Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa Y-2280/18 -TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de lo actuado con posterioridad a la interposición del recurso de apelación en subsidio interpuesto por la actora a fs. 205 vta. “otro si digo”, es decir, a partir de fs. 207, en cuanto sea consecuencia del proveído de fs. 203, segundo párrafo; reenviando las presentes actuaciones al subrogante legal de Primera Instancia a efectos que provea el mencionado recurso”.-
2Imponer las costas por su orden atento la forma en que se resuelve.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°:Y-2280/18 -TSJ Interlocutorio N°: 668 Actor: YAÑEZ BELISA BIBIANA Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRO Objeto: ACCIÓN DE AMPARO POR MORA Fecha: 08-08-2020 Texto: TOMO XX -SENTENCIA- T.S.J.
REGISTRO Nº 668 FOLIO Nº 3865/3869 PROT. ELECT. TSS1010S.201
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a 8 días del mes de julio de dos mil veinte, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y el Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, para dictar sentencia en los autos: “YAÑEZ BELISA BIBIANA c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRO s/ ACCIÓN DE AMPARO POR MORA”, Expte. Nº Y-25.504/15 (Y-2280/18-TSJ). Se fijan las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 257/264?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la Primera Cuestión los Dres. Mariani, Peretti, Fernández y Ludueña Campos dicen:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto, por la Dra. Belisa Bibiana Yañez, por su propio derecho (cfr. fs. 257/264), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 233/235.-
II. Mediante dicho interlocutorio, la Excma. Cámara de Apela-ciones rechazó los recursos de apelación de fs. 182/183 y 189 que la actora interpuso contra el auto de foja 175. El primero de ellos lo es contra el plazo de 10 días que se lo otorga a la demandada para cumplir con la sentencia dictada en autos, bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria; pretende la recurrente que se reduzca el plazo fijado para cumplir y se aumente el monto de la multa. Con el segundo ataca el auto de foja 185, el cual rechazó la revocatoria interpuesta contra el auto de foja 175 (párrafos segundo al cuarto) que denegó la medida de no innovar solicitada a fs. 170/171.- La parte recurrente funda su planteo en los artículos 2 y 3 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad.-
Manifiesta que: “…la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones ha conculcado no solo derechos reconocidos y amparados por la Constitución Nacional, como la defensa en juicio, el derecho de propiedad sino también derechos adquiridos de la suscripta en su calidad de empleada dependiente de la Policía de la Provincia […] Se impugna en el ámbito del carril establecido en los arts. 2do. y 3ro. inc. a) Recurso de Casación Ley 1687 por estar directamente vinculada la cuestión a la violación de la normativa de fondo aplicable al caso y normas dictadas en su consecuencia y también violación de principios jurídicos básicos del derecho administrativo. El fallo resulta arbitrario, no solo porque no trato (sic) las cuestiones propuestas, sino porque desnaturaliza lo dispuesto en la sentencia, teniendo al demandado por cumplido con el fallo cuando no es así…” (cfr. fs. 257 y vta.).- Afirma que la Excma.
Cámara de Apelaciones ha resuelto de manera arbitraria y voluntarista; e ignorado sus planteos. El agravio principal de su recurso es que se haya dado por cumplido la sentencia dictada en autos con la Resolución Ministerial Nº 113/17 que, desde su óptica, no resuelve el objeto demandado. Argumenta que la procedencia de la revisión en la instancia extraordinaria no es la denegatoria de las cautelares sino el hecho de que en las instancias anteriores se admitió como cumplimiento de la sentencia una resolución dictada por el Ministro de Gobierno que rechaza supuestos recursos presentados por la Dra. Belisa Bibiana Yáñez que nunca interpuso. Por lo que esa decisión, a su entender, jurídicamente no existe.
Aduce, además, que no le permitieron expresarse respecto de esa resolución en ninguna instancia, por lo que considera que se ha violado su derecho de defensa y la bilateralidad del proceso. Agrega que la violación a la defensa en juicio se produjo al dictar el auto de foja 203 donde se tuvo por cumplida la sentencia sin traslado previo a la interesada y este proceder fue luego confirmado por la Alzada. Ante tal circunstancia, dice que interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio, que fueron rechazados por entender el Juez que el planteo era extemporáneo ya que según su criterio un renglón de la providencia se notificaba por ministerio de ley y el otro por cédula. Es por ello que considera que sin un previo traslado a su parte se ha tenido por cumplida la sentencia de autos cuando a su entender ello no ha ocurrido y luego no han sido tampoco tratados los recursos de revocatoria y apelación que interpuso a fs. 213/214 contra el proveído de foja 207.- Insiste en lo que es su principal reclamo, que se ordene al Poder Ejecutivo que dicte decreto ratificando los ascensos retroactivos que la autoridad competente le reconoció en la Disposición 055/2008.-
Se agravia también de la denegatoria de las medidas cautelares, porque dice, contrariamente a lo que sostienen los jueces de grado “Estas cautelares no han devenido abstractas. El Estado Provincial no cumplió como quedo (sic) plenamente acreditado…” (cfr. foja 261 vta.).-
Hace reserva del caso federal (cfr. foja 264).-
A fs. 392/395, obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia haciendo lugar al recurso de queja planteado por la actora a fs. 372/378, declarando mal denegado el recurso de casación interpuesto y poniendo los autos a disposición de las partes en los términos del artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Ambas partes hicieron uso de las facultades que le otorga dicha norma, la actora a fs. 398/401 y la demandada a fs. 405/411 vta..-
Que a fs. 414/418, dictamina el Sr. Agente Fiscal por ante este Tribunal Superior de Justicia, quien concluye su análisis expresando que el recurso de casación no debe prosperar (cfr. foja 418).-
A foja 422, se llaman autos para dictar sentencia y a foja 423 pasan a estudio.-
III. Para clarificar el caso conviene un breve resumen de lo acontecido en autos: La actora promueve acción de amparo por mora a fin que “…se condene al Poder Ejecutivo Provincial, para que dentro del plazo que V.S. fije, dicte el Decreto respectivo ratificando la Disposición n-055-D1-C/08…de la Policía de la Provincia de Santa Cruz…” (cfr. foja 30). Allí explica que “…luego de nueve años de reclamos…la Jefatura de Policía dicta la Disposición N-055_D1_C/08 que resuelve otorgarme ascensos retroactivos a los grados de subcomisario, comisario y comisario inspector respectivamente y en su art. 2º establece propiciar ante el Poder Ejecutivo Provincial el dictado del instrumento legal respectivo…” (cfr. foja 30 vta.). Este último instrumento fue el que motivara el inicio de esta acción pues, dice la recurrente que el Ministerio de Gobierno demora el dictado de dicho decreto desde hace 6 años y seis meses (cfr. foja 31).- Su reclamo obtuvo sentencia favorable en Primera Instancia (cfr. fs. 60/64) donde se resolvió en lo que interesa: “Haciendo lugar al amparo por mora incoado por la Dra. Belisa Bibiana Yáñez y en consecuencia, ordenando al Estado Provincial (Ministerio de Gobierno), para que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de la presente, dicte resolución en el expediente administrativo involucrado.” (cfr. foja 64). Dicha sentencia fue confirmada por la Alzada (cfr. fs. 106/109 vta.) y posteriormente por este Tribunal Superior de Justicia (cfr. fs. 151/154).- A fs. 175 y vta. y ante la demora en cumplir la sentencia se fijó una multa de mil pesos ($1000) contra el Poder Ejecutivo, por cada día de retardo en cumplir con lo sentenciado en autos.-
En virtud del instrumento presentado por la demandada a fs. 198/201, se dispuso: “Por cumplido -con la documentación acompañada- con el requerimiento efectuado por sentencia de fecha 09/06/2015…Del mismo córrase traslado a la parte actora. Notifíquese personalmente o por cédula a la misma.” (cfr. foja 203).-
A fs. 204/205 vta. la Dra. Yañez se notifica del proveído trascripto precedentemente, plantea su revocatoria y en subsidio apela. Dicha revocatoria, si bien es rechazada -equivocadamente- por extemporánea a foja 207, error que el Juez de grado vuelve a cometer al rechazar la revocatoria de fs. 213/214 vta., la cual en definitiva atacaba el mismo proveído de foja 203 (cfr. foja 216), lo cierto es que luego el Juez se rectifica y trata dicha revocatoria, pero la rechaza (cfr. foja 225).-
Ahora bien, a foja 229 el Juez rechaza la apelación en subsidio interpuesta por la recurrente contra el auto de foja 203, porque dice que dicha apelación debió plantearse con la revocatoria interpuesta a fs. 204/205 vta., y que la actora no lo hizo, sin advertir que en dicha presentación (cfr. fs. 204/205 vta.) la recurrente sí había planteado apelación en subsidio en el “otro si digo” de foja 205 vta., y este recurso ha quedado hasta ahora sin proveer, toda vez que la elevación posterior de los autos a la Excma. Cámara de Apelaciones, lo fue para tratar los recursos de apelación de fs. 182/183 y 189, donde lo que se cuestionaba era la multa decretada contra el estado a foja 175 y vta. y el auto de foja 185 por el cual se rechazó la cautelar solicitada por la recurrente a fs. 182/183 (cfr. fs. 233/235). Más aún, cuando la actora interpone una aclaratoria en Cámara para saber si fue tratada su apelación contra el auto de foja 203 (cfr. foja 238), la Alzada la rechaza, empero explica que no fueron elevados los autos para tratar la referida apelación (cfr. fs. 242/243).-
IV. Esta última situación es la que debemos prioritariamente atender, pues surge del apunte de las actuaciones efectuado que se ha omitido, en las instancias de grado, proveer y tratar un recurso de apelación que fue oportunamente planteado por la ahora casacionista. Tal situación es de una gravedad tal que en nuestra opinión conlleva la nulidad de todo lo actuado luego de su interposición, en la medida en que se relacione con el proveído de foja 203, y torna abstracto tratar los demás agravios.-
Del detalle efectuado precedentemente puede advertirse que en autos se produjo una alteración de la estructura esencial del procedimiento, circunstancia que surge patente, al haberse omitido toda referencia al recurso de apelación interpuesto a foja 205 vta. contra el auto de foja 203. Esa omisión constituye en autos una falla del proceso que lo afecta de manera esencial tanto en su estructura como también a las partes por violación de derechos fundamentales como lo son el de defensa y debido proceso, pues se las está privando de la doble instancia que el Código Procesal Civil y Comercial les asegura. Las apuntadas circunstancias revisten una gravedad tal que cuando se las verifica permite a los magistrados declarar la nulidad aún de oficio y sin sustanciación. Están en juegos garantías constitucionales (cfr. art. 18 de la C.N.) y convencionales (cfr. art. 75, inc. 22 de la C.N.) que resguardan el derecho de defensa, debido proceso y en este caso la doble instancia (cfr. art. 243 del CPC y C).- Mediante la declaración de nulidad se busca subsanar errores in procedendo, es decir, en las formas que deben observarse para obtener un acto procesal válido. Por ello a través del recurso de nulidad, se persigue la “anulación” o “invalidación” de una resolución viciada, o de todo el procedimiento consecuente con un acto viciado (cfr. Roberto G. Loutayf Ranea y Fernando Virgili, “Recurso de Nulidad”, publicado en Revista de Derecho Procesal Nulidades 2007 - 1, Santa Fe, Rubinzal - Culzoni, pág. 185).-
Es que: “…‘El objeto de las nulidades procesales es asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio, por lo que si hay indefensión hay nulidad, en tanto se adviertan vicios que impidan la sustanciación regular del procedimiento o cuando éste carece de algún requisito que le impida lograr la finalidad a la cual se encontraba destinado’ (este Tribunal, mediante sentencia nº 206, del 26/11/2015, dictada en autos: ‘Figueroa Rosa Silvia s/ Prescripción adquisitiva’, expediente nº 545/08). En igual sentido, la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, in re: ‘Risso Miguel Edgardo c/ Ortega Ricardo Daniel s/ Cobro de de pesos’, mediante sentencia nº 351 del 14/5/2012 resolvió que: ‘Se ha sostenido que la alteración de la estructura esencial del procedimiento significa un procedimiento en el que resultan desatendidas las formas sustanciales que hacen a la estructura esencial, como ser aquéllas que afectan la garantía de la defensa en juicio; señalándose como ejemplo de ello todo lo que afecte el régimen legal de notificaciones de modo que impida ejercer la garantía de defensa en juicio (cfr.
Bourguignon, Marcelo-Peral, Juan Carlos (Directores), ‘Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán Concordado, Comentado y Anotado’, Bibliotex S.R.L., Bs. As., 2008, Tomo I, pág. 458)’” (cfr. “Toledo Juan Alberto y otros c/ Navarro Ángel Daniel y otros s/ Daños y perjuicios”, CCC, Concepción, Tucumán; del 28/08/2018; Rubinzal Online; 579/2014; RC J 8092/18).- No es ocioso reiterar que tal como surge de las actuaciones, lo que fundamentalmente agravia a la recurrente es que mediante el auto de foja 203, segundo párrafo, se haya tenido por cumplido el objeto del proceso y es justamente la apelación contra dicho proveído lo que se ha omitido proveer, y a pesar de su posterior elevación a la Excma.
Cámara de Apelaciones por otro recurso, tampoco la Alzada advirtió tan grave omisión que impidió la revisión del auto que causaba agravio a la actora. En consecuencia, verificada en el caso una alteración de la estructura esencial del proceso y afectación al debido proceso y derecho de defensa de las partes al no haberse proveído el recurso de apelación interpuesto a foja 205 vta., impone decretar la nulidad de todo lo actuado a partir de allí, en tanto guarden relación con el proveído de foja 203, segundo párrafo.- En conclusión, la ausencia de tratamiento por parte de los jueces de grado a un recurso de apelación que fue oportunamente interpuesto en subsidio y por ende la privación del derecho a la doble instancia que le acuerda a las partes la ley adjetiva y la violación de los derechos fundamentales ya señalados, obliga a declarar la nulidad de lo actuado en su consecuencia, con posterioridad a la interposición del mentado recurso, esto es a partir de foja 207.
Dicha nulidad es absoluta -por ende insusceptible de convalidación- y debe ser declarada aún de oficio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 581, Folio 3318/3322); debiendo reenviarse las presentes actuaciones al subrogante legal de Primera Instancia a efectos que se provea la apelación en subsidio interpuesta en el “otro si digo” de fs. 205 vta..- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión votamos por la afirmativa.-
A la Primera Cuestión la Dra. Mercau dijo:
I. Disiento con el voto de mis distinguidos colegas preopinantes en virtud de las razones que seguidamente expondré.-
II. Se advierte que con la interposición del recurso se intenta esencialmente mostrar el dictado de una supuesta sentencia arbitraria. Pero los temas traídos al sub lite en la instancia extraordinaria se vinculan, en definitiva, a cuestiones fáctico procesales que son inabordables, en principio, en sede casatoria, salvo que medie absurdo en la apreciación y subsunción legal. Remedio este último de carácter excepcional, conformado por aquellas hipótesis que sólo cuentan con virtualidad suficiente cuando existe un desvío palmario de las leyes de la lógica o de la motivación, rebalsando la línea de lo tolerable para descalificar a esa emanación jurisdiccional como sentencia cabal, o cuando el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleve a conclusiones contrarias al entendimiento (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo X, Reg. 351, Folio 1896/1900). Ninguna de estas circunstancias se presentan en autos, donde la valoración y apreciación de los hechos ha sido de acuerdo al principio de congruencia, al existir conformidad entre la sentencia impugnada y el recurso que se acercó a la Alzada.- Para mayor abono de lo antedicho es atinado traer a colación lo dicho por este Alto Cuerpo, a saber: “...el eje en consideración queda centrado en cuestiones fáctico-procesales ajenas en principio a la presente instancia por cuanto suponen efectuar una apreciación circunstancial, reservada al análisis de los jueces de grado (confr. SCBA - junio 1.984, p. 13, núm. 105 - Doctrina de Fallos; este T.S. de J. - Tomo VII -Interlocutorio- Reg. 990, Folios 1.203/1.205).” (cfr. Sentencia, Tomo VI, Reg. 189, Folio 1024/1025).-
Así las cosas, se advierte que la recurrente pretende recrear una meritación y valoración jurisdiccional sin producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XII, Reg. 415, Folio 2261/2269) sobre cuestiones, como se adelantó, de carácter fáctico procesales, por lo que deben ser rechazadas (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo VI, Reg. 189, Folio 1024/1025). Tal es así que las argumentaciones de la casación giran en torno a impugnar la decisión de tener por cumplida la sentencia de fondo sin haberle corrido traslado y no específicamente a lo que decide el resolutorio impugnado.- Se debe tener presente que la resolución que se ataca mediante la casación es la que obra a fs. 233/235 (cfr. foja 257).
Esta resuelve sobre las apelaciones a las providencias que respectivamente ordenan intimar al Estado Provincial para que en el término de diez (10) días desde su notificación dé estricto cumplimiento a la sentencia de fondo, bajo apercibimiento de una multa diaria de mil pesos ($1.000) diarios, y la que deniega una medida cautelar para que la Policía de la Provincia de Santa Cruz se abstenga de innovar respecto de la situación jurídica de la actora (cfr. foja 233). En cuanto a esta resolución, la recurrente no demuestra ni tampoco se constata porqué la misma debería calificarse de arbitraria. Es más, de la lectura de la sentencia de Cámara se observa que lo decidido por ella resulta acertado.
Al respecto decidió: “En efecto, el objeto de este amparo por mora se encuentra cumplido con el dictado de la resolución Nº 113/17 [...] Por ello, la imposición de astreintes para conminar al cumplimiento, su plazo, cuantía, etc. han devenido abstractas ante [el] dictado de la Resolución obrante a fs. 198/201). Asimismo, el dictado de la medida cautelar solicitando que se ordene a la Policía de la Provincia se abstenga de innovar respecto de la situación jurídica de la actora, excede ampliamente el acotado marco cognoscitivo bajo el que se tramitó este expediente, por lo tanto debe ser rechazada.” (cfr. fs. 234/235).- En coincidencia con lo expuesto, respecto del objeto del proceso del amparo por mora, se ha dicho que: “…El amparo [por mora] se fundamenta en el derecho de todo administrado que es parte de un procedimiento administrativo a que se dicte una resolución expresa y fundada.
La finalidad de esta vía es obtener un emplazamiento judicial para que la autoridad administrativa cumpla con su deber de resolver y dicte el acto administrativo o preparatorio que corresponda (confr. Creo Bay, op. Cit., p. 8 y Hutchinson, op. cit., p. 510/511). El interesado, cuando utiliza esta pretensión, lo que busca es seguir en el procedimiento administrativo hasta que éste finalice con el dictado de la decisión definitiva…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XVIII, Sentencia, Reg. 595, Folio 3416/3421).- También, debe rechazarse el pretenso agravio vinculado a la alegada violación del principio de bilateralidad al tener por cumplida la sentencia de fondo y a la afirmación de que nunca se le permitió expresarse sobre tal resolución (cfr. foja 259 vta.).
Esto es así ya que la sentencia que se impugna mediante casación no resuelve sobre tal circunstancia. Sino, como ya se indicó, sobre la denegación de una medida cautelar, el plazo para el cumplimiento de la sentencia y la determinación de astreintes.-
Respecto de la alegada violación de las garantías constitucionales de debido proceso legal y defensa en juicio se constata que la recurrente se cir- cunscribe a invocarlos sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de que manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos XVII, Reg. 585, Folio 3347/3353 y XIX, Reg. 636, Folio 3657/3678).- Por todo lo hasta aquí dicho, son improcedentes los planteos casatorios de la actora.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-
A la Segunda Cuestión los Dres. Mariani, Peretti, Fernández y Ludueña Campos dicen:
En atención a lo expresado en la primera cuestión, proponemos se dicte sentencia declarando la nulidad de lo actuado con posterioridad a la interposición del recurso de apelación en subsidio interpuesto por la actora a fs. 205 vta. “otro si digo”, es decir, a partir de fs. 207, en cuanto sea consecuencia del proveído de fs. 203, segundo párrafo; reenviando las presentes actuaciones al subrogante legal de Primera Instancia a efectos que provea el mencionado recurso; imponiendo las costas por su orden atento la forma en que se resuelve; y teniendo presente las reservas del caso federal efectuadas por la actora a fs. 264 -reiterada a fs. 401- y por la demandada a fs. 411 vta..- A la Segunda Cuestión la Dra. Mercau dijo:
Teniendo presente la forma en que me he pronunciado al tratar la primera cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando el recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 257/264 y en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 233/235, con costas en esta instancia a la recurrente vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (cfr. art. 68 del CPC y C), difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente por la demandada en la casación, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias; y teniendo presente las reservas del caso federal efectuadas por la actora a fs. 264 -reiterada a fs. 401- y por la demandada a fs. 411 vta..- En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 8 de julio de 2020.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, el Sr. Vocal Subrogante Dr. Domingo Norberto Fernández y la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; el voto en disidencia de la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar la nulidad de lo actuado con posterioridad a la interposición del recurso de apelación en subsidio interpuesto por la actora a fs. 205 vta. “otro si digo”, es decir, a partir de fs. 207, en cuanto sea consecuencia del proveído de fs. 203, segundo párrafo; reenviando las presentes actuaciones al subrogante legal de Primera Instancia a efectos que provea el mencionado recurso”.-
2. Imponer las costas por su orden atento la forma en que se resuelve.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dr. Domingo Norberto Fernández –Vocal Subrogante-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1010S.201 Tomo: XX Interlocutorio: 668 Folio N°: 3865/3869 Secretaría: 1
Fin de la sentencia