Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa Y-2460/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en PE715276-2022.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: Y-2460/21-TSJ Interlocutorio N°: 469 Actor: YAÑEZ BELISA BIBIANA Demandada: VIVIENDAS VIALES DEL SUR SOCIEDAD CIVIL Objeto: COBRO DE PESOS Fecha: 17-05-2023 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 469 FOLIO Nº 1772/1776 PROT. ELECT. TSS1 003 O.231
Río Gallegos, 17 de mayo de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “YAÑEZ BELISA BIBIANA c/ VIVIENDAS VIALES DEL SUR SOCIEDAD CIVIL s/ COBRO DE PESOS”, Expte. Nº Y-21.561/08 (Y-2460/21-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal articulado por la parte actora, por derecho propio en PE715276-2022 con el patrocinio letrado de la Dra. Laura Fernández, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo a fs. 758/763, en cuanto declara mal concedido el recurso de casación interpuesto por la nombrada a fs. 740/757.- La parte recurrente sostiene que: “…La sentencia recurrida causa a esta parte gravamen irreparable, en cuanto rechaza el recurso de casación interpuesto ya que el decisorio incurre en idéntica desarmonía que los jueces de grado provocando que se caracterice a este fallo de -arbitrario-…” (cfr. PE715276-2022, pág. 3).-
Expresa que: “…no es cierto que la apelante no haya demostrado que cuestiones esenciales no han sido tratadas en la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones y menos que no se haya demostrado la incongruencia del fallo (cfr. PE cit. págs. 3/4).-
Agrega que: “...En este juicio, en todas las instancias se advierte la arbitrariedad en el principio de iura novit curia ya que hay una manifiesta desarmonía o exceso entre lo decidido por el juzgador y las pretensiones de las partes…se han alterado los hechos en que se apoyó la acción, anulándose el reconocimiento de derechos y de hechos efectuados…” (cfr. PE y pág. 4).-
Afirma que: “La sentencia del Excmo. Tribunal Superior de Justicia ignoro (sic) el actuado, el derecho aplicable y la doctrina jurisprudencial pacífica y abundante en el caso de recurso de casación por inconstitucionalidad y doctrina de la arbitrariedad en materia de honorarios…es arbitraria, confiscatoria y, en consecuencia, asume la condición de cuestión federal y torna procedente el presente recurso extraordinario.” (cfr. PE cit. págs. 5/7).-
En el apartado IV sostiene que: “…La sentencia en crisis es difícil de analizar porque carece de fundamentos de hecho y de derecho. Constituye una transcripción de síntesis de fallos vinculados a los recaudos de procedencia del recurso de casación pero no reúne los requisitos que la ley impone a un fallo judicial para ser considerado como tal…a la indefensión que se verifica…se suman fallos que repiten (gracias a la tecnología) síntesis de jurisprudencia pero no hay contenido de análisis del caso concreto.” (cfr. PE cit. págs. 21/22).- Considera un verdadero agravio que: “…se argumente mera disconformidad cuando una dedicada lectura del recurso de casación interpuesto demuestra la clara violación de principios constitucionales…no es mera disconformidad por cuestiones de hecho y prueba.
Es agravio porque se resuelve ignorando la ley, se ignora un contrato que es ley para las partes. Se violenta el orden jurídico contenido en el código de fondo y ello acarrea la violación de derechos constitucionales en materia de honorarios que la CSJN ha reconocido en reiterados fallos. Acá no se trata de que el Juez en vez de regular un veinte por ciento regulo (sic) un dieciocho, o entendió que no correspondía honorarios en un incidente. Acá lo grave es que se desconoce lo pactado en un contrato valido (sic) y como postre se le agrega la sospecha de abuso del derecho.” (cfr. PE cit. págs. 24/25) Aduce que: “La absoluta falta de consideración de los hechos descriptos y prueba producida en este juicio si amerita abrir la instancia extraordinaria, porque estamos ante una clara sentencia arbitraria […] El rechazo casi total de la demanda de una manera totalmente disociada de la actividad probatoria desarrollada en el juicio causa un agravio a mi parte que debe ser remediado por la C.S.J.N a través del dictado de una fallo justo, es decir conforme a derecho y en función de lo actuado en el expediente, todo ello además para restablecer los principios constitucionales que hacen al debido proceso y al derecho de propiedad…” (cfr.
PE cit., págs. 27/30). Afirma que: “…La violación de los derechos constitucionales es clara, ya que al aplicarse el criterio antojadizo de los jueces se reduce al 85 % el monto del honorario que se pacto (sic) pagar, con la consiguiente violación del derecho de propiedad. También se lesiona seriamente el derecho de defensa de la recurrente, ya que de manera arbitraria, inentendible se reduce la base fijada por los firmantes del convenio.” (cfr. PE cit. pág. 34).-
Finalmente solicita a este Alto Cuerpo que, aplicando analógicamente el artículo 16 de la Ley Nº 48, se pronuncie directamente sobre la cuestión recurrida, sin necesidad de mandar a dictar un nuevo pronunciamiento (cfr. PE cit., pág. 35).-
Luego se ordena correr traslado del recurso extraordinario, a la parte contraria, quien debidamente notificada, no contesta.-
Que, en PE782946-2023, obra dictamen del Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien por los fundamentos que expone y a los que nos remitimos en razón de brevedad, concluye que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE496804-2023.-
II. Que analizando la presentación de la parte recurrente y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), Nº 31/2011 y Nº 38/2011 corresponde que este Tribunal Superior de Justicia verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articu-lado.- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Alto Cuerpo, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que la recurrente dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/11. Si bien se ha presentado en forma digital, en las propiedades del documento se advierte que se ha deducido en formato A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º, por su similar Nº 3/12 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo 1º, y parcialmente los requisitos del artículo 2º de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una y ha sido escrita con letra claramente legible (cfr. art. 1º del Reglamento).-
En cuanto el recaudo exigido por el artículo 2º de la mencionada acordada se observa que, en el Sistema de Presentación de Escritos Digitales (Siped), la recurrente indica haber acompaño una carátula en hoja aparte en un total de dos (2) fojas sin embargo, al verificar el archivo adjunto, se puede apreciar que la carátula indicada contiene una (1) foja y que parte de su contenido resulta de dificultosa lectura.-
No obstante lo expuesto, se puede verificar el cumplimiento parcial de los incisos comprendidos en el artículo 2º del reglamento mencionado. Así las cosas, la carátula indicada cumple solamente con las exigencias de los incisos b); c), e), f) y h). Con respecto al inciso g) la recurrente se limita a citar el Tribunal que dictó la resolución recurrida sin hacer mención a los demás organismos intervinientes.-
Una consideración aparte merece el recaudo exigido por el inciso d) del artículo 2º de la Acordada Nº 4/2007, ya que si bien en el libelo recursivo la parte actora constituyó domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo integró con el código de usuario contemplado en la Acordada Nº 31/2011 (cfr. PE 715276-2022, pág. 1) no hizo lo propio en la carátula en análisis como lo exige la normativa aplicable.-
Es preciso aclarar que estos incumplimientos, valorado aisladamente, no serán tenidos como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado a los fines de evitar un excesivo rigorismo formal (cfr. Fallos 334:196).-
Por otra parte, y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida es definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, el escrito recursivo no logra poner de manifiesto las observancias de los requerimientos del inciso b), toda vez que la recurrente no realizó un breve relato de todas las circunstancias relevantes del caso, no las relacionó con la cuestión federal que invoca, no indicó el momento en el que se presentó por primera vez dicha cuestión, ni tampoco precisó cuándo y cómo introdujo el planteo respectivo y, en su caso, de cómo lo mantuvo con posterioridad.- Carlos R. Tribiño ha sostenido que: “…la formulación correcta del planteo debe reunir los siguientes caracteres: ser explícita, categórica y circunstanciada […] que resulta manifiestamente inapropiado el empleo de la expresión 'reserva del caso federal'. Es que quien utiliza esa expresión parece pensar que el punto federal sólo puede debatirse ante el Alto Tribunal y se encuentra excluido, en cambio, de la jurisdicción de los jueces ordinarios.” (cfr. autor cit.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, págs. 122/123).- Por otra parte, también se observa que la recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación (cfr. art. 3º, inc. c) de la Acordada Nº 4/2007). Es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica Jurídica del recurso extraordinario y del recurso de queja”, Ed. Ediar, págs. 108/109); sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber resuelto este Alto Cuerpo.- Un capítulo aparte debemos dedicarle a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007; y 14 de la Ley Nº 48, toda vez que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos: 306:1740; 307:129, entre otros).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (cfr. Fallos 310:1789) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Ello quiere decir que la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina, cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.; ob. cit, pág. 104).- La recurrente funda el recurso extraordinario federal en el artículo 14 y 15 de la Ley Nº 48, (cfr. PE 715276-2021, pág. 1) pero sin especificar en cuál de sus incisos y sin indicar, adecuadamente, cuáles serían las normas incumplidas y de qué forma fueron vulneradas. En este sentido, es preciso recordar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso de la Nación; no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso; ni tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (cfr. art. 14, incs. 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 48).
Al contrario, en el interlocutorio atacado, se resolvió declarar mal concedido el recurso de casación intentado por la parte actora por entender que los términos del mismo contenían meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio por tratarse de cuestiones que escapan esta instancia extraordinaria por su indiscutible encuadramiento en circunstancias de hecho y prueba y porque la interesada no realizó una argumentación adecuada respecto de la pretendida conculcación del principio de congruencia (cfr. fs. 758/763). En definitiva, a través del recurso extraordinario federal, la recurrente manifiesta su disconformidad con lo decidido por este Alto Cuerpo sin lograr rebatir el desarrollo argumental expuesto en la Resolución impugnada y mucho menos intentar vincularlo con la cuestión federal que se invoca.- Por último, y como lógica consecuencia de lo anterior, tampoco se advierte que: “...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas.” (cfr. art. 3º, inc. e) de la Acordada Nº 4/2007).
Esto se sigue de la inexistencia de cuestión federal (cfr. artículo 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B.: “Recurso extraordinario federal”, 2º edición, La Ley, 2012, pág. 432).- Además, le corresponde a la recurrente precisar con exactitud la cuestión o caso federal que se ha discutido en el juicio y demostrar la vinculación existente entre los fundamentos del decisorio y la efectiva lesión de las garantías constitucionales vulneradas, a fin de que pueda ser válidamente fallado.
La relación directa, exige que los agravios expresados contengan un adecuado nexo o ensamble, entre la cuestión federal planteada, los términos de la resolución recurrida y las cláusulas de la Constitución Nacional afectadas. En caso contrario, si no se presenta o advierte la mencionada relación directa e inmediata, no habrá materia para el remedio federal (cfr. aut. y ob. cit., págs. 432/433) A la luz de la doctrina citada podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que el litigio se resolvió en base a normas procesales provinciales por tratarse de cuestiones relativas a la admisibilidad de recursos. Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que aquellas resoluciones mediante las cuales los tribunales superiores de provincia deciden acerca de la procedencia o improcedencia de los recursos extraordinarios de carácter local, ante ellos interpuestos, no son revisables -en principio- por la vía del artículo 14 de la Ley Nº 48 (cfr. del Dictamen de la Procuración General que la Corte comparte y al que remitió en Fallos 327:5416), siendo, además, la tacha de arbitrariedad a su respecto sumamente restrictiva (cfr. del Dictamen del Procurador General que la Corte remite en Fallos 326:750).- Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local, como son los temas de índole procesal (cfr. arts. 75, inc. 12 y 121 de la C.N.), de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad -en principio- de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones federales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Asimismo, debemos indicar que la apertura de la instancia que se suscita también deviene improcedente en la medida en que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituyen una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso.
Es que, de admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr. Fallos 310:2306).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3, incisos d) y e) de la Acor-dada Nº 4/2007, tal como se ha expresado.-
Finalmente, se observa que la recurrente incumplió los recaudos previstos en el artículo 8º de la Acordada de marras pues no transcribió las normas jurídicas no publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina en la que funda sus agravios.-
III. Asimismo, la recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado en algunas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este carril por el que intenta encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Federal (Fallos 325:3265).- En autos, las presentaciones denotan la ausencia de debida fundamentación, toda vez que la presentante realiza un análisis superficial y parcial de lo resuelto oportunamente por este Tribunal Superior de Justicia, sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda.
Ello, por cuanto el verdadero agravio de la nombrada es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.- En efecto, este Tribunal Superior de Justicia ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).- En este sentido, también debemos señalar que la doctrina juris-prudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resul-ta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos 308:761 y 2421; 310:722; 311:499).
No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se sosla-yan, en definitiva, los argumentos de la resolución interlocutoria, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en PE715276-2022.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la recusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1003O.231 Tomo: IX Interlocutorio: 469 Folio N°: 1772/1776 Secretaría: 1
Fin de la sentencia