Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 33.003-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello y en orden a lo expuesto, corresponde confirmar el ajuste practicado en el impuesto al valor agregado por los periodos fiscales enero/2003 a diciembre/2006 y a las ganancias, períodos fiscales 2003 a 2006.-
XI. Que a mayor abundamiento, cabe tener en cuenta la sentencia recaída en los autos caratulados: “Yacoponi Abel Jesús s/Infracción Ley 24.769”, de fecha 21 de octubre del 2010 que tramitó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Nicolás.-
Mediante el referido decisorio se decretó el procesamiento de la recurrente, en calidad de autor, y el procesamiento de Temperini Guillermo Juan Ricardo y Serafini Fernando José, en calidad de partícipes necesarios por el delito de evasión correspondiente al impuesto a las ganancias y ganancias –salidas no documentadas-, período fiscal 2006.-
Posteriormente, en atención a la reforma introducida por la ley 26.735 al artículo 1° de la ley 24.769 -que elevó los montos para la configuración del delito de evasión-, a pedido del Fiscal Federal Subrogante, el mentado Juzgado resolvió con fecha 8/3/2012 sobreseer totalmente en las presentes actuaciones a aquéllos en los términos establecidos en el art. 336. inc. 3) del C.P.P.N.
No obstante ello, es menester destacar que el juez penal efectuó un análisis pormenorizado de las cuestiones fácticas y luego de estudiar las pruebas recolectadas durante la fiscalización y las producidas en la causa penal concluyó que el Sr. Abel Jesús Yacoponi había computado créditos …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-27474361-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 22 de Marzo de 2022 En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Ruben marchevsky (Vocal Titular de la Tercera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 33.003-I, caratulado “YACOPONI ABEL s/apelación y sus acumulados Nros. 33.199-I y 37.529-I de igual carátula.-
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fojas 120/148 se interpone recurso de apelación contra las resoluciones de la AFIP de fecha 25/11/2008. Por medio de las cuales se determina de oficio la obligación tributaria de la recurrente frente a los impuestos -al valor agregado, períodos enero/2003 a diciembre/2006, con más intereses resarcitorios y; -a las ganancias, períodos fiscales 2003 a 2006, con más intereses resarcitorios. En ambas resoluciones se le aplicó una multa en los términos de los arts. 46 y 47 inc. b) de la ley 11683, con excepción del período 2006 en atención a lo dispuesto en la ley 24.769; y ganancias –salidas no documentadas- períodos fiscales abril 2003 a mayo 2007, con más intereses resarcitorios, aplicándosele multa de conformidad con el art. 45 de la ley 11683 con relación al período 2003 y de conformidad con el art. 46 de la citada norma, por los períodos 2004, 2005 y 2007, salvo período 2006 por aplicación de la ley penal.-
Comienza su escrito abordando la situación de cada uno de los proveedores cuestionados por el ente fiscal. En ese sentido, enumera una serie de contradicciones en las que habría arribado aquel organismo.-
Plantea la nulidad de todo lo actuado con sustento en que no se consideró correctamente las pruebas aportadas. En efecto, considera que se desconocieron tanto las respuestas dadas por los proveedores como los elementos aportados, y que se realizó una presunción absoluta al desconocerse los pagos realizados a aquéllos, los que fueron efectuados, según dice, en cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes.
Añade como otro elemento a tener en cuenta en la defensa planteada, el hecho de considerar solamente la parte de la prueba que le convenía.-
Afirma que la ley de P.A.N prevé que toda resolución debe ser debidamente fundamentada.
Sostiene que el Fisco no realiza los controles como corresponde, ya que las tareas de control y verificación las realiza a través de la fiscalización realizada a un tercero, y que los elementos colectados por la inspección no son suficientes para fundar la tacha de apócrifa que le atribuye a la facturación impugnada. Explica que dentro del esquema comercial, y para su registración, una operación debe cumplir con varios requisitos, y uno de ellos es la tradición de la cosa adquirida.
Manifiesta que el Sr. Temporini, Guillermo fue el nexo para operar con los proveedores impugnados, con excepción de Serafini, y que por la distancia entre las sedes administrativas, se vio como solución entregar los cheques a aquél, a los efectos de que los entregara a los proveedores, motivo que por comodidad no lo impulsó a modificar el sistema de pagos. Por otra parte, aduce que todos los pagos se realizaron exclusivamente con cheques o transferencia y que en sentido inverso los créditos bancarios de su cuenta responden a depósitos en cheques y transferencias provenientes de sus ventas. Agrega que no hay depósito alguno en efectivo, que permita dudar del origen de esos fondos o que haga suponer que los pagos efectuados a los proveedores de alguna forma hayan vuelto a su giro comercial.
Puntualmente y con respecto a la prueba pericial contable, advierte que refutó todos los dichos de la fiscalización, ya que en dicha etapa, se presentaron las facturas y sus correspondientes recibos, se acompañaron en cada caso las constancias de los cheques emitidos y se verificó el cobro de los mismos, se informaron las situaciones de cada uno de los proveedores, se informó debidamente los insumos y servicios prestados por cada uno.
En ese punto aclara que como su sistema de trabajo es por licitación pública o privada, consistente en la reparación y puesta en funcionamiento de silos y plantas agrícolas, el pago lo logra solamente cuando sus clientes verifican el cumplimiento de aquellos trabajos licitados o contratados.
Entiende que no se puede imputar a un contribuyente un acto que realiza de buena fe y que luego la propia AFIP le objeta, aplicándole en forma retroactiva un castigo. Añade que no solamente cumplió con los aspectos formales, sino además con otros elementos que permitieron verificar que accionó correctamente en todos los casos, tales como verificar que cada cheque fuera realizado a nombre del respectivo proveedor, acompañó los resúmenes de cuenta bancaria para que se verifique que en ningún caso hubo un reingreso de dinero que hiciera suponer la vuelta de los fondos y además verificó el cumplimiento fiscal de cada proveedor, solicitando de los mismos le acompañasen copia de las declaraciones juradas presentadas por los mismos en los períodos cuestionados, de dónde surge la fecha de presentación de las mismas y el reconocimiento de los débitos fiscales dónde se generaron sus créditos fiscales.-
Continúa su relato agraviándose del rechazo de la prueba informativa, testimonial. En punto a ello, concluye que la incomprensión fiscal y la mala interpretación de lo manifestado, además de una evidente falta de capacidad para controlar y verificar lo que pasa en sus propios sistemas, le produce un daño que lo lleva a solicitar que se deje sin efecto las resoluciones apeladas.-
Sostiene con relación a la multa en salidas no documentadas, que no se puede aplicar una sanción sobre el impuesto de un tercero y que resulta ridículo que el Fisco fije dos posiciones distintas para el mismo período fiscal, esto es, para el año 2003 aplicó el art. 45 y para los años 2004, 2005 y 2007 la figura del art. 46, sin siquiera fundamentar su posición.-
Entiende que las mismas se deben dejar sin efecto, atento no estar debidamente fundamentadas, y por carecer del elemento objetivo y el subjetivo .-
Finalmente se agravia del instituto sobre las salidas no documentadas, citando jurisprudencia y doctrina en apoyo a su tesitura.-
Ofrece prueba y hace reserva de la cuestión federal.-
Posteriormente, a fojas 349/370vta la actora interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 30/3/2009 mediante la que se rechaza total o parcialmente las compensaciones oportunamente efectuadas que cancelan obligaciones referidas al impuesto a las ganancias y sobre los Bienes Personales, con fundamento en las resoluciones Nros. 203 y 204/2008 que determinaron los impuestos al valor agregado y a las ganancias aquí en discusión.-
Finalmente a fojas 561/565 interpone recurso de apelación contra las resoluciones de fecha 4/02/2013 mediante las cuales se le aplicó a la recurrente sendas multas correspondientes al impuesto a las ganancias y ganancias –Salidas No Documentadas-, período fiscal 2006, con sustento en el art. 46 de la ley 11.683.-
Efectúa una introducción acerca de la naturaleza penal de las infracciones tributarias, así como los principios del derecho penal que le son aplicables, no solo al reproche de la conducta sino también a la aplicación de la norma sancionatoria en su faz objetiva y subjetiva.- Resalta la existencia de criterios unánimes tanto en doctrina como en jurisprudencia en ese sentido.-
Invoca la nulidad absoluta de la resolución por cuanto la misma no deviene producto de un procedimiento que respete el orden administrativo vigente, sino, dice, que es producto del voluntarismo de los funcionarios intervinientes que no resultan suficientes para dejar de lado los principios, derechos y garantías que rigen en el sistema administrativo en general y sancionatorio en especial.-
Entiende que el objeto del proceso (ganancias y ganancias –salidas no documentadas-, período 2006) no se encuentra legalmente probado para que proceda la sanción, toda vez que aún se encuentra en discusión ante este Tribunal la impugnación por parte del organismo fiscal de ciertos gastos deducidos.- Por otra parte, señala que en la causa penal se determinó que no existe conducta alguna en infracción a la ley penal por lo que menos puede haber una infracción del art. 46 de la ley 11683.- En ese sentido, afirma que encontrándose firme la sentencia penal, la autoridad administrativa no puede aplicar sanción alguna pretendiendo alterar las declaraciones de hechos contenidas en aquélla.-
Señala que tal circunstancia afecta la garantía constitucional de “no bis in ídem” ya que se desconoce una sentencia judicial firme recaída en sede penal en calidad de cosa juzgada.-
Por último, invoca la nulidad con sustento en la ausencia de causa, motivación y finalidad.-
Cita jurisprudencia y doctrina. Ofrece prueba.
II. Que a fojas 318/335vta, 398/408vta y 571/583 contesta la representación fiscal, quien por las razones de hecho y de derecho que expone, solicita se confirme la resolución apelada. Hace reserva de la cuestión federal.-
III. Que a fojas 415/416 obra sentencia por la que se resolvió rechazar la excepción de incompetencia interpuesta por el Fisco Nacional.-
A fojas 427 se abre la presente causa a prueba. A fojas XX se clausura y a fojas 662 se elevan los autos a consideración de la Sala “A” y se ponen los autos para alegar, haciendo uso de su derecho la actora a fojas 669/677 y el Fisco Nacional a fojas 665/667.-
A fojas 682 se llaman los autos para dictar sentencia.-
IV. Que por una razón de lógica precedencia debo expedirme sobre los planteos dirigidos a obtener una declaración de nulidad de las resoluciones apeladas con sustento en que el organismo fiscal no consideró correctamente las pruebas aportadas.-
Preciso es recordar que la ley establece que el procedimiento de determinación de oficio se inicie con un acto administrativo por el que se confiere vista de las actuaciones, acto destinado a que el contribuyente pueda tomar conocimiento del accionar fiscal y de los cargos e impugnaciones que se formulan a fin de garantizar el derecho de defensa. Dicho procedimiento debe respetar el derecho del administrado de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión del acto, de ofrecer las pruebas y también solicitarlas, y debe concluir con una resolución que haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto resulten conducentes a la solución del caso.
Así definido, el procedimiento de determinación de oficio es un procedimiento administrativo que concluye en un acto administrativo que, como tal, debe reunir los elementos que la ley 19.549 establece.
En ese contexto, los agravios dirigidos a obtener la declaración de nulidad de los actos venidos en recurso no pueden prosperar, pues cabe destacar que es conteste la doctrina emanada de nuestro Máximo Tribunal en sostener que “…cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. CSJN, Fallos: 205:549, 267:393, entre otros). Ello así, en autos el recurrente ha podido ofrecer y producir las medidas probatorias tendientes a probar sus dichos, por lo que tales agravios no pueden ser acogidos favorablemente.
Finalmente, cabe hacer notar también que la propia recurrente -quien pese a agraviarse respecto al rechazo de la prueba ofrecida al presentar su descargo- utiliza la producida en aquella instancia para fundamentar sus agravios respecto a los ajustes efectuados en los impuestos al valor agregado y a las ganancias. A su vez, este Tribunal ya ha manifestado en reiteradas oportunidades que el juez competente en el proceso de determinación de oficio no está obligado a admitir ni a ponderar toda la prueba ofrecida en la instancia administrativa por el contribuyente, sin que dicha circunstancia amerite la tacha de nulidad del acto administrativo (entre varios, "Craft SA”, Sala C del 19/12/2005). Es dable notar, que en esta instancia no ha ofrecido prueba tendiente de producción.-
En síntesis, las resoluciones se estiman suficientemente fundadas atento que el juez administrativo expresó sucintamente los motivos que lo llevaron a resolver como lo hizo y los hechos que ponderó a ese efecto, por lo que los agravios se traducen en meras discrepancias con lo resuelto por aquel funcionario.-
En función de lo expuesto, corresponde rechazar las defensas opuestas por la actora. Con costas.
V. Que sentado lo que antecede, corresponde establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Que durante la fiscalización practicada a la recurrente, se habría constatado el cómputo de deducciones y de créditos fiscales provenientes de documentación de compras y gastos sobre la cual no habría podido establecerse fehacientemente, que correspondieran a operaciones efectivamente realizadas. Que del informe de inspección (vide fs. 23/40 de los a.a.), surgen los motivos por los que se observaron a los siguientes proveedores, a saber:
SERAFINI, FERNANDO JOSÉ: el recurrente es el principal cliente de este proveedor. No contaría con capacidad operativa para el desarrollo de su actividad. Los conceptos facturados son mano de obra por servicios de reparación, repuestos y, en algunos casos, construcciones de estructuras para galpones, norias, etc. Presentó rectificativas en los impuestos al Valor Agregado, Ganancias y Bienes Personales, intentando validar los débitos fiscales por las facturas emitidas, incluyendo la deuda en un plan de pagos por el cual no ingresó cuota alguna. Asimismo, manifestó que no posee empleados, desarrolla su actividad en forma individual, o terceriza en talleres que no identifica; la lleva a cabo en un taller que posee en su casa y otra parte la deriva; no puede precisar si ha presentado un plan de pagos ante la AFIPI por no recordarlo en ese momento, no recuerda el monto facturado en el año 2005 y su asesor contable es el Contador Labatelli, quien también es el asesor contable del Sr.
Yacoponi Se le solicitaron Libros IVA, documentación, papeles de trabajo, etc, que nunca fueron aportados. Por otra parte, la Municipalidad de Colón informó que poseía un local habilitado para la actividad de Consignación, venta y reparación de motos, habiéndose dado baja de oficio por deuda el 31/12/2002. A su vez, la Cooperativa de Consumo Eléctrico de Colón, informó que solo posee un medidor a su nombre de tipo monofásico, siendo que la actividad desarrollada necesitaría energía trifásica. Además, los volúmenes de consumo serían acordes a los de una casa de familia. Por otra parte, la recurrente no le ha practicado retenciones de ningún tipo, según surge de bases de datos de AFIP. Se encuentra incluido en la consulta de facturas apócrifas. .'..
NAWMAN S.A.: La circularización postal efectuada al domicilio fiscal (sito en Armenia 1550, CABA) no fue respondida. Se concurrió personalmente y se constató que se trata de un edificio PH, no pudiendo individualizarse el departamento. Los moradores del lugar, desconocieron a la firma. En el otro domicilio alternativo sito en Rodríguez Peña N° 36, piso 101 "G", de la CABA, el encargado del edificio quien manifestó que se trata de una oficina que se encuentra permanentemente cerrada y que no conoce a la firma. Se registran presentaciones en los impuestos a las ganancias y al valor agregado, no así como empleador. La relación débito - crédito fiscal es muy pareja lo que determinó pagos por este impuesto que no llegan a $5.000.- por los años 2004 y 2005, asimismo, los resultados declarados en el impuesto a las ganancias son muy exiguos, registrándose un solo pago de $ 296,99.- en concepto de este impuesto por los años 2004 y 2005.
La CUIT del Contador que figura en las presentaciones del impuesto a las Ganancias es la 20-10849709-3 y pertenece al señor Abbatantuono, Juan Carlos quien según las bases de esta AFIP-DGI, registra domicilio fiscal en Paso N° 312 de la ciudad de QUILMES (Pcia Buenos Aires). No registra bienes a su nombre.
Con relación a los pagos de las operaciones, el contribuyente informó que la casi totalidad de los mismos fueron efectuados mediante cheques. Algunos fueron emitidos a nombre del señor Temperini y otros correctamente a nombre del proveedor; no obstante parte de éstos últimos terminaron siendo depositados en una cuenta de la mencionada persona. Fueron presentados al cobro o bien depositados en el BANCO CREDICOOP de la ciudad de Colón (Pcia. BS. AS.), en el BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES de la ciudad de San Nicolás (Pcia. BS. AS.) y algunos endosados a favor de una Asociación de Socorros Mutuos de la ciudad de Colón. De las consultas a las bases de esta AFIP-DGI, no se pudieron establecer relaciones entre la firma y el señor TEMPERINI. Ubicado personalmente el señor TEMPERINI, manifestó que no recuerda conocer a la firma NAWMAN S.A. ni haber cobrado cheques o valores a nombre de esta firma, que no tiene relación comercial alguna con aquélla. La imprenta que confeccionó las facturas de esta empresa, envió los antecedentes de los cuales se puede observar que los trabajos fueron retirados por un señor que firma bajo el nombre de DANIEL MAGGIO (DNI 12.018.061). Consultadas las bases de esta AFlP no se pudo localizar a ninguna persona con ese nombre y documento (el número de documento pertenece a una señora de nombre SANCHEZ, MARÍA DEL VALLE). El contribuyente inspeccionado no le ha practicado retenciones de ningún tipo a NAWMAN S.A. La actividad por la cual se encuentra inscripta es Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. Cabe aclarar que los comprobantes N° 301 y N° 308 .de abril de 2006, se encuentran registrados en el libro IVA-Compras bajo el nombre del proveedor SAVANS S.A., pero pertenecen a NAWMAN S.A.
JAE CONSTRUCCIONES S.A.: El Sr. Serka manifestó que era el encargado administrativo de esta firma y que reconocía las operaciones con el Sr. YACOPONI. Se constató que el domicilio fiscal es Córdoba N° 1432, P. 7 "A" de la CABA y el domicilio que se observa en los comprobantes es Esmeralda 561, P. 1 "32" de la misma ciudad. El inspector actuante se apersonó en el domicilio fiscal, donde funciona un estudio jurídico, y donde el profesional responsable del mismo manifestó no conocer a esta firma, y que hace más de ocho (8) años tiene fijada su oficina laboral en dicho domicilio. El domicilio que figura en los comprobantes se encuentra ubicado en una galería comercial del microcentro de la CABA; se trata de un local cerrado donde no fue posible encontrar a persona alguna, y donde según las manifestaciones del encargado de esa galería una persona de sexo femenino pasa a retirar mensualmente correspondencia (Ver acta a foja 638 y ss.
Cuerpo Principal IVA, 0.1. 208.637). Otro domicilio que surge de las bases es Valle N° 62, piso 7° "A", de CABA: este domicilio es sede de más de veinticinco (25) contribuyentes según la consulta al padrón de contribuyentes de AFIP, entre ellos METDAM S.A. Se envió carta a dicho domicilio, devuelta por el correo por causa de "domicilio cerrado". Se registran presentaciones en los impuestos a las ganancias y al valor agregado, la relación débito/crédito es muy pareja, los resultados son exiguos, ha ingresado aproximadamente PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00) en concepto de IVA por los años 2005 y 2006 y nada en relación al Impuesto a las Ganancias del mismo período. No declara empleados en el año 2005 y solo declara uno por los períodos abril-septiembre 2006.
La CUlT del Contador que figura en las presentaciones del Impuesto a las Ganancias es N° 2010849709-3 y pertenece al Sr. Abbatantuono. No registra bienes a su nombre. De los pagos informados por el contribuyente, se puede observar que fueron efectuados mediante cheques emitidos mayoritariamente a nombre del Sr. Temperini y si bien algunos fueron emitidos a nombre del proveedor, terminaron siendo depositados en una cuenta de esta persona. A excepción de un solo valor, los restantes fueron presentados al cobro o bien depositados en el BANCO CREDICOOP de la ciudad de COLÓN, Pcia. BUENOS AIRES. No se pudieron establecer relaciones entre la firma JAE CONSTRUCCIONES SA y el Sr. Temperini. Ubicado personalmente, manifestó que no recuerda conocer a dicha firma, ni haber cobrado cheques o valores a nombre de aquélla, que no tiene relación comercial alguna-.
La actora no le ha practicado retenciones de ningún tipo. La actividad por la cual se encuentra inscripta es Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales.
SAVANS S.A.: El domicilio fiscal es Córdoba N° 1432, piso 70 "A", CABA y el domicilio consignado en los comprobantes es Tucumán N° 764, Dpto. 32, CABA. En el domicilio fiscal funciona un estudio jurídico, donde el profesional responsable del mismo manifestó no conocer a esta firma, y agregó que hace más de ocho años tiene fijada su oficina laboral en dicho domicilio. El domicilio que figura en los comprobantes se encuentra ubicado en una galería comercial del microcentro de la CABA, se trata de un local cerrado donde no fue posible encontrar a persona alguna, y según las manifestaciones del encargado de esa galería una persona de sexo femenino pasa a retirar mensualmente correspondencia. Se trata del mismo local que figura como domicilio comercial de JAE CONSTRUCCIONES S.A., y es la misma galería comercial que tiene dos entradas, una por la calle Tucumán N° 764 y la otra por calle Esmeralda N° 561.
Consultadas las bases de AFIP-DGI, se detecta que el domicilio de la calle Tucumán N° 764 Dto. 32 figura como domicilio (fiscal y/o real) de aproximadamente veinte contribuyentes. Si bien se registran presentaciones en los impuestos a las ganancias y al valor agregado, la relación débito/crédito es muy pareja, los resultados son exiguos, ha ingresado aproximadamente $ 5.500,00 en concepto de IVA por los años 2Ó05 y 2006, nada en relación al Impuesto a las Ganancias del mismo período. No declara empleados en el año 2005, declara uno por el período abril 2006 - agosto de 2006, y cuatro a partir de septiembre de. 2006. La CUIT del Contador que figura en las presentaciones del impuesto a las Ganancias es 20-10849709-3 No registra bienes a su nombre.
Los pagos de estas operaciones fueron efectuados mediante cheques emitidos algunos a nombre del proveedor y otros a nombre del Sr. Temperini, y terminaron siendo depositados en una cuenta de este señor o presentados por él al cobro. A excepción de un solo valor que fuera depositado en una cuenta del BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES de la ciudad de SAN NICOLÁS, los restantes fueron presentados al cobro o bien depositados en el BANCO CREDICOOP de la ciudad de COLÓN. Ubicado el Sr. Temperini manifestó que fue empleado de la firma SAVANS S.A. hasta mediados del año 2007 y que en su carácter de empleado recibía valores para SAVANS S.A. de parte del Sr. YACOPONI, ABEL, pero que nunca tuvo poder de representación por parte de SAVANS S.A.
Además, manifestó que el dinero que recibía era entregado a una empresa de correo privado que lo retiraba de la ciudad de COLÓN y desconocía las personas que lo recibían. Por otra parte, se consultaron a las bases de AFIP- DGI donde se detectó que la calidad de empleado del señor Temperini, según las declaraciones juradas del Sistema Único de la Seguridad Social de SAVANS es a partir del mes de marzo de 2007 hasta la actualidad. Uno solo de los cheques involucrados tiene fecha de cobro en mayo de 2007, los restantes son anteriores a marzo de 2007. La actora no le ha practicado retenciones de ningún tipo a SAVANS S.A. La actividad por la cual se encuentra inscripta es Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales.
Los conceptos facturados son servicios: fabricación, montaje, pintado, armado, etc. Los importes impugnados son PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 10/100 ($ 187.455,10) en concepto de neto gravado, por los períodos 06/2005 a 12/2006).-
METDAM SA: El domicilio fiscal está ubicado en la calle Miller N° 4472 de la CABA y el domicilio que se observa en los comprobantes es Esmeralda 561, P.l, 32, CABA, y como domicilio legal se consigna Valle N° 62, piso 70 "A", CABA. En el domicilio fiscal, no se pudo localizar a persona alguna, y los vecinos del mismo no tenían conocimiento de esta firma. El domicilio que figura en los comprobantes es coincidente con el de JAE CONSTRUCCIONES S.A. y con el de SAVANS S.A. De las consultas a los archivos de AFlP-DGI, se establecieron relaciones con la Sra. Espinosa Mónica Cristina, quien registra domicilio fiscal en Tucumán N° 764 Dto. 32, CABA, es decir el mismo domicilio. El legal es sede de más de veinticinco contribuyentes según la consulta al padrón de esta AFlP, entre ellos JAE CONSTRUCCIONES S.A.
Se envió carta a dicho domicilio, devuelta en este domicilio por el correo por causa de "domicilio cerrado". Se registran presentaciones en el Impuesto al Valor Agregado en las cuales la relación débito/crédito es muy pareja, ha ingresado aproximadamente $ 4.500,00.- en concepto de IVA por los años 2005 y 2006; respecto del Impuesto a las Ganancias solo registra una presentación correspondiente al período 2005 donde determina un impuesto de $ 840,06. No declara empleados en relación de dependencia. La CUIT del Contador que figura en las presentaciones del impuesto a las Ganancias es 20-10849709-3. No registra bienes a su nombre. La información aportada respecto de las cancelaciones de estas operaciones, involucran cinco (5) cheques emitidos a nombre del proveedor, tres de ellos fueron endosados a favor de asociaciones de socorros mutuos, uno a favor del Sr.
Temperini, el restante es ilegible la copia del reverso del valor, y fueron depositados en el BANCO CREDICOOP de la ciudad de COLÓN y en el BANCO BISEL de la ciudad de WHEELRIGHT. De las consultas a las bases de datos de AFIP-DGI, no se pudo establecer relación entre la firma METDAM S.A. y el Sr. Temperini; no obstante éste manifestó que fue intermediario comercial entre METDAM S.A. y el Sr. YÁCOPONI, que los cheques fueron depositados en su cuenta personal y luego entregaba el dinero a los responsables de METDAM S.A." No obstante en otra oportunidad el Sr. TEMPERINI manifestó que el dinero que recibía era entregado a una empresa de correo privado que lo retiraba de la oficina (en la ciudad de COLÓN), y desconoce las personas que lo recibían.
La actora no le ha practicado retenciones de ningún tipo a METDAM S.A. La actividades por las cuales se encuentra inscripta son Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, servicios de publicidad, y servicios de consultores en informática y suministro de programas de informática. El concepto facturado es publicidad televisiva.
BLACK STONE S.A.: El domicilio fiscal está ubicado en Tucumán N° 764 D 32 de la CABA. Es decir, se trata del mismo local, que figura como domicilio comercial de JAE CONSTRUCCIONES S.A., METDAM S.A. y SAVANS S.A. Si bien se registran presentaciones en los impuestos a las ganancias hasta el año 2005 y al valor agregado, la relación débito/crédito es muy pareja, los resultados son exiguos, ha ingresado aproximadamente $ 5.000,00 en concepto de IVA por los años 2005 y 2006, $ 347,82.- en relación al Impuesto a las Ganancias del mismo período. No declara empleados en el año 2005 y solo declara un empleado durante el 2006. La CUIT del Contador que figura en las presentaciones del Impuesto a las Ganancias es 20-10849709-3 quien registra domicilio fiscal en la ciudad de QUILMES (Pcia. BS. AS.). Los pagos de estas operaciones fueron efectuados mediante dos cheques que fueran emitidos uno a nombre del proveedor y el otro a nombre del Sr. TEMPERINI, y terminaron siendo depositados en el BANCO CREDICOOP de la ciudad de COLÓN. De las consultas a las bases de datos de AFIP-DGI, no se pudieron establecer relaciones entre la firma BLACK STONE S.A. y el Sr. Temperini. Ubicado personalmente, manifestó que no recuerda conocer a la firma BLACK STONE S.A. ni haber cobrado cheques o valores a nombre de ésta, y que no tiene relación comercial alguna. De la imprenta que realizó trabajos de impresión (ubicada en la ciudad de SAN NICOLÁS), se conoció que los mismos fueron retirados por la Sra. Morales y por el Sr. Maggio. Se trató de ubicar a dichas personas, sin resultados positivos. La actora no le ha practicado retenciones. La actividad por la cual se encuentra inscripta es Extracción de minerales de hierro. Los conceptos facturados son servicios: fabricación, reparación, etc.
VI. Que ello así, con sustento en los elementos colectados durante la actuación desplegada por los funcionarios fiscales, se impugnaron las operaciones realizadas por aquellos proveedores. En consecuencia se iniciaron los respectivos procedimientos de determinación de oficio que concluyeron en los actos ahora venidos en recurso.
Aquellas circunstancias, apuntadas en el considerando anterior, en torno a los proveedores fueron las que llevaron a la administración fiscal a impugnar las operaciones concertadas por la recurrente.-
VII. Que resulta pertinente destacar que parte de la defensa de la actora a lo largo de su escrito recursivo consistió en sostener que se pone en cabeza de los contribuyentes controles que sólo puede ejercer la administración fiscal así como que le resultan inoponibles las pretendidas irregularidades de sus proveedores y que aquélla no realiza los controles como corresponde, ya que las tareas de control y verificación las realiza a través de la fiscalización realizada a un tercero.
Sobre el particular, si bien, de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), lo cierto es que la impugnación de las operaciones con ciertos proveedores de la recurrente se realizó sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes, tales como, la no localización (ya sea en sus domicilios fiscales como en los comerciales) de casi el total de los proveedores –salvo Serafini-; falta de capacidad operativa de los mismos; irregularidades en el circuito de pago, ya que el cobrador, en su mayoría, resultó ser el Sr. Temperini, quien figura como empleado de la firma Savans y quien dice desconocer al resto de los proveedores; otro elemento que resulta altamente llamativo es la coincidencia de los domicilios comerciales entre Jae, Savans y Metdam; y en el caso de Black Stone, su domicilio fiscal es el mismo que el comercial de los tres proveedores mencionados anteriormente. Es decir, estos elementos, sumados a otros, en su conjunto llevaron al organismo fiscal a concluir sobre la inexistencia de las mismas.
A su vez, los supuestos pagos efectuados a los proveedores se realizaban en ciertos casos a nombre del Sr. Temperini con cheques que eran depositados en su cuenta o efectivizados personalmente.-
VIII. Que cabe mencionar que del texto del artículo 12 de la ley de IVA y normas complementarias, resulta necesario a los fines de que se pueda computar el crédito fiscal que - éste sea imputable al período fiscal en que hubiera sido facturado y discriminado; -que se encuentre facturado y discriminado en la factura o el documento equivalente; -que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; -que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; -que se vincule con operaciones gravadas cualquiera que fuese la etapa de su aplicación; -que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA y -que las operaciones que originan crédito fiscal hubieran generado para el vendedor, importador, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
A su vez, en todos los casos, la norma exige que se hubiera perfeccionado el hecho imponible respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios.-
En tal sentido, así lo ha entendido la Alzada in re “Impulsora Metalurgica del Noroeste S.A” de fecha 8/4/2014.-
Finalmente, es menester traer a colación la importante doctrina sentada por esta Sala, en su otra integración, en numerosos pronunciamientos (vid. por todos “Impulso S.A.”, 27/3/98), en la que se sostuvo que “de la de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la “doctrina de la concurrencia de los elementos material-formales del crédito fiscal”. En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Dicho criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal en la causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
IX. Que en ese contexto y de acuerdo con el relato efectuado, como consecuencia de las tareas que le son propias, el organismo fiscal –tal como se dijo- pudo comprobar una serie de irregularidades que lo llevaron a la conclusión fundada de que se estaba frente a operaciones inexistentes.
En atención a lo expuesto, el tema en debate queda delimitado a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente, lo que nos lleva a analizar las probanzas arrimadas por ésta. Resulta oportuno recordar que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos.
X. Que ello sentado, corresponde ahora que este Tribunal aprecie el elenco probatorio obrante en los presentes autos con el objeto de verificar si logran conmover las conclusiones a las que arribó el ente fiscal.
En ese sentido, es dable señalar que los testimonios brindados por Temperini y Cerafini, resultan vagos e imprecisos.-
En efecto, con relación al testigo Temperini, cabe efectuar algunas consideraciones: que mediante acta labrada el 10/10/2007 si bien manifestó en principio que nunca tuvo relación comercial con la actora, luego reconoce haber intervenido como intermediario entre la firma Metdam y aquélla; cuando en la testimonial aquí brindada se le interroga acerca de su empleador, contesta que no lo recuerda, mientras que mediante el acta manifiesta que fue empleado de la firma Savans hasta mediados del año 2007 siendo su labor la de cobrar por ventanilla del Banco Credicoop de Colón en favor de la citada empresa.- Cuando refiere en función de que pauta recibía de la actora los valores correspondientes a las empresas Savans y Metdam, responde que ello era debido a la relación comercial que tenía Yacoponi con la empresa de la cual era empleado. En tal sentido, resulta llamativo y contradictorio que en la cuarta pregunta responde que no se acuerda de qué empresa fue empleado y en la pregunta siguiente afirma de la cual era empleado. (el destacado es propio).- Sumado a que no aportó documentación que avale sus dichos.-
Con relación al testigo Serafini, cabe señalar que su testimonio tampoco logra refutar las observaciones apuntadas por el organismo fiscal en la etapa de fiscalización. En efecto, la circunstancia de que haya rectificado sus ddjj no modifica las conclusiones apuntadas más arriba, como por ejemplo que, por las características de los servicios que dice haber realizado, resulta notorio que dicha actividad la desarrolle en un taller en su casa registrando consumos acorde a una casa de familia, asimismo, tampoco pudo precisar nombres de sus proveedores ni de los talleres en los que terceriza los trabajos; tampoco –llamativamente- conoce la magnitud de los montos facturados. Ante el requerimiento para que aporte los libros de IVA-Compras y Ventas con la documentación de respaldo, papeles de trabajo, detalle de bienes registrables, detalle de bienes afectados a la actividad, detalle de depósitos bancarios, no habiendo aportado ninguna documentación.-
En resumen, se verifica la ausencia de coherencia entre ambos testimonios con el resto de los elementos reunidos durante la etapa investigativa, que llevaron a concluir que las operaciones fueron simuladas a los fines de apropiarse de créditos fiscales.-Por tal razón, se concluye que la misma resulta insuficiente para acreditar la veracidad de las operaciones cuestionadas, en tanto que no se encuentra corroborada con elementos adicionales que sustenten sus dichos.
En cuanto a la pericial contable realizada a fojas 478/485 cabe señalar que tal como surge de la impugnación efectuada por la representación fiscal, la profesional actuante por la recurrente se limitó a contestar sobre la capacidad y solvencia económica desde un aspecto formal, esto es, basándose en que las facturas habían sido autorizadas y presentadas sus ddjj.- En tanto, el experto propuesto por el fisco nacional, en atención a las ddjj presentadas por los proveedores cuestionados dictaminó la inexistencia de capacidad financiera y de solvencia económica.-
Que de lo expuesto, cabe concluir que la prueba producida no logra rebatir los cargos imputados por el organismo fiscal respecto a los proveedores que dice haber operado, que se centraron en su falta de capacidad operativa o financiera.-
En tal contexto, se vislumbra que los elementos reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para concluir razonablemente que las operaciones cuestionadas no han sido realizadas. Como quedó dicho, correspondía al actor en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditar fehacientemente la existencia de aquéllas, lo que no ha hecho de manera efectiva.-
En tal sentido, preciso es recordar lo sostenido por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa “Romane S.A. c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, de fecha 29/10/2015, donde señaló que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012).
Por ello y en orden a lo expuesto, corresponde confirmar el ajuste practicado en el impuesto al valor agregado por los periodos fiscales enero/2003 a diciembre/2006 y a las ganancias, períodos fiscales 2003 a 2006.-
XI. Que a mayor abundamiento, cabe tener en cuenta la sentencia recaída en los autos caratulados: “Yacoponi Abel Jesús s/Infracción Ley 24.769”, de fecha 21 de octubre del 2010 que tramitó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Nicolás.-
Mediante el referido decisorio se decretó el procesamiento de la recurrente, en calidad de autor, y el procesamiento de Temperini Guillermo Juan Ricardo y Serafini Fernando José, en calidad de partícipes necesarios por el delito de evasión correspondiente al impuesto a las ganancias y ganancias –salidas no documentadas-, período fiscal 2006.-
Posteriormente, en atención a la reforma introducida por la ley 26.735 al artículo 1° de la ley 24.769 -que elevó los montos para la configuración del delito de evasión-, a pedido del Fiscal Federal Subrogante, el mentado Juzgado resolvió con fecha 8/3/2012 sobreseer totalmente en las presentes actuaciones a aquéllos en los términos establecidos en el art. 336. inc. 3) del C.P.P.N.
No obstante ello, es menester destacar que el juez penal efectuó un análisis pormenorizado de las cuestiones fácticas y luego de estudiar las pruebas recolectadas durante la fiscalización y las producidas en la causa penal concluyó que el Sr. Abel Jesús Yacoponi había computado créditos fiscales improcedentes provenientes de documentación de compras y gastos sobre los cuales no pudo establecerse fehacientemente que se correspondieran a operaciones efectivamente realizadas ya que por las características de la actividad desplegada, había una falta de estructura o capacidad operativa o financiera de los supuestos proveedores de aquél. En igual sentido concluyó con la deducción de gastos, atento que no se relacionaban con la actividad.-.
XII. Que en atención a la forma en que se resuelve, debe confirmarse la resolución de fecha 30/3/2009 mediante la que se rechaza total o parcialmente las compensaciones oportunamente efectuadas para cancelar obligaciones referidas al impuesto a las ganancias y sobre los Bienes Personales, con fundamento en las resoluciones Nros. 203 y 204/2008 que determinaron los impuestos al valor agregado y a las ganancias aquí en discusión.- En efecto, habiéndose confirmado aquellos actos determinativos que dieron soporte al rechazo de las compensaciones, solo cabe su confirmación.-
XIII. Que corresponde ahora analizar la procedencia de la determinación del impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, que ente otras razones el contribuyente impugna por entender que el instituto no es aplicable a supuestos de facturas apócrifas.
En principio, cabe tener presente que no sólo es requisito para la deducibilidad del gasto, que sea necesario para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas. Las disposiciones legales y reglamentarias exigen, además, que la erogación considerada como gasto este respaldada por documentación, para que la partida sea contemplada en el aspecto negativo de la formación del resultado imponible. En ese sentido, el artículo 37 de la ley del gravamen establece que: “Cuando una erogación carezca de documentación y no se prueba por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35 %) que se considerará definitivo”.
A su turno, el artículo 38 del mismo texto legal dispone que “No se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) cuando la Dirección General Impositiva presume que los pagos han sido efectuados b) cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos –por su monto, etc.- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
Es menester destacar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han delineado el instituto de las salidas no documentadas.
Así, nos enseña el Profesor Reig, “Esta es una de las excepciones que hace nuestra legislación al carácter subjetivo del tributo, sobre el importe de las salidas no documentadas. De modo que allí no interesa la calidad de sujeto: si se trata de persona física, cuáles son sus cargas de familia; si se trata de persona jurídica, si es una empresa nacional o extranjera, etc; simplemente el hecho de ser una salida no documentada y no justificable, está dispuesto que se deba tributar el impuesto como si el desconocido beneficiario se hallare en la escala máxima del tributo” (Reig, Enrique J y otros, “Impuesto a las Ganancias”, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2006, pág. 408).
Por su parte, el Dr. Torres –en su enjundioso trabajo – explica que la disposición en estudio, consiste en una presunción “iuris tantum” que la erogación es íntegramente ganancia neta gravada para el beneficiario oculto, con la particularidad de que por tal circunstancia (su ocultación) se presume, además, que se encuentra en el punto máximo de la escala de rentas, configurándose un impuesto real y proporcional por el empleo de la alícuota máxima en todos los casos. “Consecuencia de ello es, también, que el impuesto a ingresar por éste concepto lo sea en forma de pago definitivo, que lo configura así como un impuesto real y proporcional por el empleo de la alícuota marginal máxima para todos los casos” (cfr. Torres, Agustín, “Salidas no documentadas”, DTE, X, pág. 5 y 6).
Asimismo, cabe entender que ante una salida indocumentada, se presume “iuris tantum”
que el gasto no es necesario, quedando en cabeza del sujeto que efectuó la erogación la carga de la prueba. Conforme lo ha señalado la doctrina y receptado la jurisprudencia, la finalidad de la norma no es otra que poder gravar en cabeza del erogante, lo que presumiblemente es renta en cabeza del perceptor de la renta o beneficiario del gasto y a quien, por la carencia de la documentación, no puede localizarse, para efectivizar su responsabilidad fiscal. En esa dirección, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “…lo que persigue el gravamen de que se trata es imponer una tasa máxima a quien efectúe erogaciones no documentadas; es decir que, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio” (C.S.J.N., Radio Emisora Cultural S.A., 9/11/2000).
En el mismo sentido, el Más Alto Tribunal ha dicho que “…para que el contribuyente pueda deducir un gasto no documentado y eximirse del pago del impuesto a los réditos sobre el monto correspondiente a este gasto, debe probar no sólo que la erogación tuvo que ser efectuada para obtener, mantener y conservar réditos, sino quien recibió realmente el pago, de donde la posibilidad de que probado lo primero sin llegar a demostrarse lo segundo, la exención del pago del impuesto no sea admitida a pesar de reconocerse la deducibilidad…”.
Y, agrega, “…de las verificaciones pertinentes y posibles impugnaciones con los consecuentes efectos en su caso, la documentación de un gasto permite comprobar, por de pronto, la realidad de la erogación y apreciar si por su naturaleza corresponde al concepto del artículo 5º de la ley de réditos, como asimismo individualizar al beneficiario para controlar si éste cumplió con las obligaciones impositivas que le incumben a raíz del pago recibido” (cfr. Fallos T 262:518, Cons. 4º y 5º).
Ahora bien, cabe agregar que cuanto la norma se refiere a la carencia de documentación, ello debe interpretarse como comprensivo de aquellos casos en que se carece de los respectivos comprobantes o cuando éstos son inoperantes o manifiestamente insuficientes a los fines que le son propios.
En efecto, como lo aclaró la C.S.J.N. in re “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, de fecha 26/8/2003, “18) Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario” y “21) Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta -en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos: 323:3376, el instituto de las "salidas no documentadas" ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos: 275:83, citado en el mencionado precedente). Criterio éste que fuera ratificado más recientemente por el Alto Tribunal in re “Interbaires S.A.”, de fecha 27/9/2011.
Que bajo tales pautas hermenéuticas y en el caso concreto de autos, conforme lo dicho, la impugnación de las facturas vinculadas con las operaciones de los proveedores Serafini, Nawman SA, Jae Construcciones S.A., Savans S.A., Metdam SA y Black Stone S.A., corresponde confirmar lo resuelto por el ente fiscal en cuanto sustentó adecuadamente su pretensión objetiva y encuadró dichas erogaciones en las previsiones del precitado artículo 37 de la ley del gravamen, máxime cuando se descarta la presencia de los supuestos previstos en el régimen legal para excluir esa obligación de pago.
XIV. Que previo a avocarse al tratamiento de las sanciones, resulta menester expedirse con relación a las defensas opuestas por la actora.-
Conforme se desprende de las constancias de autos, con fecha 12/11/2009 la Sección Penal Tributaria formuló denuncia penal ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, Secretaría Penal N° 2 de San Nicolás (Pcia de Buenos Aires). Posteriormente con fecha 8/03/2012, dicho Juzgado Federal en la causa “Yacoponi Abel Jesús s/inf. Art. 1° Ley 24.769” (Expte N° 3381/09) dictó el sobreseimiento de la recurrente, en atención a lo dispuesto en el artículo 336 inciso 3° del Código Procesal Penal de la Nación. Dicho decisorio ha quedado firme según pronunciamiento de la Cámara Federal de Rosario dictado con fecha 31/7/2012.-
En atención a ello, cabe referirse al artículo 20 de la ley 24.769, que en su parte pertinente dice: “La formulación de la denuncia penal no impedirá la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y ejecución de las deudas tributarias o previsional, pero la autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal”, y que: “Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial.”
Ello así, al momento en que el organismo fiscal efectuó las determinaciones de oficio por los períodos que ahora aplica sanción, se encontraba impedido, -por imperativo legal- de aplicarlas hasta tanto quedara firme el pronunciamiento en sede penal, lo que así se hizo, ya que las resoluciones mediante las cuales se aplican las multas en concepto de ganancias y ganancias –salidas no documentadas- han sido dictadas con posterioridad.-
Con respecto al planteo referido a que el sobreseimiento dictado por el juez penal tendría efectos sobre las multas aplicadas, cabe señalar que conforme ya se dijo, en aquella instancia se resolvió sobreseer a Abel Yacoponi con relación a la presunta evasión del pago del impuesto a las ganancias con los alcances antes mencionados.- En efecto, el Tribunal consideró que la modificación introducida por la ley 26.735, que modificó el monto de evasión previsto en el art. 1° de la ley 24.769 se tradujo en la desincriminación de aquellas conductas, que como la de la actora, generan un perjuicio inferior al nuevo monto establecido, en virtud de la aplicación del artículo 2° del C.P.N.
Finalmente, con relación a “que jamás fue notificada de la instrucción del sumario”, cabe señalar que del acta de notificación que se encuentra glosada a fojas 68 de los a.a surge que el Sr Yacoponi, quien suscribió dicho documento, ha sido notificado en tiempo y forma en los términos del art. 100 inc b) con fecha 5/10/2012.- En tal sentido, se hace notar que tal agravio no se condice con aquél documento, ni tampoco fue objeto de redargución de falsedad. Recuérdese que las actas de notificación hacen plena fe mientras no se pruebe su falsedad.-
XV. Que corresponde ahora tratar las sanciones aplicadas, que el ente fiscal subsume en el artículo 46 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), tratando en primer término la correspondiente al impuesto al valor agregado y a las ganancias.-
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes. En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y de acuerdo a lo expuesto en los Considerandos precedentes entiendo que se encuentra acreditado en la litis el elemento material de la infracción achacada.
En cuanto al elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, éste surge palmario de las circunstancias concretas de la causa, sin que haya intentado producir prueba suficiente que demuestre lo contrario.
En consecuencia, habiendo quedado evidenciado que concurren los presupuestos fácticos para que quede configurada la conducta reprimida que se le enrostra, corresponde confirmar las sanciones aplicadas en el impuesto al valor agregado y a las ganancias, la que –por otra parte- se advierte han sido correctamente cuantificadas.
XVI. Que resta entonces tratar la multa aplicada en el impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, que se sustenta –como quedó dicho- en el art. 45 de la ley 11683 (2003) y de conformidad con el art. 46 de la citada norma (2004, 2005, 2006 y 2007), la que- se adelanta- entiendo debe ser revocada. En efecto, en atención a como quedó descripto el instituto, la “salida no documentada” no constituye un ilícito tributario tipificado en la figura de la defraudación prevista en la norma represiva que se aplica. En todo caso, aquélla podrá configurarse en la deducción indebida del gasto en el impuesto a las ganancias o, eventualmente, en el cómputo improcedente de un crédito fiscal frente al impuesto al valor agregado, al no contar el contribuyente o responsable con los correspondientes comprobantes respaldatorios, pero no por el solo hecho de la existencia de una erogación sin aportar la documentación respectiva (conf. Entre otros, T.F.N., Sala A, Interbaires S.A., 28/8/2003).
Asimismo, entiendo que tampoco se encuentra configurado uno de los elementos del tipo descriptos en la norma en que se encuadra la conducta, toda vez que las boletas de depósito contempladas para el ingreso del gravamen no pueden ser consideradas declaraciones juradas en el sentido que el artículo 46 requiere. Ello así por cuanto para nuestro sistema tributario, la declaración jurada es aquélla que efectúa el contribuyente o el sujeto obligado a declarar, mediante la cual realiza una operación de interpretación de las normas tributarias sustantivas aplicándolas a la situación o los hechos cuya verificación reconoce e identifica el hecho imponible definido por la ley; valora también el contenido de estos hechos económicos según las pautas legales y finalmente, aplica la alícuota del impuesto sobre los valores determinados (conf. Jarach, Dino; “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, Abeledo-Perrot, pág. 432 y sgtes). Es así, que como con justeza lo dice el Profesor Giuliani Fonrouge, la declaración tributaria es una determinación del impuesto efectuada por el sujeto obligado. Es el medio por el cual el contribuyente fija el monto del impuesto, mientras no sea impugnada, regula la existencia y medida de la obligación tributaria. (conf. CNACAF, Sala I, “MOUKAREL S.A.C.I. y F”, 20/5/94) En definitiva, es el acto que permite pasar de la base imponible abstracta definida y regulada por el legislador a la base concreta e individualizada que hace desaparecer la situación de incertidumbre inicial que el acreedor posee sobre la existencia y dimensión de la obligación impositiva.
En ese contexto, y más allá de las regulaciones establecidas en la RG 893 del 11/9/2000 –aplicable en los periodos discutidos en autos-, que contempla la forma de determinación e ingreso del gravamen en cuestión, establece plazos y formas de ingreso, no instrumenta –a mi criterio- una declaración jurada a presentar por los contribuyentes y responsables, toda vez que tanto aquellas como las boletas de depósito, si bien cumplen la función de exteriorizar al fisco el cumplimiento de una obligación tributaria, lo cierto es que la naturaleza de unos y otros instrumentos –según se vio- es distinta. (vid. doctrina legal del Acuerdo Plenario de este Tribunal, de fecha 3/12/75, “Gaseosas La Tablada S.A.”).
Asimismo, cabe traer a colación, un reciente decisorio, de la Sala I de la Excma. Cámara en el que definió cuales son los elementos que, de consuno con el artículo 15, deben tener las boletas de depósito para tener carácter de declaración jurada. Es indudable, dice la Cámara, que “para que la boleta de depósito fuera asimilada o tuviera el carácter de declaración jurada, debe cumplir estos elementos sustanciales: 1) ser confeccionada por el responsable, y 2) con datos que él mismo aporte” (CNFED. CONT. ADM., Sala I; “Smurfit Kappa de Argentina S.A.”, 17/5/2016. Claramente, dichas circunstancias no se dan en los supuestos en los que la boleta no es confeccionada por el contribuyente ni los datos son aportados por él mismo, como en la especie, en el que los que fueron extraídos por los funcionarios fiscales al considerar que los gastos o compras efectuados tipificaban, según su criterio, una salida no documentada, y el juez administrativo los incorpora en la determinación de oficio.
Por ello, voto por: 1) Rechazar las defensas de nulidad opuestas por las actora; 2)
Confirmar las resoluciones apeladas, en cuanto determinan impuesto al valor agregado, a las ganancias y a las salidas no documentadas y aplican multas en el impuesto al valor agregado y a las ganancias, y revocarla en cuanto aplica multa en el impuesto a las ganancias –salidas no documentadas; 3) Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
El Dr. Marchevsky dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.-
Por ello, SE
2. Confirmar las resoluciones apeladas, en cuanto determinan impuesto al valor agregado, a las ganancias y a las salidas no documentadas y aplican multas en el impuesto al valor agregado y a las ganancias, y revocarla en cuanto aplica multa en el impuesto a las ganancias –salidas no documentadas.-
3. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta con voto coincidente de dos vocales titulares de la Sala, por encontrarse vacante la Vocalía 1° Nominación (art. 184 de la ley 11.683). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.-
Date: 2022.03.22 15:55:12 -03:00 Date: 2022.03.22 16:55:46 -03:00 Laura Amalia Guzman Ruben Alberto Marchevsky Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.22 16:55:49 -03:00
Fin de la sentencia