Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa Y-2184/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte incidentada Fondo Residual Ley Nº 478 de la Provincia de Tierra del Fuego (cfr. PE13370-2020).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: Y-2184/17-TSJ Interlocutorio N°: 452 Actor: YAÑEZ BELISA BIBIANA Y SCHUPBACH ERICA FLAVIA EN AUTOS: GUATTI CESAR DANIEL Y OTRO Demandada: BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO Objeto: ORDINARIO S/ INCIDENTE DE APELACIÓN Fecha: 07/09/2021 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 452 FOLIO Nº 1706/1709 PROT. ELECT. TSS1 009 O.211
Río Gallegos, 7 de septiembre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “YAÑEZ BELISA BIBIANA Y SCHUPBACH ERICA FLAVIA EN AUTOS: GUATTI CESAR DANIEL Y OTRO C/ BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO S/ ORDINARIO S/ INCIDENTE DE APELACIÓN”, Expte. Nº Y-21.224/IA/16 (Y-2184/17-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, articulado por la parte incidentada, Fondo Residual Ley Nº 478 de la Provincia Tierra del Fuego, por intermedio de su letrada apoderada Dra. Diana M. Huerga Cuervo, (cfr. PE13370-2020), contra la sentencia dictada por este Alto Cuerpo a fs. 106/113. La cual hace lugar al planteo de las Dras. Belisa Bibiana Yañez y Erica Flavia Schupbach estableciendo que las nombradas intervinieron en el principal, en representación del Fondo Residual Ley N° 478 de la Provincia de Tierra del Fuego, ello a los fines de la percepción de sus honorarios.- La parte recurrente suscita la instancia extraordinaria federal alegando la arbitrariedad de la sentencia dictada a fs. 106/113 mediante la cual se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la incidentista, revocando la resolución dictada por la Excma. de la Cámara de Apelaciones a fs. 37/42 vta. y devolviendo las actuaciones a fin que continúe el trámite de pretensión de cobro de los honorarios de las recurrentes.- Argumenta que: “...el fallo recurrido (al entender que mi mandante es el obligado al pago de los honorarios de las letradas incidentistas pese a que mi mandante no fue parte en el proceso) se aparta de las constancias de la causa, carece de fundamentación suficiente, no analiza debidamente los argumentos planteados por esta parte, y se dicta en violación de la ley aplicable, en violación de los principios dispositivo, de congruencia, de preclusión procesal, de contradicción, y violando los efectos de la cosa juzgada y la teoría de los actos propios, no siendo el fallo derivación razonada de las constancias de la causa y del derecho vigente; incurriéndose de esta manera en una clara arbitrariedad por violación del debido proceso y del derecho de defensa garantizados por el art. 18 de la CN, art. 8 de la CADH y arts. 2 y 14 del PIDCP, como asimismo en una vulneración del derecho a peticionar ante las autoridades y obtener un fallo que brinde respuesta a lo peticionado y otorgue la tutela judicial efectiva de mis derechos, garantizados por los arts. 14 y 18 de la CN y art. 8 y 25 de la CADH y art.s 2 y 14 del PIDCP, y con afectación del derecho de propiedad de mi mandante...” (cfr.
PE cit.).- La incidentista contesta el pertinente traslado. Oportunidad en que solicitan se declare inadmisible el recurso extraordinario federal por no haberse violado derecho constitucional alguno y menos el de defensa en juicio en contra del Fondo (cfr. PE52298-2021).-
Corrida vista al Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia, dictamina que el recurso impetrado debe ser declarado inadmisible (cfr. PE73154-2021).-
Que pasan los presentes autos al Acuerdo en PE74115-2021.-
II. Analizando la pieza recursiva presentada por la letrada apoderada del Fondo Residual Ley Nº 478 de la Provincia de Tierra del Fuego y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nros. 4/2007 (modificada por su similar Nº 3/12), 31/2011 y 38/2011, corresponde que este Tribunal Superior de Justicia verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.- Así observamos que la cuestión federal ha sido interpuesta oportunamente y por quien tiene capacidad para recurrir (cfr. art. 257 y ccds. del CPCCN). Siendo ello así, corresponde el análisis de las previsiones de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que dispone el comienzo de su vigencia para los recursos que se interpusieren a partir del primer día posterior a la feria judicial de invierno del año 2007.- En dicha tarea, se evidencia que se han cumplimentado los requisitos de los artículos 1° y 2° del reglamento, no así los de los restantes. En efecto, la presentación no supera las 40 páginas de 26 renglones y ha sido escrita con letra claramente legible y cuenta con la carátula en hoja aparte (cfr. art. 1º del Reglamento).-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia, fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.- Es criterio sentado en la materia que la procedencia del recurso extraordinario, requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (Fallos 303:633).- Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo alcanza a cumplir los requerimientos de los incisos b) y c) de dicha Acordada.-
Un capítulo aparte debemos dedicar a la inobservancia del artí-culo 3º, incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 148:60; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (Fallos 310:1789) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina, la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- La recurrente funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14 de la Ley Nº 48 sin especificar en cual de sus incisos y sin indicar cuales serían las normas incumplidas y de que forma fueron vulneradas.
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14, inc. 1º de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14, inc. 2º de la Ley Nº 48) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14, inc. 3º de la Ley Nº 48), al contrario, en el fallo recurrido, se resolvió que las letradas Dras. Yañez y Schupbach actuaron en autos, en nombre y representación de la recurrente en los autos caratulados: “Guatti, Cesar Daniel y otro c/ Banco Provincia de Tierra del Fuego s/ Ordinario”.
Sin perjuicio del tratamiento que, oportunamente, pueda merecer la defensa articulada por la recurrente, conforme a lo expuesto en el punto VII de los considerandos del fallo recurrido.- Por otra parte, es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio. Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta la relación directa (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 116).- A la luz de la doctrina citada podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que, el litigio se resolvió en base a normas provinciales por tratarse de una cuestión de índole procesal.-
Dicho en otras palabras, la materia en discusión no constituye una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local, como son los temas de índole procesal (cfr. arts. 75, inc. 12 y 121 de la CN), de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones Federales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- En mérito de ello, en razón de la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Con relación al carril por el que pretende encauzar la recurrente su agravio extraordinario, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Federal (Fallos 325:3265 y sus citas).- En el caso, de lo que verdaderamente se agravia la recurrente es del criterio adoptado por el Juzgador, quedando en claro, entonces, que su pretensión es que se sustituya éste por una interpretación normativa más favorable a sus intereses.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).- Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circuns-tancias comprobadas de la causa (Fallos 261:209; 274:135; 279:355; 284:119 y 297:100).-
La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos 311:1950; 315:449; 323:3139).-
Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal Superior de Justicia ha dado expreso tratamiento a las cuestiones sometidas a examen y ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adversa a la postura de la impugnante.-
IV. En síntesis, y contrariamente a lo que sostiene la recurrente, en el decisorio atacado se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559; 315:2969; 316:2718; 319:103 y 321:1909).- En esa inteligencia, se aprecia que los reparos invocados trasuntan una mera disconformidad con aspectos que, por regla, constituyen materia ajena a la instancia excepcional. Los que, al margen de su acierto o error, no compete a la Corte Federal revisar (Del Dictamen del Procurador General que la Corte comparte y hace suyo en Fallos 326:1877 y su cita). Todo lo cual lleva al rechazo del remedio federal pretendido.- A mayor abundamiento, cabe agregar sobre la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional (cfr. arts. 16, 17, 18, 28 y 31), que constituyen una mera enunciación incapaz de habilitar la vía extraordinaria, si no se logra demostrar de que manera han sido vulnerados tales principios. En efecto, la sola mención efectuada de un precepto constitucional pretendidamente desconocido, no autoriza a concluir que dicha violación se haya producido.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (Fallos: 165:62; 181:290; 266:135; 310:2306; entre otros). No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Cara Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (Fallos: 295:335; 310:2306).- En autos, la impugnante sólo se ha limitado enumerar derechos constitucionales que considera soslayados sin explicar, de qué manera el fallo produjo esa violación.
Carece, además, el libelo bajo estudio de la “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48. Según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:761 y 2421; 310:722; 311:499).-
No se cumple este recaudo cuando, como sucede en el sub judice, los agravios no constituyan una crítica concreta y razonada de lo los argumentos en que se apoya la sentencia (Fallos 308:761 y 2421; 310:722; 311:499 y 2619).-
En consecuencia, las manifestaciones vertidas por quien recurre resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la cuestión bajo juzgamiento.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte incidentada Fondo Residual Ley Nº 478 de la Provincia de Tierra del Fuego (cfr. PE13370-2020).-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé G. Fernández y en uso de licencia la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1009O.211 Tomo: IX Interlocutorio: 452 Folio N°: 1706/1709 Secretaría: 1
Fin de la sentencia