Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 187362
Lo que resolvió el tribunal
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo: I) Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por PPR Solutions SRL contra la sentencia definitiva. II) Se imponen las costas a la parte demandada, vencida (arts. 68, CPCC). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51, ley 14.967).
Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata
Expte. Nº 187.362
Habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Tercera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Alfredo Eduardo Méndez y 2º) Dr. Rodrigo Hernán Cataldo , se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: "YACOMINI FEDERICO PAULO ANIBAL C/ PPR SOLUTIONS SRL S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES" .
Instruido el Tribunal, surgen de esta causa los siguientes
I. La Sra. Jueza dictó sentencia definitiva el 30 de abril de 2026 e hizo lugar a la demanda promovida por Federico Paulo Aníbal Yacomini contra PPR SOLUTIONS SRL, condenando a esta última al pago de la suma de $ 1.084.088 en concepto de indemnización por los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento contractual, sumado a los intereses y las costas.
Expuso que las partes se encontraban vinculadas por un contrato de compraventa de productos sobre muestras y que la compradora no había cumplido con el pago de precio, así como tampoco acreditado los defectos en la mercadería o el cumplimiento del procedimiento que establece el artículo 1157 del CCCN para acreditar ello, por lo que su defensa no debía prosperar.
La condena comprende la suma de $ 603.900 por daño emergente en concepto del precio no abonado y el daño moral por $ 480.188.
Los intereses se fijaron desde la intimación cursada al demandado el 22 de diciembre de 2021 y hasta el efectivo pago conforme la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para el descubierto en cuenta corriente (conforme el antecedente "Melegari" de la Sala Segunda de este Tribunal), con la salvedad de que los correspondientes al daño moral debían calcularse desde la fecha indicada y hasta la sentencia con la TNA del 6 %, para continuar con posterioridad con la tasa antedicha.
II. El 5 de mayo de 2026 apeló la parte demandada por intermedio de su letrado apoderado, abogado Guillermo Ferrari.
El recurso se concedió libremente el 14 de mayo de 2026.
El 25 de junio de 2026 expresó agravios.
Expone que la jueza ha interpretado y aplicado erróneamente lo dispuesto por el artículo 1157 del CCCN. Explica que esta norma no impone como única vía la designación de un perito arbitrador si el vendedor admitió el defecto, que es lo que sucedió en el caso, atento a que no fue negado por el actor, quien envió la orden completa incluyendo más unidades de gentileza.
A su vez, alega que informó sin demora el defecto del producto, como puede observarse de los correos electrónicos remitidos en septiembre del año 2021.
En su segundo agravio afirma que la colega ha minimizado el resultado de la pericia, la que da cuenta de que el material entregado era de calidad inferior porque se trataba de vidrio recocido en lugar de templado. Sostiene que el vidrio no era idóneo para su función, porque eran mates que debían recibir agua caliente. Esto configura un vicio oculto, justifica el rechazo de la mercadería y lo habilita a ejercer la excepción de incumplimiento (art. 1031, CCCN).
Luego cuestiona que se haya admitido el daño moral. Sostiene que no debió presumirse porque se trata de un supuesto de responsabilidad contractual, que el incumplimiento es un riesgo propio al giro comercial que el actor debió asumir. Afirma que se otorgó el rubro en función a las presunciones, lo que resulta arbitrario conforme la doctrina mayoritaria en la materia.
Por otro lado, si bien comparte el criterio de que se fije el monto ponderando el costo de un placer sustitutivo, considera que la suma es excesiva, porque representa casi el 80 % del valor de la mercadería.
Respecto al daño emergente, relata que el actor solicitó $ 611.527,68, pero que la jueza lo condenó al pago de $ 603.900 considerando el costo de $ 99 por unidad. Refiere que Yacomini nunca facturó la mercadería, que sin factura no hay mora impositiva, ni obligación exigible, además de que no pudo ejercer su derecho de impugnación.
Cuestiona la tasa de interés. Indica que al encontrarnos ante una deuda de valor que fue "actualizada" a la fecha de la sentencia (especialmente el daño moral), la aplicación de una tasa activa genera un enriquecimiento indebido y un anatocismo encubierto. Solicita que se fije una tasa pura que ronde entre el 6 y el 8 % nominal anual.
Afirma que la sentencia es arbitraria. Solicita que se revoque y, en consecuencia, se modifique la imposición en costas.
III. El 3 de agosto de 2026 se tuvo por fundado el recurso y se ordenó el traslado a la contraria.
El 10 de septiembre de 2026 se desestimó la contestación de la expresión de agravios efectuada por la actora, al resultar extemporánea.
En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S:
1ª) ¿Se encuentra ajustada a derecho la resolución dictada el 30 de abril de 2026?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ, DIJO:
La expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considera equivocadas (art. 260, CPCC). En el caso en que no se cumpla con ello, el recurso se declarará desierto (art. 261, CPCC).
Explica la doctrina que la fundamentación debe contener un mínimo de técnica recursiva por debajo de la cual las consideraciones o quejas carecen de entidad jurídica como agravios, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el juez sin hacerse cargo de los fundamentos de la resolución apelada (Hitters, Juan Carlos, Técnica de los recursos ordinarios . Librería Editorial Platense SRL, La Plata, 1985, pág. 442; conc. Roberto G. Loutayf Ranea, El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989, p. 262).
Desde esta perspectiva, ha sostenido esta Cámara que la expresión de agravios debe estar directamente dirigida a la sentencia, debiendo ser una crítica objetiva y razonada de la misma, mediante un planteo serio, fundado y concreto, orientado a demostrar la injusticia del fallo atacado (Sala 1, c. 182.881 del 6/5/2025, con cita a causas N° 88.376 RSD-387-93 del 23/11/93; 95.833 RSI- 93795 del 21/11/95; 95.524 RSI-14-96 del 02/02/96; 88.356 RSD-182-97 del 26/06/97; 104.007 RSI-1194-97 del 14/10/97; entre otras).
La parte demanda señala en su recurso que el actor reconoció que los mates objeto de la compraventa tenían fallas y que se entregaron modelos distintos, por lo que no era necesaria la pericia que evaluara su calidad y su parte podía excepcionar el cumplimiento de la prestación a su cargo.
A su vez, refiere que el perito explicó que el vidrio no era templado, sino de una calidad inferior, pero que esto fue ignorado por la magistrada.
En primer lugar, cabe decir que la pericia no fue descartada sin razón, sino que la colega explicó que no era relevante para el caso, atento a que el material con el que se confeccionaron los mates (vidrio recocido en lugar de templado) no fue objeto de cuestionamiento por la parte demandada. A su vez, destacó que tampoco se había acreditado que no fueran aptos para la comercialización o que fueran de una calidad diferente a los mates que la misma empresa ya ponía a la venta.
Por otra parte, la magistrada tuvo por probado que PPR Solutions SRL manifestó su voluntad de conservar los bienes y mantener la compra con un precio reducido, tal como se expuso en el correo electrónico del 30 de septiembre de 2021.
Nada de esto cuestionó el apelante.
Siguiendo lo expuesto, el recurso se encuentra desierto porque los argumentos dados nada dicen sobre los fundamentos de la sentencia para descartar las razones que reitera en su expresión de agravios.
Así, ha dejado incólumes los argumentos en torno a la irrelevancia de la diferencia en el material y la voluntad de la demandada de quedarse con los bienes, por lo que sus críticas en torno a los defectos del vidrio para justificar su incumplimiento se demuestran como insuficientes para adentrarnos en el recurso.
Se ha dicho que la apelación resulta notoriamente insuficiente cuando alguna de las premisas conclusivas en las que el fallo se apoya no se cuestiona por parte de quien recurre, arribando en consecuencia firme a la Alzada el pronunciamiento sustentado en tales argumentos (Juris, CCESPE LP 91808 RSD-46- S 13/03/2000, citado en Hitters Juan Carlos, Técnica de los recursos ordinarios , Librería Editora Platense, La Plata, 2ª edición, p. 461).
Por lo dicho, considero que esta parcela del recurso se encuentra desierta (arts. 260, 261, CPCC).
No le asiste razón al apelante.
La distinción entre las órbitas de la responsabilidad contractual y extracontractual no resulta esencial para la determinación y cuantía del daño moral, sino que éste deriva de la evaluación de la existencia del perjuicio concreto y su vinculación con el hecho lesivo (arts. 1728, 1741 y ccdtes, CCCN).
Si bien el daño debe ser probado (art. 1744, CCCN), no se configura una excepción a esta regla cuando surge notorio o elocuente a partir de los mismos hechos, tornando innecesario un esfuerzo adicional del pretensor para acreditar su pedido. Las exigencias probatorias no desaparecen, sino que se flexibilizan recurriéndose a inferencias a fin de poner de relieve la afección subjetiva padecida (Zavala de González, La Responsabilidad civil en el nuevo Código , Ed. Alveroni, tomo II, pág.521; este Trib. Sala 1, c. 184.629 del 30/12/2025).
Es por ello que las circunstancias de cada caso siempre tendrán gran significación para la determinación objetiva del daño moral experimentado por el damnificado y, al mismo tiempo, para facilitar la concreción de una solución equitativa (Pizarro y Vallespinos, Tratado de la responsabilidad civil , Ed Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017, tomo I, p. 796).
Conforme este criterio -seguido por la jueza- no le asiste razón al recurrente cuando expone que para la procedencia de este rubro se deba probar un cuadro de ansiedad, depresión o lesión al honor. Conclusión que no se ve modificada por el origen contractual del resarcimiento o la calidad de comerciante del actor (similar sentido, este Tribunal, Sala II, c. 179.795 del 6/8/2024; Sala 1, c. 184.629 del 30/12/2025).
En cuanto a su cuantía, si bien alega que resulta desproporcionado porque representa el 80 % del valor de la mercadería, su comparación no es hábil para modificar lo resuelto, atento que la pauta sustitutiva que resarce el daño moral no tiene relación directa con la estimación del daño emergente que pudo sufrir, a su vez, la víctima (arts. 1738, 1741, CCCN).
En definitiva, no encuentro en los agravios de la demanda motivos para modificar lo resuelto, por lo que propongo al acuerdo que se desestime el recurso (arts. 1741, CCCN; 260 y ccdtes, CPCC).
El agravio no procede.
Si bien la factura es el medio probatorio por excelencia de la compraventa de bienes muebles, no es el único medio de prueba habilitado para acreditar el precio (arts. 1133, 1143, 1145, CCCN).
La factura cumple una función liquidatoria del negocio, porque contiene información sobre la transacción comercial y financiera, pero no es un instrumento del contrato de compraventa, sino una de sus pruebas (Heredia, Pablo, Código Civil y Comercial comentado y anotado , ed. La ley, Bs As, 2022 tomo IV, págs. 878 y sgtes).
Podrá advertirse de lo dicho que la inexistencia del documento comercial no imposibilita que se pruebe el contrato y el precio por otros medios, por lo que la mera omisión no es suficiente para justificar la ausencia del precio convenido.
De este modo, la magistrada fijó el costo de la venta y cuantificó el daño emergente siguiendo lo expuesto por el actor en su demanda, quien relató que se acordó un precio por unidad de $ 99. Fue así que fijó este rubro en la suma de $ 603.900, costo de los 6.100 mates.
Ante ello, PPR Solutions SRL podía resistir a ese reclamo en la contestación de la demanda, por lo que la falta de emisión de la factura no obstaba a su defensa, como parece inferirse de su exposición (arts. 354, CPCC).
En definitiva y por los fundamentos dados, propongo que se rechace este agravio (art 68, CPCC).
El agravio se encuentra desierto (arts. 260, 261, CPCC).
Si bien la recurrente afirma que la aplicación de la tasa activa genera un enriquecimiento indebido y un anatocismo encubierto, lo cierto es que no ha explicado cómo la diferenciación de las tasas (nominal hasta la determinación de la indemnización y luego la tasa activa) produce la actualización del crédito, dado que justamente tal distinción intenta evitar la repotenciación del capital cuantificado a valores actuales a la fecha de la sentencia.
En tal sentido, se ha dicho que la pieza argumental es insuficiente si se apontoca en meras afirmaciones genéricas, atento que la expresión de agravios debe ser autosuficiente y completa (Hitters, ob. cit., p. 459).
En consecuencia, considero que este agravio se encuentra desierto (arts. 260, 261, CPCC).
También se encuentra desierto el acuse de arbitrariedad en la evaluación de la prueba volcado en el sexto agravio, al no contener una crítica en específico a las constancias de prueba relevadas por la magistrada, por lo que no constituye una crítica concreta del fallo atacado (arts. 260, 261, CPCC).
En cuanto a las costas, al desestimarse los agravios para revertir lo resuelto, se confirma la condena al demandado, vencido. De igual modo, se imponen las costas del recurso (art. 68, CPCC).
En consecuencia y si mi voto es compartido, corresponderá rechazar el recurso interpuesto por PPR Solutions SRL, con costas (arts. 68 y 260, CPCC).
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTION, EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ DIJO:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por PPR Solutions SRL contra la sentencia definitiva. II) Imponer las costas a la parte demandada, vencida (arts. 68, CPCC). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51, ley 14.967).
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo: I) Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por PPR Solutions SRL contra la sentencia definitiva. II) Se imponen las costas a la parte demandada, vencida (arts. 68, CPCC). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51, ley 14.967).
Notifíquese la presente por el sistema automatizado a los domicilios electrónicos (Ac. 4013 SCJBA). REGISTRESE. Oportunamente, DEVUÉLVASE.
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975 de la SCBA
Firmas
Funcionario firmante: MENDEZ Alfredo Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: CATALDO Rodrigo Hernán - JUEZ
Funcionario firmante: ANTONINI Pablo Daniel - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 454-2026
Fin de la sentencia