Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa Y-2460/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal Subrogante Dr. Carlos Enrique Arenillas (cfr. PE625052-2022).-
2Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 740/757 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE141893-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: Y-2460/21-TSJ Interlocutorio N°: 3717 Actor: YAÑEZ BELISA BIBIANA c/ VIVIENDAS VIALES DEL SUR SOCIEDAD CIVIL Demandada: VIVIENDAS VIALES DEL SUR SOCIEDAD CIVIL Objeto: COBRO DE PESOS Fecha: 24-10-2022 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3717 FOLIO Nº 6612/6617 PROT. ELECT. TSS1 066 I.221
Río Gallegos, 24 de octubre de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “YAÑEZ BELISA BIBIANA c/ VIVIENDAS VIALES DEL SUR SOCIEDAD CIVIL s/ COBRO DE PESOS”, Expte. Nº Y-21.561/08 (Y-2460/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, del Dr. Fernando Miguel Basanta, del Sr. Vocal Subrogante Dr. Domingo Norberto Fernández y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término, la excusación deducida por el Sr. Vocal Subrogante Dr. Carlos Enrique Arenillas, quien en PE625052-2022, expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendido en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte del mismo cuerpo legal, toda vez que el suscripto ha integrado el tribunal de alzada que dictó la sentencia de fs. 664/686 vta. y las resoluciones obrantes a fs. 721/723 del expediente en soporte papel y la agregada en PE141893-2021 en el presente sistema”.- En razón de los motivos que fundan la excusación del Magis- trado, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPCyC, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo, vienen los presentes al Acuerdo en virtud del recurso de casación articulado por la actora, Dra. Belisa Bibiana Yañez (cfr. fs. 740/757), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 664/686 vta., en cuanto hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la nombrada elevando el monto de la condena por honorarios a la suma de pesos quinientos cuarenta y tres mil novecientos veintidós con treinta y ocho centavos ($ 543.922,38), con más intereses e IVA (cfr. fs. 686 y vta.).- El recurso de casación se interpone en los términos de los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y por arbitrariedad (cfr. foja 740 y vta.).-
En primer lugar, la recurrente expresa que: “El interlocutorio se impugna en el ámbito del carril impugnatorio establecido en los arts. 2do. y 3ro. inc. a) Recurso de Casación…por estar directamente vinculada la cuestión a la violación de la normativa de fondo aplicable al caso, contenida en el Código Civil vigente al momento de la celebración del contrato base de la demanda.” (cfr. foja 740 vta.). Considera además al fallo como arbitrario.-
Manifiesta que: “Esta demanda se promovió en septiembre del año 2008 con el objeto de cobrar los honorarios que se habían consensuado con la demandada en el convenio de honorarios base de la acción y suscripto el día 30 de marzo de 2005. Es decir, que [en] el convenio o contrato se fijó el precio que debía cobrar la actora en concepto de honorarios. En clausulas (sic) tercera y cuarta ya determinado y en el resto dependiendo de futuras acciones legales. Los demandados debidamente notificados no comparecieron al juicio, decretándose su rebeldía con las consecuencias que ello acarrea en función de las normas procesales. La sentencia de primera instancia si bien reconoció la vigencia plena del contrato y dijo que debía estarse a lo allí pactado (art. 1197) expresamente señalo (sic) que el honorario que correspondería fijar de acuerdo a aquel ‘seria (sic) desprovisto de proporcionalidad y justificación’, entonces fijo (sic) un monto que surgió de la exclusiva subjetividad del Juez, apartado de todas las constancias del juicio y normas legales.
La sentencia de grado confirmada por la Alzada no solo (sic) ratifica el fallo del inferior sino que le agrega, desordenadamente, solapadamente, hablando a través de abundante jurisprudencia que transcribe, la permanente nota de sospecha...sobre el actuar de buena fe de esta letrada en la firma del convenio, dando por sentado un abuso en la posición negocial frente a los obligados firmantes del contrato de honorarios. En definitiva, ambas sentencias lo que dejan en claro de su simple lectura y sin esfuerzo, es que no resulta tolerable que una letrada cobre un monto de honorarios importante, por trabajos realizados de manera eficiente y pronta, con una actuación desplegada por más de veinte años...” (cfr. fs. 741 vta./742).- Sostiene que en la sentencia en crisis se ha violado la garantía del debido proceso.
Para llegar a esa conclusión, entiende que el fallo de Primera Instancia “...de manera arbitraria, sin argumento legal alguno, apartándose del contrato que nadie cuestiono (sic), ley para las partes, determino (sic) un honorario figurado, simbólico ya que no se advierte jurídicamente como arriba a ese monto...”, aduciendo que la Cámara de Apelaciones “...no solo (sic) la confirma sino que además, de manera desordenada, tendenciosa, infundada, reiterativa, amplia (sic) y ratifica la resolución del Juez a quo basando principalmente la legalización de un análisis antojadizo de la teoría de la autonomía de la voluntad, concluyendo en un desacierto extremo, menoscabando la regla del debido proceso y la defensa en juicio.” (cfr. foja 743 vta.).- Arguye, además, que la sentencia resulta arbitraria “...por haber afectado el principio de congruencia y la lógica, y ello tiene como consecuencia la aplicación de normas incorrectas, para resolver ilegalmente, violándose expresos derechos de raigambre constitucional de la actora, que nadie cuestiono (sic) a lo largo del proceso.
Se la priva ilegalmente de percibir lo pactado. Y la ilegalidad no tiene su base en una defensa o prueba en su contra de que así deba ser, sino porque lo reconocieron los propios firmantes del convenio de honorarios base de la demanda. Acá hay una clara vigencia de la teoría de los actos propios que la Cámara de Apelaciones ha ignorado...La arbitrariedad o absurdo como presupuesto que habilita esta instancia, se plasma en la sentencia en cuestión, por escapar a las leyes de la lógica y del buen entendimiento...” (cfr. fs. 744 y vta.).- Asimismo, considera que existe violación de la ley aplicable al caso, pues “...la base del presente juicio es un contrato, por ello resulta de plena aplicación la autonomía de la voluntad, que resulta ser un principio general del Derecho Civil, y que consiste en la libertad que reconoce el ordenamiento jurídico a los individuos, a fin que los mismos autorregulen sus intereses.” (cfr. foja 748).
Recalca, en tal sentido, que: “...la autonomía de la voluntad es una posición jurídica, y como tal integra el concepto de propiedad constitucionalmente protegida (art. 17 CN). El contrato importa la disposición de derechos y en este sentido es asimilable a la propiedad. Esta es la normativa aplicable al caso, viene desde la Carta Magna. De esta manera, toda limitación debe ser de interpretación restrictiva, ya que al limitar, el derecho básico afectado es nada menos que la libertad.” (cfr. fs. 748 y vta.).- Dice que hay “Arbitrariedad por incongruencia -Incongruencia por exceso- Cuando la sentencia resuelve asuntos no planteados o se pronuncia sobre cuestiones no debatidas, reaparece el fallo incongruente, claro esta (sic) que bajo la hipótesis de exceso, no de déficit.
Ello engendra igualmente arbitrariedad, puesto que la resolución judicial ha sobrepasado los márgenes razonables de la función judicial, apartándose de los términos en que se trabó la Litis.” (cfr. foja 751 vta.).-
Finalmente, la recurrente manifiesta que hace reserva del caso federal (cfr. foja 752 vta.).-
La Excma. Cámara de Apelaciones, declara formalmente admisible el recurso de casación incoado por la actora (cfr. PE141893-2021) y pasan los presentes autos al Acuerdo (cfr. PE128373-2021).-
III. Corresponde en esta oportunidad efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Para realizar esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3510, Folio 6012/6016).-
Del estudio de los fundamentos de la casación, se advierte que los planteos de la recurrente remiten a temas de hecho y prueba, en principio, ajenos al ámbito de la casación. La impugnación está estructurada en torno a circunstancias fácticas extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial.-
Los términos del recurso traslucen que, no obstante invocarse por la recurrente que la casación se sustenta en la errónea interpretación de la ley, en realidad lo cuestionado es la valoración que han efectuado los jueces de las instancias ordinarias respecto de los hechos y pruebas aportadas a la causa, cuestiones ajenas al ámbito casatorio.-
De este modo, se observa que la enunciación de reproches de la impugnante sólo trasunta su mera disconformidad acerca de lo decidido por el ad quem, invocación que por sí sola no basta en el ámbito casatorio, dada la limitación extraordinaria de la instancia, desentendiéndose de los fundamentos del fallo atacado en relación a la materia en discusión.-
Surge de autos que la materia en tratamiento comprende el análisis de cuestiones que escapan a esta instancia extraordinaria, por su indiscutible encuadramiento en circunstancias de hecho y prueba, salvo que mediare un supuesto de arbitrariedad manifiesta que invalide el acto jurisdiccional, el cual, sin embargo, contiene fundamentación suficiente como para quedar al abrigo de esa tacha. Al respecto este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “…para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…” (cfr. Interlocutorio, Tomo IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788).- Todo ello adunado a que es jurisprudencia de este Alto Cuerpo que: “…la interpretación de los contratos, de la intención, voluntad y cometido de las partes en su cumplimiento, como también lo relativo a la prueba, queda librado a la apreciación de los jueces de la instancia ordinaria, siempre que no se alegue y demuestre violación de las reglas de derecho relativas a tal interpretación y a la distribución y carga de la prueba...o absurdo o arbitrariedad, que quite al pronunciamiento el mínimo de coherencia necesaria para darle sustento…” (cfr. Interlocutorio, Tomo IX, Reg. 1285, Folio 1707/1710).- En igual sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que las cuestiones de hecho, como lo son las referidas a la selección del material probatorio, la interpretación del sentido, alcance y consecuencias jurídicas de las cláusulas del contrato, “…constituyen materia propia de las instancias ordinarias y ajena al ámbito de la casación salvo que se denuncie y demuestre acabadamente que son producto de un error grave y manifiesto en su análisis...” (cfr. sum., “Caja de Odontólogos c/ S. K. S. Saccifa s/ Cobro Ordinario”, causa LP C 101.649, del 24/06/2009).- En definitiva, los fundamentos recursivos articulados no resultan suficientes a fines de lograr el acceso a la presente instancia extraordinaria provincial.-
IV. La recurrente evalúa que la sentencia en crisis es arbitraria. Sin embargo los agravios de la misma sólo remiten a la consideración de circunstancias de hecho y prueba que han sido oportuna y adecuadamente analizadas por la instancia de grado, y ajenas por ende a esta instancia, no exteriorizando en la sentencia de marras un error grave y ostensible en la conceptualización, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar la prueba o los hechos.-
En el sentido expuesto y conforme los agravios esgrimidos, se debe coincidir con Néstor Pedro Sagüés en que: “…El vicio de arbitrariedad debe ser grave y tiene que probarse…según las pautas de la Corte Suprema, la sentencia arbitraria no es aquella que contenga un error o equivocación cualquiera…Es la que padece…de omisiones o desaciertos de gravedad extrema, que la descalifican como pronunciamiento judicial válido. De ahí que el recurso extraordinario por arbitrariedad de la sentencia, como el mismo alto tribunal lo observa, reviste carácter excepcional y no tiene por objeto abrir una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas…” (cfr. aut. cit.: “Derecho Procesal Constitucional - Recurso Extraordinario”, Ed.
Astrea, 2002, 4º edic., Tomo 2, pág. 111).- Sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha manifestado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...‘...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación’. Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’...” (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, 2da. edición, LEP S.R.L.,1998, págs. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A.
Despido y salarios, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Idem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swift S.A. s/ Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/ Cía. Swift S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54).- Entiende este Alto Cuerpo que el mencionado vicio se produce cuando nos encontramos ante “...‘…un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…’ (confr.
Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389; Tomo VII, Sentencia, Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2903, Folio 4602/4606).- En igual sentido, se ha expedido este Tribunal Superior de Justicia: “...‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’...” (cfr. Interlocutorio, Tomo III, Reg. 282, Folio 457/458); circunstancias, estas últimas, que no acontecen en autos; por el contrario -y más allá de que se comparta o no el criterio de la Cámara-, no surge de su pronunciamiento una valoración parcializada, irracional o absurda del material probatorio de autos.- También este Alto Tribunal ha señalado, en reiteradas oportunidades, que al meritar la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (cfr.
Interlocutorio, Tomos XXV, Reg. 3034, Folio 4906/4909 y XXX, Reg. 3445, Folio 5842/5846).- Así, constituye una cuestión fáctica evaluar la conducta desple- gada por las partes en la aplicación del contrato, materia reservada a las instancias ordinarias que sólo podrían abrir la puerta de la casación en la hipótesis de que se alegara y fundara adecuadamente el absurdo en la valoración de la prueba, lo cual, tal como se explicó precedentemente, no ha ocurrido en el presente.-
En síntesis, al ser la cuestión planteada ajena al ámbito de la casación, el medio recursivo en estudio deviene improcedente, más aún cuando los agravios traídos no logran conmover las estrictas pautas de admisibilidad de la vía extraordinaria intentada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3034, Folio 4906/4909).-
Más allá de la discrepancia con la postura asumida por la Excma. Cámara de Apelaciones que la recurrente pudiera tener, lo cierto es que la misma se encuentra fundada y que la Alzada ha dado una solución razonable y equilibrada a la presente contienda.-
Por lo tanto, se advierte que este agravio no se encuentra debidamente fundado. Ante tales falencias, corresponde declararlo inadmisible.-
En definitiva, al ser la cuestión planteada ajena al ámbito de la casación, el medio recursivo en estudio deviene improcedente, más aún cuando los agravios traídos no logran conmover las estrictas pautas de admisibilidad de la vía extraordinaria intentada.-
Debe aclararse que el recurso de casación por quebrantamiento de formas por incongruencia es viable ante la falta de tratamiento de planteos esenciales formulados oportunamente por las partes. Son cuestiones esenciales aquellos “...capítulos de consideración ineludible de acuerdo al contenido del litigio.” (SCJBA, Ac. y Sent., 1966 - II, pág. 690).-
Guillermo Jorge Enderle señala que la congruencia “…aparece entonces como coherencia o correspondencia lógica, como comparación o confrontación entre lo peticionado por las partes y la parte dispositiva de la resolución. No significa acogimiento de lo solicitado, sino pronunciamiento acerca de lo requerido.” (cfr. aut. cit.,: “La congruencia procesal”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2007, pág. 57. En el mismo sentido, ver TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIV, Reg. 491, Folio 2678/2697). Con idéntico criterio, este Tribunal Superior de Justicia lo ha definido en los siguientes términos: “…el principio de congruencia -que debe estar presente en las sentencias- consiste en la correlación que debe existir entre la pretensión y la decisión, de conformidad al art. 34, inc. 4to. y 164, inc. 6to. del C.P.C. y C., sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas…” (Sentencia, Tomo XII, Reg. 425, Folio 2322/2327).- Ya ingresando concretamente al pretenso agravio, se constata que la casacionista en vez de realizar una crítica idónea que demuestre, aunque sea mínimamente, de qué manera se ha producido la violación a tal principio de congruencia, se encargó -como ya se señaló precedentemente- de efectuar planteos que remiten a cuestiones de hecho y prueba, materias propias de los jueces de la causa y ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia casatoria, salvo el caso de arbitrariedad o absurdo.-
La recurrente no invoca ni demuestra qué cuestiones esenciales no han sido tratadas en la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones, a pesar de que la casación se fundamenta, entre otros asuntos, en la pretendida violación del principio de congruencia.-
En razón de lo expuesto, se debe concluir que la actora no realiza una argumentación adecuada respecto de la pretendida conculcación del principio de congruencia, ni tampoco se observa en la sentencia atacada el apartamiento alegado, razón por la cual deviene inadmisible el pretendido agravio.-
VI. Finalmente, en cuanto a la cuestión de la rebeldía en que incurrió la demandada, este Tribunal ha dicho que: “…‘…Las presunciones derivadas de la rebeldía del demandado nada tienen de absolutas ni eximen al actor de la carga probatoria. Ellas no pueden soslayar el debido análisis de las circunstancias del caso, que compete a los jueces efectuar con rigor para determinar si las pretensiones deducidas son justas y sus extremos fueron debidamente acreditados…’ (confr. Drucaroff Aguiar, Alejandro: ‘Un fallo ejemplarizador: La irrenunciable misión de hacer justicia’, DJ 2004-3, 1167).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XIX, Reg. 2465, Folio 3728/3731).- También ha sostenido que: “...‘…El tribunal no está obligado a acceder en forma automática, ante la falta de contestación de la demanda, a las pretensiones deducidas por la actora, pues, tal omisión no exime a ésta de aportar a la causa los elementos de convicción necesarios que justifiquen la legitimidad del reclamo, ya que la declaración de rebeldía no altera la secuela normal del proceso y debe dictarse sentencia según el mérito de la causa, extremo que supone la verificación de los hechos fundantes de la demanda, independientemente de la falta de colaboración del accionado…’ (confr.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, 26/12/2006, ‘Scerbo Heraldo c. Gabelec S.R.L. y otro’, DJ 20/06/2007, 571) y que: ‘…Si bien la accionada no contestó el traslado de la demanda y la sentencia fue dictada mientras se encontraba en rebeldía, ello no autoriza a apartarse de las pruebas producidas, ya que tales circunstancias no alteran la secuela regular del juicio y la sentencia debe igualmente ajustarse a las constancias de la causa…’ (confr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, 08/11/2005, ‘De Sousa, Juan A. c. Baxis S.R.L. y otro’ DJ 12/04/2006, 993). De esta brevísima reseña se puede advertir que la admisión lisa y llana de la demanda cuando hay un demandado en rebeldía, dista de ser un postulado irrefutable en el derecho procesal, reiterando una vez más que la solución dada por la Excma.
Cámara no deja de ser una de las jurídicamente posibles ante el caso planteado.” (cfr. TSJ Santa Cruz, fallos cit.).- A mayor abundamiento y siguiendo el criterio de la más caracterizada jurisprudencia de máximos órganos de Justicia provinciales, es oportuno reafirmar que: “…‘Determinar si no obstante la rebeldía del demandado están o no acreditadas las circunstancias fácticas expuestas en el escrito inicial, constituye facultad reservada a los jueces de grado, sólo revisable en casación si media alegación de absurdo y la expresa cita del precepto procesal que rige la labor axiológica de aquellos. La ausencia de tales requisitos es decisiva y suficiente para desestimar la queja sub examine’ (confr.
SCBA, L 42921 S del 19-9-89; SCBA, L 43581 S 20-02-90, entre otros; en idéntico sentido confr. TSJ Río Negro SP Se Nro. 110/90). Ello así pues, ‘...la declaración de rebeldía de la contraria sólo crea una presunción a su favor respecto de la veracidad de los hechos que constan en la demanda, pero no tiene por sí el efecto de que la misma sea procedente…O sea, que el tribunal de grado se encuentra facultado para tener por ciertos tales hechos, pero en modo alguno está obligado a acceder, como se pretende en la queja por la sola incontestación de demanda automática y mecánicamente a las pretensiones deducidas…La incomparecencia del demandado, pues, no exime a la parte actora de la obligación de acreditar sus afirmaciones, ya que debe aportar a la causa los elementos necesarios de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo…’ (confr.
SCBA, L 69582, S, 5/7/2000 ‘Dubravko Skarek y otros c/ Seven Up Concesiones S.A. y otros s/ despido’).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XIX, Reg. 2476, Folio 3748/3751).- Este Alto Cuerpo ha observado que la presunción que deriva de la incontestación de la demanda “…incumbe exclusivamente al ‘a quo’, en oportunidad de dictar sentencia, y atendiendo a la naturaleza del proceso y a los elementos de convicción que de ello surgen, establecer si el silencio es o no susceptible de determinar acogimiento de la pretensión deducida (Conf. Serantes Peña-Palma, ‘Códigos Procesales’, Depalma, Tomo II, ed. 1983, p. 152)…” (cfr. Sentencia, Tomo IV, Reg. 141, Folio 688/691); ello, en orden a las restantes constancias de la causa, resultando en definitiva ajena la materia -hechos y prueba- al recurso de casación y por ser el resultado definitivo obtenido, una acertada interpretación legal.- Es por lo expuesto, que la queja de la recurrente debe ser rechazada.-
VII. Que, en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 740/757, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE141893-2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo votamos.- Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Que comparto el relato de los antecedentes de la causa efectuado por mis distinguidos colegas preopinantes, aunque disiento con la decisión a la que se ha arribado.-
II. Que, encontrándose reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación, corresponde declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y, por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º del cuerpo normativo precitado y por el término allí establecido. Así lo voto.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta, del Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández, y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y el voto en disidencia del Sr. Vocal, Dr. Daniel Mauricio Mariani, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal Subrogante Dr. Carlos Enrique Arenillas (cfr. PE625052-2022).-
2. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 740/757 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE141893-2021.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-; Secretaria: Dra. María Florencia González.-
Protocolización: TSS1066I.221 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3717 Folio N°: 6612/6617 Secretaría: 1
Fin de la sentencia