisó los alcances y términos de la doctrina que emanaba del fallo dictado por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA”, que -en su entendimiento- resultaba plenamente aplicable al caso;
-apuntó que el artículo 755 del Código Aduanero no configuraba una norma delegante válida, en tanto no establecía los elementos esenciales del tributo de que se trataba; y -precisó que la ilegitimidad de los derechos de exportación impuestos por normas extra-legales, se limitaba al período en que no fue ratificada por una ley dictada por el Congreso Nacional y que la ratificación de una norma constitucionalmente inválida, sólo podía regir para el futuro.
Al fin de reforzar su pretensión, citó distintos precedentes jurisprudenciales en los que fuera aplicada la doctrina resultante de “Camaronera Patagónica SA”.
Por lo expuesto, Xeitosiño SA solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, se hiciera lugar al pedido de repetición que intentara. Dicha presentación fue replicada por el Fisco Nacional (ver esp. fs. 387/399 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
V. Remitidas las actuaciones en vista, el señor Fiscal general de Cámara, consideró que la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada debía ser resuelta conforme los lineamientos resultantes del fallo dictado por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA” y atendiendo a las circunstancias de hecho invocadas y acreditadas por la recurrente cuya valoración excede -por regla, según lo normado por los artículos 1° y 31 de la ley 27.148- la competencia del Ministerio Público Fiscal.
VI. En este contexto, cuadra advertir que no se encuentran controvertidas las operaciones de exportación en trato, ni los elementos resultantes de sus declaraciones, las características de la mercadería involucrada, su posición arancelaria, etcétera; limitándose la controversia suscitada a determinar si se ajusta a derecho el pago de derechos de exportación al 12% de su valor FOB según lo normado por el decreto 793/2018.
Al punto, resulta atinado destacar que, en el caso, la accionante exportó mercadería declarada como “langostinos enteros - los demás camarones, langostinos y demás decápodos”, mediante las destinaciones “18 037 EC01 007124 M” y “18 037 EC01 008145 Z”, oficializadas el 4/10/2018 y 27/11/2018, abonando en concepto de derechos de exportación la suma total de $1.184.732,85 (conf. fs. 100/102, 124/128, 146/148, 152/154 y 160 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
VII. Dicho ello, a efectos de una mejor compresión de la cuestión antes delimitada, cuadra referir que por decreto 793/2018, del 3/9/2018, el Poder Ejecutivo Nacional, con referencia al artículo 755 del Código Aduanero, aunque invocando también su ámbito de reserva y sus facultades de reglamentación previstas en el artículo 99, incisos 1° y 2°, de la Constitución Nacional) fijo hasta el 31/12/2020, un derecho de exportación del 12% a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM); y, asimismo, estableció que dicho tributo no podría exceder los cuatro pesos por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según correspondiera (conf. esp. los artículos 1° y 2° de la norma bajo referencia). En caso que la mercadería en cuestión ya se encontrara alcanzada por algún tributo de exportación, el gravamen bajo referencia se adicionaría a los que ya se estuviesen exigiendo (conf. esp. artículo 4° de la norma bajo estudio).
Resta agregar que el decreto en cuestión, según sus expresas previsiones, entró en vigencia a partir del día de su publicación (conf. su artículo 7°), lo que aconteció el 4/9/2018.
Luego, la ley 27.467, por medio de la cual fue establecido el Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional para el año 2019 (publicada en el BORA del 4/12/2018) dispuso, en cuanto aquí importa, que en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo Nacional mediante el artículo 755 y concordantes del Código Aduanero y sus modificaciones, se podrían fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el 30% del valor imponible o del precio oficial FOB de la mercadería involucrada; reduciéndose al 12% el tope máximo en lo que respecta a los bienes que no se encontraran sujetos a derechos de exportación al 2/9/2018 o bien lo estuvieran con una alícuota del 0% (conf. esp. su artículo 81). Asimismo, se acordó que mantendrían validez y vigencia los decretos 1126/2017 y sus modificaciones, 486/2018 y sus modificaciones, 487/2018 y sus modificaciones, y 79372018 y sus modificaciones, como así también toda otra norma vigente que hubiera sido dictada en el marco de aquellas facultades previstas en el artículo 775 de Código Aduanero (conf. esp. artículo 82 de la ley bajo referencia).
VIII. Precisada la plataforma fáctica y normativa involucrada en la especie, se advierte que, a los fines de la dilucidación del caso, cuadra seguir la doctrina que emana del pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Camaronera Patagónica SA c/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, sent. del 15/4/2014 (registrado en Fallos, 337:388).
En dicha oportunidad, el Alto Tribunal, al analizar la validez de la resolución del Ministerio de Economía 11/2002, por la que se fijaron ciertos derechos a la exportación para consumo, a determinadas mercaderías, identificadas según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), destacó, en cuanto aquí interesa resaltar, que:
-el principio de reserva de ley en materia tributaria no cede en caso que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el artículo 76 de la Constitución Nacional; -los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (artículo 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo;
-ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecieron, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo examinado;
-resultaba admisible que el Congreso Nacional atribuya al Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijasen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa;
-la resolución cuestionada no se ajustaba a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedó -en el caso- completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional;
-el Poder Legislativo Nacional dictó las leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y 26.519, con incidencia en la solución de dicha controversia; advirtiéndose al respecto que -con excepción de la ley 26.519- las restantes contenían una estructura similar ya que, por una parte, ratificaban la totalidad de la delegación legislativa, por los plazos y en las condiciones que allí se establecen y, en lo que al caso interesaba, aprobaban la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994; -si bien la decisión de ratificar en forma general un amplio y variado número de normas que abarcaban diversas materias podía ser objetable desde el ángulo de la técnica legislativa, ello no resultaba suficiente para privar de validez a la ley 25.645 y a aquellas que, con el mismo objetivo, la precedieron o sucedieron; y -la ley 25.645 carecía de eficacia para convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable - como la resolución ME 11/2002-, pero no existía razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia.
Con asiento en estas consideraciones, el Alto Tribunal determinó que la invalidez de la resolución 11/2002 se circunscribía al período comprendido entre el 5/3/2002 (fecha en que entró en vigor) hasta el 24/8/2002, momento a partir del cual rige la ley 25.645, disposición que le otorga a su contenido rango legal.
IX. Si bien los pronunciamientos del Alto Tribunal no resultan obligatorios para los tribunales de las instancias anteriores fuera de los juicios en los que son dictados, en atención a la trascendencia que en el orden judicial revisten las decisiones de la Autoridad Suprema del Poder Judicial de la Nación, corresponde por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, aplicar la doctrina sentada por aquel (conf. CSJN, Fallos, 311:1644 y 2004 y esta Sala, en autos 3950/2017 “Macchiavelli, Andrea Mariana c/EN - Mº Justicia DDHH s/ proceso de conocimiento”, sent. del 28/11/2019 y su cita; entre otros). Es que, ciertamente, y en consonancia con lo que se viene expresando, no puede dejarse de lado la doctrina que emana de los precedentes del Máximo Tribunal pues, tal como se ha sostenido reiteradamente, los restantes tribunales deben un acatamiento moral a su doctrina, habida cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta ser el máximo intérprete de la aplicación del derecho en el ámbito nacional, lo que torna aconsejable seguir sus lineamientos para así mantener la unidad de la interpretación de la ley. X.- Por aplicación al caso de los estándares que emanan del referido pronunciamiento del Alto Tribunal, no cabe sino admitir la apelación deducida por Xeitosiño SA y, en consecuencia, hacer lugar a la acción de repetición que intentara.
En la especie, según fuera puesto de manifiesto en el Considerando I y conforme la información resultante del Considerando VI, la accionante reclamó el reintegro de los derechos de exportación liquidados y abonados respecto de las destinaciones “18 037 EC01 007124 M” y “18 037 EC01 008145 Z”, oficializadas una vez vigente el decreto 793/2018, pero en forma previa a la entrada en vigencia de la ley 27.467; la que, con arreglo a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Camaronera Patagónica SA” (op. cit.), dio base legal, con efectos exclusivamente hacia el futuro.
En tales condiciones, resulta de toda claridad que las consideraciones del Máximo Tribunal en el precedente antes reseñado, dan respuesta al caso y determinan la admisión de la apelación deducida por la accionante, la revocación del pronunciamiento recurrido, la nulidad, en el caso, del decreto 793/2018 y, consecuentemente, el reconocimiento del derecho de Xeitosiño SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa válida al oficializar las destinaciones antes apuntadas, cuyo pago -por lo demás- no fue desconocido en autos por el Fisco Nacional.
En igual sentido se ha pronunciado esta Sala, en autos 22.524/2023 “Xeitosiño SA (TF 15443210-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 11/7/2023 y su cita; entre otros).
XI. A todo evento, cuadra precisar que, en la especie, no concurren los presupuestos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó en “Camaronera Patagónica SA” (op. cit.) para permitir eventualmente, por las particulares necesidades que la reglamentación del comercio exterior impone, la regulación por la Administración de ciertos pormenores y detalles concernientes a los derechos aduaneros previamente fijados por el Congreso Nacional (conf. arg. artículo 99, inciso 2°, de la Constitución Nacional).
En efecto, tal como resulta de lineamientos referidos al tiempo de reseñar la decisión adoptada en el fallo en cuestión, a criterio del Alto Tribunal, resultaría admisible que el Congreso Nacional atribuyera al Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, a la determinación del aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, autorizando así a elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
En el caso, se advierte que el atacado decreto 793/2018 no cumple con los presupuestos legales y constitucionales requeridos en la materia impositiva, careciendo de sustento legal al crear una carga tributaria y fijar una alícuota de derechos de exportación; materia que se encuentra materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación.
Es que, tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresara en “Camaronera Patagónica SA” (op. cit.), el principio de reserva legal en materia tributaria no cede en caso que se actúe por medio del mecanismo de la delegación legislativa previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, pues éste refiere exclusivamente a determinadas materias de administración o de emergencia económica, con plazo fijo para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Al margen de ello, la delegación legislativa se encuentra prohibida, en particular por el propio artículo 76, primer párrafo, así como por el artículo 99, ambos de la Constitución Nacional.
Por tanto, la delegación contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, en cuanto dispone que el Poder Ejecutivo Nacional podrá gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviera gravada con este tributo; desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y modificar el derecho de exportación establecido, en modo alguno alcanza para dar validez al impugnado decreto 793/2018. En este sentido, cuadra advertir que el decreto 793/2018 no se ajustaba a los parámetros antes señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedó librado exclusivamente al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional, careciendo -por tanto- de sustento legal, en tanto creó una carga inexistente y fijó una alícuota en materia de derechos de exportación, materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación; todo ello sumado a la falta de una clara política legislativa que permitiera el ejercicio de tal atribución.
XII. A lo dicho, agréguese que el decreto 793/2018 fue ratificado por ley posterior, la 27.467, publicada en el Boletín Oficial el 4/12/2018 (ver esp. su artículo 82); la que, según sus términos -antes referenciados- refleja que si bien el Poder Legislativo Nacional tuvo la clara y expresa voluntad de conferirle rango de ley, sus previsiones no tuvieron efectos retroactivos, careciendo de eficacia para ello, pues rige para el futuro.
De este modo, el aludido artículo 82 de la ley 27.467, que entró en vigencia a partir de los ocho días de su publicación en el Boletín Oficial (conf. artículo 5° del CCyCN), mal pudo convalidar con efecto retroactivo los derechos de exportación determinados y aplicados por el Fisco Nacional entre el 4/9/2018 y el 13/12/2018 al amparo del decreto 793/2018.
XIII. Por lo demás, se indica que, en igual sentido se expidieron sobre la inconstitucionalidad o invalidez del decreto 793/2018, aplicando el precedente “Camaronera Patagónica” (op. cit.), las restantes Salas que integran esta Cámara (conf. -a título ejemplificativo- Sala I, Fuero, en autos 13.061/2022 “Newsan SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 2/2/2023; Sala III, en autos 377/2021 “Catajuy SRL c/EN - DGA s/Dirección General de Aduanas”, resol. del 18/10/2022; Sala IV, en autos 20.415/2021 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 31/5/2022; y Sala V, en autos 21.909/2021 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 24/6/2022).
XIV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a la apelación intentada, revocar el pronunciamiento del 25/3/2024 dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la resolución AD MARD 172/2021, y, consecuentemente, admitir la pretensión de reintegro seguida por Xeitosiño SA de lo abonado en concepto de derechos de exportación, correspondiente a las operaciones ya referidas.
XV. Sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, conforme las pautas resultantes del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos C.1242.XLIX.REX "Cencosud SA (TF 29.535-A) c/DGA", sent. del 15/5/2014, y toda vez que según surge de las actuaciones administrativas, los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos argentinos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 23.905, la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago (conf. esta Sala, en autos 47.726/2012 "Sancor CUL (TF 26.219-A) y otro c/DGA”, resol. del 2/12/2014, entre muchos otros). A mayor abundamiento, cabe señalar que el artículo 809 del Código Aduanero, que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamente, establece expresamente que la Aduana devolverá directamente los importes que hubiera percibido indebidamente en concepto de tributos. En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que, si procede su devolución, se origina para el Fisco Nacional una deuda en dólares (conf. -en este sentido- CSJN, en autos "Cencosud”, op. cit., esp. Considerando 8º).
XVI. Definida la moneda de pago, en orden al alcance de la condena, se dispone que el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde las peticiones administrativas de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular: -desde los reclamos ante la autoridad aduanera (del 30/8/2019) y hasta el 31/8/2022, según lo normado por la resolución del ex Ministerio de Hacienda 598/2019; y -a partir del 1/9/2022 y hasta el 1/2/2024, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del Ministerio de Economía 559/2022; y -a partir del 1/2/2024, conforme la tasa prevista en la resolución del Ministerio de Economía 3/2024; y, en su caso, por las normas que la reemplacen en lo futuro según el lapso de devengamiento de tales accesorios.
XVII. En atención al modo en que se resuelve, al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
Por los fundamentos que anteceden, este Tribunal
1. admitir la apelación deducida por Xeitosiño SA, revocar el pronunciamiento del 25/3/2024 dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la resolución AD MARD 172/2021, declarar la nulidad del decreto 793/2018 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la exportadora, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos XV y XVI; y 2°) disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese -a las partes y a la Fiscalía general de Cámara- y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia