Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa Y-878/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a las excusaciones deducidas por la Dra. Reneé Guadalupe Fernández y por los Dres. Fernando Miguel Basanta y Carlos Enrique Arenillas en PE1946656-2025, PE1950742-2025 y en PE1992094-2025.-
2Declarar formalmente inadmisible la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Dra. Belisa Bibiana Yañez.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: Y-878/24-TSJ Sentencia N°: 1199 Actor: YAÑEZ BELISA BIBIANA Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 13/04/26 TOMO XXI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1199 FOLIO Nº 4030/4033 PROT. ELECT. TSS1 002 C.261
Río Gallegos, 13 de abril de 2026.-
Los presentes autos caratulados: “YAÑEZ BELISA BIBIANA C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº Y-878/24-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término, las excusaciones deducidas por la Dra. Reneé Guadalupe Fernández en PE1946656-2025 y por los Dres. Fernando Miguel Basanta en PE1950742-2025 y Carlos Enrique Arenillas en PE1992094-2025.-
La Dra. Fernández y el Dr. Arenillas expresaron que integraron el tribunal que intervino en un proceso anterior entre las mismas partes, en el que se abordaron cuestiones que guardan estrecha relación con los planteos que motivan el presente litigio.-
En dicha oportunidad, en su carácter de jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, suscribieron la sentencia que resolvió una apelación interpuesta por la actora, pronunciándose sobre aspectos sustanciales directamente vinculados con los planteos que ahora conforman el objeto del presente proceso. El fallo en cuestión obra glosado a fs. 58/61 vta. del Expediente Administrativo Nº 3.202-“C”/08.- Por su parte, el Dr. Basanta dice: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendido en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7° del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que el suscripto, en el carácter de Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, ha rubricado la Resolución N° 113/17 cuya declaración de nulidad persigue la parte actora. En virtud de lo expuesto, solicito se haga lugar a mi petición y se me excuse de intervenir en la presente causa.” (cfr. PE1950742-2025).- Atento los motivos que fundan las excusaciones de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández y del Dr. Carlos Enrique Arenillas, en razón de los escrúpulos fundados en las circunstancias explicitadas, que demuestran que la inhibición responde a causales avaladas en serios fundamentos y en virtud de lo normado en el artículo 30, segundo párrafo del CPCyC, corresponde hacer lugar a dichas excusaciones.- En lo que respecta a la excusación del Dr. Fernando Miguel Basanta, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPCyC, en virtud de lo normado en el artículo 30, primera parte del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Que, asimismo, vienen los presentes al Acuerdo para analizar la admisibilidad formal de la acción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del CPCA, Ley Nº 2600.-
III. En PE1255235-2024 se presenta la Dra. Belisa Bibiana Yañez por derecho propio, con el patrocinio letrado de la Dra. Nora Galindo promoviendo demanda contencioso administrativa contra el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz, con el objeto de decretar la nulidad de la Resolución dictada por el Ministerio de Gobierno Nº 113/17 y, “…se ordene la ejecución del acto administrativo firme contenido en la Disposición N° 55/08 de la Jefatura de Policía.” (cfr. PE cit., pág. 1).- Solicita se dicte sentencia disponiendo la modificación del Decreto 134/11 que dispuso su ascenso a la jerarquía de Comisario Inspector a partir del 1 de enero de 2012 ordenando que ese ascenso se considere retroactivo al 1 de enero de 2007, el ascenso a Comisario retroactivo al 1 de enero de 2003 y a Subcomisario retroactivo al 1 de enero de 1999 (cfr. PE y pág. cits.).- Sostiene que ingresó a trabajar en el mes de enero de 1984 en la Policía de la Provincia de Santa Cruz, en el cargo de Asesora letrada (Decreto 384/84; Decreto 758/84) y por Decreto 737/87 se adecuó el nombramiento al de Directora de Asuntos Legales (cfr. PE y pág. cits.).-
Relata que en el mes de junio de 1994 la Jefatura de Policía notificó la reestructuración de los escalafones del agrupamiento policial y estableció que todo el personal cambiara su situación de dependencia orgánica y pasara a revistar como personal policial bajo las prescripciones de la Ley N° 746. Razón por la cual la accionante dejó de pertenecer al escalafón de la administración pública y pasó a integrar y tener estado policial en el escalafón profesional previsto en el Anexo II de ese cuerpo normativo (cfr. PE y pág. cits.).- Afirma que esa situación: “…se cristalizó el día 14 de julio de 1994 mediante Decreto Provincial 0907 donde -se dispuso mi cese- como administrativa categoría 24 y pase a revistar como Oficial Principal de Policía cuerpo profesional pero con el mismo cargo de Directora de Asuntos Legales…” (cfr. PE cit., pág. 2).-
Añade que: “…cumplido el plazo reglamentario…se pidió…que se reordenara mi situación de revista en la Fuerza considerando todos los años de servicios prestados, desde 1984, adecuando la jerarquía correspondiente en función del escalafón profesional contenido en uno de los anexos de la ley 746.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Refiere que el 26 de agosto de 2008, la Jefatura de Policía, dictó la disposición 055_D1_C/08 que resolvió otorgarle los ascensos retroactivos a los grados de Subcomisario, Comisario y Comisario Inspector y propiciar ante el Poder Ejecutivo Provincial el dictado del instrumento legal respectivo (cfr. PE cit., pág. 3).-
Agrega que: “…el Expediente donde se dictó esta Disposición N° 055/D.1/C/08 fue elevado el día 27 de agosto de 2008 al Ministerio de Gobierno para que gestionara el dictado de Decreto ratificando el acto conforme lo establece el art. 87 la Ley 746.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Continua narrando que: “…después de esta elevación…No tuve mas noticia del estado del trámite…lo cual motivó la presentación de innumerables requerimientos para conocer el destino y suerte del expediente de ascenso…Que ante esa situación incierta…me vi obligada a promover un amparo contra la Policía de Santa Cruz…amparo que fue rechazado porque la justicia entendió que mi empleador había cumplido con su deber cuando elevó…el expediente al Ministerio de Gobierno.” (cfr. PE y pág. cits.,).- Agrega que: “…frente a este decisorio promoví otro amparo ahora contra el Poder Ejecutivo y Ministerio de Gobierno el día 9 de abril de 2015… que tuvo por objeto que se ordenara al demandado el dictado del decreto ratificando la Disposición 055-2008…este juicio…concluyó…con el fallo del T.S.J.S.C que rechazó el recurso de casación interpuesto por la que suscribe contra la decisión de la Cámara de Apelaciones que ratifico (sic) lo resuelto en la Primera Instancia al considerar que el Poder Ejecutivo cumplió con la sentencia del amparo al dictar el Ministerio de Gobierno la Resolución N° 113/2017…” (cfr. PE cit., págs. 3/4).- Sostiene que: “…esta Resolución 113/2017 fue dictada sin cumplir ningún recaudo legal. El Ministerio de Gobierno no tenía para resolver, ningún recurso interpuesto por la que suscribe. Solo tenía que propiciar ante el Poder Ejecutivo la ratificación por decreto de la Disposición 055-2008 que estaba firme todo ello de acuerdo a la ley que me resultaba aplicable en ese momento…” (cfr. PE cit., pág. 4).- Enfatiza que: “…esta Resolución ministerial Nº 113 cuya nulidad se impetra si bien fue acogida en la sentencia de amparo en nada modificó mi derecho de fondo reconocido en el acto administrativo firme que ahora se ejecuta y que además ha pasado en autoridad de cosa juzgada.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Manifiesta que: “…así concluyó el amparo, desconociendo un acto administrativo firme contenido en la Disposición 055/2008 que acá se ejecuta y teniendo por cumplida la sentencia con una resolución nula, carente de causa, dictada sin que existiera recurso pendiente por parte de la suscripta…” (cfr. PE cit., pág. 5).-
Como consecuencia de ello, entiende que: “…la Disposición 055/2008 conserva plena vigencia y validez, no fue revocada, por lo tanto reviste la característica de acto administrativo firme, consentido, regular, eficaz, que causa estado y es ejecutable, que ha otorgado derechos adquiridos a la actora, se han incorporado a mi patrimonio con consecuencias jurídicas perfectamente establecidas en la ley.” (cfr. PE cit., pág. 6).-
IV. En PE1736820-2025 se presenta la Provincia de Santa Cruz, por intermedio de la Fiscalía de Estado y de las Dras. Fernanda Anali Loncón Paredes y Romina de los Angeles Mercado y contesta demanda.-
Previa negativas de rigor, sostiene que la acción entablada es improcedente en los términos de los arts. 23, 47, y 61, inc. b; de la Ley Nº 2600 (cfr. PE cit., pág. 3).-
Argumenta que: “…de las constancias administrativas surge que la actora se notificó del rechazo de recurso de nulidad interpuesto contra la resolución Nº 113/2017 el día 9 de enero de 2019, por lo que el plazo para interponer la acción contencioso administrativa impugnativa de ese acto administrativo se encuentra vencido al transcurrir casi 6 años de aquella notificación.” (cfr. PE cit., pág. 4).- Añade que: “…Si seguimos la teoría de los propios actos, la hipótesis planteada por la actora a fin de revivir los plazos para esta aventura jurídica no encuentra sustento en los hechos ni en las normas que aplican a la materia. El amparo por mora es un procedimiento judicial que se utiliza para que la administración pública cumpla su deber de resolver, va de suyo entonces que no es un recurso cuyo objeto procesal sea resolver el fondo del asunto.” (cfr. PE y pág. cit.).- Solicita que se declare inadmisible la demanda por haberse interpuesto la acción después de estar vencido el plazo para hacerlo, produciéndose la caducidad de la acción contencioso administrativa (cfr. PE cit., pág. 5).-
En cuanto a la Disposición Nº 055/2008 sostiene que: “La disposición del jefe de Policía que propone el ascenso de forma retroactiva de la actora no es un acto administrativo ejecutable o autosuficiente para generar efectos, sino que se trata de lo que la ley, doctrina y jurisprudencia entienden es un acto preparatorio, ya que la única forma que tiene la actora de ascender es por un Decreto del Poder Ejecutivo. Esto lo reconoce la Dra. Yañez quien solicita el dictado de decreto…” (cfr. PE cit., pág. 8).- Finalmente destaca que: “…la presente demanda es inadmisible porque se ha presentado de forma extemporánea y por tanto caducó el plazo para su presentación, y además porque se impugna un acto administrativo que se encuentra firme y consentido por la actora…el reclamo…tampoco encuentra sustento en el marco legal aplicable: es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz disponer sobre los ascensos mediante Decreto y no como pretende hacer creer la actora que es suficiente con la Disposición de la Jefatura de la Policía…el acto administrativo cuya nulidad se solicita ha quedado firme y no presenta vicios ni en su competencia, causa, objeto, voluntad, procedimiento y forma…” (cfr. PE cit., pág. 11).-
V. El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia, dictamina sobre la admisibilidad formal de la acción que: “…teniendo en cuenta la presentación extemporánea de la demanda contencioso administrativa, esta Fiscalía entiende que debe declararse formalmente inadmisible la misma, en virtud de lo establecido en el art. 61 inc. b) de la Ley 2600.” (cfr. PE1752997-2025, pág. 3).- Se dispuso pasar los presentes al Acuerdo (cfr. PE1053954-2025).-
VI. Luego de reseñadas, brevemente, las posturas de las partes en esta causa, cabe analizar, en primer lugar, la admisibilidad formal de la acción entablada. En tal sentido, y atendiendo a lo normado por el artículo 60 del CPCA, Ley Nº 2600, debe verificarse si se encuentran reunidos los requisitos que habilitan la apertura de la instancia (cfr. arts. 23, 40, 47 y 61 del CPCA, Ley Nº 2600).- La habilitación de la instancia aparece como un trámite propio de las contiendas contencioso administrativas a través del cual el juzgador, al inicio del proceso, verifica si se ha dado cumplimiento a determinadas condiciones para que la demanda sea admisible (cfr. Grau, Armando Emilio, ‘Habilitación de la Instancia Contencioso Administrativa’, Editorial Platense, La Plata, 1971, págs. 121/127; Luqui, Enrique Roberto, ‘Revisión Judicial de la Actividad Administrativa’, Tº 2, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2005, págs. 286/ 298). Dichas condiciones, básicamente, se resumen en el agotamiento de la instancia administrativa y la interposición de la acción dentro del plazo de caducidad previsto por la ley.- El artículo 60 del CPCA, Ley Nº 2600, prevé un examen formal de admisibilidad, que constituye un juicio preliminar tendiente a rechazar “in limine” las demandas que adolezcan de patente inadmisibilidad formal (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 864, Folio 2487/2490).-
La facultad de evaluar la admisibilidad formal de la acción viene siendo pacíficamente ejercida por este Tribunal Superior al remarcar -a través de sus precedentes- la conveniencia de expedirse sobre la procedencia de la demanda contencioso administrativa “aún de oficio”, pues ello redundaría en beneficio de los litigantes al evitarse dilaciones y gastos de un litigio que podría eventualmente concluir con el rechazo de la demanda por improcedente (cfr. Contencioso Administrativo, Tomos IV, Reg. 307, Folio 687/689; y XII, Reg. 786, Folio 2222/2227). Por ello es que llegan los presentes, al Acuerdo, con la finalidad de expedirse sobre si la vía judicial se encuentra formalmente habilitada y corresponde la declaración de admisibilidad a su respecto o, por el contrario, se impone la declaración de inadmisibilidad.-
VII. De inicio, cabe precisar que la demanda -conforme a su objeto, expresado por la accionante en PE1255235-2024- se enmarca en los términos del artículo 40 inc. a) de la Ley Nº 2600.-
Sentado ello, debe apreciarse si la acción ha sido promovida en tiempo oportuno.-
La existencia de plazos de caducidad para demandar a los órganos del Estado se justifica en la necesidad de dar seguridad jurídica y estabilidad a los actos administrativos pues, de lo contrario se afectaría el principio constitucional de seguridad jurídica y el interés público si tales actos quedan sujetos a impugnación por largos períodos (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 1017, Folio 3151/3154).- Así, el artículo 61 del CPCA, en su inciso b) dispone que se declarará inadmisible la demanda por haberse interpuesto la acción después de estar vencido el plazo para hacerlo. En cuanto a dicho plazo, el artículo 23 edicta (en lo que para el caso interesa): “La acción que tenga por objeto las pretensiones establecidas en el Artículo 40 Incisos a), b) y c) caduca en el plazo de noventa (90) días. El plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa, o en los casos de denegación tácita, desde el día siguiente del vencimiento del plazo establecido en el Artículo 8”.- En base a tales premisas se observa, en el sub lite, que la actora interpone recurso de nulidad contra la Resolución 113/2017 (mediante la cual se rechazan los recursos interpuestos por su parte), que fue rechazado a través de la Resolución Nº 865/18 (dictada el 12 de diciembre de 2018) acto con el cual se agotó la vía administrativa; éste último se le notificó el 9 de enero de 2019 (tal como surge de fs. 100 del Expte Administrativo Nº 3.202-“C”/08.) y, a raíz de ello, promovió esta acción, el 22 de febrero del 2024 (cfr. PE1255235-2024).- Analizada la cuestión a la luz de la normativa reseñada precedentemente se desprende que esta acción fue iniciada cuando ya había fenecido el plazo para hacerlo. Ello es así pues, desde la notificación a la actora de la Resolución Nº 865/18, ocurrida el 9 de enero de 2019, hasta la interposición de la demanda -22 de febrero del 2024- había transcurrido holgadamente el plazo de 90 días establecido por el artículo 23 del CPCA, Ley Nº 2600. Consecuentemente, el vencimiento del término legal previsto a tal fin produce la caducidad de la acción intentada, obstando a la apertura del proceso.-
Por ello debe declararse formalmente inadmisible la acción contencioso administrativa, toda vez que ha sido interpuesta después de estar vencido el plazo para hacerlo (cfr. art. 61, inc. b) del CPCA, Ley 2600), con imposición de costas por su orden, de conformidad a lo prescripto por el art. 90 de la ley citada.-
Por todo lo expuesto y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a las excusaciones deducidas por la Dra. Reneé Guadalupe Fernández y por los Dres. Fernando Miguel Basanta y Carlos Enrique Arenillas en PE1946656-2025, PE1950742-2025 y en PE1992094-2025.-
2. Declarar formalmente inadmisible la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Dra. Belisa Bibiana Yañez.-
4. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo. Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal a/c de Presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saul -Vocal Subrogante-, Dr. Eduardo Gabriel López -Vocal Subrogante-, Dr. Nelson Andrés Sánchez -Vocal Subrogante Secretario: Dr. Cesar Matías Neil Protocolización: TSS1002C.261 Tomo: XXI Sentencia: 1199 Folio N°: 4030/4033 Secretaría: 1
Fin de la sentencia