Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la solicitud de condonación de la multa impuesta en la Resolución 177/2011 nro. (AD PDES), peticionada por la actora.
2Confirmar la Resolución nro. 177/2011 (AD PDES), dictada en la actuación nro. 12762-351-2006, en cuanto imputa a la actora la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc c) del CA, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-57721972-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 19 de Mayo de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Christian González Palazzo (subrogante), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “YPF S.A. c/ D.G.A. s/apelación”, Expte. 30.478-A.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: Que a fs. 20/42 la firma del epígrafe interpone recurso de apelación contra la Resolución (AD PDES) 177/2012, dictada por el Administrador de la Aduana de Puerto Deseado en el expediente 12762-351-2006, por la que se condenó a la actora al pago de una multa por la suma de $ 402.238,12 por la infracción prevista en el art. 954.1 inc. c) del Código Aduanero (“CA”) en relación a la destinación 02019EC01000081A. Expone los fundamentos la presentación de su recurso, ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada.
II. Contestación del traslado: Que a fs. 54/62, previo emplazamiento, la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Niega todos los hechos y derecho invocados por la actora que no fueron objeto de su expreso reconocimiento y solicita que se confirme la resolución recurrida, con costas.
III. Proceso en el Tribunal Fiscal: A fs. 63 se tienen por contestado el traslado del recurso de apelación y por acompañadas las actuaciones administrativas. Asimismo, se intima a la recurrente para que acompañe copia certificada de la documental mencionada en su escrito de inicio, a lo que da cumplimiento con la presentación de fs. 74. A fs. 79 se declara la causa de puro derecho. A fs. 86/90 la actora solicita que, conforme lo dispuesto en el art. 56 de la ley 27.260 se declare la condonación de la multa impuesta conforme el art. 954.1. inc. c) del CA mediante la resolución apelada. Relata que su mandante incluyó todas las causas vinculadas con la controversia FOS/SWAP en el régimen excepcional previsto en la ley 27.260, pagando los tributos reclamados en los casos que correspondía y solicitando se condonen las multas pretendidas en aquellos casos en los que la imputación solo versaba sobre la infracción prevista en el art. 954.1 inc. c) del CA, en tanto no había perjuicio fiscal por ser operaciones documentadas previo a la creación de los derechos de exportación. Ello, en el marco de lo dispuesto en el Titulo II (regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras) de la ley 27.260. Asimismo, acompaña copia del dictamen 8/17 (DE ASAD) emitido por el Departamento Asesoramiento Aduanero de la Aduana de Buenos Aires. A fs. 91 se corrió traslado a la Dirección General de Aduanas de la solicitud de condonación incoada por la recurrente, que no fue contestado. A fs. 93, como medida para mejor proveer se ordenó la agregación en copias certificadas de la documentación obrante en el expediente 25.571-A en trámite ante la Vocalía 16, Sala F, del tribunal, que lucen a fs. 94/195. A fs. 202 se elevan los autos a la Sala “E” y el 17.05.23 pasan a sentencia.
IV. Decisión del caso: Atento el estado procesal de la causa, corresponde expedirse respecto de la condonación solicitada por la actora en los términos del art. 56 de la ley 27.260, de la Resolución General (AFIP) 3920/16 -arts. 22 y 23- y Resolución General (AFIP) 4007/17 -art. 6-.
La ley 27.260 (BO: 22.07.16) en su art. 56 establece que: Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. La Resolución General (AFIP) 4007-E/2017 (BO: 06.03.17) en su art. 4º reza: Están alcanzados por el beneficio de condonación las sanciones previstas en la Ley Nº 22.415 y sus modificaciones, correspondientes a infracciones – formales o sustanciales/materiales- cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas. Asimismo, el art. 6 de dicha Resolución establece que: Cuando se trate de sanciones, que no se encuentren firmes ni abonadas, correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) la obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23 de julio de 2016, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abonada dicha fecha (…) Se consideran como infracciones sustanciales/materiales las que se encuentran tipificadas, entre otros, en los Artículos 954, inciso a), (…) de la Ley Nº 22.415 y sus modificaciones.
En relación al alcance de la condonación de sanciones de la ley 27.260 respecto al art. 954.1 incisos a), b) y c) del CA - eminente cuestión federal- la Corte Suprema ha dictado tres fallos relevantes en el año 2022:
i. “Chehadi, Mallid c/ Aduana La Quiaca s/ impugnación de acto administrativo” del 30.08.22 ( https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?id Documento=7738651&cache=1678115832376) estableciendo que la condonación de la ley 27.260 no comprende a las sanciones del inc. b) del art. 954.1 del CA;
ii. “Rossi, Osvaldo Enrique c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” de fecha 30.08.22 ( https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?id Documento=7776821) estableciendo que la condonación de la ley 27.260 no comprende a las sanciones del inc. c) del art. 954.1. del CA y, finalmente;
iii. “YPF SA c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo” (Fallos: 345:1249, que puede verse en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idD ocumento=7796401&cache=1677543671151) estableciendo que la condonación de la ley 27.260 comprende, en un caso sustancialmente análogo al presente y cuya parte actora es la misma (YPF S.A.), a la sanción impuesta bajo el inciso c) del art. 954.1. del CA -conforme el apartado 2 de ese artículo- en la medida en que se haya regularizado, en el marco de la misma ley 27.260, la obligación tributaria asociada por la que se impuso la sanción del inc. a) del art. 954.1. Aplicando este último precedente, se dictaron por esta Sala E, sentencias en las causas de igual carátula (“YPF S.A.”) condonando las sanciones impuestas por la Aduana con base en los incs. a) y c) del art. 954.1. del CA, causas en las que se había regularizado la obligación aduanera asociada (ver exptes. 32.673-A, sentencia del 26.12.22, IF-2022-138505098-APN-VOCXIV#TFN; 33.158-A, sentencia del 26.12.22, IF-2022-138507152-APN-VOCXIV#TFN y 33.304- A, sentencia del 13.02.23, IF-2023-16358690-APN-VOCXIV#TFN).
Tanto en la referida causa “YPF S.A.” de la Corte Suprema, en la que se decidió condonar la sanción del art. 954.1 inc. c) del CA impuesta bajo la previsión de su apartado 2 -por haberse regularizado la diferencia tributaria emergente de la infracción del inciso a)- como en la presente -donde se impuso exclusivamente la sanción del inc. c) del art. 954.1 por no existir, conforme el régimen tributario aplicable a la operación, diferencias tributarias del inciso a)- la discusión sustancial es única: finca sobre la veracidad de los precios FOB declarados por la actora en sus operaciones de exportación. Vale señalar que, a una diferencia de precios (art. 954.1. inc. c) del CA) imputada por la Aduana sigue, en la generalidad de los casos, la determinación de una diferencia tributaria (art. 954.1. inc. a) del CA) si se trata de una exportación gravada con derechos de exportación. Las excepciones a tal “regla” se presentan cuando existen valores aduaneros oficiales (independientes del precio declarado), un derecho fijo, etc.; o cuando, como es obvio, la exportación no está gravada, con lo que la declaración inexacta del precio -inc. c) del art. 954.1- carece de su correlato tributario –inc. a) del art. 954.1-. Esta última situación es la que se presenta en este caso.
La discusión de autos es una más de la familia de controversias originadas por la imputación del fisco a la actora por la presunta declaración inexacta de sus precios de exportación, fijados a partir de los contratos FOS/SWAP celebrados por ella con su vinculada Repsol-YPF S.A quien los transfirió, el 31.12.01, a Hydrocarbons Traders Corps quien, a su vez, el 23.12.02, lo reasignó en sus derechos y obligaciones contractuales a Oil International Ltd. La Aduana, en su momento, entendió que la empresa actora al declarar tales precios –en el marco de dichos contratos- excluyó de ellos, disminuyéndolos y con la finalidad de ingresar menos divisas, una porción variable que debía integrarlos, que era la porción del precio gobernada por los contratos FOS/SWAP (ver en las act. adm. 12762-351-2006, la Nota 057/2006, fs. 2/5; Resolución 125/06, fs. 7, párrafos cuarto y quinto. En las act. adm. 12762—351-2006/1: (i) Dictamen 28/08 (AD NEUQ) copia de la actuación 12374-30-2005, a fs. 101/116; (ii) copia de la resolución condenatoria 76/08 (AD NEUQ) del mismo SIGEA 12374-30-2005, a fs. 117/146 y demás actos hasta fs. 165; (iii) copia de la Nota 174/07 (DV VEXP) correspondiente al SIGEA 12832-90-20005 agregada a fs. 216/247 de las act. adm. Finalmente, el dictamen jurídico 76/2011 (AD PDES) a fs. 257/266 de las act. adm.).
En el caso de autos, referido al PE 01019EC010000081A, tal diferencia entre el precio declarado y el que la Aduana consideró debía declarase, no implicó la determinación de diferencias tributarias atento a que, a la fecha de la oficialización del mentado PE -el 18.01.2002- la posición arancelaria (“PA”) aplicable a la mercadería exportada ( 2709.00.10.900N, Los demás – De petróleo- ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O MINERAL BUTIMINOSO) no se encontraba gravada con derechos de exportación (ver resolución 177/2011 apelada, página 7 sexto párrafo y página 8 segundo párrafo). Bajo tal presupuesto, la Aduana impuso a la actora, exclusivamente, la sanción del art. 954.1. inc. c) del CA. Siendo tal sanción la única aquí debatida, podría considerarse aplicable para resolver la petición de condonación de la actora -fs. 86/90- bajo el régimen de la ley 27.260, el precedente de la Corte referido supra, “Rossi, Osvaldo Enrique c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” de fecha 30.08.22, correspondiendo su rechazo.
Entiendo, sin embargo, que tal conclusión no resulta ajustada a derecho si se examinan: (i) los hechos de la causa; específicamente que la actora desarrolló un única conducta -pasible de sanción- en todas sus múltiples operaciones de exportación a lo largo de 10 años, comprensivas de operaciones gravadas y no gravadas con derechos de exportación; (ii) el precedente de la Corte Suprema -referido supra- que versa sobre un caso sustancialmente análogo al presente “YPF SA c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo” (Fallos: 345:1249) y; (iii) la jurisprudencia de la Corte que establece que son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal (Fallos: 287:76 del 18.10.1973 “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. c/ Aduana – Expte.
Nº 414.028/64”; 290:202, 5º considerando y sus citas; 311:2779; 303:1548 y 297:215) algunas de las cuales tuvieron recepción expresa en el CA (arts. 898, 899, 900, 961, 976, etc.). En relación a los hechos, no puede soslayarse que la conducta de la actora fue siempre una. Tal conducta se concretó mediante la celebración de los contratos FOS/SWAP cuya vigencia era de 7 a 10 años. En cumplimiento de tales contratos se declararon los precios objetados por la Aduana como inexactos en esta causa, en la del precedente “YPF” de la Corte Suprema referido y en muchas otras similares. Es, precisamente, por dicha extensa vigencia temporal de los contratos FOS/SWAP que la infracción imputada en estos autos fue, en rigor, parte de una única conducta de la empresa actora en cumplimiento de dichos contratos; conducta que se proyectó sobre sus exportaciones durante todos los años de vigencia de los contratos FOS/SWAP.
Tal conducta única, que implicó la declaración sistemática de los precios imputados como inexactos por la Aduana durante un largo periodo, comprendió las exportaciones concretadas durante: (i) el período en que la PA de la mercadería exportada mediante el PE de autos no estaba alcanzada por derechos de exportación como, (ii) el período en que dicha PA sí estaba alcanzada (a partir del decreto 310/2002, BO: 14.02.02) y en el cual, como es natural, el ajuste del precio declarado incidió directamente sobre el valor aduanero imponible. En este último supuesto, tal incidencia del precio declarado sobre el valor en aduana generó una concomitante diferencia de derechos de exportación que la Aduana reclamó, y que se encuentra castigada por el inciso a) del art. 954.1 del CA, sin perjuicio de la previsión de su apartado 2 que dispone imponer una única sanción por tales infracciones concomitantes de los incisos a) y c).
Ahora bien, no resulta discutible que la conducta de la actora, en cuanto a la declaración inexacta de los precios, en sí y sobre los que determinaba luego el valor en aduana subordinado a ellos, fue una sola durante todos los años de vigencia de los contratos FOS/SWAP.
La jurisprudencia de la Corte Suprema (“YPF SA c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, Fallos: 345:1249), específica para esta familia de casos, consideró condonada la sanción del art. 954.1. inc. c) del CA en un supuesto infraccional, posterior al decreto 310/2002, en el cual se había impuesto a la actora la única sanción concomitante –conf. apartado 2 del art. 954- para la declaración inexacta de precios (inc. c) y del valor en aduana (inc. a). La Corte fundó la condonación en la regularización por la actora de la obligación tributaria emergente del inc. a) y con independencia de la configuración del tipo autónomo del inc. c). Ahora bien, en el presente caso, a diferencia del ilustrado, la única conducta de la actora se cristalizó en la imputada declaración inexacta de precios –art. 954.1 inc. c)- que, dado el régimen aduanero vigente al momento de oficializarse el PE de autos, no generaba obligación tributaria, siendo jurídicamente imposible, por ende, que se configurara una declaración inexacta del valor aduanero –art. 954.1 inc. a)- y diferencias de tributos a favor de la Aduana.
Dicho esto, tratándose en ambos casos (el presente y el resuelto por la Corte) de sanciones aplicadas a una única conducta , no resulta coherente con las disposiciones generales del derecho penal que pueda: (i) condonarse la única sanción emergente del texto normativo –conf. art. 954.2. del CA- para punir esa única conducta -como lo hizo la Corte en la jurisprudencia referida- cuando la Aduana imputó una contravención contra los dos bienes jurídicos tutelados por el art. 954.1 del CA -la veracidad del precio declarado (inc. c) y la consecuente veracidad del valor imponible declarado (inc. a)- y que; (ii) a la vez, deba denegarse el beneficio de la condonación para la misma conducta en los casos, como el presente, en que solamente se habría lesionado uno de ese bienes jurídicos -la veracidad del precio declarado (inciso c)-. Lo expuesto me lleva a postular que corresponde condonar la multa impuesta en autos por la infracción sustancial comprobada -art. 954.1 inc. c) del CA- bajo el art. 56 de la ley 27.260. Ello con fundamento en que respecto de la única conducta comprobada por la Aduana -declaración inexacta de precios- se configura en autos una positiva inexistencia de obligación tributaria asociada -previo a la entrada en vigencia de la ley 27.260-, correspondiendo aplicar a dicha única conducta (en este caso sin obligación tributaria asociada) el principio de la ley penal más benigna. Tal ley penal más benigna es la vigente al tiempo de este pronunciamiento (conf. art. 56 de la ley 27.260) que condona las sanciones sobre dicha única conducta cuando existe una obligación tributaria asociada (art. 954.1 inc. a) y la jurisprudencia de Corte del caso “YPF”, Fallos 345:1249). Y es que, en esta familia de casos, la existencia o no de obligación tributaria asociada no resulta esencial a la configuración de la indivisible conducta (declaración inexacta de precios) que fue punida bajo el art. 954 del CA. El principio de la ley penal más benigna resulta aplicable a la infracción del art. 954 del CA conforme lo dispuesto por los arts. 899 y 900 del CA y los arts. 2 y 4 del Código Penal (ver Fallos: 287:76, “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. c/ Aduana – Expte. Nº 414.028/64” del 18.10.73).
Se trata en autos de una conducta indivisible o continua (única) que no puede escindirse para su condonación según las exportaciones estuvieran o no gravadas -hecho jurídico extraño a tal conducta- convirtiéndola, de modo ambivalente, en una presunta conducta ilícita no condonable para un determinado período de tiempo y en una presunta conducta ilícita condonable para otro período de tiempo. Las reglas generales del derecho penal impiden que una única conducta desarrollada a largo del tiempo sea pasible de sanción punitiva o no, según las variaciones del régimen arancelario aduanero asociado que eventualmente apruebe el legislador. Si en un tramo temporal esa única conducta se considera, conforme la legislación intermedia o posterior y la jurisprudencia de la Corte Suprema que la aplica, no punible o se condona, la misma solución debe predicarse para los otros tramos temporales, por aplicación del principio de la ley penal más benigna. Una decisión en sentido contrario implicaría un menoscabo directo a dicho principio, al condonar solamente un tramo temporal de una conducta única e indivisible, manteniendo el castigo para otro tramo temporal de la misma conducta.
Si respecto a la conducta sancionada -la manipulación de precios- en un supuesto -obligación aduanera asociada que se regularizó- se decidió judicialmente, de modo definitivo, condonar la sanción impuesta, no resulta coherente que se pretenda mantener el castigo sobre la misma conducta en los supuestos, como el presente, en que no existía obligación tributaria incumplida ni, menos aún, por regularizar. Por el contrario, la obligación tributaria era inexistente al momento de la oficialización del PE de autos.
La posición contraria conduciría al resultado, jurídicamente absurdo, de que el contribuyente estaría en una mejor situación punitiva -beneficio de la condonación de la ley 27.260- respecto a su única conducta -declaración inexacta de precios- cuando a esta última se sumaba, cumulativamente, un incumplimiento de la obligación de veracidad del valor aduanero declarado (además del precio) con las consiguientes obligaciones tributarias asociadas adeudadas (en cuanto se regularicen). Ello en contraste al período de tiempo, el de este caso, en que tal única conducta no tenía ningún efecto tributario perjudicial, siendo neutral para el erario público y consistiendo, exclusivamente, en una declaración inexacta del precio; supuesto infraccional de menor gravedad que el primero para el cual, de modo incoherente, habría que mantener el castigo. El art. 18 de la Constitución -principio de la ley penal más benigna- veda la convalidación de tal incoherencia. Finalmente, debo agregar que en el precedente análogo referido –“YPF” Fallos: 345:1249- la Corte Suprema señaló que no obsta a la condonación dispuesta la circunstancia de que el art. 6° de la resolución general AFIP 4007-E/17 no mencionara a la infracción del art. 954.1, inc. c, del CA, dado que dicho precepto carece de carácter taxativo en tanto, antes de enumerar una serie de artículos del CA, emplea el término “entre otros” (considerando 16). Asimismo, el Alto Tribunal fundamenta su decisión (ver considerando 17) en el principio de que la inconsecuencia del legislador no se supone, por lo que la interpretación debe evitar asignar a la ley 27.260 un sentido que ponga en pugna sus disposiciones (Fallos: 341:727), lo que resulta aplicable para este caso.
Por lo expuesto considero que debe declararse condonada de pleno derecho la multa impuesta por el art. 1 y revocar el cargo del art. 4 de la Resolución 177/2001 (AD PDES) apelada en autos (SIGEA 12762-351-2006), conforme lo dispuesto por los arts. 56 de la ley 27.260, 4° y 6° de la resolución general (AFIP) 4007-E/2017 (BO: 06.03.17), 899 y 900 del CA, 2 y 4 del Código Penal, la jurisprudencia de la Corte Suprema -conforme lo desarrollado supra- de Fallos 287:76 del 18.10.1973 (“Guillermo Mirás”); 290:202; 311:2779; 303:1548 y 297:215 y lo resuelto por el Alto Tribunal en el precedente análogo al presente “YPF SA c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo” (Fallos: 345:1249).
Asimismo, se señala que las particularidades del presente caso impiden la extensión y aplicación automática de lo que aquí se resuelve a otras controversias referidas al art. 954.1 inc. c) del CA, en las que deberá ponderarse la jurisprudencia de la Corte del precedente “Rossi, Osvaldo Enrique c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” de fecha 30.08.22, considerado inaplicable a esta causa por las razones expuestas.
V. Costas: Dadas las particularidades del caso, las costas se imponen por su orden, salvo la tasa de actuación que se mantiene a cargo de la actora (art. 1163 primer párrafo del CA).
Por las razones expuestas VOTO POR:
1. Declarar condonada de pleno derecho la multa impuesta por el art. 1, revocando el cargo del art. 4 de la Resolución 177/2001 (AD PDES) apelada en autos (SIGEA 12762-351-2006)
2. Imponer las costas por su orden, salvo la tasa de actuación que se mantienen a cargo de la actora. El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 20/42 se presenta, por apoderado, la firma YPF S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución nro. 177/2011 (AD PDES), dictada en el expediente SIGEA 12262-351-2006, que la condena al pago de una multa que asciende a la suma de $402.238,12, por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A., en relación al PE nro. 02 019 EC01 000081 A. Efectúa un breve análisis de los antecedentes del caso, señalando que la firma se dedica a la exportación, refinación y comercialización del crudo y sus derivados, destinando parte de su producción al mercado externo. Manifiesta que en el caso se trata de una operación de exportación sustentada en un contrato “Forward Oil Sale” (FOS) concertado con Repsol YPF S.A. y éste lo asignó a Hydrocarbons Traders Corp. el 31/12/01 por una suma cercana a los 400 millones de dólares, señalando a su vez que el 23/12/02 esta última asignó sus obligaciones y derechos contractuales a favor de Oil International Ltd.
Explica que mediante este contrato FOS, YPF S.A. percibio el precio por adelantado y vendió 24.105.532 barriles de petróleo, que se comprometió a entregar mensualmente con volúmenes preestablecidos durante 7 años. En este sentido, agrega que se acordó un precio fijo de u$s 13,290 por barril por todo el período, el que ha sido el precio facturado, percibido y declarado en cada embarque. Indica que de la certificación contable aportada en las actuaciones y de la pericia contable practicada surge que la totalidad del precio de la exportación fue pagado en forma anticipada el 31/12/01 y el saldo en tres cuotas; esto es, 1 año antes de realizarse la exportación involucrada en autos. Expresa que para cubrir los riesgos inherentes a una operación de largo plazo, la empresa concertó el 31/12/01 con el Banque National de París (BNP) un contrato de cobertura de riesgo de precios (SWAP), cuya característica es la de garantizar a YPF S.A. la percepción de fondos en caso de que el precio de mercado del crudo se sitúe por encima de un determinado precio de referencia (u$s 20,60 por barril) y, por el contrario, que YPF pague a la contraparte en caso de que el precio de mercado se encuentre por debajo de dicho precio de referencia.
Remarca que a partir de la asignación del contrato FOS III del Hydrocarbons Traders Corp. a favor de Oil International Ltd. en fecha 31/12/02, se revirtió el hedge de precio contratado con BNP y se contrata otro con el Morgan Stanley. Arguye que se trata de un contrato de reaseguro financiero utilizado, de forma corriente, en las ventas a término y distinto del contrato de venta concertado con anterioridad. Precisa que durante prolongados períodos, el valor del petróleo fue inferior al valor de referencia pactado por el SWAP, lo que motivó que YPF tuviera que efectuar pagos al BNP o el Morgan Stanley durante algunos meses del año 2002. Destaca que el servicio aduanero inició las actuaciones con motivo de la fiscalización del PE 02 019 EC01 000081 A, a partir de lo manifestado por la firma en el expediente nro. 416.972/02.
Explica que mediante dicha presentación la empresa informó a la Aduana la existencia de ventas acordadas a largo plazo en relación de las cuales podían existir diferencias entre el precio de venta acordado en el contrato y los valores de mercado del crudo al momento de registro de los respectivos permisos de embarque. Señala que dicha presentación tuvo por finalidad -apenas se establecieron derechos de exportación para hidrocarburos- determinar un método ajustado de mercado que permitiera ajustar el precio de venta a los valores de mercado a efectos de abonar los derechos de exportación sobre éste último. Indica que mediante Notas nros. 1510/05 (AD FIAD) y 2027/03 (DI CONA), el servicio aduanero consideró que el precio declarado no constituye una base idónea de valoración y que por ello, correspondía la aplicación del art. 748, inc. b) del CA como base de valoración, debiendo utilizarse la cotización internacional del WTI.
Considera que el servicio aduanero cuestionó el precio de venta declarado no para cuestionar la conformación de la base de tributación a efectos de reclamar el pago de mayores tributos, sino al sólo efecto de conformar una base de imputación infraccional. Explica que la Aduana consideró que YPF declaró un precio diferente al realmente percibido, ya que considera que el importe percibido por el SWAP debe estar incluido en el mismo, y que debió declarar el valor WTI vigente a la fecha de oficialización del permiso de embarque. Afirma que la declaración del precio de venta formulada en la operación de exportación fue exacta y veraz. Agrega que si bien la Aduana tiene facultades para desestimar el precio como base de valoración, ello no impide que el precio declarado haya sido inexacto, sino que simplemente indicaría que no resulta apropiado como base de tributación.
Manifiesta que el SWAP es un instrumento de reaseguro financiero concertado con un tercero -ajeno al negocio comercial-. Explica que, de conformidad con la redacción anterior del art. 332 del CA, la actora declaró el único precio de venta concertado y por ella percibido. En este sentido, considera que la discrepancia de valor o base imponible de la mercadería no puede dar lugar a una imputación infraccional y, en su caso, sólo podría dar lugar a un reproche de carácter tributario. Alude a la contradicción en que incurre el servicio aduanero que, por un lado, ha considerado que el precio de venta de la mercadería no resulta idóneo para ser considerado base de la tributación -conf. art. 748 inc. b) del CA- y, por el otro formula reproche infraccional a la firma por no haber incluido en aquel precio desestimado el importe luego percibido por el SWAP.
Explica que la jurisprudencia de “Subpga” y “Bunge y Born” -citada como apoyo de lo resuelto en el sumario- difiere de la situación de autos, por cuanto en esos casos la multa que se aplicó fue el equivalente a la diferencia entre el precio de venta declarado (en un caso debido a la condición de venta y en el otro debido a la cantidad de mercadería exportada) y el precio efectivamente percibido por el exportador, comprobado por el servicio aduanero. Insiste en que las facultades de la Aduana para desestimar el “precio” como base de valoración, en los términos definidos por el art. 748 del CA, no implican que el “precio” declarado ha sido inexacto, sino simplemente que este “precio” no resulta apropiado como base de tributación.
Sin perjuicio de ello, alude a la contradicción en que incurre el servicio aduanero, por cuanto considera, por un lado, que el precio declarado es inexacto en tanto se debió incluir el SWAP y, por otro, que lo es porque debió conformarse según la cotización internacional vigente a la fecha de de registro de las operaciones. Entiende que la naturaleza jurídica del contrato de SWAP se trata de un instrumento netamente financiero y que los importes cuyo pago o cobro generará para las partes, no pueden ser considerados precios de una compraventa comercial concertada con otra persona jurídica. Sostiene la inexistencia de antijuricidad y de la responsabilidad subjetiva. Cita jurisprudencia. Aduce la falta de proporcionalidad e irrazonabilidad entre la supuesta multa incurrida y la multa impuesta.
En subsidio solicita la aplicación de la doctrina del error excusable debido a la complejidad del tema tratado y la inexistencia de ventaja tributaria, como así también la aplicación del principio in dubio pro reo. Ofrece prueba, confiere autorizaciones y solicita se revoque la resolución aduanera.
II. Que a fs. 54/62 y vta., la representación fiscal contesta el traslado le fuera oportunamente conferido. Efectúa una breve reseña de las actuaciones administrativas. Niega todos y cada uno de los hechos y derechos alegados por la actora, que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Refiere a las particularidades de la investigación llevada adelante por la DGA con relación a una serie de operaciones de venta anticipada de petróleo, instrumentadas por medio de contratos denominados Forward Oil Sail (FOS), que consistían en el pago total y anticipado por parte del comprador del precio convenido respecto de la totalidad de la mercadería al momento de la celebración del negocio, mientras que el vendedor se obligaba a la entrega del crudo en forma regular en períodos que oscilaron ente 7 y 10 años.
Explica que se trata de un negocio jurídico internacional complejo que se integra cuanto menos por cinco transacciones: una venta a futuro (forward) de 24.105.532 barriles de petróleo por parte de YPF SA a la firma REPSOL YPF S.A. a un precio fijo el barril, a ser entregado mensualmente con volúmenes preestablecidos durante el transcurso de 7 años, teniendo como contraprestación el pago adelantado por el total de la mercadería por la suma de u$s382.693.787 -a razón de u$s13,290 por barril-; II) un contrato SWAP celebrado en primer término entre YPF S.A. y el Banque National de Paris (BNP), por medio del cual se fija el precio del barril de petróleo en u$s20,60, para asignar en los sucesivos riesgos que dependerán de la cotización internacional del producto.
En este sentido YPF asume el riesgo ante una menor cotización internacional obligándose a pagar a BNP la diferencia existente entre ambos montos y a la inversa, BNP asume el riesgo ante una mayor cotización internacional obligándose a pagar a YPF la diferencia resultante; III) Por otro lado REPSOL YPF le vendió a Hydrocarbons Trades Corp. el 31/12/01 -mismo día que se concertó el contrato FOS III con YPF S.A. y REPSOL YPF S.A.- por la suma de u$s400.000.000; IV) en fecha 23/12/02 Hydrocarbons Trades Corp. Le asignó sus obligaciones y derechos contractuales a Oil International Ltd.; V) a partir de dicha asignación se revirtió el hedge del precio contratado con BNP y se contrata otro con Morgan Stanley (MS); lo cual no se trataría -de acuerdo a lo señalado por el Departamento de Operaciones Internacionales- de una serie de transacciones aisladas o relacionadas casualmente entre sí.
Manifiesta que los contratos de SWAP y REASEGURO no son sinónimos, en tanto no hay reaseguro sin aseguradoras como partes contratantes. Indica que los contratos FOS y SWAP fueron celebrados casi en simultáneo, precisamente porque sin SWAP no había FOS tal como éstos estaban estipulados (hubiese sido un suicidio financiero). Señala que los fondos provinientes de los contratos FOS fueron registrados contablemente en la Cuenta Anticipo de Clientes, mientras que los percibidos por SWAP fueron ingresados como Ventas de Petróleo al Exterior, dándoles así el tratamiento de ganancias o utilidades. Indica que el art 954 del CA esta llamado a resguardar inmediatamente la veracidad y exactitud de las declaraciones aduaneras.
Destaca que se trata de un negocio jurídico internacional complejo, y que las particularidades que presenta, concretamente el cobro de importes percibidos indirectamente y la vinculación existente en los términos del art. 742 del CA, debieron ser puestas en conocimiento de la DGA, al momento de la integración de la “Declaración de elementos relativos al valor de exportación” OM 1993/2 SIM, cuya omisión delinea la configuración del tipo infraccional previsto y penado por el art. 954 ap. 1 inc. “c” del CA. En este sentido, agrega que la Declaración Jurada que obra en los sobres contenedores de las destinaciones involucradas no refleja la realidad de la operación comercial concretada. Cita la normativa contenida en la Ley de Hidrocarburos.
Sostiene que ha existido perjuicio fiscal ante la falta de concordancia entre lo declarado y lo que surge de la comprobación, en cualquiera de los rubros que surgen de los arts. 234 y 332 del CA y la reglamentación, implica necesariamente un caso de inexactitud en un elemento de la declaración exigible. Rechaza que se aplique en el caso el principio de in dubio pro reo, en razón de que dicho principio se habilita en el caso de duda y frente a la contundencia de las probanzas colectadas en autos ha quedado acreditado un ingreso de divisas que no fue reflejado en los documentos aduaneros. Formula reserva del caso federal, ofrece prueba, confiere autorizaciones y solicita se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta, confirmando la resolución aduanera, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas nro. 12762-351-2006 se inician a fs. 1 con el sobre contenedor del PE 02 019 EC01 000081 A. a fs. 2/6 se agrega copia de la Nota nro. 057/2006 (SE FVEX) y su Anexo. A 7/12 se agrega notificación de la instrucción de sumario y de la corrida de vista -notificadas el 3/9/07-. A fs. 28/45 la exportadora contesta la vista y adjunta documental de fs. 41/58y copias certificadas y traducida del contrato FOS III y SWAP III, que corren por cuerda separada. A fs. 62 se abre la causa a prueba. A fs. 66/67 se dispone notificar a la firma la realización de la pericial contable ampliada por los puntos ofrecidos por el servicio aduanero. A fs. 74/77 obra contestación de oficio.
A continuación se acumula el Alcance nro. 12765-351-2006/1. A fs. 81 y 82 obra Nota nro 24/2009 por la que se solicita a la Aduana de Neuquén que certifique las copias de la Nota nro. 86/2003 (SC FVEM) y de la Nota de la Jefatura División Fiscalizaciones Externa II y, asimismo, remita copias certificadas de la Resolución de Apertura, Dictamen y Fallo emitido en el sumario SC 19-2006-61 (contratos FOSIII), lo que se cumple a fs. 83ref/85ref, 86/90, 90/116 -Dictamen nro. 28/08 (AD NEUQ)-, 117/146 -Resolución nro. 76/2008 (AD NEUQ)-, 149/151 -Dictamen nro. 1377/08 (DV DSAD)-, 154/159 -Resolución 935/2008 (SDG TLA)-, 160/165 -Actuación 13289-2829-2009, por la que se acredita la interposición de recurso ante el TFN radicado como causa 25.571-A-.
A fs. 166 por Nota 177/09 (Secc. S.) se informa la certificación de las mencionadas copias. A fs. 168 se acumula el Alcance nro. 12817-520-2009. A fs. 169 mediante Nota 2708/09 (AD RIOG) se agrega a fs. 170/172 el Acta de Entrega de Documentación Objeto de Pericia. A fs. 173/182 el perito contador presente su informe. A fs. 188/189 se amplia la corrida de vista al despachante de aduana (notificado el 15/9/10 conf. fs. 195), quien contesta a fs. 196/201. A fs. 202 se hace lugar a la prueba ofrecida por el mismo. A fs. 206 obra contestación de oficio de YPF S.A. A fs. 212 se solicita a la Sección V que ratifique o rectifique el monto informado como diferencia de valor por la Sección Fiscalización y Valoración de Exportaciones de la Dirección Regional Aduanera Comodoro Rivadavia, pasando a convertir el monto expresado en dólares a pesos.
A fs. 213 se informa que que el monto en pesos en concepto de diferencia es de $402.238,12. A fs. 215 se solicita a la Sección “S” que agregue copias certificadas de las fojas 186/217 de los actuados 12832-90-2005, lo que se cumple a fs. 216/247. A fs. 248 y vta. se informa a las partes que el importe de la multa mínima asciende a la suma de $402.238,12. A fs. 251 se ponen los autos para alegar y se pasan a la Sección Sumarios a fin de emitir dictamen conf. art. 1040 del CA. A continuación se acumula la Actuación nro. 13289- 14835-2011. A fs. 254ref/255ref, alega la firma exportadora y a fs. 256ref. el despachante de aduana -mediante actuación nro. 13289-14891-2011 acumulada-. A fs. 257/266 y vta. se emite el Dictamen nro. 76/2011 (AD PDES) y a fs. 267/276 la Resolución nro. 177/2011 (AD PDES) -aprobada a fs. 281/283 por Resolución nro. 1353/2011 (SDG TLA)-, apelada en la especie.
IV. Que, en primer lugar, corresponde tratar la solicitud de condonación de la multa impuesta por la Resolución nro. 177/2011 (AD PDES), aquí apelada.
V. Que en ese sentido, adhiero a los Considerandos I a III del voto del Dr. Soria, sin embargo disiento en cuanto decide declarar la condonación de pleno derecho de la multa, revocando el cargo del art. 4 de la Resolución 177/2001(AD PDES), apelada en autos, por los fundamentos que a continuación expongo.
Que la actora a fs. 82/89, la actora adjunta copias del Dictamen nro. 8/17 (DE ASAD) y de la Nota nro. 632/2017 (SDG ASJ), y solicita que se disponga la condonación de la multa impuesta en los términos del art. 56 de la Ley 27.260, señalando que de su correcto análisis, surge la obligación principal asociada a la inclusión del SWAP en el precio de venta sería el ingreso de las divisas, dado que no hay perjuicio fiscal y por ello no le cabrían las disposiciones contenidas en los arts. 54 y 55 de la Ley 27.260. Expresa que resulta aplicable lo establecido en el art. 56 en razón de que en autos se trata de una obligación sustancial devengada al 31/5/2016 y la obligación principal, a esa fecha, había sido cancelada. Que la Ley 27.260 referida al “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, en el Título II “Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras”, en el art. 56 en lo que importa establece: “...las multas y demás sanciones previstas, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiere sido cancelada a dicha fecha..”.
Que la Resolución 3920/2016 en su art. 2, en lo que aquí interesa, dispone que : “Podrán incluirse en el presente régimen, las obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, así como las infracciones cometidas relacionadas con esas obligaciones.”
“Se considerarán comprendidas en lo dispuesto en el párrafo precedente las obligaciones que se indican a continuación: (...)”
“a) Los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación cuyo hecho imponible hubiera sido perfeccionado hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive, las liquidaciones de los aludidos tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como las multas por infracciones cometidas hasta la citada fecha, todo ello conforme a lo previsto por la Ley N° 22.415 y sus modificaciones” (cfme. Res 4007/2017).
Que la Resolución 4007/2017, en el art. 4 dispone: “Están alcanzados por el beneficio de condonación las sanciones previstas en la Ley N° 22.415 y sus modificaciones, correspondientes a infracciones – formales o sustanciales/materiales – cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas, correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) La obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23 de julio de 2016, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abinada a dicha fecha...”.
“...Se consideran como infracciones sustanciales/materiales las que se encuentran tipificadas, entre otros, en los Artículos 954, inciso a), 964, inciso b), 966 -cuando el beneficio sea excepción tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones”.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo para determinar su sentido debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 311:1042; 320:61 y 323:1625, entre otros), ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga a prescindir de ella (Fallos: 303:1007).
Que es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. Asimismo, que la inconsecuencia o falta de imprevisión no se suponen en aquél y por esto se reconoce como principio que las normas deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie o deje a todas con valor y efecto (Fallos 297:142; 314:458 y otros)
Que en primer término cabe aclarar que contrariamente a lo que señala la actora en el caso, no existe obligación sustancial devengada al 31/5/16, en razón de que a la fecha de exportación de autos -18/1/02- no existían derechos de exportación, los que posteriormente fueron establecidos por la Resolución ME 11/02, por lo que en la causa no se exige pago de tributos.
Que la multa impuesta en la resolución apelada en autos, no es susceptible de condonación, ello así en razón de que se trata de la comisión de una infracción de fondo de declaración inexacta prevista en el inc. c) del art. 954 del C.A., cuyo bien jurídico tutelado es el principio de veracidad y exactitud de la declaración, en los términos de la jurisprudencia de la CSJN, recaída en las causas “Subgra SACIE c/Nación Argentina (ANA)”, del 12/5/92 (Fallos 315:942) y “Bunge y Born Comercial S.A. (T.F. Nro. 7584-A) c/ANA”, de fecha 11/6/98 (fallos 321:1614).
Que a su vez la CSJN ha señalado que la multa aplicada en los términos del art. 954, inc. c, del CA no encuadra en el art. 56, primer párrafo, de la ley 27.260, en cuanto allí se dispone el beneficio de liberación de multas y demás, sanciones correspondientes a infracciones formales que no se encuentren firmes ni abonadas (conf. causas "Chehadi, Mallid" - Fallos: 345:849- y CAE 42372/2018/CAI-CSI "Rossi, Osvaldo Enrique c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo ", fallada el 30 de agosto de 2022). Asimismo, en tales actuaciones se ha afirmado que el régimen establecido por la ley 27.260, en lo concerniente a la condonación de las multas, tiene en cuenta la circunstancia de que la conducta sancionada resulte apta para generar una obligación tributaria que resulte susceptible de ser regularizada o cancelada por el interesado en los términos de la mencionada ley. En igual sentido pero respecto a otro tipo de infracción -art. 969 del CA- la Excma Corte se ha expedido recientemente en la causa "Buyatti SAICA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo ", fallada el 16 de mayo de 2023. Que, de lo descrito resulta que la infracción prevista en el inc. c) del art. 954 del C.A. no se encuentra incluida en la Ley 27.260 y sus normas reglamentarias, motivo por el cual la multa que en la causa se cuestiona no se encuentra alcanzada por el beneficio de condonación solicitado por la actora.
Que por lo demás, de la lectura del Dictamen N° 8/2017 (DE ASAD) -no vinculante- no se desprende que la inclusión del inc. a) de la norma aduanera citada tenga un efecto gravitatorio que permita subsumir la hipótesis del inc. c). por el contrario, la opinión emitida por la Dirección de Asesoría Legal Aduanera concluye que las infracciones del art. 954 inc. c) del CA no serían susceptibles de acceder a los beneficios acordados por la Ley 27.260.
Que por los motivos expuestos se rechaza la solicitud de condonación formulada por la actora.
VIII. Que sentado lo que antecede corresponde decidir si la Resolución 177/2011 (AD PDES), aquí apelada, se ajusta a derecho, en cuanto ha sido objeto de agravio, en definitiva determinar si se encuentra configurada en autos la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c) del CA.
Que tal como surge del dictamen nro. 8/17 (DE ASAD), acompañado por la recurrente a fs. 82/84 de autos, este Tribunal ha tenido oportunidad de expedirse en causas similares a la presente.
IX. Que por medio del permiso de embarque nro. 02 019 EC01 000081 A, oficializado el 18/01/02, ante la Aduana de Puerto Deseado, la firma YPF S.A. documentó la exportación para consumo de 58.701.546 litros de petróleo crudo a granel, que clasificó en la P.A. SIM 2709.00.10.900N, que comprendía a “Los demás De Petróleo ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO”, con un precio FOB total de u$s4.909.443,34.
Que a raíz del control ex-post, y en el marco de una investigación de exportaciones de crudo a precios excesivamente bajos, el servicio aduanero consideró que el valor documentado en la destinación en trato era inexacto, por no reflejar la realidad de la operación concertada, ello por dos observaciones, a saber: 1) la exportadora debió haber declarado los importes recibidos por SWAP y 2) los precios declarados resultaron ser muy inferiores a los del mercado internacional. Que conforme la documentación agregada por Alcance… que corre como cuerda separada, surge que el contrato FOS firmado entre YPF SA y REPSOL YPF SA “Acuerdo de Suministro de Petróleo Crudo”, fue celebrado con fecha 31/12/2001 con el objeto de vender y entregar barriles de petróleo crudo y recibir el pago por adelantado. El precio resultaba de la cláusula 2.1 del Artículo II “VENTA, COMPRA Y ENTREGA”. Los derechos nacidos de ese contrato fueron cedidos (y las obligaciones delegadas) contractualmente por REPSOL YPF SA a Hydrocarbons Traders Corp, en la misma fecha. A su vez, con fecha 23/12/2002, Hydrocarbons traders Corp asignó sus obligaciones y derechos contractuales a favor de OIL INTERNATIONAL LTD.
Que según surge del contrato SWAP vinculado a las operaciones aquí cuestionadas, el mismo fue suscripto en la misma fecha -31/12/01- entre la firma “YPF SA” y “BNP PARIBAS”, quienes haciendo referencia al petróleo crudo de los tipos y como lo entrega YPF de conformidad con el “Acuerdo de Suministro de Petróleo Crudo” (El Acuerdo de Venta de Crudo) entre “YPF” y “REPSOL YPF SA” (y que luego fuera objeto de las cesiones a Hydrocarbons Traders Corp. y - finalmente- a OIL INTERNATIONAL LTD.) y el pago de la primera cuota del precio de compra (tal como se lo define en el Acuerdo de Venta de Crudo) el 31 de diciembre de 2001, se obligan al pago de la diferencia entre el precio fijo u$s20,60 y el flotante. Que asimismo surge que con fecha 23/12/02 -fecha en que se asignó el contrato FOS a favor OIL INTERNATIONAL LTD.- se celebró la extinción del “CONTRATO MARCO ISDA” (contrato SWAP firmado entre YPF SA y BNP Paribas) y se firmó el contrato SWAP entre YPF SA y MORGAN STANLEY CAPITAL CAPITAL GROUP LTD. los mismos términos que el anterior.
Que de los arts. 745, 746, 747 y 748 del Código Aduanero resultan las facultades de la Aduana acerca de la aceptación o no aceptación del precio documentado, para realizar estudios y ajustes de valor entre el precio pagado o por pagar o precio facturado siempre que cuente con antecedentes y, que tomando en consideración los mismos criterios y circunstancias de la operación los valores declarados difieran de los precios corrientes.
Que el servicio aduanero entendió que los valores documentados serían inexactos, dado que no reflejaban la realidad de la operación concertada y descartando al precio -de transacción, en merito de los contratos FOS celebrados declarado por YPF SA como base idónea de valoración-, señalando expresamente que el precio que interesa analizar, por imperio del art. 735 del CA, es el que corresponde al momento de la valoración y que si los precios varían sensiblemente con relación a dicha oportunidad, debe excluirse el precio de transacción como base de valoración, debiendo acudirse a una base supletoria -cfme. art. 748 del CA-, indicando que el establecimiento de un precio unitario fijo por barril -convenido en los contratos y comprometido por YPF SA- así como la cotización internacional vigente al momento imponible. Sostuvo, en lo que respecta al precio, que el art. 735 del CA, contempla al momento de la valoración -un precio de contado y no uno anticipado o diferido-, reconociendo que el precio de transacción integra la principal base de valoración (sin perjuicio de los ajustes) y que el mismo es inobjetable cuando el servicio aduanero se encuentre imposibilitado de aplicar la norma de valoración partiendo de dicha base. Sostiene que dado que en el caso debe acudirse a una base supletoria, resulta ineludible complementar la norma de valoración con todas las circunstancias y condiciones existentes en torno de las operaciones bajo análisis que permitan adecuar a aquella.
Que conforme surge de las constancias de las act adm que dieran origen a la cuestión el ajuste en trato ha sido efectuado por aplicación del inc. b) del art. 748 del Código Aduanero, que dispone que “Cuando el precio pagado o por pagar no constituyere una base idónea de valoración a los fines de determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del mismo en cuyo caso corresponderá utilizar como base de valoración la que mejor se adecuare de las previstas a continuación: inc. b) el valor obtenido a partir de la cotización internacional de la mercadería, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación”.
Que de las act adm resulta que YPF percibió ingresos adicionales por las ventas de petroleo efectuadas al amparo de contratos SWAP de precios que le aseguraron la percepción real del crudo exportado, y asimismo que no ha abonado importe alguno a la firma Morgan Guaranty Trust Of New York (MGT), por lo que concretamente YPF debió haber declarado como valores unitario y total de todas las destinaciones implicadas, el de cotización internacional de barril de crudo (WTI) al momento de registro de cada embarque, y no el unitario que surge de la facturación.
Que de la pericia contable agregada en las actuaciones surge que “con respecto a los importes totales percibidos por YPF SA por cada una de las operaciones los mismos se ponen en el ANEXO 3 de la presente observándose que la empresa le ha dado a las operaciones sujetas a la pericia tanto a los embarques de petroleo y sus respectivas facturaciones como a los depósitos calculados como las diferencias los valores de mercado y el precio fijado en los contratos FOS provenientes de las operaciones SWAP el mismo tratamiento contable, es decir, son consideradas como ganancias e ingresadas a la cuenta venta de petróleo al exterior.... con una salvedad que a partir del año 2005 son asignadas a los estados contables como ganancias en la cuenta Resultados Operativos de Mercados Futuros...”.
Que la actora señala que en los términos del art 332 del CA cumplió con la obligación de declarar el precio de la mercadería sujeta a exportación indicando que documentó el precio concertado con el comprador, motivo por el cual ajustó su declaración a los parámetros fijados por las nomas legales aplicables a la fecha del registro de los PE, sin embargo de las constancias de las act adm y de la pericia referida precedentemente resulta que el precio declarado no fue el único importe percibido por la exportación, ya que parte del precio de la mercadería fue percibido con motivo de los contratos SWAP y de ello resulta que la Aduana verificó diferencias entre los precios declarados y el que correspondía a las operaciones en cuestión, mas aún tratándose de mercadería sujeta a cotización internacional/precio de mercado al momento de la exportación, situación reconocida por la actora en la presentación que originara la Act ADGA 2002- 416.972.
Que en virtud de lo expuesto en los párrafos que anteceden se advierte en la causa que los valores documentados por la firma “YPF SA” resultan inexactos, toda vez que no reflejan las sumas efectivamente percibidas por la exportadora por cada una de las exportaciones, en razón de que al precio de los barriles de petroleo establecido en los contratos FOS se le ha adicionado las sumas ingresadas -y contablemente declaradas- resultantes de lo concertado en el contrato SWAP relativo a las operaciones en trato y que en definitiva se arribaría al precio de mercado de la mercadería en cuestión. Que la Aduana imputa la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc c) de CA, señalando que si bien “YPF SA” ha declarado un valor FOB, el mismo no resulta eficaz para dar a conocer a la Aduana el real precio percibido y en consecuencia la declaración comprometida de la exportación resulta inexacta ya que no refleja la realidad de la operación. Que debe señalarse que los importes percibidos por YPF en concepto de SWAP no resultan ajenos a las operaciones de autos, sino que según surge del propio contrato SWAP y los registros contables de la empresa los mismos han ingresado a la firma como consecuencia de las exportaciones de crudo concertada en el contrato FOS suscripto con REPSOL YPF SA, quien luego cedió los derechos nacidos de ese contrato a Hydrocarbons Traders Corp, que a su vez asignó sus obligaciones y derechos contractuales a favor de OIL INTERNATIONAL LTD..
Que la declaración resulta inexacta no solo porque la exportadora debió haber declarado los importes percibidos por el SWAP ya que constituían ingresos por las exportaciones realizadas, sino porque además el precio resultó ser muy inferior al de mercado -siendo esto último reconocido por la actora-, tratándose de mercadería que tiene cotización internacional, por lo que a los efectos del art. 954 inc c) del CA, se verificaría en el caso un ingreso diferente del que hubiera correspondido, debiendo destacarse que la norma alude a un diferente ingreso real y/o que potencialmente pudiera producirse.
Que la CSJN, en el considerando 5°, de la ya citada causa “Bunge y Born Comercial S.A.” en relación a lo normado en el art. 954 inc. c) del CA, dispuso que “...el bien jurídico tutelado es “el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación de aduana” (confr. causas “Frigorífico Rioplatense” -Fallos: 315:929- y “Subpga” -Fallos: 315:942-). Asimismo afirmó en los mencionados precedentes que de “la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen y perviertan”. Sostuvo que “...no puede dejar de ponderarse que la función primordial del organismo aduanero consiste en “ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías” (art. 23, inc. A, del Código Aduanero), cometido para el cual no puede resultar indiferente la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas. Es desde esta amplia perspectiva, que excede los fines estrictamente recaudatorios -tutelados por el inciso a) del art. 954- y se vincula y guarda coherencia con el ejercicio del poder de policía del Estado (conf. Voto concurrente de los jueces Belluscio y Petracchi en el precedente “Subpga”, ya citado), como debe apreciarse lo establecido por el inciso c) del citado artículo, cuyo texto, por lo demás, no autoriza una interpretación contraria puesto que se refiere a importes distintos de los que efectivamente correspondieren -con lo cual obviamente abarca tanto a las diferencias en más como a las en menos- ya sea que se trate de operaciones o destinaciones de importación o de exportación”. Agregó en el Considerando 8°) “Que en orden a ello es pertinente establecer que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 302:973) y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796, considerando 11 y sus citas), sin que quepa a los jueces sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700)”.
Que por los motivos expuestos corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto imputa a la exportadora la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc c) del CA.
XII. Que conforme a los argumentos vertidos en el presente, deviene inaplicable los dispuesto por el art. 898 del CA, como así también en relación a la aplicación del 916 del CA, ello teniendo en cuenta la entidad de la maniobra desplegada por la firma exportadora, por lo que no encuentro motivo alguno de atenuación que justifique reducir la pena por debajo del mínimo legal.
Por ello, VOTO POR:
1. No hacer lugar a la solicitud de condonación de la multa impuesta en la Resolución 177/2011 nro. (AD PDES), peticionada por la actora.
2. Confirmar la Resolución nro. 177/2011 (AD PDES), dictada en la actuación nro. 12762-351-2006, en cuanto imputa a la actora la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc c) del CA, con costas.
El Dr. Christian González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juárez.
Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE
1. No hacer lugar a la solicitud de condonación de la multa impuesta en la Resolución 177/2011 nro. (AD PDES), peticionada por la actora.
2. Confirmar la Resolución nro. 177/2011 (AD PDES), dictada en la actuación nro. 12762-351-2006, en cuanto imputa a la actora la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc c) del CA, con costas.
Regístrese, notifíquese y firme que quede la presente, remítanse las actuaciones administrativas a la DGA por Secretaría General de Asuntos Aduaneros.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y González Palazzo, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 59 del RPTFN y 1162 del CA).
Date: 2023.05.19 15:55:35 -03:00 Date: 2023.05.19 17:36:50 -03:00 Hector Hugo Juarez Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Subrogante Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.05.19 18:41:38 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.19 18:41:39 -03:00
Fin de la sentencia