Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa Y-2474/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 72/82 vta. y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE152711-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: Y-2474/21-TSJ Interlocutorio N°: 3703 Actor: YAÑEZ ERICK SEBASTIAN Demandada: DEMARCHI ROA RICARDO MIGUEL Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 10-08-2022 Texto: TOMO XXXIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3703 FOLIO Nº 6561/6564 PROT. ELECT. TSS1052I.221
Río Gallegos, 10 de agosto de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “YAÑEZ ERICK SEBASTIAN c/ DEMARCHI ROA RICARDO MIGUEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº Y-807/19 (Y-2474/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver, y;
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrada apoderada Dra. Rosa E. Razuri (cfr. fs. 72/82 vta.), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 62 y vta.. Ésta rechazó el recurso de apelación deducido por la actora y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento dictado de Primera Instancia que hizo lugar a la caducidad de instancia planteada por la parte demandada, con costas al actor (cfr. fs. 34/36 vta.).-
II. Que la actora recurre el fallo de Segunda Instancia en los términos del artículo 3º, inciso b) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, fundándolo en violación de la ley y arbitrariedad (cfr. fs. 73 y 76).-
Plantea que la sentencia impugnada vulnera la siguiente normativa: “1) Violación a la ley N° 1.687 art. 3º inc b) del CPCP (sic). 2) Violación del 18 de la Constitución Nacional y del Art. 8, inc. 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, al haberse incurrido en el vicio de incongruencia procesal. La sentencia no hace un estudio adecuado de los argumentos de mi parte, cambia la base fáctica alegada por el demandado y concede una pretensión procesal diferente a la que esgrimió el incidentista. 3) Violación del 18 de la Constitución Nacional y del Art. 8 inc. 1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, al convalidar una sentencia que incurre en violación a las reglas de la lógica, en las que incurrió el tribunal de primera instancia. 4) Violación del Art. 16 de la Constitución Nacional y Art. 8 inc. 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por haberse quebrado el deber de imparcialidad del juez, al hacer cómputos de plazos procesales que no hizo el demandado, a fin de favorecerlo.” (cfr. foja 73).- Afirma, en su apelación, que se agravió de la resolución de Primera Instancia por no respetar el principio de identidad. Agrega que la Cámara arbitrariamente no refutó de manera alguna su demostración de falta de coherencia lógica del fallo de Primera Instancia; pero en lugar de eso cambia de tema, atribuyéndole una tergiversación inexistente (cfr. foja 76).-
Puntualiza que la contradicción de fondo en el pronunciamiento de Primera Instancia es que primero declara improcedente la caducidad y luego la concede (cfr. foja 77).-
Expresa que: “En el segundo agravio del memorial, con los fundamentos del recurso de apelación, expongo dos argumentos. En el primer argumento, mi parte se queja de la violación al principio dispositivo, por haberse cambiado el objeto de la pretensión. Digo que el juez de primera instancia debió limitarse a examinar si procedía el dictado de la caducidad de oficio (Art. 294 Procesal). Y que no tenía facultades para dictar la caducidad luego de sustanciar el incidente [...] La Cámara persiste en la violación al principio dispositivo en el que incurre el juez de primera instancia. Otra vez estamos ante una mera afirmación dogmática, mediante la cual la Cámara elude el tratamiento de la cuestión central propuesta por mi parte. Dice que lo de la violación al principio dispositivo, es ‘un argumento forzado’ y a continuación cita una frase del incidentista.” (cfr. fs. 77 y vta.).- Añade que la Excma. Cámara de Apelaciones debió haber explicado en qué consistía el defecto de fundamentación de su parte y que no es suficiente descalificar su argumento diciendo que era “forzado” (cfr. foja 77 vta.).-
Cuando la Alzada examina la pretensión del incidentista omite considerar que éste pidió al juez que declare la caducidad de oficio por aplicación del artículo 294 del CPCyC. Agrega que es un rechazo arbitrario de su agravio mediante una afirmación dogmática que no tiene en cuenta las consideraciones de autos (cfr. foja cit.).-
Sostiene que: “Es objeto de este incidente que el juez declare la caducidad de oficio. Lo escribió textualmente, al interponerlo dice: ‘V.S. debería resolver de oficio la caducidad de los presentes obrados’. La sentencia de Cámara, persistiendo en el error de la de primera instancia, concede la caducidad de un modo diferente al pretendido. En rigor, cuando el juez de primera instancia, dictó el decreto que ordena sustanciar el incidente y la parte contraria consintió esta sustanciación, ya era imposible jurídicamente declarar caduco el presente proceso [...] Es evidente que no procede declarar la caducidad de un modo diverso al que lo solicito (sic) la demandada. La sentencia de Cámara incurre en el vicio de la incongruencia extra petita, al otorgar una cosa distinta a la peticionada.
El trámite procesal que pide al interponer el incidente no es una cuestión irrelevante. Pedir el dictado de caducidad de oficio es una pretensión diferente que pedir la caducidad luego de sustanciar el incidente. La consecuencia de haberse violado este principio es la nulidad de la sentencia de Cámara.” (cfr. fs. 78 vta./79).- Aduce que: “La sentencia de Cámara incurre en el vicio denominado ‘reformatio in peius’, al conceder al incidentista un criterio favorable a su parte, sin que interpusiera recurso alguno. La sentencia de primera instancia estableció que la actuación procesal de fecha 4 de diciembre de 2019, es impulsiva. Esto no fue apelado. Es más, el demandado ni siquiera contestó los agravios de mi parte...” (cfr. foja 79 vta.).
Anuda que al negarle efectos impulsivos a la entrega de copias para el traslado de la demanda del 4 de diciembre de 2019, la Cámara viola el derecho de defensa de su parte, porque la contraria no interpuso recurso alguno en contra del criterio del juez de Primera Instancia de que dicha actuación es impulsiva (cfr. fs. 80).- Manifiesta que: “En el segundo argumento, del segundo agravio de la apelación, expongo que la sentencia de primera instancia cambia la base fáctica que invoca el incidentista. El incidentista dice que no hubo actividad desde el 08/05/19 hasta el 12/12/19. Mi parte responde que no es así, que hubo un acto impulsivo el 04/12/19, por lo que corresponde el rechazo de la pretensión.
La sentencia de primera instancia, admitiendo que hay un acto impulsivo el 04/12/19 declara caduco el proceso. Mi agravio es que el juez para declarar caduco el proceso invoca otro período de tiempo, cambiando la fecha final del 12 de diciembre de 2019 por el 4 de diciembre de 2019. La incongruencia es nítida. El juez de primera instancia cambia el hecho base invocado por el incidentista. En un incidente de perención el hecho base es el periodo (sic) de inactividad señalado. La sentencia de Cámara omite el tratamiento de ese argumento de mi parte. Sin embargo, intenta justificar esa omisión, al declarar que la actuación del 4 de diciembre de 2019, no es impulsiva, por lo que el período señalado por el incidentista es aceptable: ‘el procedimiento recién avanzó con el traslado de la demanda’ dice la Cámara.
Sin embargo, esa afirmación no subsana el vicio de omisión de tratamiento de mi agravio de incongruencia por cambio de fecha.” (cfr. foja 80 vta.).- Bajo el título “La afectación a la igualdad en el proceso” afirma que no corresponde a los jueces que indaguen oficiosamente en las constancias de la causa para acordar la razón a uno de los litigantes y como consecuencia de esa indagación sustituya su pretensión procesal y los hechos que alega, argumentando en favor de su posición, porque ello escapa a sus facultades y deberes, conforme el principio dispositivo que campea en el ámbito procesal civil (cfr. foja cit.). Sobre el particular señala que la demandada jamás planteó que el 4 de diciembre el plazo de caducidad se encontraba superado.
A ese cómputo del plazo, sigue diciendo, lo hace la Cámara de oficio (cfr. foja 81).- Propone que este Alto Cuerpo dicte la siguiente doctrina legal: “1. Viola el principio dispositivo y el derecho de defensa en juicio, la sentencia que declara la caducidad del proceso, estableciendo el término del plazo de inactividad, calculado de oficio por el juez cuando el incidentista había invocado un término diferente. 2. El deber de imparcialidad le impone a los jueces el deber de respetar estrictamente los términos del debate entre las partes, sin hacer indagaciones oficiosas en las constancias de autos, a fin de favorecer la postura procesal de una de ellas. 3. La sentencia debe tener coherencia lógica.
Una sentencia que en primer momento rechaza un incidente de caducidad, quiebra el principio de identidad si luego lo declara procedente. 4. La pretensión procesal es un acto completo, que tiene un objeto que se forma con todos los elementos invocados por el actor o incidentista. Si el objeto de la pretensión establece un determinado modo de trámite procesal, ese trámite integra el contenido de lo pretendido. 5. La pretensión de que el juez declare la caducidad de oficio, solo (sic) puede ser resulta (sic) examinado si se dan los requisitos para la declaración de oficio. No corresponde sustanciar el pedido de caducidad de oficio. Solo (sic) cabe aceptarlo o rechazarlo sin sustanciación. Es una consecuencia del principio dispositivo.” (cfr. foja 82).- La Excma.
Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE152711-2021).-
En PE321352-2022 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Que en esta etapa se debe efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Para ello no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo- “...la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3545, Folio 6104/6109).-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva de fs. 72/82 vta. no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV. Se ha definido a la caducidad de instancia como “...‘...una institución procesal aplicable a los procesos dispositivos, en virtud de la cual, ante la inactividad de la parte sobre quien pesa la carga de operar el procedimiento, durante determinado lapso, de oficio o a pedido de la parte contraria, el tribunal puede declarar el cese del curso de la instancia...’ (cfr. Falcón, Enrique, ‘Caducidad o perención de instancia’, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2004, pág. 12).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 599, Folio 3437/3439).-
Expresado ello, se advierte que los planteos del accionante remiten a cuestiones procesales, en principio, ajenas al ámbito casatorio. En efecto, la impugnación está estructurada en torno a circunstancias fácticas y preceptos de neto contenido procesal y, por ende, extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial (cfr. Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3166, Folio 5200/5202 y XXVII, Reg. 3220, Folio 5312/5315).-
Es que discernir si se han vencido plazos, su cómputo y cuales actos resultan ser impulsorios del procedimiento, son materias adjetivas que, en principio y salvo la cabal y contundente demostración de absurdo, se hallan vedadas a la casación.-
Los más Altos Tribunales de provincia se han manifestado sobre la declaración de caducidad de instancia y su idoneidad para abrir la vía extraordinaria local. Así, se ha expresado que el recurso contra la sentencia que declaró perimida la instancia “...‘…trae a consideración del Alto Cuerpo, cuestiones de hecho y de prueba que, como regla general, resultan ajenas al control casatorio. Es cuestión de hecho el cómputo de los plazos de la caducidad de Instancia, reservado al criterio exclusivo de los Jueces del Grado, salvo arbitrariedad que no concurre en la especie...de manera que el razonamiento opuesto del quejoso sólo revela una discrepancia de criterios que no resulta suficiente como fundamento del recurso extraordinario’ (cfr. STJ Misiones, ‘Da Cunha, Marisol Rosana s. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en: Da Cunha, Marisol R. y otro vs. Heras, Hugo T. y otro s. Daños y perjuicios’, 16/04/2013, Rubinzal Online, Cita: RC J 11475/13).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3166, Folio 5200/5202); y también: “‘El recurso de casación deducido contra la decisión que declaró operada la caducidad de la segunda instancia debe rechazarse si los argumentos esgrimidos constituyen el planteamiento de cuestiones procesales, temática ésta que queda por regla excluida del control casatorio’ (cfr. sum. STJ San Luis, ‘Herrera, José Miguel c. López, Miguel Marcos y otro s/ daños y perjuicios - recurso de casación’, LL Gran Cuyo 2014 (febrero), 70, cita online: AR/JUR/70425/2013, 16/10/2013).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3169, Folio 5208/5212).- Este Alto Cuerpo se ha pronunciado refiriéndose a la perención de la instancia como “…una mera cuestión procesal reservada a la jurisdicción ordinaria, que no comporta definición sobre los puntos que son materia de litigio…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2622, Folio 3924/3926).-
Asimismo, examinados los términos del recurso, se advierte que las conclusiones del ad quem no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error de argumentación en el fallo. Se constata, como se señaló ut supra, que las críticas de la recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara resulta coherente y debidamente fundada, en la medida en que no se deriva de ello lesión a las reglas del debido proceso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXV, Reg. 3035, Folio 4910/4912 y XXVII, Reg. 3220, Folio 5312/5315).
Concretamente la Alzada sostiene, en lo que aquí interesa, que la apoderada del actor “Acusa violación del principio dispositivo y de congruencia para lo cual sostiene que el demandado pidió la declaración de oficio de la caducidad. Es un argumento forzado pues lo concreto es que a fs. 25 al referirse al objeto de su presentación el demandado explica: ‘Que por el presente escrito Judicial vengo, a interponer caducidad de instancia...’. Petición a la que le da carácter de previo y especial pronunciamiento y transcribe parcialmente el art. 288 del CPCC. Si bien más adelante transcribe parcialmente el art. 294 del mismo cuerpo legal, el magistrado entendió que no correspondía hacerlo de oficio por haber existido actividad de parte.
El demandado realizó su acuse el día 3 de febrero de 2020...antes de consentir el traslado de la demanda que le fuera conferido el día 12 de diciembre de 2019. Resta agregar que, la circunstancia de retirar copias para traslado, no es acto que impulse el procedimiento, que recién avanza con la notificación del traslado de la demanda. Y aún cuando se entendiera que la actuación de la secretaría entregando las copias para agregar a las cédulas pueda considerarse como interruptiva del curso de la caducidad, el plazo del art. 288 inc. 1° del CPCC se encontraba igualmente superado.” (cfr. fs. 62 y vta.).- Así se observa que el pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones no puede ser objeto de censura en la instancia extraordinaria de casación porque es producto del ejercicio de una facultad propia de los jueces de mérito, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo o violación de la ley, circunstancia ésta que no ha ocurrido.
No puede, por tanto, prosperar la vía intentada, cuando los fundamentos dados en la instancia de grado son coherentes, lógicos y han dado una equilibrada interpretación legal (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros) con una subsunción correcta de los hechos y el derecho aplicable.-
V. Que, por último, tampoco puede prosperar la denuncia de arbitrariedad de la sentencia interpuesta, toda vez que no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que la configuran.-
Sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha expresado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión: “...‘…tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación’. Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exte- rioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’…” (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, 2da. edición, ed. LEP S.R.L., 1998, págs. 479/480; SCBA, Ac. 24.739, “Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios”, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Idem, Ac. 24.985, “Acebey de Dega, J.E. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, “Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54).- En igual sentido, se ha expedido este Tribunal Superior de Justicia: “...‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’…” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458 y VI, Reg. 881, Folio 1022/1025); circunstancias estas últimas que no se vislumbran en autos.-
VI. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 72/82 vta. no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE152711-2021, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 72/82 vta. y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE152711-2021.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1052I.221 Tomo: XXXIII Interlocutorio: 3703 Folio N°: 6561/6564 Secretaría: 1
Fin de la sentencia