Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 38.101-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmas las resoluciones apeladas en todos sus términos. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-135208979-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 13 de Noviembre de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2da Nominación), Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3era. Nominación) y Agustina O'Donnell (Vocal Subrogante de la 1era Nominación) a efectos de resolver el Expediente n.° 38.101-I y su acumulado n.° 45.123-I, ambos caratulados: “YOSCO FRANCISCO HECTOR s/ Recurso de Apelación”.-
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 13/17 se interpone recurso de apelación contra las Resoluciones de la AFIP-DGI de fecha 16 de agosto de 2013 mediante las cuales se determina de oficio la obligación de la recurrente, por un lado, frente al impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 01/2007 a 12/2007, se liquidan intereses resarcitorios y se difiere la aplicación de sanción conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Ley 24.769 y modificatorias; y, por otro lado, frente al impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2007, se liquidan intereses resarcitorios y se difiere la aplicación de sanción conforme la normativa detallada precedentemente. Asimismo, a fs. 151/153 se interpone recurso de apelación contra la Resolución de la AFIP-DGI de fecha 23 de septiembre de 2015 mediante la cual se aplica una multa en virtud de lo establecido por el artículo 46 y 47 incisos a), b) y c) de la ley de rito en concepto de Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2007. En su escrito contra las resoluciones de fecha 16 de agosto de 2013 en primer lugar el recurrente efectúa un relato de los hechos y manifiesta que se dedica a la comercialización de metales preciosos, describiendo las características del rubro en cuestión como ser el reducido número de personas que se dedican a la actividad, la carencia de personal, la discreción en las transacciones y la presencia solo de uno o dos proveedores. Como primer agravio, opone la excepción de cosa juzgada administrativa en el entendimiento de que fue notificado de un acto mediante el cual el Fisco le comunica que deja de hallarse bajo fiscalización respecto a los gravámenes y periodos cuestionados y luego notificarle la vista para que ejerza su defensa respecto a una fiscalización que fue finalizada, lo cual resulta, según dice, incongruente ya que no existen hechos nuevos que ameriten revocar la finalización de aquella.
Como segundo agravio, plantea que los únicos elementos que se consideraron a fin de la determinación tienen que ver con el Sr. Daniel Omar Fernandez en relación con la falta de contestación de los requerimientos cursados, falta de bienes registrables, falta de empleados, cobro de cheques emitidos a favor de aquel, falta de movimientos bancarios y de capacidad operativa. Mas dice que dichos argumentos no fueron correctamente verificados por el ente fiscal y que además el recurrente cumplió con la normativa que regula la materia, abonando con cheque, consultando el “CAI” de los comprobantes, verificando que el proveedor no se encontrara dentro de la base APOC y efectuando las retenciones de ley correspondientes, siendo lo informado por el Fisco meras apreciaciones subjetivas.
Por último, manifiesta que se ve afectado su derecho de defensa y debido proceso al vedar el Fisco la producción de la prueba ofrecida en el descargo respectivo.
Con respecto al recurso de apelación contra la Resolución de la AFIP-DGI de fecha 23 de septiembre de 2015, el recurrente plantea que a fin de la multa aplicada se alegaron hechos y circunstancias producidos con posterioridad a la fecha en que presentó el recurso de apelación contra la sentencia administrativa del 16 de agosto de 2013. Asimismo, manifiesta que de todo lo actuado en la fiscalización iniciada mediante Orden de Intervención n.° 524.270 que sirviera de antecedente a la multa que se recurre, no le fue otorgado el traslado previsto en el artículo 71 de la ley ritual, violando así el derecho de defensa en juicio y del debido proceso, razones por la cual solicita la nulidad del acto venido en recurso.
Asimismo, plantea el incumplimiento del artículo 74 de la ley ritual que exige aplicar las sanciones al momento de dictar la sentencia administrativa, resultando improcedente el acto venido en recurso, según manifiesta. Mas dice que la multa aplicada resulta prematura e improcedente en virtud del efecto suspensivo de la interposición del recurso de apelación ante este Tribunal contra resoluciones determinativas.
Por último, plantea idénticos argumentos a los desarrollados en el escrito de recurso contra las resoluciones determinativas precitadas, resaltando que los indicios que sirvieron de base a la determinación considerando apócrifas los comprobantes por las operaciones son falsos.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 69/81 y 160/169 contesta los recursos la representación fiscal y por las razones de hecho y derecho que expone solicita se confirmen los actos venidos en recurso. Con costas. Acompaña como prueba las actuaciones administrativas de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 106 se hace lugar a la oposición efectuada por el Fisco Nacional en relación con la prueba testimonial ofrecida por la recurrente, la cual coincide con la ofrecida en el Expediente n.° 45.123-I cuya acumulación a las presentes actuaciones se resolvió a fs. 176.
A fs. 186 se hace lugar a la oposición formulada por el Fisco Nacional respecto a la prueba testimonial ofrecida por la recurrente a fs. 152.
Finalmente, a fs. 192 se da por decaído el derecho a producir la prueba informativa ordenada a fs. 186.
IV. Que a fs. 194 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “A”.
Finalmente, a fs. 195 pasan los autos a sentencia.
V. Que de las actuaciones administrativas acompañadas, surge que en fecha 30 de julio de 2010 se inicia mediante Orden de Intervención n.° 524.270 una fiscalización al Sr. Franciso Hector Yosco con motivo de detectar el organismo fiscal la adquisición al Sr. Daniel Omar Fernandez de siete kilogramos de platino en una sola operación celebrada en fecha 21/12/2007, siendo que dicho sujeto no poseía capacidad económica para respaldar la operación. Por ello, los inspectores le requirieron cierta documentación, como ser, un detalle de los ingresos percibidos durante el periodo fiscal 2007, detalle del patrimonio al 31 de diciembre de 2006 como al año 2007 y detalle de operaciones comerciales realizadas con el contribuyente Daniel Omar Fernandez, junto con la documentación respaldatoria respectivamente.
Asimismo, del análisis de la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondientes al periodo fiscal 2007 el ente fiscal observó que la mayor parte del gasto computado se corresponde con operaciones celebradas con el proveedor Daniel Omar Fernandez. Dicho sujeto, según se desprende del relevamiento que hicieron los inspectores de la información obrante en las bases de datos del organismo fiscal, no posee acreditaciones bancarias significativas, registrando a su nombre únicamente una caja de ahorro de pago de remuneraciones. Además, el organismo observó que el proveedor en cuestión no posee bienes registrables, no posee autorizaciones de CAI vigentes, no registra información en el Citi Compras como tampoco en el Citi Ventas, no declara tener empelados en relación de dependencia como tampoco realizó ni fue pasible de retenciones tanto respecto del impuesto al valor agregado como en el impuesto a las ganancias por los periodos 2005 a 2010, lo cual lleva a concluir que el proveedor no poseía la suficiente capacidad económica y operativa a fin de realizar la actividad declarada.
Posteriormente, el ente fiscal procedió a circularizar a los bancos emisores de los giros utilizados para cancelar las operaciones de compras entre el fiscalizado y el proveedor en cuestión observando que la mayoría fueron cobrados por otras personas o empresas.
En virtud de dichos indicios es que el Fisco Nacional procede a impugnar las compras efectuadas a dicho proveedor, por ende el crédito fiscal respecto al impuesto al valor agregado y en consecuencia también el gasto computado a tenor del impuesto a las ganancias por los periodos reclamados.
VI. Que en virtud de un orden lógico de procedencia corresponde analizar los agravios planteados por la recurrente contra la resolución de fecha 16 de agosto de 2013.
Como primer agravio plantea el instituto de la cosa juzgada administrativa por cuanto en fecha 29 de junio de 2012 se le comunicó mediante el formulario F.8900 la conclusión de la fiscalización respecto al periodo fiscal 2007 y posteriormente se le notificó la Vista prevista en el artículo 17 de la Ley n.° 11.683, lo cual no corresponde ya que no existían hechos nuevos que ameritaran revocar la finalización de la inspección respectiva.
Atento a ello, es menester resaltar que el formulario F.8900 no tiene otro sentido más que comunicar al contribuyente que a partir de ese momento deja de ser fiscalizado por los inspectores respecto a la Orden de Intervención en la que tuvo origen, culminando así dicha etapa, más de ningún modo informa el resultado de aquella. Asimismo, cabe señalar que el formulario en cuestión no reviste carácter de acto administrativo por no configurarse los elementos necesarios al efecto previstos en el artículo 7 de la Ley n.° 19.549, razón que impide a este Tribunal vislumbrar la configuración del instituto de la cosa juzgada administrativa que el recurrente alega.
En relación con el agravio vertido por el recurrente referido al rechazo infundado e ilegítimo de la prueba ofrecida en el proceso determinativo, se advierte que la recurrente ofreció en sede administrativa la prueba que en dicha instancia consideró conducente, la que fue analizada por el organismo fiscal, razón por la cual debe concluirse que no se vio agraviado su derecho de defensa, máxime teniendo presente que la recurrente tiene la oportunidad de probar y ejercer su derecho de defensa justamente en la instancia ante este Tribunal.
VII. Que es pertinente resaltar que la actora en su escrito de apelación contra las resoluciones determinativas de oficio, además de los agravios analizados precedentemente, se limita a cuestionar los indicios y elementos tenidos en cuenta por el ente fiscal por cuanto su existencia no resulta acreditada y además resultan per se insuficientes a fin de impugnar las operaciones celebradas con el Sr. Daniel Omar Fernandez.
VIII. Que en atención a lo expuesto, el tema en debate queda circunscripto a una cuestión de hecho y prueba, a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por el actor. En efecto, corresponde a este acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales, por distintas vías, en orden a destruir los fundados elementos colectados por la administración.
Resulta oportuno recordar que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos.
Sobre el particular, si bien de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del emisor de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), lo cierto es que la impugnación de las operaciones con el proveedor respectivo de la recurrente se realizó sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes, tales como la no localización del Sr. Fernandez tanto en su domicilio fiscal como tampoco en sus domicilios alternativos declarados, inexistencia de empleados registrados a fin del desarrollo de su actividad, inexistencia de bienes registrables, falta de capacidad operativa y la ausencia de acreditaciones bancarias significativas, todos ellos analizados en su conjunto lo llevaron a sostener fundadamente que el Sr.
Fernandez no pudo desarrollar la actividad económica alegada. En esa inteligencia, cabe traer a colación lo sostenido por la Sala B de este Tribunal, en su anterior conformación, in re “Vialbo Construcciones S.A.”, 12/2/2002, donde señaló que en la medida que el Fisco había formulado concretas y graves impugnaciones a los proveedores, el actor no podía limitarse a afirmar que no se encontraba obligado a conocer o verificar la situación fiscal de aquellos con quienes contrata. Allí, advirtió que “…no pueden considerarse las impugnaciones del Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis singular, como pretende equivocadamente la apelante, para concluir si tenía obligación de conocerla o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial (que habría abarcado más de cuatro años), que se conjugan con un racimo de otras anomalías propias de operaciones falsas...claramente, una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a las Ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor, circunstancias éstas que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno (cfr.
Doctrina Jurisprudencial emergente de la causa “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 17/3/02)...otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas...y como corolario una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno...tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resulten de su exclusivo interés”. Asimismo, no puede dejar de señalarse que dado el grado de sofisticación cada vez mayor de las maniobras utilizadas por algunos contribuyentes destinadas a evadir el impuesto debido a través del cómputo improcedente de créditos fiscales o de gastos, no puede convalidarse la existencia de las operaciones discutidas únicamente porque las mismas se encuentran registradas en la contabilidad de la firma y las facturas que las respaldan cumplen con los recaudos exigidos por la normativa fiscal.
IX. Que, puntualmente, del texto del artículo 12 de la ley del impuesto al valor agregado y normas complementarias, se desprende que resulta necesario a los fines de que se pueda computar el crédito fiscal que éste sea imputable al período fiscal en que hubiera sido facturado y discriminado; que se encuentre facturado y discriminado en la factura o el documento equivalente; que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; que se vincule con operaciones gravadas cualquiera que fuese la etapa de su aplicación; que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA y que las operaciones que originan crédito fiscal hubieran generado para el vendedor, importador, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Asimismo, en cuanto a la impugnación de los créditos fiscales en particular es imperioso recordar la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en la que explicó que “de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la doctrina de la concurrencia de los elementos material- formales del crédito fiscal” (vid. por todos, “Impulso S.A.”, 27/3/98). En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Este criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal entre otros, en las causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
Así las cosas, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales.
En base a lo expuesto, a criterio de la suscripta la actividad probatoria no persiguió la realización de medidas que acrediten las operaciones y –en definitiva- no aportó elementos que pudieran destruir los fundados y probados hechos tenidos en cuenta por el ente fiscal en el acto en crisis.
En esa dirección, la Alzada ha tenido oportunidad de expresar reiteradamente que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012)”. Y, agregó, que “....no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7- 12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, expte. nro. 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros)”.
En consecuencia, los agravios del recurrente —sobre el cual reposaba la carga probatoria— resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en las resoluciones apeladas en autos, por los que resulta su confirmación. Con Costas.
X. Que toda vez que la determinación de oficio en concepto del impuesto a las ganancias por el periodo en cuestión reposa en la inexistencia de las operaciones realizadas con el proveedor impugnado, corresponde su confirmación pues, como quedó dicho, no se ha logrado probar la veracidad de las operaciones, con costas.
XI. Que seguidamente corresponde expedirse sobre la procedencia de la sanción apelada respecto al impuesto a las ganancias por el periodo cuestionado, que el ente fiscal subsume en el artículo 46 y artículo 47 inciso a), b) y c) de la Ley n.° 11.683.
En ese contexto, corresponde analizar los argumentos esgrimidos por la recurrente dirigidos a obtener la declaración de nulidad del acto apelado, los cuales se adelantes no pueden ser recogidos favorablemente. A dicho tenor, resulta imperioso destacar que no se vislumbra una afectación propia al derecho de defensa y del debido proceso por cuanto el traslado previsto en el artículo 71 de la Ley n.° 11.683 fue cursado oportunamente por el Fisco Nacional, notificado al efecto y asimismo contestado por la actora conforme surge de las actuaciones administrativas acompañadas a los actuados (fs. 301/327). A mayor abundamiento, se debe tener presente que la recurrente tiene la oportunidad de probar y ejercer su derecho de defensa justamente en la instancia ante este Tribunal.
Por lo expuesto, los argumentos desarrollados por la actora resultan inatendibles para decretar la nulidad del acto recurrido, por lo que tal planteo debe ser desestimado, con costas.
Ahora bien, cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes. En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo, corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación. Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de "declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) "Tratado Jurisprudencia y Doctrinario", Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones' Cap. XXI, "Multa por defraudación", Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Que ello así, y teniendo en consideración lo resuelto ut supra, se desprende que el accionar del Fisco resultó ajustado a derecho al encuadrar correctamente la conducta de la apelante en las previsiones del artículo 47, inciso a), b) y c) de la Ley n.° 11.683 pues ha quedado claramente comprobada la voluntad de incurrir en declaraciones juradas inexactas con el objeto de ocultar el impuesto que correspondía como consecuencia de las operaciones realizadas con el proveedor impugnado, por lo cual no ingresó el impuesto debido. De allí, se extrajo la conclusión sobre la comisión del ilícito en cuestión.
Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y en atención a los elementos de juicio tenidos en cuenta en los Considerandos precedentes, cabe concluir que se encuentra acreditado en la litis tanto el elemento material como el elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, lo que surge palmario de las circunstancias concretas de la causa, sin que haya intentado producir prueba alguna que demuestre lo contrario. Asimismo, es conteste la jurisprudencia en considerar que aquel será excluyente de culpabilidad cuando provenga de una razonable oscuridad de la norma, ya sea por normas intrincadas o contrapuestas, o simplemente por criterios interpretativos distintos que colocan al contribuyente en la posibilidad, razonable, de equivocarse al aplicarla, circunstancias estas que no se advierten en la especie.
En consecuencia, habiendo quedado evidenciado que concurren los presupuestos fácticos para que quede configurada la conducta reprimida que se le enrostra, corresponde confirmar la sanción aplicada en relación con el impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2007. Con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán, pero no con la graduación de la sanción aplicada en autos.
II. Que en relación a la multa impuesta en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 20070 comparto los argumentos expuestos por la Vocal preopinante en cuanto confirma la multa impuesta, no obstante, no surge del Informe Final de Inspección ya mencionado en este decisorio que la recurrente presentara antecedentes infraccionales, lo cual conduce reducir la sanción a su mínimo legal en dos tantos del gravamen dejado de ingresar en su justa medida, con costas en la parte que se confirma y por su orden en relación a la reducción de las mismas.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Por ello, por mayoría, SE
Confirmas las resoluciones apeladas en todos sus términos. Con costas.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.-
Date: 2023.11.10 12:23:58 -03:00 Date: 2023.11.13 14:34:36 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Agustina O'Donnell Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.13 14:42:13 -03:00 Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.13 14:42:14 -03:00
Fin de la sentencia