Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa Y-2.077/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado a fs. 40/46, declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 114/120 de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 122/125 vta. de los citados autos, con costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: Y-2.077/16-TSJ Interlocutorio N°: 3239.-
Actor: YAÑEZ BELISA BIBIANA Demandada: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRO Objeto: S/ ACCION DE AMPARO POR MORA S/ RECURSO DE QUEJA-PARTE ACTORA Fecha: 28/09/2016 Texto: TOMO XXVII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3239 FOLIO Nº 5365/5368 PROT. ELECT. TSS1 081 I.161
Río Gallegos, 28 de septiembre de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “YAÑEZ BELISA BIBIANA C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRO S/ ACCIÓN DE AMPARO POR MORA S/ RECURSO DE QUEJA -PARTE ACTORA-", Expte. Nº Y-2077/16, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de queja articulado a fs. 40/46, por la Dra. Belisa Bibiana Yáñez, por derecho propio, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en copia a fs. 35/38 vta., en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación que luce en copia a fs. 28/34. Este último se interpuso contra la sentencia de Cámara obrante en copia a fs. 23/26 vta., que confirmó la sentencia de primera instancia.-
La Excma. Cámara declaró inadmisible el recurso de casación por considerar “...que los fundamentos expuestos no contienen un análisis que demuestre el absurdo del razonamiento realizado, ya que tal demostración no se logra con la formulación de un criterio discordante del recurrente con el adoptado por el Tribunal para decidir. Tampoco se cumple con tal objetivo con la enunciación de una interpretación diferente que no se ajusta a las constancias de la causa que acreditan la verdad material. Por ello no se logra habilitar la instancia extraordinaria intentada habiendo merecido, las cuestiones planteadas, oportuno pronunciamiento por esta Cámara en la sentencia recurrida.” (cfr. foja 37 vta.).- La quejosa afirma que el amparo propuesto debió tramitar conforme la Ley 1118 y cctes., ya que la amparista se encontraría excluída del procedimiento de la Ley 1260; y que esta diferencia marca lo que debiera ser el alcance de la condena (conf. foja 40 vta.).
Expresa que “…es una sentencia errónea que desvirtúa la cosa juzgada administrativa base del amparo.” (cfr. foja cit.). Señala que el resolutorio atacado ordena al Ejecutivo provincial una conducta equivocada, violatoria de garantías constitucionales, del debido proceso, de derechos adquiridos de la amparista; y del derecho a la carrera policial y de propiedad (conf. foja cit.). Añade que la Cámara, en el examen de admisibilidad de la casación, no analiza de manera prudente y con detenimiento las razones que se invocaron como fundamento de tal recurso (conf. foja 41). Expone que se debió ordenar el dictado de un decreto ratificatorio de una disposición policial, conforme lo dispondría el artículo 87 de la Ley 746; pero se manda a ‘dictar resolución’ (conf. foja 40 vta.).
Por este argumento sostiene que la sentencia de Cámara en apariencia resolvió favorablemente la pretensión de la actora, pero no fue así (conf. foja 41 vta.). Plantea que el Poder Ejecutivo está en mora en dictar el decreto que disponga en su favor ascensos retroactivos (conf. fs. 41 vta. y 43). Entiende que la sentencia impugnada es genérica, que desconoce la ley 1118 -que regiría el caso- y que deliberadamente elude las cuestiones propuestas para la resolución del sub lite (conf. foja 42 vta.). Aduce que el fallo en crisis es arbitrario e injusto, por haber violado normas legales aplicables al caso; y que no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (conf. fs. 44 vta. y 45 vta.).
Hace reserva del caso federal a foja 46.-
II. Que como paso previo a revisar el mérito del presente recurso, y de conformidad a lo sostenido en forma reiterada por este Alto Cuerpo en precedentes de similares características (conf. Interlocutorio, Tomos II, Reg. 230, Folio 290; IX, Reg. 1276, Folio 1689; XIII, Reg. 1690, Folio 2452/2453 y XV, Reg. 1952, Folio 2892), corresponde remarcar que de acuerdo a la preceptiva que regula este medio de impugnación -artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- se impone preliminarmente verificar si la presentación efectuada reúne ciertas pautas adjetivas que la doctrina en general denomina “condiciones formales” por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación (conf. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, Ed. Librería Editora Platense, La Plata, 2da. ed., pág. 243), toda vez que dicha técnica procesal es rigurosa y de imperativo cumplimiento, con el objeto que la queja, bastándose a sí misma, haga posible que el Tribunal pueda imponerse del planteo en forma integral.- De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y en oportunidad de efectuar este Tribunal el examen preliminar del recurso propuesto a los fines de decidir si ha sido mal denegado el recurso de casación, cabe señalar que el mismo no alcanza a superar las vallas formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria por lo que adelantamos que el recurso fue bien denegado.-
En efecto, es aplicable al sub lite lo sostenido por este Alto Cuerpo, a saber: “‘Se debe recordar que como todo escrito recursivo, el de interposición de una queja debe autobastecerse, y ello pone a cargo del interesado, no sólo la agregación de los recaudos necesarios para su examen, sino también la fundamentación de su pretensión, demostrando por qué es errónea la desestimatoria que pretende remover…desde este particular cuadrante procesal, no refuta todas y cada una de las razones desplegadas en la sentencia impugnada, incumpliendo con el requisito formal de adecuada fundamentación’ (cfr. Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2883, Folio 4549/4554; Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3131, Folio 5132/5135).” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3195, Folio 5256/5259); y que “...resulta imprescindible, a efectos de abrir la posibilidad revisora de este Cuerpo, que el apelante exponga claramente las razones que -entiende- tornan injusta la solución adoptada en la instancia anterior. Para lo cual debe aportar consistentes razonamientos que demuestren la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de la prueba producida, con un desarrollo argumental que ponga al descubierto el error de juzgamiento que le atribuye a la sentencia. Recaudos que no han sido cumplidos en la especie (conf. art. 4º, inc. a) de la ley 1687).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3195, Folio 5256/5259). Sin embargo, no surge del libelo bajo estudio el error jurídico que se le atribuye a la resolución atacada.- De la lectura de la sentencia recurrida tampoco se advierten los vicios apuntados por la quejosa.
En este sentido, la Cámara -luego de efectuar una reseña del recurso de casación- sostiene que la recurrente no alcanza a demostrar los errores que le endilga a la sentencia (conf. foja 37 vta.). A mayor abundamiento, la Alzada sostuvo que: “...la recurrente no aporta elementos que desvirtúen la decisión recaída, resultando meras discrepancias o disconformidad con la sentencia de esta Cámara, siendo jurisprudencia de este Cuerpo que cuando el recurso se fundamenta ‘...en la reiteración de argumentos ya anteriormente interpuestos y analizados por esta Cámara... resultan inidóneos a los fines de la apertura de una instancia extraordinaria...’ (cfr. interlocutorio registrado al T° XXXIII, R° 3313).” (cfr. fs. 37 vta./38).- Entonces, se puede observar que las conclusiones a las que se arribara en la resolución de segunda instancia no son refutadas por el recurrente mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error de argumentación, sino que constituyen una mera discrepancia con el criterio adoptado por los Magistrados.
En este sentido este Alto Tribunal ha dicho: “…que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación. En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (conf.
Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2661, Folio 4030/4032; ídem, Reg. 2685, Folio 4097/4099; Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2854, Folio 4498/4502).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3107, Folio 5078/5080).- Sin perjuicio de lo expuesto, que es suficiente motivo para el rechazo del recurso de queja, se debe señalar que es condición de admisibilidad de todo recurso, entre ellos, el de la casación, la existencia de interés (o gravamen) en el recurrente. El interés es, entonces, la medida del recurso.-
La resolución para ser recurrible debe necesariamente haber ocasionado un gravamen para quien la impugna, el cual no se presenta en el sub lite. En esta inteligencia, se ha dicho que un requisito de admisibilidad para cualquier recurso es que exista gravamen (conf. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los recursos ordinarios”, Ed. Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 2000, pág. 78); y que: “…debe necesariamente haber causado al recurrente un gravamen que dé origen al interés de recurrir, por tanto debe existir una desventaja o perjuicio o lesión concreta, al punto que si ésta no posee ningún sentido desfavorable, carece de derecho impugnaticio, aunque lo afirmase.” (cfr. CSJ Tucumán, sala Laboral y Contenciosoadministrativa, “Herrera, Edmundo F. y otros c.
Grafa S.A.”, del 2 de marzo de 1998. Cita Online: AR/JUR/18/1998).- En el caso sub examine la recurrente inició un amparo por mora a fin de continuar con el procedimiento administrativo hasta que éste finalice con el dictado de la decisión definitiva, consistente en que el Poder Ejecutivo Provincial dicte decreto vinculado a los ascensos a los que sería acreedora la Dra. Yánez en su carácter de oficial de la policía (conf. fs. 30/33 vta.). Esto fue, precisamente, lo que dispuso la sentencia de primera instancia (conf. fs. 18/22) y luego ratificado por la Cámara en la decisión impugnada (conf. fs. 23/26 vta.). Concretamente se ordena al Estado Provincial (Ministerio de Gobierno) que dicte, en el término de diez (10) días, resolución en el expediente administrativo involucrado (conf. foja 22).- Aquí es oportuno recordar que el retardo o silencio de la administración es un instituto que tiene operatividad ante la falta de pronunciamiento expreso de la autoridad obligada a resolver en un procedimiento administrativo.
Ante este supuesto, la norma jurídica sustituye la voluntad administrativa asignándole un significado concreto (conf. STJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIV, Reg. 495, Folio 2711/2719). Ante esta circunstancia, el administrado tiene la posibilidad de interponer amparo por mora. Sobre este instituto procesal se ha dicho: “…El amparo [por mora] se fundamenta en el derecho de todo administrado que es parte de un procedimiento administrativo a que se dicte una resolución expresa y fundada. La finalidad de esta vía es obtener un emplazamiento judicial para que la autoridad administrativa cumpla con su deber de resolver y dicte el acto administrativo o preparatorio que corresponda (confr. Creo Bay, op.
Cit., p. 8 y Hutchinson, op. cit., p. 510/511). El interesado, cuando utiliza esta pretensión, lo que busca es seguir en el procedimiento administrativo hasta que éste finalice con el dictado de la decisión definitiva…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 595, Folio 3416/3421).- En coincidencia con lo expresado en el párrafo anterior se ha dicho, en cuanto al alcance y contenido de la sentencia en el amparo por mora, que: “Una vez contestado el informe o vencido el plazo para hacerlo, el juez, valorando las circunstancias del caso, y sobre todo el eventual lapso de la demora, admitirá o desestimará la demanda. En el primer caso, establecerá el plazo en que debe dictarse el acto administrativo retrasado...Se trata de una típica sentencia de condena, que impone al demandado una obligación de hacer: resolver en el plazo indicado...Ahora bien, no hay que perder de vista que a través de la acción en estudio, lo único a lo que el amparista puede aspirar es obtener que la sentencia imponga un plazo para que la Administración se pronuncie sobre una petición, mas no que el juez establezca cómo debe decidirse la cuestión que se sustancia en el expediente administrativo.
Es decir que el amparo por mora se desentiende de toda cuestión de mérito o sobre el fondo del asunto, que se debata en el expediente administrativo. Por ende es ajena a esta vía el acierto o desacierto de la petición en cuestión.” (cfr. Alfredo Gusmán, “Juicio de amparo por mora de la Administración”, hammurabi, B. Aires, 2014, pág. 89 y 91).- Por lo expuesto, se observa que la recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasione un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación que habilite esta instancia de excepción con lo cual deviene inadmisible el recurso intentado.-
Precisamente esta carencia de una base mínima de admisibilidad que exterioriza la presentación recurrente, torna inaudible la misma en la presente instancia extraordinaria.-
A la misma conclusión debe arribarse respecto del pretenso agravio vinculado a que el proceso intentado debía tramitar conforme la Ley Nº 1118 y no por la Ley Nº 1260; pues fue la propia recurrente quien optó iniciar el presente como amparo por mora regulada en el art. 28 de la Ley Nº 1260, consintiendo asimismo el proveído, de foja 36 de los autos principales, que así lo ordenó. Por lo tanto no existe agravio para la quejosa. Además sus expresiones remiten a consideraciones de cuestiones fácticas y procesales que resultan -por principio- manifiestamente ajenas al recurso provincial incoado, salvo supuestos de arbitrariedad o absurdo (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2.960, Folio 4761/4764). Se ajusta al caso sub examine lo dicho por este Alto Tribunal: “…El recurrente basa su disenso en cuestiones de derecho procesal, irrevisables en la instancia extraordinaria provincial (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 1063, Folio 1311/1315). No se logra el acceso al ámbito de la casación, toda vez que las apreciaciones de índole procesal quedan normalmente detraídas de ella, salvo cuando se demuestre que la valoración intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de bases aceptables que por tal circunstancia puedan afectar el derecho de defensa o del debido proceso que en autos han sido observados por los Jueces de mérito.” (cfr. fallo cit.).- En cuanto a la alegada violación de las garantías constitucionales y el debido proceso; derechos adquiridos; y del derecho de propiedad se constata que la recurrente se circunscribe a invocarlos sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3.143, Folio 5.153/5.156).-
III. Que por lo expuesto, jurisprudencia citada y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, corresponde rechazar el recurso de queja articulado a fs. 40/46 por la amparista, declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 114/120 de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 122/125/vta. de dichos autos; con costas a la recurrente, de acuerdo a lo normado en la última parte del ya citado artículo 18, teniendo presente la reserva del caso federal expresada a foja 46.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Rechazar el recurso de queja articulado a fs. 40/46, declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 114/120 de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 122/125 vta. de los citados autos, con costas.-
3. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales y oportunamente devuélvanse los mismos. Cumplido, archívese la presente queja.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariano –Presidente; Dr. Enrique Osvaldo Peretti – Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1081I.161 Tomo: XXVII Interlocutorio: 3.239.-
Folio N°:5365/5368.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia